Acreditación de remuneraciones a través de dispositivos móviles

VISTO:

El Expediente Electrónico N° EX-2018-11397704-APN-DGRGAD#MT, la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744 (texto ordenado por Decreto N° 390/1976) y sus modificatorias, la Ley de Ministerios N° 22.520 (texto ordenado por Decreto N° 438/1992) la Ley N° 26.590, la Resolución del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL N° 653 del 22 de junio de 2010; y

CONSIDERANDO:

Que por el artículo 124 de la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744 (t.o. 1976), modificado por la Ley N° 26.590, se establecen los medios de pago de remuneraciones en dinero debidas a los trabajadores.

Que el mencionado artículo 124, en su último párrafo, reserva en todos los casos la opción al trabajador de exigir el pago en efectivo de su remuneración.

Que el Banco Central de la República Argentina viene promoviendo la utilización de nuevos canales de transferencias inmediatas de fondos a través del uso de plataformas de pagos móviles.

Que la promoción de estas nuevas herramientas o dispositivos tiene por objetivos: 1) la igualdad en el acceso y uso de los servicios financieros; 2) la agilidad, la seguridad y la gratuidad en los pagos y los cobros, y 3) la disminución de la informalidad.

Que las nuevas modalidades de transferencias inmediatas de fondos o de pagos electrónicos inmediatos permiten transferir dinero mediante una aplicación en el teléfono móvil, sin costo y con acreditación inmediata.

Que estos nuevos dispositivos y medios de transferencia inmediata de fondos traen mejoras en la vida de los ciudadanos ante la facilitación del cobro y disponibilidad de recursos dinerarios, con la consecuente simplificación de gestiones o trámites cotidianos, así como también coadyuvan a la formalización de la actividad económica.

Que ante la existencia de estas nuevas herramientas, resulta pertinente precisar que los dispositivos de comunicación móvil u otros soportes electrónicos de transferencias inmediatas de fondos habilitados podrán ser utilizados por el empleador para la acreditación de remuneraciones en dinero debidas a los trabajadores siempre que tal modalidad sea aceptada por los trabajadores.

Que la utilización de esta modalidad deberá ser optativa y voluntaria para el trabajador y no deberá implicarle costo alguno en su instrumentación y mantenimiento, ni en operaciones o transacciones vinculadas con la disponibilidad de su remuneración en dinero, en concordancia con lo establecido por el artículo 124 de la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744 (t.o. 1976) y por la Resolución del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL N° 653/2010.

Que asimismo, deviene necesario establecer que la constancia de la transferencia de fondos a favor del trabajador que emita la plataforma informática de pagos móviles habilitada servirá a los empleadores como prueba suficiente del hecho de pago, en los términos del artículo 125 de la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744 (t.o. 1976).

Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL ha tomado la intervención que le compete.

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por la Ley de Ministerios N° 22.520 (t.o. 1992) y sus modificatorias, y por la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.

Por Ello:

El Ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social resuelve:

Art. 1° – Los dispositivos de comunicación móviles u otros soportes electrónicos habilitados como canales para la transferencia inmediata de fondos podrán ser utilizados por el empleador para la acreditación de remuneraciones en dinero siempre que exista la aceptación explícita y fehaciente del trabajador y que tal modalidad no tenga ningún costo para este último en su instrumentación y mantenimiento, ni en transacciones relacionadas con transferencias, conversiones en dinero en efectivo de su remuneración o consultas de saldos y movimientos.

Art. 2° – Los dispositivos de comunicación móviles u otros soportes electrónicos comprendidos en el artículo 1° de la presente Resolución deberán posibilitar la acreditación en una sola transferencia de la remuneración total debida al trabajador.

Art. 3° – La utilización de la modalidad descripta en el artículo 1° de la presente Resolución siempre será voluntaria y optativa para el trabajador, el cual podrá en todo momento, a solo requerimiento y sin costo alguno, desistir de su utilización.

Art. 4° – La constancia de la transferencia de fondos a favor del trabajador emitida por la plataforma de pago móvil habilitada a tal efecto, constituirá para el empleador prueba suficiente del hecho de pago de la remuneración debida en dinero, en los términos del artículo 125 de la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744 (t.o. 1976).

Art. 5° – Facúltase a la SECRETARIA DE TRABAJO a suscribir los acuerdos que sean necesarios para el control y supervisión de la modalidad descripta en la presente Resolución, así como también a dictar las normas complementarias, aclaratorias y de aplicación de esta medida.

Art. 6° – Comuníquese, etc. — Triaca.

Asociaciones sindicales. Actualización del Registro Especial de Asociaciones Sindicales

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN NACIONAL DE ASOCIACIONES SINDICALES

Disposición 17-E/2017

Ciudad de Buenos Aires, 06/12/2017

VISTO: el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, el artículo 23 y concordantes de la ley 23.551, el Decreto 467/88, articulo 1 y concordantes de la ley 19.549 , el Decreto 1759/72 y;

CONSIDERANDO:

Que tal como surge del artículo 23 de la ley 23.551, las asociaciones sindicales que cumplan los requisitos legales obtendrán la personería jurídica de parte de esta Autoridad de Aplicación y se las inscribirá en el Registro de Asociaciones Sindicales.

Que dicha Inscripción no le otorga a las entidades beneficiadas un derecho perpetuo en relación a su inscripción atento a que el mismo dinamismo que impone la norma rectora, le exige a dichas asociaciones que cumplan con obligaciones periódicas que hacen a la vida institucional de la entidad, tales como presentación de memorias y balances, asambleas para elección de autoridades, mantenimiento de la sede social, actualización del registro de afiliados, entre otras.

Que dichas obligaciones no son meramente formales, sino que tienen una naturaleza jurídica sustancial y una inherencia esencial a la propia personería jurídica, que surge de la inscripción, de modo que determinan su existencia.

Que dichas obligaciones se han establecido en primer lugar, para la debida defensa de los derechos de los afiliados, pero a la vez, esos deberes se han legislado para resguardar el orden público y permitir la tarea de control u regulación de parte de los órganos administrativos competentes del Estado.

Que las asociaciones sindicales que obtuvieron la personería jurídica y que fueron inscriptas en el registro especial del art. 23 deben mantener los requisitos que le permitieron acceder a la personería y a la inscripción durante toda la vigencia de su funcionamiento, y a la vez cumplir con todas las obligaciones que le impone en forma imperativa la ley 23.551 en diversos artículos de su textos, como los mencionados arts.19 y 24.

Que en ese sentido, la asociación sindical que no mantenga los requisitos que le permitieron acceder al registro o que no cumpliera con los deberes impuestos en los arts.19 y 24 por un período prolongado de tiempo, pierde, por propia conducta, el derecho de integrar ese registro y por lo tanto, debe ser excluida de dicho instrumento de control y publicidad.

Que el Registro de Asociaciones Sindicales no puede mantener “in eternum” en sus antecedentes, sin que ello afecte su funcionamiento, a aquellas entidades sindicales que si bien otrora fueran beneficiadas con la inscripción no han demostrado la mínima voluntad asociacional durante un largo periodo de tiempo, incumpliendo con las obligaciones impuestas por la ley que hacen al mantenimiento de su vida institucional.

Que asimismo, es dable señalar que aquellas entidades que resultaren inoperativas no cumplen con el requisito legal de la defensa efectiva de los intereses individuales de sus afiliados, que intentan representar, en virtud del artículo 23 de la ley de Asociaciones Sindicales.

Que un plazo perentorio de TRES (3) años contado a partir del comienzo de su inactividad o inoperatividad, resulta un lapso temporal prudente y razonable para que el gremio inscripto pueda demostrar su efectiva voluntad asociacional de mantenimiento de su vida institucional y cumplimiento de sus obligaciones legales.

Que el registro especial de asociaciones sindicales creado por el art.23 de la mencionada ley es un instrumento administrativo que, para resultar eficiente en el cumplimiento de sus fines, debe contemplar la depuración y baja periódica de las entidades inactivas que ya no se encuentran en funcionamiento y que por ello ya no cumplen con las obligaciones que le impone la propia ley que lo ha creado.

Que un instrumento administrativo registral que contiene entidades que ya no exhiben señales de funcionamiento o no se encuentran operativas no cumpliría con los objetivos de su existencia, como lo son el control, la regulación y la publicidad de la nómina actualizada de dichas asociaciones.

Que en este punto, la actualización de la nómina de inscriptos se encuentra directamente vinculada a la eficacia y finalidad de dicho registro.

Que ello, actuaría en consonancia con los principios de celeridad, economía, sencillez y eficacia que surgen del art.1 de la ley de Procedimientos Administrativos.

Que se ha advertido desde esta Dirección Nacional que existe un cumulo de entidades sindicales, como la que motiva las presentes actuaciones, que no presentan actividad administrativa o de cumplimiento de sus obligaciones por un período mayor a los TRES (3) AÑOS.

Que no obstante resultar un hecho objetivo la inoperatividad y la falta de funcionamiento de las entidades sindicales afectadas, ya que se mensura por el simple paso del tiempo, debe resguardarse el derecho a la entidad sindical involucrada a ejercer su debida defensa y a ser oído.

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos de este Organismo ha tomado la intervención que le compete de conformidad con el artículo 7 de la ley 19.549.

Que el Ministerio de Trabajo de la Nación resulta la Autoridad de aplicación de la ley 23.551 de asociaciones sindicales y quien tiene la responsabilidad de contralor de la vida institucional de los gremios, tales como surge de los arts. 56, 58 y concordantes de la citada norma, a los fines que se respeten las disposiciones legales y estatutarias.

Por ello:

LA DIRECTORA NACIONAL DE ASOCIACIONES SINDICALES

DISPONE:

ARTÍCULO 1°.- Actualícese el Registro Especial de Asociaciones Sindicales que registra las inscripciones gremiales en el ámbito de esta Dirección Nacional de Asociaciones Sindicales, excluyéndose del mismo a aquellas entidades sindicales que no hayan acreditado en el plazo de 3 años a la fecha de publicación de la presente, su actividad operativa y el cumplimiento de sus obligaciones legales periódicas establecidas en la ley 23.551.

ARTÍCULO 2°.- Encomiéndese a la Dirección General de Asuntos Jurídicos de este Ministerio, el cumplimiento del art.56 inc. 3 de la ley 23.551, para los casos de las entidades gremiales comprendidas en la parte in fine del art.1, remitiéndose las actuaciones respectivas a dicha área ministerial a los fines del inicio del proceso judicial respectivo.

ARTÍCULO 3°.- Otórguese a las entidades gremiales comprendidas en la parte in fine del art 1, el plazo extraordinario de SESENTA (60) días a partir de la publicación de la presente, a los fines de acreditar el cumplimiento de los requisitos de funcionamiento exigidos por la Ley 23.551 que hacen al mantenimiento de su vida institucional y así procurar su mantenimiento en el Registro mencionado.

ARTÍCULO 4°.- Impleméntese en el plazo de SEIS (6) meses a partir de la publicación de la presente medida, la digitalización del mencionado Registro, brindándose en el mismo plazo la capacitación a los responsables legales y técnicos de las asociaciones sindicales registradas en el mismo.

ARTÍCULO 5°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese. — Karina Angela Palacios.

  1. 07/12/2017 N° 95563/17 v. 07/12/2017

Fecha de publicación 07/12/2017

 

Riesgos del trabajo. Comisiones Médicas Jurisdiccionales y Comisión Médica Central. Disposiciones aclaratorias a la res. 298/2017 (S.R.T.)

SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO
Resolución 899-E/2017
Ciudad de Buenos Aires, 08/11/2017
VISTO el Expediente N° EX-2017-25429932-APN-GAJYN#SRT, las Leyes Nros 20 744, N° 24 241, N° 24 557, N° 26 773, N° 27 348, el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1 278 de fecha 28 de diciembre de 2000, los Decretos N° 658 de fecha 24 de junio de 1996, N° 717 de fecha 28 de junio de 1996, N° 1 475 de fecha 29 de julio de 2015, las Resoluciones S R T Nº 709 de fecha 10 de abril de 2013, N° 298 de fecha 23 de febrero de 2017, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 51 de la Ley N° 24 241, sustituido por el artículo 50 de la Ley N° 24 557, dispuso la actuación de las Comisiones Médicas y la Comisión Médica Central en el ámbito del Sistema de Riesgos del Trabajo
Que el artículo 21, apartado 1, inciso a) de la Ley N° 24 557 establece que dichas comisiones serán las encargadas de determinar la naturaleza laboral del accidente o profesional de la enfermedad y la incapacidad resultante
Que mediante el artículo 11 del Decreto N° 1 278 de fecha 28 de diciembre de 2000, se incorporó el apartado 5 al ya citado artículo 21, estableciendo allí que “En lo que respecta específicamente a la determinación de la naturaleza laboral del accidente prevista en el inciso a) del apartado 1 de este artículo y siempre que al iniciarse el trámite quedare planteada la divergencia sobre dicho aspecto, la Comisión actuante, garantizando el debido proceso, deberá requerir, conforme se establezca por vía reglamentaria, un dictamen jurídico previo para expedirse sobre dicha cuestión ”
Que por su parte, el Título I de la Ley N° 27 348 determinó que la intervención de las Comisiones Médicas Jurisdiccionales constituye la instancia única, con carácter obligatorio y excluyente de cualquier otra, para que el trabajador afectado, contando con el patrocinio letrado que garantice el debido proceso legal, solicite u homologue la determinación del carácter profesional de su enfermedad o contingencia y grado de incapacidad
Que con la sanción de la Ley N° 27 348 se ha procurado corregir las falencias de índole constitucional del Sistema de Riesgos del Trabajo que fueron puestas de manifiesto a través de distintos y sucesivos pronunciamientos judiciales
Que en tal sentido, el Fiscal General de la CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO señaló que, “no es trasladable al tema que nos reúne la tesis sentada por el Alto Tribunal en las sentencias dictadas el 7 de septiembre del 2004 en “Castillo, Angel c/Cerámica Alberdi”, el 13 de marzo del 2007 en “Venialgo, Inocencia c/Mapfre Aconcagua” y el 17 de marzo de 2012 en “Obregón, Francisco c/Liberty”
Que en ese aspecto, la intervención de las Comisiones Médicas fijada por la Ley N° 27 348, reconoce los límites definidos por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso “Ángel Estrada y Cía S A c/Resol 71/96-Sec de Energía y Puertos s/recurso extraordinario” (Fallos: 328:651), donde analizó detalladamente las condiciones que debe reunir un Organismo administrativo para ejercer funciones jurisdiccionales otorgadas por ley formal, a fin de no alterar a favor del Poder Ejecutivo el equilibrio en el que reposa el sistema constitucional
Que sentado lo expuesto, resulta claro que la intervención de las Comisiones Médicas Jurisdiccionales y de la Comisión Médica Central, así como del Servicio de Homologación constituye, en su recorrido inicial ante la sede administrativa, el verdadero soporte del Sistema de Riesgos del Trabajo
Que en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 3° de la Ley N° 27 348, oportunamente esta SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO (S R T ) dictó la Resolución S R T N° 298 de fecha 23 de febrero de 2017, con el objetivo de asegurar la aplicación del procedimiento establecido en el Título I de la Ley N° 27 348, en el ámbito de las jurisdicciones que dispongan su adhesión a dicha norma, determinando los distintos aspectos procedimentales a los fines de resguardar el fin perseguido por el legislador
Que particularmente, mediante la resolución citada en el considerando precedente, se estableció el procedimiento de aplicación exclusiva a los trámites de rechazo de la denuncia de la contingencia a fin de determinar el carácter laboral del accidente o profesional de la enfermedad, como así también la determinación de la incapacidad laboral, en las jurisdicciones que hayan dispuesto su adhesión al Título I de la Ley N° 27 348
Que en tal contexto, cabe destacar los numerosos pronunciamientos jurisprudenciales que sostuvieron la razonabilidad y constitucionalidad de la medida adoptada por el legislador en la citada Ley N° 27 348 al establecer un tránsito previo y obligatorio por la instancia administrativa de las Comisiones Médicas
Que no obstante ello, resulta conveniente precisar aspectos propios de las atribuciones de los integrantes de las Comisiones Médicas a los efectos de una mayor clarificación de sus respectivas incumbencias
Que atento a lo expuesto, corresponde tener presente que el Decreto N° 1 475 de fecha 29 de julio de 2015, dispuso que cada Comisión Médica Jurisdiccional y la Comisión Médica Central se integrarán con un Secretario Técnico Letrado designado por esta S R T con igual jerarquía que los miembros previstos en el artículo 51 de la Ley Nº 24 241, quien deberá intervenir en la emisión del dictamen jurídico de carácter previo, previsto en el ya citado apartado 5 del artículo 21 de la Ley N° 24 557 incorporado por el Decreto N° 1 278/00 y tendrá a su cargo formular opinión sobre las cuestiones jurídicas sometidas a su consideración
Que igualmente, resulta oportuno resaltar que en ninguna instancia se ha pretendido asignar a los profesionales médicos de las referidas comisiones atribuciones de índole jurídica; reservando tales cuestiones a la intervención del Secretario Técnico Letrado integrante de la respectiva Comisión, siempre dejando a resguardo la ulterior revisión judicial del respectivo decisorio en ese tramo inicial
Que de tal forma y toda vez que cada Comisión Médica constituye en sí mismo un órgano administrativo con funciones y competencias específicas, éstas, se hallan integradas, por el respectivo Servicio de Homologación, los profesionales del derecho que revisten el carácter de Secretario Técnico Letrado y por profesionales médicos, quienes intervienen en el marco de sus respectivas incumbencias, sin que exista subordinación jerárquica entre ellos Como así también, por el personal técnico y administrativo que los asiste
Que de lo contrario se vulnerarían las incumbencias profesionales de los expertos médicos que conforman las comisiones médicas, a las cuales corresponde atenerse en el cumplimiento de los fines contemplados por el legislador para esta etapa
Que, siguiendo con esta línea, corresponde aclarar con la mayor precisión las incumbencias específicas de cada uno de los integrantes de las comisiones médicas y su intervención en las distintas etapas del procedimiento en resguardo del derecho al debido proceso y la búsqueda de la verdad material, principio rector de los procedimientos administrativos
Que en esta inteligencia, debe quedar establecido que cualquier alusión normativa a las Comisiones Médicas debe entenderse referida al órgano administrativo que ellas constituyen, compuesto por los profesionales de la medicina y del derecho, como así también, por todos sus integrantes de acuerdo con sus respectivas incumbencias y actuación en el procedimiento
Que, en otro orden, en relación a los salarios no declarados por el empleador al Sistema Único de la Seguridad Social (S U S S ), debe remarcarse el derecho del trabajador de concurrir directamente a la Justicia para obtener el reconocimiento de sus derechos vinculados a la base imponible no declarada por el empleador, no impidiendo ello que el trabajador pueda arribar a un acuerdo con carácter de cosa juzgada en el marco del procedimiento ante las Comisiones Médicas
Que, a tenor de lo expresado, esta S R T estima oportuno establecer ciertas disposiciones aclaratorias a la Resolución S R T N° 298/17, a efectos de asegurar en adecuada medida el cumplimiento de los fines tenidos en cuenta con la sanción de la Ley N° 27 348, en el ámbito de las jurisdicciones donde resulte de aplicación
Que la Gerencia de Asuntos Jurídicos y Normativos de esta S R T ha tomado la intervención que le corresponde
Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por los artículos 36 y 38 de la Ley N° 24 557 y el artículo 3° de la Ley N° 27 348
Por ello,
EL SUPERINTENDENTE DE RIESGOS DEL TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°- Establécense en los artículos subsiguientes, las Disposiciones Aclaratorias a la Resolución de la SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO (S R T ) N° 298 de fecha 23 de febrero de 2017 relativas a:
a) La definición y conformación de las Comisiones Médicas Jurisdiccionales y la Comisión Médica Central
b) Las funciones y responsabilidades del personal que componen las Comisiones Médicas
c) La definición y procedencia de los trámites allí previstos, con el objeto de establecer la naturaleza laboral de la contingencia denunciada por el trabajador o la determinación de su incapacidad laboral
Ello a los fines de un mejor entendimiento y una interpretación armónica entre la Ley N° 27 348, los Decreto Nº 1 278 de fecha 28 de diciembre de 2000, N° 1 475 de fecha 29 de julio de 2015, y las Resoluciones S R T Nº 709 de fecha 10 de abril de 2013 y S R T N° 298/17
ARTÍCULO 2°- COMISIÓN MÉDICA
De acuerdo a las previsiones del Título I de la Ley N° 27 348, la Comisión Médica Jurisdiccional constituye la instancia administrativa previa, de carácter obligatorio, especializada e interdisciplinaria respecto de los trámites allí establecidos por el rechazo de la denuncia de la contingencia, para la determinación de la incapacidad laboral y en caso de divergencia en la determinación de la incapacidad laboral
Dichas comisiones, así como la Comisión Medica Central, se hallan conformadas por los profesionales del derecho que revisten el carácter de Secretario Técnico Letrado y por los profesionales médicos, sin subordinación jerárquica entre ellos
Las intervenciones de los citados profesionales serán efectuadas en el marco de sus respectivas incumbencias
La Comisión Médica Jurisdiccional se halla integrada, asimismo, por el respectivo Servicio de Homologación y por el personal letrado, administrativo y técnico que lo asiste
La Comisión Médica Jurisdiccional, a través del Titular del Servicio de Homologación, emitirá el acto administrativo definitivo, que concluye y agota esa instancia
ARTÍCULO 3°- CONFORMACIÓN DE LAS COMISIONES MÉDICAS JURISIDICCIONALES FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL PERSONAL INTEGRANTE Y AUXILIAR
PERSONAL INTEGRANTE:
1 – SECRETARIO TÉCNICO LETRADO
De conformidad con lo establecido en el Decreto N° 1 475/15 y la Resolución S R T N° 298/17, sus funciones son:
a) Emitir Dictamen Jurídico Previo (D J P ) en el trámite de rechazo de la denuncia de la contingencia, en función de lo previsto en el apartado 5 del artículo 21 de la Ley N° 24 557
b) Intervenir y expedirse sobre las cuestiones jurídicas que sean sometidas a su consideración
c) Sustanciar la producción de prueba en el procedimiento de rechazo de la denuncia de la contingencia
La desvinculación de los Secretarios Técnicos Letrados solamente podrá ser dispuesta con fundamento en una grave causal debidamente acreditada
2 – PROFESIONAL MÉDICO
Sus funciones son:
a) Presidir las audiencias médicas
b) Efectuar el examen médico en los trámites de determinación de incapacidad, divergencia en la incapacidad y rechazo de la denuncia de la contingencia
c) Analizar y valorar la prueba médica solicitada y presentada por las partes
d) Requerir la realización de estudios científicos o médicos, en los casos que se susciten cuestiones ajenas a su especialidad
e) Labrar el acta de audiencia médica
f) Emitir el dictamen médico o el Informe de Valoración de Daño (I V D ), según corresponda, expresando en dicha oportunidad los fundamentos médicos que motivaron su conclusión
g) Expedirse sobre las cuestiones atinentes al dictamen médico planteadas por las partes en las solicitudes de rectificaciones o revocaciones
h) Dar intervención, en el marco de las funciones establecidas en el Decreto N° 1 475/15 y conforme a lo previsto en el artículo 7° de la Resolución S R T N° 298/17, al Secretario Técnico Letrado cuando se susciten planteos de orden legal, no pudiendo apartarse de lo opinado por el referido funcionario en lo que respecta a lo consultado
3 – TITULAR DEL SERVICIO DE HOMOLOGACIÓN
Sus funciones son:
a) Emitir el acto administrativo definitivo de la Comisión Médica Jurisdiccional en los trámites de Rechazo de la Denuncia de la Contingencia, Determinación de la Incapacidad y Divergencia en la Determinación de la Incapacidad, el que será vinculante para todas las partes
b) Controlar el cumplimiento de los principios del debido proceso y de legalidad
c) Dictar, en los casos que así corresponda, el auto que concede el recurso interpuesto y el que ordena el traslado de la expresión de agravios
d) Elevar, de conformidad a lo establecido en los artículos 16, 17 y 18 de la citada Resolución S R T N° 298/17, las actuaciones a la Comisión Médica Central o a la Justicia Laboral Competente
PERSONAL AUXILIAR:
1 AUXILIAR LETRADO DEL SECRETARIO TÉCNICO LETRADO
Créase el cargo de Auxiliar Letrado del Secretario Técnico Letrado
El Secretario Técnico Letrado podrá contar, en las circunstancias que lo amerite y a los fines de evitar dilaciones en el procedimiento, con la colaboración de un auxiliar letrado, cuya función principal es asistir, a requerimiento de aquél, en la etapa probatoria en el trámite de Rechazo de la denuncia de la contingencia
2 FUNCIONARIO AUXILIAR LETRADO DEL SERVICIO DE HOMOLOGACIÓN
Créase el cargo de Funcionario Auxiliar Letrado del Servicio de Homologación, cuyas funciones son las siguientes:
a) Sustanciar y presidir las audiencias de acuerdo, que sean celebradas con posterioridad a la emisión de un dictamen médico o de un Informe de Valoración de Daño
b) Emitir, en resguardo del debido proceso, opinión de legalidad de los procedimientos desarrollados en el marco de la Resolución S R T N° 298/17
c) Elevar las actuaciones al Titular del Servicio de Homologación de la Comisión Médica para la emisión del respectivo acto administrativo definitivo
ARTÍCULO 4° TRÁMITES ANTE LA COMISIÓN MÉDICA JURISDICCIONAL DEFINICIÓN Y PROCEDENCIA
4 1 – RECHAZO DE LA DENUNCIA DE LA CONTINGENCIA – DETERMINACIÓN DEL CARÁCTER LABORAL DE LA CONTINGENCIA
Es el trámite iniciado por el trabajador o sus derechohabientes destinado a analizar la pertinencia del rechazo efectuado por la Aseguradora de Riesgos del Trabajo (A R T ) o el Empleador Autoasegurado (E A ) de una contingencia denunciada por el trabajador, el empleador, sus derechohabientes o cualquier persona que haya tenido conocimiento de aquella y tiene como objeto establecer el carácter laboral del accidente o profesional de la enfermedad
Procede cuando mediare rechazo de la contingencia por parte de la A R T o el E A , suscitado en los plazos y conforme las causales previstas en el artículo 6° del Decreto 717 de fecha 28 de junio de 1996, y demás normas aplicables
4 2 – DETERMINACIÓN DE LA INCAPACIDAD
Es el trámite destinado a determinar el porcentaje de incapacidad laboral definitiva resultante de una contingencia, en función de las secuelas incapacitantes existentes con posterioridad al otorgamiento del alta médica En tales casos, el trámite tiene como único objeto establecer el porcentaje de incapacidad de una contingencia cuyo carácter laboral no se encuentra controvertido por las partes
Procede cuando la A R T o el E A hubieran otorgado el alta médica y establecido la existencia de secuelas incapacitantes
Las actuaciones se iniciarán una vez que se encuentra aceptado por parte de la A R T o el E A el carácter laboral del accidente o profesional de la enfermedad, o en su defecto, cuando así lo disponga el acto administrativo del Titular del Servicio de Homologación, emitido luego de suscitarse el trámite previsto en el artículo 2° de la Resolución S R T N° 298/17
4 3 – DIVERGENCIA EN LA DETERMINACIÓN DE LA INCAPACIDAD
Es el trámite que tiene por objeto establecer el porcentaje de incapacidad laboral resultante de una contingencia cuyo carácter laboral no se encuentra controvertido por las partes
Procede cuando:
a) La A R T o el E A hubiera otorgado el alta médica y el trabajador no prestare su conformidad con la inexistencia de secuelas incapacitantes;
b) Cuando luego de otorgada el alta médica la A R T o el E A no se hubiera expedido sobre la existencia de secuelas incapacitantes;
c) Cuando, luego del cese de la Incapacidad Laboral Temporaria (I L T ), la A R T o el E A no hubiera iniciado el trámite de Determinación de la Incapacidad dentro de los plazos previstos en el artículo 3° de la Resolución S R T N° 298/17 para la determinación del grado de la incapacidad laboral permanente resultante
Estas actuaciones se iniciarán una vez que se encuentre aceptado por parte de la A R T o el E A , el carácter laboral del accidente o profesional de la enfermedad o, en su defecto, cuando así lo disponga el acto administrativo del Titular del Servicio de Homologación, emitido luego de sustanciarse el trámite previsto en el artículo 2° de la Resolución S R T N° 298/17
4 4 – ACUERDO POR INCAPACIDAD LABORAL PERMANENTE DEFINITIVA O FALLECIMIENTO
Es el trámite destinado a someter a consideración de la Comisión Médica Jurisdiccional una propuesta de convenio arribada e instrumentada por la A R T o el E A y el trabajador o sus derechohabientes, de acuerdo a lo previsto en los artículos 19 y siguientes de la Resolución S R T N° 298/17
Procede:
a) En caso de fallecimiento del trabajador afectado, cuando las partes hubieren arribado a un acuerdo respecto de la prestación dineraria;
b) En los casos en que haya cesado la Incapacidad Laboral Temporaria y las partes hubieren arribado a un acuerdo respecto de la incapacidad laboral resultante y el importe de la indemnización
ARTÍCULO 5° – Déjase establecido, en relación con la liquidación de la prestación dineraria prevista por el artículo 11 de la Resolución S R T N° 298/17, que aquélla deberá practicarse siguiendo el parámetro establecido en dicha norma Sin perjuicio de ello, si en ocasión del trámite ante la Comisión Médica se suscitaren divergencias relativas a salarios no declarados por el empleador, tal controversia entre el trabajador y el empleador deberá ser resuelta por la autoridad judicial, sin que ello afecte el derecho del trabajador de percibir las indemnizaciones previstas en el Sistema de Riesgos del Trabajo, en virtud de los salarios exclusivamente declarados por el empleador al Sistema Único de la Seguridad Social (S U S S ); o en su caso, el trabajador podrá, en la instancia cumplida ante el Servicio de Homologación, arribar a un acuerdo con carácter de cosa juzgada administrativa
En caso de acreditarse, por sentencia firme, una mayor remuneración en favor del trabajador, deberá ponerse en conocimiento fehaciente a la A R T o el E A a fin de que proceda a ajustar la liquidación correspondiente
ARTÍCULO 6° – En los trámites incoados con motivo del rechazo de la denuncia del accidente laboral, establecidos en los artículos 1° y 2° de la Resolución S R T 298/17, además del cumplimiento de los requisitos allí previstos, el peticionante deberá formular la descripción de los hechos y las circunstancias en que aconteció el siniestro rechazado y, en el mismo acto, ofrecer la prueba de la que intente valerse acompañando la documental
De la presentación efectuada, se correrá traslado a la A R T o el E A mediante Ventanilla Electrónica por el plazo de CINCO (5) días hábiles En su contestación, la A R T o elE A deberá acompañar el informe del caso y ofrecer la prueba de la que intente valerse
El relato de los hechos, los fundamentos y el alcance de la pretensión del trabajador quedarán determinados al tiempo de formular la presentación prevista en el primer párrafo del presente artículo y para la A R T o el E A , en oportunidad de efectuar el rechazo de la contingencia y de contestar el traslado previsto en el párrafo precedente
Cumplidos los recaudos precedentes, se dará intervención al Secretario Técnico Letrado (S T L ) de la respectiva comisión médica, quien tendrá a su cargo evaluar la admisibilidad y procedencia de la prueba ofrecida y la necesidad de incorporar otros elementos de convicción conducentes para la decisión de la cuestión sometida a su consideración
Podrá denegar la prueba que considere manifiestamente inconducente, superflua o meramente dilatoria En oportunidad de interponer el recurso de apelación previsto en el artículo 16 de la Resolución S R T N° 298/17, las partes podrán ofrecer la prueba que les haya sido denegada
En la etapa probatoria, el S T L podrá ser auxiliado por un profesional letrado, designado a tal efecto
Cumplida la etapa probatoria, el S T L emitirá el dictamen jurídico previo previsto en el apartado 5 del artículo 21 de la Ley N° 24 557, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2° de la Resolución S R T 298/17
ARTÍCULO 7° – En los casos en que mediare rechazo de la denuncia de enfermedad profesional incluida en el Decreto N° 658 de fecha 24 de junio de 1996 parte de la A R T o el E A, además del cumplimiento de los requisitos previstos en los artículos 1° y 2° de la Resolución S R T 298/17, deberá, en el mismo acto, ofrecer la prueba de la que intente valerse acompañando la prueba documental De dicha presentación se correrá traslado a la A R T o el E A mediante Ventanilla Electrónica por el plazo de CINCO (5) días hábiles
En su contestación, la Aseguradora deberá acompañar el informe del caso y ofrecer la prueba de la que intente valerse
El relato de los hechos, los fundamentos y el alcance de la pretensión del trabajador quedarán determinados al tiempo de formular la presentación prevista en el primer párrafo del presente artículo y para la A R T o el E A , en oportunidad de efectuar el rechazo de la contingencia y de contestar el traslado previsto en el párrafo precedente
Cumplido lo precedentemente dispuesto, se dará intervención al profesional médico de la respectiva Comisión Médica y se citará a las partes a la audiencia médica, de acuerdo a lo previsto en el artículo 6° de la Resolución S R T N° 298/17
El médico asignado se expedirá sobre la pertinencia y necesidad de la prueba médica ofrecida
El S T L emitirá la correspondiente opinión de legalidad, valorando la prueba producida que fuere conducente para arribar a su conclusión y remitirá las actuaciones al Titular del Servicio de Homologación, a efectos que dicte el acto administrativo y notifique a las partes
ARTÍCULO 8° – La presente resolución entrará en vigencia a partir del día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial y resultará de aplicación a todos los trámites en curso
ARTÍCULO 9° – Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese — Gustavo Dario Moron
e 10/11/2017 N° 86858/17 v 10/11/2017
Fecha de publicación 10/11/2017

Programas de Empleo y Formación Profesional. Ayudas económicas. Fijación

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
SECRETARÍA DE EMPLEO
Resolución 1415-E/2017
Ciudad de Buenos Aires, 01/09/2017
VISTO el Expediente N° 1.719.190/2016 del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, las Resoluciones del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL N° 203 del 26 de marzo de 2004, N° 695 del 13 de agosto de 2012, y N° 197 del 15 de abril de 2016, y sus modificatorias, y 201 del 5 de abril de 2017; las Resoluciones de la SECRETARÍA DE EMPLEO N° 280 del 7 de marzo de 2012, N° 1189 del 3 de julio de 2012, N° 2.636 del 11 de diciembre de 2012, y
CONSIDERANDO:
Que por la Resolución del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL N° 201/17 se creó el PROGRAMA DE TRANSICIÓN AL SALARIO SOCIAL COMPLEMENTARIO el cual tendrá por objeto implementar medidas de apoyo orientadas a trabajadoras y trabajadores incluidos en acciones o programas nacionales de empleo vinculados a la economía popular, hasta la efectiva implementación del Salario Social Complementario previsto por la Ley N° 27.345.
Que por dicha Resolución del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL N° 201/17, se identificó como destinatarios del PROGRAMA DE TRANSICIÓN AL SALARIO SOCIAL COMPLEMENTARIO a las trabajadoras y los trabajadores que finalicen, o finalizaran luego de la entrada en vigor de Ley N° 27.345, su participación en algunas de las líneas de asistencia económica individual del PROGRAMA TRABAJO AUTOGESTIONADO, en el PROGRAMA CONSTRUIR EMPLEO o en acciones especiales de empleo implementadas por el MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL orientadas a sectores de la economía popular.
Que la Resolución del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL N° 203/2004 creó el PROGRAMA DE TRABAJO AUTOGESTIONADO que tiene por objeto promover la generación de nuevas fuentes de trabajo y el mantenimiento de los puestos existentes a través del fortalecimiento de unidades productivas autogestionadas por sus trabajadores.
Que por la Resolución del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL N° 695/12 se creó el PROGRAMA CONSTRUIR EMPLEO que tendrá por objeto potenciar las calificaciones y habilidades laborales de trabajadores afectados por problemáticas de empleo, mediante su incorporación en obras de infraestructura comunitaria o productiva, vinculada a la generación y sostenimiento del empleo, que les permitan adquirir o consolidar saberes propios del sector de la construcción y/o contribuyan a la permanencia en su situación de empleo.
Que por la Resolución de la SECRETARÍA DE EMPLEO N° 280/2012 se aprobó el Reglamento Operativo del PROGRAMA TRABAJO AUTOGESTIONADO.
Que por la Resolución de la SECRETARÍA DE EMPLEO N° 1.189/2012 se implementó en el marco del PROGRAMA TRABAJO AUTOGESTIONADO un esquema de asistencia integral destinado a unidades productivas autogestionadas no provenientes de un proceso de recuperación de empresas cuya actividad productiva principal se oriente hacia el sector privado de la economía.
Que por la Resolución de la SECRETARÍA DE EMPLEO N° 2636/12 se aprobó el Reglamento Operativo del PROGRAMA CONSTRUIR EMPLEO.
Que por Resolución del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL N° 197/16 se instruyó a esta SECRETARÍA DE EMPLEO para que realice la actualización de los valores de las prestaciones contenidas en la normativa de aplicación a cada uno de los Programas Nacionales de Empleo y de Formación Profesional vigentes y sus líneas de acción, conforme los lineamientos fijados por el Poder Ejecutivo Nacional, y de conformidad con el máximo esfuerzo presupuestario posible para dicha actualización.
Que la presente se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por la Resolución del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL N° 197/16.
Por ello,
EL SECRETARIO DE EMPLEO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Fíjase en la suma de PESOS CUATRO MIL CUATROCIENTOS ($ 4.400) la ayuda económica no remunerativa mensual prevista para los destinatarios del PROGRAMA DE TRANSICIÓN AL SALARIO SOCIAL COMPLEMENTARIO.
ARTÍCULO 2°.- Sustitúyese el texto del Apartado I.- “Ayuda económica individual (Línea I)” del Numeral 3.3 – “Apoyo técnico y económico para la implementación de proyectos” del Capítulo 3 – “Circuito Operativo” del Reglamento Operativo del PROGRAMA TRABAJO AUTOGESTIONADO, aprobado como ANEXO I de la Resolución de la SECRETARÍA DE EMPLEO N° 280/2012, por el siguiente:
“I.- Ayuda económica individual (Línea I):
Esta línea tiene por objetivo brindar apoyo en la fase de inicio de las actividades o cuando atraviesen situaciones críticas que afecten el sostén de los puestos de trabajo y/o el normal desenvolvimiento de la actividad productiva.
El Programa asistirá a los trabajadores de las unidades productivas autogestionadas mediante la asignación de una ayuda económica mensual de hasta PESOS CUATRO MIL CUATROCIENTOS ($ 4.400) durante un período máximo de VEINTICUATRO (24) meses, cuando el ingreso individual por retorno de excedentes de sus socios trabajadores sea inferior al Salario Mínimo, Vital y Móvil.
La asignación de esta ayuda económica mensual se aprobará por períodos de SEIS (6) meses. Para acceder a cada nuevo período de SEIS (6) meses, la unidad productiva autogestionada deberá actualizar previamente su situación financiera y la información sobre sus socios.
Las unidades productivas autogestionadas que reciban la asistencia económica individual durante el plazo máximo antes descripto y participen de la Línea de apoyo técnico y económico para la mejora de la capacidad productiva (Línea II), podrán acceder, bajo la modalidad capitalización, al financiamiento de un proyecto de inversión con destino a capital de trabajo (materias primas e insumos), equipamiento y/o desarrollo de infraestructura.
El Programa aportará para la concreción de este proyecto de inversión una suma de hasta PESOS NUEVE MIL NOVECIENTOS ($ 9.900) por socio trabajador, con un mínimo de PESOS NOVENTA Y NUEVE MIL ($ 99.000), para las unidades productivas conformadas por hasta DIEZ (10) socios, y un máximo de PESOS NOVECIENTOS NOVENTA MIL ($ 990.000), para aquellas conformadas por CIEN (100) o más socios.
ARTÍCULO 3°.- Sustitúyese el texto del artículo 4° de la Resolución de la SECRETARÍA DE EMPLEO N° 1.189/2012 PROGRAMA TRABAJO AUTOGESTIONADO, por el siguiente:
“ARTÍCULO 4°.- La ayuda económica mensual individual a trabajadores asociados será asignada por un plazo máximo de TRES (3) años y ascenderá a la suma de PESOS DOS MIL TREINTA Y CINCO ($ 2.035). Mientras dure la emergencia social, se podrá otorgar, cuando las circunstancias lo ameriten, un monto complementario adicional mensual de hasta PESOS DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO ($ 2.365).”
ARTÍCULO 4°.- Sustitúyese el texto del artículo 21 del Reglamento del PROGRAMA “CONSTRUIR EMPLEO”, aprobado como ANEXO de la Resolución de la SECRETARÍA DE EMPLEO N° 2.636/2012, por el siguiente:
“ARTÍCULO 21.- Mano de obra – Programa de inserción Laboral. Los trabajadores desocupados contratados bajo relación de dependencia por una Entidad Responsable en el marco del PROGRAMA DE INSERCIÓN LABORAL para la ejecución de un proyecto de obra, percibirán en forma directa y personal una ayuda económica mensual de hasta PESOS CUATRO MIL CUATROCIENTOS ($ 4.400), por el plazo de duración del proyecto.
La Entidad Responsable podrá contabilizar dicho monto como parte de los haberes remunerativos mensuales de los trabajadores, rigiéndose las relaciones entre las partes, en todo cuanto no fuera materia específica del presente Reglamento, por las normas regulatorias del PROGRAMA DE INSERCIÓN LABORAL.”
ARTÍCULO 5°.- Sustitúyese el texto del artículo 23 del Reglamento del PROGRAMA “CONSTRUIR EMPLEO”, aprobado como ANEXO de la Resolución de la SECRETARÍA DE EMPLEO N° 2.636/2012, por el siguiente:
“ARTÍCULO 23.- Mano de obra – Entrenamiento para el Trabajo. Los trabajadores incorporados a un proyecto de obra en el marco de ACCIONES DE ENTRENAMIENTO PARA EL TRABAJO percibirán en forma directa y personal una ayuda económica no remunerativa mensual de PESOS CUATRO MIL CUATROCIENTOS ($ 4.400), durante el plazo de duración del proyecto.
La Entidad Responsable podrá abonar a los trabajadores participantes una ayuda económica complementaria.
Esta participación de los trabajadores en los proyectos tendrá el carácter de un ENTRENAMIENTO PARA EL TRABAJO, rigiéndose las relaciones entre las partes, en todo cuanto no fuera materia específica del presente Reglamento, por las normas regulatorias de las ACCIONES DE ENTRENAMIENTO PARA EL TRABAJO.”
ARTÍCULO 6°.- Las modificaciones dispuestas en la presente Resolución se aplicarán a partir del 1° de septiembre de 2017 a todas las acciones que se aprueben con posterioridad al dictado de la presente medida.
ARTÍCULO 7°.- Regístrese, comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. — Miguel Angel Ponte.
e. 29/09/2017 N° 72577/17 v. 29/09/2017
Fecha de publicación 29/09/2017

Riesgos del trabajo. Protocolo de estudios obligatorios mínimos para la Valoración del Daño Corporal y para la Determinación de la Incapacidad

VISTO:
El Expediente Nº 64.128/17 del Registro de la SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO (S.R.T.), las Leyes N° 24.241, Nº 24.557, N° 26.425, N° 27.348, los Decretos N° 1.883 de fecha 26 de octubre de 1994, N° 659 de fecha 24 de junio de 1996, N° 2.104 y N° 2.105 ambos de fecha 04 de diciembre de 2008, las Resoluciones S.R.T. N° 216 de fecha 24 de abril de 2003, N° 1.528 de fecha 07 de noviembre de 2012, N° 389 de fecha 07 de febrero de 2013, N° 696 de fecha 09 de abril de 2013, N° 761 de fecha 24 de abril de 2013, N° 298 de fecha 23 de febrero de 2017; y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 35 de la Ley Nº 24.557 ha creado la SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO (S.R.T.) como entidad autárquica en jurisdicción del MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL (M.T. Y S.S.), hoy MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL (M.T.E. Y S.S.).
Que el artículo 51 de la Ley N° 24.241, sustituido por el artículo 50 de la Ley N° 24.557, dispuso la actuación de las Comisiones Médicas y la Comisión Médica Central en el ámbito de los Riesgos del Trabajo.
Que, por su parte, el artículo 21 de la Ley 24.557, estableció los alcances de las funciones de las citadas comisiones en orden a la determinación de la naturaleza laboral del accidente o profesional de la enfermedad, como el carácter y el grado de la incapacidad, el contenido y los alcances de las prestaciones en especie y las revisaciones a que hubiere lugar.
Que el Decreto Nº 1.883 de fecha 26 de octubre de 1994, confirió a la SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE JUBILACIONES Y PENSIONES (S.A.F.J.P.) la facultad de dictar todas las medidas reglamentarias y los actos necesarios para ejercer el poder jerárquico administrativo sobre las Comisiones Médicas creadas por la Ley N° 24.241 y a disponer de los recursos para su funcionamiento.
Que mediante los Decretos N° 2.104 y N° 2.105 ambos de fecha 04 de diciembre de 2008, se facultó a la S.R.T. a dictar las normas aclaratorias y complementarias para la implementación de la Ley N° 26.425, en materia de regulación de las citadas Comisiones Médicas y asignaron a la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (A.N.S.E.S.) todas las competencias de la S.A.F.J.P. que no hayan sido derogadas por la Ley N° 26.425, con excepción de las relativas al funcionamiento de las Comisiones Médicas y la Comisión Médica Central, las que son ejercidas por la S.R.T.
Que, la Ley Complementaria de la Ley sobre Riesgos del Trabajo N° 27.348, estableció como obligatoria y excluyente la actuación de las Comisiones Médicas Jurisdiccionales como “instancia administrativa previa” a la presentación del trabajador ante la Justicia procurando la reparación de incapacidades laborales, erigiéndose como pilar fundamental, la celeridad de los trámites en dicha instancia administrativa.
Que el artículo 3°, segundo párrafo de la citada Ley Nº 27.348 estableció que “La Superintendencia de Riesgos del Trabajo dictará las normas del procedimiento de actuación ante las comisiones médicas jurisdiccionales y la Comisión Médica Central”.
Que en virtud de la delegación dispuesta, la S.R.T. dictó la Resolución S.R.T. Nº 298 de fecha 23 de febrero de 2017 que reglamenta el “Procedimiento ante las Comisiones Médicas regulado en el artículo 1º de la Ley Complementaria de la Ley Sobre Riesgos del Trabajo”.
Que a fin de asegurar la celeridad del trámite ante las Comisiones Médicas, resulta necesario determinar los estudios obligatorios mínimos que las Aseguradoras De Riesgos Del Trabajo/Empleadores Autoasegurados (A.R.T./E.A.) deben realizar a los trabajadores previo al inicio de trámite para la Determinación de la Incapacidad, o a la presentación del Acuerdo por Incapacidad Laboral Permanente Parcial Definitiva o Fallecimiento.
Que a tal efecto, y en oportunidad del control que esta S.R.T. realiza de los requisitos necesarios para iniciar los trámites conforme la Ley N° 27.348 -Título I- resulta indispensable establecer un protocolo que contenga los estudios médicos obligatorios mínimos según las lesiones o secuelas que presente cada trabajador damnificado.
Que para todos los casos donde se deba determinar el grado de incapacidad, se deberá aplicar la Tabla de Evaluación de Incapacidades Laborales aprobada como Anexo I del Decreto N° 659 de fecha 24 de junio de 1996.
Que, por otro lado, resulta necesario facultar a los médicos de la Gerencia de Administración de Comisiones Médicas para que revisen la procedencia de los estudios médicos acompañados por la A.R.T./E.A. al inicio del trámite y verifiquen su calidad técnica, quedando autorizados para solicitar a la A.R.T./E.A. la repetición de los mismos, como así también para requerir la realización de nuevos estudios complementarios, peritaje de expertos y cualquier otra diligencia necesaria, cuando los antecedentes médicos remitidos resulten ilegibles o su veracidad se discuta.
Que, en ese contexto, corresponde determinar el plazo en que el damnificado deberá presentarse ante la Comisión Médica actuante a retirar las órdenes de los estudios médicos indicados, bajo apercibimiento de disponer el cierre de las actuaciones.
Que, a su vez, en caso de incomparecencia injustificada del trabajador a la realización de los referidos estudios médicos, se procederá a dar por finalizado el trámite.
Que la Gerencia de Asuntos Jurídicos y Normativos de la S.R.T. ha tomado la intervención que le corresponde.
Que la presente se dicta en uso de las facultades y atribuciones que confieren los artículos 36, apartado 1, inciso e) y 38 de la Ley Nº 24.557, el artículo 51 de la Ley N° 24.241, el artículo 15 de la Ley Nº 26.425, el artículo 3° de la Ley N° 27.348, el artículo 10 del Decreto N° 2.104/08, el artículo 6° del Decreto N° 2.105/08.
Por Ello:
El Superintendente de Riesgos del Trabajo resuelve:
Art. 1° – Apruébase el “Protocolo de estudios obligatorios mínimos para la Valoración del Daño Corporal y para la Determinación de la Incapacidad”, que como Anexo I IF-2017-20099213-APN-GACM#SRT forma parte integrante de la presente resolución.
Art. 2° – Establécese que los estudios establecidos en el Anexo I IF-2017-20099213-APN-GACM#SRT serán de cumplimiento obligatorio en todos los casos en que la Aseguradora de Riesgos del Trabajo/Empleador Autoasegurado (A.R.T./E.A.) deba proceder a valorar el grado de incapacidad del damnificado.
Art. 3° – Apruébanse los “Requisitos mínimos que deberá contener el Informe de Psicodiagnóstico”, los cuales como Anexo II IF-2017-20100721-APN-GACM#SRT forman parte integrante de la presente resolución.
Art. 4° – Facúltase a los médicos de las Comisiones Médicas dependientes de la Gerencia de Administración de Comisiones Médicas a solicitar la realización de estudios complementarios, peritaje de expertos y cualquier otra diligencia necesaria, en caso de resultar insuficientes los antecedentes obrantes, o fuera discutida su veracidad.
Art. 5° – Dispónese el plazo de tres (3) días contados desde la notificación al damnificado, para que se presente ante la Comisión Médica interviniente a fin de retirar las órdenes de estudios complementarios. Transcurrido el plazo establecido, se procederá a dar por finalizado el trámite.
Art. 6° – Determínase que el damnificado podrá justificar la incomparecencia a la realización de los estudios médicos indicados y retirar nuevas órdenes al prestador, dentro del plazo de diez (10) días desde la fecha en que la práctica médica debió ser realizada. Transcurrido el plazo establecido, se procederá a dar por finalizado el trámite.
Art. 7° – Comuníquese, etc. — Moron.
ANEXO I
PROTOCOLO DE ESTUDIOS OBLIGATORIOS MÍNIMOS PARA LA VALORACIÓN DEL DAÑO CORPORAL Y PARA LA DETERMINACIÓN DE LA INCAPACIDAD
A los efectos de cumplimentar lo estipulado en la Resolución S.R.T. N° 298 de fecha 23 de febrero de 2017, los estudios médicos detallados en el presente protocolo deberán ser presentados al momento de solicitar que la Comisión Médica Jurisdiccional proceda a sustanciar y/o homologar los acuerdos por incapacidades laborales permanentes definitivas, o a Determinar la Incapacidad de los trabajadores damnificados.
1. CUESTIONES GENERALES:
1.1. Reseña de Historia Clínica de la contingencia:
Se entiende por reseña de Historia Clínica: el registro de la información obtenida por la ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO/EMPLEADOR AUTOASEGURADO (A.R.T./E.A.) a través de la entrevista médico-paciente por medio del interrogatorio, del examen físico del área afectada, de los resultados, tanto de los estudios de laboratorio clínico, como de los de diagnóstico por imágenes, y de las distintas técnicas utilizadas durante el tratamiento médico otorgado.
La reseña de Historia Clínica deberá ser debidamente suscripta por un profesional médico competente.
1.2. Cuando se haya efectuado una intervención quirúrgica, se deberá aportar el Protocolo Quirúrgico correspondiente.
1.3. En todos los casos donde el trabajador haya sufrido una fractura, se deberá aportar Radiografía (Rx) de alta.
1.4. En el caso de las neoplasias, se deberá aportar biopsia y estudios realizados para la estadificación.
1.5. De corresponder las A.R.T./E.A. deberán remitir los formularios previstos en los Anexos I y II de la Resolución S.R.T. N° 216 de fecha 24 de abril de 2003, sobre Recalificación Profesional.
2. ESTUDIOS A PRESENTAR SEGÚN CADA PATOLOGÍA:
2.1. PATOLOGÍA DERMATÓLOGICA
a) Examen físico donde conste: tipo de lesión, las zonas afectadas, la profundidad y extensión de la lesión, la repercusión funcional y el grado de dificultad laboral que ocasionan. En función de estos factores, se fijará el grado de incapacidad dentro del rango establecido.
b) Elementos para la evaluación: anamnesis, examen físico y estudios complementarios específicos (test cutáneo, biopsias, inmunología).
2.2. PATOLOGÍA OSTEOARTICULAR
De acuerdo a lo determinado en las Resoluciones S.R.T. N° 1.528 de fecha 07 de noviembre de 2012 (Miembros Superiores -Boletín Oficial (B.O.) de fecha 09 de noviembre de 2012-), N° 696 de fecha 09 de abril de 2013 (Columna Vertebral -B.O. de fecha 16 de abril de 2013-), y N° 761 de fecha 24 de abril de 2013 (Miembros inferiores -B.O. de fecha 26 de abril de 2013-), los estudios efectuados al momento del ingreso y pre-operatorios deben encontrarse presentes. Posteriormente y según el caso, resulta necesario que al momento del alta médica dichos estudios se acompañen de otros que se encuentren relacionados con la patología en tratamiento.
2.2.1.1. Fracturas o lesiones articulares:
a) Rx frente y perfil estricto del sitio de lesión. Si el tipo de fractura lo amerita, deben adicionarse incidencias oblicuas. Si existió compromiso ligamentario deben sumarse incidencias dinámicas o “en stress”.
b) Tomografía Axial Computarizada (T.A.C.): en aquellos casos que pueda existir compromiso de la superficie articular o pseudoartrosis.
c) Resonancia Magnética Nuclear (R.M.N.): deberá efectuarse al momento del alta en casos de lesiones ligamentarias severas tratadas de forma incruenta, o control de lesiones contusivas extensas con riesgo de necrosis.
2.2.1.2. Fracturas o lesiones diafisarias:
a) Rx frente y perfil estricto e incidencias oblicuas: la Rx debe permitir también evaluar el eje articular involucrando en la incidencia a las articulaciones proximales y distales al sitio de fractura. T.A.C. y/o R.M.N.: en casos de riesgo de pseudoartrosis o con antecedentes de osteomielitis.
2.2.1.3. En acortamientos secuelares de los miembros:
a) Medición radiológica.
2.2.2. Lesiones musculares:
a) Si la lesión fue debidamente detectada en la R.M.N. al momento del ingreso y no existieron durante el tratamiento instancias que modifiquen dicha situación (ejemplo el caso de un tratamiento quirúrgico) no será necesario el aporte de un nuevo estudio.
b) Ecografía o R.M.N. nueva al momento del alta en lesiones del ligamento cruzado anterior reparadas quirúrgicamente con inestabilidad secuelar, desgarro o ruptura del deltoides y/o manguito rotador.
2.2.3. En lesiones neurológicas:
a) Electromiograma (E.M.G.) con velocidad de conducción sensitivo-motora y latencias distales actualizado.
2.2.4. En amputaciones:
a) Rx para evaluar el nivel de amputación.
2.2.5. En complicaciones:
2.2.5.1. Infecciones óseas o articulares (además de lo expuesto):
a) Laboratorio, evaluación por Infectología actualizada y eventual Centellograma actualizado.
2.2.5.2. En distrofia simpática refleja:
a) Estudios radiológicos, Centellograma y evaluación multidisciplinaria según el caso, entendiéndose por tal Psiquiatría, Endocrinología, Medicina del Dolor, etc.
2.2.6. En lesiones de la columna vertebral:
2.2.6.1. Fracturas de cuerpo vertebral:
a) Rx del segmento comprometido (cervical, dorsal, lumbar) y T.A.C. de la lesión.
También E.M.G. actualizado y epicrisis del médico especialista tratante.
2.2.6.2. En cérvicobraquialgia, lumbalgia o lumbociatalgia post-traumática:
a) Epicrisis del médico especialista tratante, Rx del segmento comprometido (cervical, dorsal, lumbar) y E.M.G. actualizado.
2.2.7. En hernia de disco operada:
a) Epicrisis del médico especialista tratante, Rx del segmento comprometido (cervical, dorsal, lumbar) y E.M.G. actualizado.
2.2.8. En espondilolistesis traumática:
a) Epicrisis del médico especialista tratante, Rx de frente, perfil y ambas oblicuas y T.A.C. del segmento comprometido (cervical, dorsal, lumbar) y E.M.G. actualizado.
En todos los casos deberá aportarse el protocolo operatorio, que deberá ser legible y constar con diagnóstico pre y post operatorio.
2.3. PATOLOGÍA DE CABEZA Y ROSTRO
2.3.1. Fractura del malar:
a) Radiografía.
b) Test de Lancaster.
2.3.2. Fractura de piso de órbita:
a) Radiografía.
b) Test de Lancaster.
2.3.3. Fracturas orbitarias:
a) Interconsulta con oftalmología.
b) Radiografía: Frontonasoplaca. Mentonasoplaca.
c) Test de Lancasterd.
d) Campimetría Computarizada, o en su defecto, con campímetro de Goldmann.
2.4. PATOLOGÍA OFTALMOLÓGICA
Deberá efectuarse Interconsulta oftalmológica, evaluación que constará de:
I. Antecedentes.
II. Examen oftalmológico:
a) Párpados (descripción).
b) Iris y pupilas (descripción).
c) Medios refringentes.
d) Presión Intraocular.
e) Fondo de ojo.
f) Agudeza visual: debe ser evaluada en cada ojo por separado sin corrección y con la corrección actualizada con la que el paciente logra la mejor agudeza visual, medida en décimas.
g) Motricidad.
2.4.1. Alteraciones del Campo Visual:
La pérdida del campo visual debe determinarse una vez garantizada la mayor agudeza visual posible, con corrección.
a) Se efectúa por intermedio de Campimetría Computarizada o, en su defecto, con campímetro de Goldmann.
b) Evaluar los SESENTA GRADOS (60°) periféricos y deben constar pérdidas de fijación, falsos positivos, falsos negativos realizado con el programa de estrategia relacionada con el umbral que determine puntos vistos y no vistos.
2.5. PATOLOGÍA OTORRINOLARINGOLÓGICA
En caso de trabajadores que hayan sufrido daño auditivo, sea por intoxicación, sobreexposición aguda o crónica a ruido, o bien por contusión encefálica, se deberán presentar los estudios auditivos consistentes en:
a) Evaluación otológica y TRES (3) audiometrías*, así como a otros estudios para verificar el daño coclear.
*Estos exámenes deberán hacerse después de un mínimo de VEINTICUATRO (24) horas de reposo auditivo y entre ellos deberá existir un intervalo no inferior a SIETE (7) días.
b) Prueba de despistaje o simulación preferentemente Test de Harris. La incapacidad se fijará sobre aquella audiometría que posea la mejor performance.
2.5.1. Alteración de equilibrio por lesión de la rama vestibular:
a) Examen neurológico y Electronistagmograma con estimulación calórica.
2.5.2. Obstrucción Nasal:
a) Rinomanometría.
2.5.3. Disfonía funcional irrevesible:
a) Evolución del tratamiento instaurado según Resolución S.R.T. N° 389 de fecha 07 de febrero de 2013, Laringoscopía preferentemente, Fibrolaringoscopía ostroboscópica, semiología de la voz.
2.5.4. Hiposmia, anosmia:
a) Olfatometría.
2.6. PATOLOGÍA RESPIRATORIA
a) Anamnesis, Examen Físico, Espirometría, Rx, y eventualmente gases en sangre y difusión pulmonar de gases.
2.6.1. En el caso de neumoconiosis:
a) Los criterios para evaluar la incapacidad respiratoria causada por neumoconiosis fibrogénica, como es el caso de aquellas derivadas de la exposición a sílice, asbesto etc., se basan fundamentalmente en el compromiso radiológico y funcional. Para lo radiológico, se utiliza la norma de lectura de placas con neumoconiosis de la Organización Internacional del Trabajo (O.I.T.) de 1980.
2.7. PATOLOGÍA CARDIOVASCULAR
2.7.1. Cardiopatía Coronaria:
a) PEG y/o Talio y/o Hemodinamia, parte quirúrgico si fue intervenido.
2.7.2. Hipertensión arterial (HTA) como secuelas de nefropatías profesionales:
a) Rx de tórax, Ecocardiograma, Cámara Gamma, Electrocardiograma (E.C.G.),
Fondo de ojos.
2.8. PATOLOGÍA DIGESTIVA Y PARED ABDOMINAL
2.8.1. APARATO DIGESTIVO
En todos los casos historia clínica y evaluación del estado nutricional.
2.8.2. Trastornos de la deglución:
a) Videofluoroscopía o Videoendoscopía diagnóstica de la deglución.
2.8.3. Resecciones intestinales:
a) Parte quirúrgico, hemograma, albuminemia.
2.8.4. Colectomías:
a) Videocolonoscopía.
2.8.5. Hígado:
a) Evaluación de la función hepática: bilirrubinemia, albuminemia, protrombinemia, estado nutricional.
2.8.6. Lesiones difusas del hígado:
Cualquiera sea su etiología, producidas en ocasión del trabajo, serán evaluadas de acuerdo a los parámetros precedentes. Los valores extremos de incapacidad de cada estadío, se correlacionan con:
a) La historia clínica, la frecuencia de las descompensaciones y los datos humorales límites expresados.
2.8.7. Hidatidosis:
a) Arco 5.
2.8.8. Hepatitis infecciosas:
a) Bilirrubinemia, albuminemia, protrombinemia, TGO, TGP, marcadores virales.
2.9. PATOLOGÍAS DEL APARATO RENAL
La patología renal ocasionada por cualquiera de los agentes tóxicos que incluye la ley debe ser evaluada en base a la función renal del trabajador, independientemente del tipo de daño, (tubular, intersticial, glomerular, con síndrome nefrótico, con síndrome urémico, etc.).
El monto de incapacidad por este concepto depende del grado de insuficiencia renal medida según los grados de velocidad de filtración glomerular (VFG) clearence de creatinina.
2.9.1. Como método de diagnóstico para evaluar la función de cada riñón por separado, se utilizará:
a) El Radiorrenograma Isotópico.
2.9.2. Atrofia testicular:
a) Ecografía.
2.9.3. Herida o traumatismo en mamas, con destrucción parcial o total unilateral o bilateral:
a) Ecografía mamaria o R.M.N.
2.10. ENFERMEDADES HEMATOLÓGICAS DE TIPO HIPOPLASIA, APLASIA O DISPLASIA
2.10.1. Anemia, leuconeutropenia, trombocitopenia:
a) Deberán contar con hemograma completo con fórmula leucocitaria, recuento de plaquetas.
2.10.2. Hipoplasia y Aplasia medular:
a) Punción y biopsia medular.
2.10.3. Leucemias y estados leucemoides:
a) Hemograma completo con fórmula leucocitaria, recuento de plaquetas, Mielograma.
2.10.4. SIDA:
a) Examen físico, Test de Western Blot, CD3, CD4 y carga viral al momento del alta.
b) Historia clínica: El porcentaje de incapacidad se establece según el número de remisiones después de haber realizado tratamiento antimitótico que estabilice al paciente.
2.11. PATOLOGÍA NEUROLÓGICA
2.11.1. Pares craneales:
a) Se tendrán en cuenta para valorar la lesión de los pares craneales el examen clínico, potenciales evocados y/o E.M.G..
2.11.2. Nervios periféricos:
Los porcentajes de incapacidad corresponden a lesiones completas.
En relación a las lesiones parciales de los nervios motores o sensitivos puros, el porcentaje de incapacidad se calculará en forma porcentual a la función perdida.
a) Para estos fines se utilizará la escala propuesta por el British Medical Research Council que gradúa la motricidad en rangos de MO a M5 y la sensibilidad en rangos de S0 a S5.
2.11.3. Enfermedades convulsivantes focales o Jacksonianas:
a) Historia clínica, Electroencefalograma (E.E.G.) y dosaje de anticonvulsivantes.
2.11.4. Polineuritis y Neuritis (de origen tóxico):
a) E.M.G. con velocidad de conducción.
2.11.5. Neuritis óptica:
a) Potenciales evocados visuales.
2.11.6. Desorden mental orgánico postraumático:
a) Tomografía, electroencefalograma, test psicométricos.
2.12. EVALUACIÓN DE DAÑO PSÍQUICO EN ENFERMEDADES PSIQUIÁTRICAS:
a) Se deberán presentar los test: de Bender, de Rorscharch, HTP y persona bajo la lluvia, desiderativo si lo hubiera y cualquier otra prueba que se haya suministrado.
Las tomas deben ser completas, no se admitirán versiones abreviadas.
2.12.1. Para la valoración del daño psíquico se tendrá en cuenta las siguientes dimensiones:
a) Magnitud de la contingencia
En esta dimensión se tiene en cuenta el mecanismo del siniestro debería ser evaluado el damnificado que haya sufrido:
I. Agresión con arma de fuego o elemento punzante.
II. No se agregan los mecanismos que ya se incluyen por las secuelas físicas resultantes (incendio, atrapamiento, caída de altura, etc.).
b) Gravedad de las lesiones y secuelas físicas
I. Amputaciones o pérdida de la función de algún miembro.
II. Quemaduras graves.
III. Pérdida de la vista total o lesión ocular grave.
IV. Traumatismo de cráneo con pérdida de conocimiento.
V. Intoxicaciones que afecten el sistema nervioso central.
c) Convalecencia prolongada
En los casos señalados, la A.R.T./E.A. deberá presentar el estudio
Psicodiagnóstico aunque no devenga incapacidad del resultado del mismo.
2.12.2. Reacción Vivencial Anormal Neurótica:
a) Estudio Psicodiagnóstico.
2.12.3. En el Desorden Mental Orgánico:
a) Estudio Psicodiagnóstico, junto con Interconsulta psiquiátrica – Interconsulta neurológica – T.A.C. – E.E.G..
El Psicodiagnóstico será realizado al trabajador que haya sufrido una contingencia laboral, cuya magnitud, gravedad de las lesiones, secuelas físicas, cirugías realizadas o convalecencia prolongada ameriten su realización.
ANEXO II
REQUISITOS MÍNIMOS DEL INFORME DE PSICODIAGNÓSTICO
El informe de Psicodiagnóstico debe contener los siguientes datos:
1. Fecha de ocurrencia del accidente o fecha de la Primera Manifestación Invalidante (P.M.I.) en la enfermedad profesional o enfermedad profesional no incluida en el listado.
2. Descripción detallada del siniestro denunciado y las prestaciones médico asistenciales que se le hubieran otorgado por intermedio de esa ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO/EMPLEADOR AUTOASEGURADO (A.R.T./E.A.), especificando si hizo tratamiento psiquiátrico y psicológico proporcionado por la A.R.T./E.A., lapso o cantidad de sesiones, si fue medicado con psicofármacos y dosis de las mismas.
3. Describir la situación actual del paciente, la sintomatología psicológica y determinar si se asocia al evento denunciado. Se considera relevante recabar los antecedentes médicos o de accidentes previos al siniestro denunciado.
4. Fecha de alta médica. En caso de corresponder, indicar fecha de fin de tratamiento y de reintegro a sus tareas, especificando si fue reubicado o recalificado laboralmente o bien si fue desvinculado de la empresa
5. La batería mínima de test que debe utilizarse comprende: Test de Bender, HTP y Persona bajo la lluvia.
Las tomas deben ser completas, no se admiten versiones abreviadas.
6. En los casos en que se deba determinar si existe daño orgánico y el grado de deterioro cognitivo, se debe tomar el Test del Reloj y Test Cognitivo.
– En los casos en que el trabajador presente limitaciones físicas que impiden la administración de técnicas gráficas, se podrá optar por la toma del “Cuestionario Desiderativo”.
En los casos que se evidencia cuadro psiquiátrico relevante o se sospecha simulación se debe emplear Test de Rorschach.
7. En las conclusiones finales se debe consignar el estado de las funciones psíquicas y el signo-sintomatología hallado que justifica el diagnóstico arribado, personalidad de base y diagnóstico según baremo con grado y manifestación clínica.
8. Interconsulta psiquiátrica: Deberá contener la descripción detallada de las alteraciones semiológicas que se encontraran (sensoperceptivas, ideación, etc.) incluyendo la transcripción literal de frases u oraciones que pongan en evidencia la jerarquía del síntoma y su posterior encuadre en la terminología técnica correspondiente.
Los diagnósticos a los que arriben deben expresarse conforme las Clasificaciones por Grado del Baremo del Decreto N° 659 de fecha 24 de junio de 1996 o el que en futuro lo sustituya.
9. El informe psicodiagnóstico deberá realizarse según el siguiente modelo:
NOMBRE Y APELLIDO:
D.N.I.:
EDAD:
OCUPACIÓN:
NIVEL DE INSTRUCCIÓN:
PROFESIONAL INTERVINIENTE:
Técnicas Administradas:
Enumeración de la batería de tests utilizada.
Entrevista:
– Descripción del siniestro.
– Tratamiento realizado.
– Alta médica.
– Recalificación y/o reubicación.
– Sintomatología actual.
– Tratamiento psicológico y/o psiquiátricos efectuados.
– Antecedentes médicos o de accidentes previos.
Hallazgos en las técnicas administradas:
– Distinguir los indicadores más importantes o recurrentes y su significado.
– Es importante destacar los indicadores que corroboran nuestro diagnóstico.
Conclusiones:
– Observación del comportamiento.
– Consignar si concurre acompañado o solo.
– Prosopografía.
– Orientación, conciencia de situación y de enfermedad.
– Aspecto psíquico.
– Examen de las funciones psíquicas (memoria, atención, lenguaje, juicio, sensopercepción, timia, conducta, actividad, interacción social, etc.).
– Establecer personalidad de base según nomenclatura de Schneider y descripción de la misma.
– Establecer el cuadro que presenta; tiene que quedar claro cómo se arriba al diagnóstico, al tipo clínico y al grado.
– Debe expresarse claramente si el diagnóstico arribado se encuentra exclusivamente derivado del hecho denunciado.
Impresión diagnóstica: Diagnóstico según baremo con grado colocado en números romanos y en letra entre paréntesis.