Fallo del día: la presunción de la relación laboral en el despido indirecto

Hechos:

El trabajador se encontraba laborando bajo la modalidad no registrada. El empleador le negó la entrada a la empresa, por lo que el actor le envió un telegrama solicitando aclaración de la situación laboral y registración de ella. Ante la negativa del empleador, el trabajador se consideró despedido. El Tribunal resolvió hacer lugar a la demanda, teniendo por acreditada la relación de trabajo. Se excluyeron las horas extras por falta de pruebas.

Tribunal: Cámara de Apelaciones del Trabajo de Tucumán, sala VI(CTrabTucuman)(SalaVI)

Fecha: 29/02/2012 Partes: Ibargoyen, Juan Rodrigo c. Empresa Libertad S.R.L. s/cobro de pesos Publicado en: LLNOA2012 (junio), 573 Cita Online:R/JUR/1204/2012

Sumarios:

1. El incumplimiento de la empresa demandada respecto de la exhibición de las planillas de servicios y planillas de recaudación de todos los coches afectados al servicio de transporte, permite tener por acreditada la categoría profesional de “chofer con corte de boletos” invocada en la demanda (art.61, 2° párrafo, Cód.Procesal Laboral y art.55, ley de contrato de trabajo).

Jurisprudencia Relacionada(*)

Ver Tambien

Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, sala X, ” Blanco Capac, Raquel c. Viamonte y Pueyrredón S.R.L. y otros”, 19/09/2006, IMP 2006-23-24 IMP 2006-23-24 , 2958, AR/JUR/6463/2006;   Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, sala I, “Flores, Julio C. c. Ramllo Cardozo, Jorge A., 30/11/2006, DJ 2007-II DJ 2007-II , 120, AR/JUR/9107/2006.

(*) Información a la época del fallo

2. La operatividad de la presunción contenida en el art.23 de la ley de contrato de trabajo requiere que efectivamente se demuestre que los servicios prestados lo fueron bajo un esquema de subordinación jurídica, en beneficio de una empresa que dirige, diagrama y planifica los días, horarios y modalidades de la prestación de servicios, a más del lugar físico en que el empleado debe prestarlas y cumplirlas, colocando así su total puesta a disposición a favor y beneficio del principal-empleador.

3. El desconocimiento de la relación laboral, la negativa a brindar ocupación efectiva y la falta de registración del contrato, constituyen injurias suficientes para tener por justificada la extinción del vínculo en los términos del art.246 de la ley de contrato de trabajo.

Texto Completo: .— San Miguel de Tucumán, febrero 29 de 2012.

Voto de la doctora Poliche de Sobre Casas:

I) Considerando la totalidad de las constancias de autos especialmente la demanda y contestación, las pruebas ofrecidas y producidas en autos, la L.C.T., la Ley Nº 6.204 y demás normas de fondo y forma aplicables al caso, no habiendo sido reconocida la existencia de la relación laboral en forma previa al tratamiento de los rubros reclamados, deberá reconocerse su existencia o no.

II) En consecuencia, los hechos controvertidos y de justificación necesaria sobre los cuales este tribunal deberá pronunciarse son los siguientes: a) existencia de la relación laboral (fecha de ingreso, tareas desempeñadas, remuneración, categoría laboral), b) causal de despido; y c) rubros e importes reclamados. Paso a considerarlos.

Analizando las probanzas en juicio rendidas a la luz de lo prescripto por los Arts. 32, 33, 40, 308 y cc. del C.P.C. Y C. (de aplicación supletoria en el Fuero Laboral), se analizarán los hechos que fundan la demanda y la procedencia o no de los rubros e indemnizaciones reclamadas.

A la primera cuestión:

Respecto del ingreso es de destacar que el actor señala como tal el día 01 de Diciembre del año 2006, en la categoría profesional de “Chofer con corte de boletos”.

Este Tribunal deberá expedirse conforme a las disposiciones procesales y de fondo aplicables, en relación a los elementos probatorios arrimados al proceso por las partes.

Negada expresa y categóricamente la relación laboral, corresponde conforme a principios de la carga probatoria, al actor la acreditación de su prestación personal conforme lo detalla en la demanda.

En cuanto a la relación laboral invocada surge de la propia contestación de demandada su desconocimiento y negativa cuando se manifiesta que “…Nunca el Sr. Ibargoyen prestó servicios para mi representado, ni como chofer con corte de boleto ni en ninguna otra ocupación…” (sic).

Frente a lo manifestado por la accionada, cabe decir que el trabajador es la persona física titular del contrato o de la relación de trabajo que se obligó o prestó servicios, sin que se interese la modalidad de prestación, la que puede adquirir distintos matices (contrato indeterminado, de plazo fijo, de temporada, eventual, por equipo). La nota fundamental es la prestación en grado de dependencia o subordinación.

A fs. 78 y vta. de autos la parte actora solicita a la empresa demandada Libertad S.R.L., que exhiba toda la documentación detallada en ofrecimiento probatorio, incumplimiento con tal requerimiento judicial.

Que teniendo en cuenta que al no haber cumplido la empresa demandada Libertad S.R.L., con lo solicitado por la parte actora, hace suponer que la falta de exhibición de las planilla de servicios y planillas de recaudación de todos sus coches y en particular el interno 26, desde el mes de Diciembre del año 2006 al mes de Julio del año 2007, requerida judicialmente, impidió conocer y determinar la existencia o no de la relación laboral.

Que por ello, el incumplimiento en que incurrió la empresa demandada Libertad S.R.L., es sancionado por la ley con la presunción a favor de las afirmaciones efectuadas en la demanda (Art. 61 – 2º párrafo del C.P.L. y Art. 55 L.C.T.), puesto que la demandada tuvo oportunidad para demostrar que no existía relación alguna con el actor, exhibiendo la documentación requerida y omitió hacerlo. Así lo declaro.

Resultan también medios probatorio pertinentes y coadyuvantes en relación a la acreditación de la relación laboral, fecha de ingreso, lugar de trabajo, tareas desempeñada y categoría profesional del actor, bajo la dependencia técnica, jurídica y económica con la empresa demandada Libertad S.R.L., tal como se desprende de las testimoniales rendidas en el Cuaderno de Pruebas Nº 6 del actor, medios probatorios que resultan pertinentes y conducentes a tal fin, transcribiéndose las mismas:

En cuanto a la testigo Sr. Oscar Alberto Galván, a (fs. 120 y vta.) del (C. 6 del Actor), manifiesta que “conoce al actor, porque fue compañero de trabajo”. Que “el actor trabajó en Libertad S.R.L., el Sr. Ibargoyen era chofer micrero, da fe de su respuesta porque practicó con el, el corte de boleto y el manejo de las unidades, para poder ingresar a Libertad S.R.L., normalmente cuando se ingresa a la empresa se está a disposición de la empresa, ya sea mañana, tarde, o noche o servicios cortados, hay un horario de mañana, desde las 04.50 de la mañana hasta las 12.30 hs., del mediodía, servicios de la tarde desde las 11.50 de la mañana hasta aproximadamente 21.00 hs., el servicio nocturno desde las 17.30 hs. aproximadamente para finalizar con los últimos servicios, son horarios fijos de la empresa con rotación de personal estable, no así para el personal en negro, que a ese personal por necesidades de la empresa hay veces que trabajan todo el día, es decir doble servicio, Ibargoyen por ser empleado en negro suplía la necesidad de la empresa mañana, tarde y noche, y los servicios cortados, los servicios cortados son refuerzos de servicios normales en momento de mucho trabajo, en horario de entrada y salida de comercio y escolares, es decir que se ocupa, un chofer, o sea en el caso del Sr. Ibargoyen, todo el día para cumplir un servicio. Que “el Sr. Ibargoyen practicó con el, eso fue en diciembre del año 2006, en esa fecha entra a trabajar, y aproximadamente a mediados del año 2007, se entera que no trabajaba Rodrigo, el testigo en esa época no iba a trabajar porque estaba con parte médico y enfermo, se enteró por otros compañeros de la Empresa Libertad. Que “si conoce que no estaba registrada la relación laboral, porque todos ellos pasaban por la misma situación entraban a trabajar como personal en negro cobrando un monto de dinero diario, al principio pagaban por día, por recaudación, y luego por semana por oficina de administración, el método utilizado por la empresa es poniendo el número de cuatro cifras, es el modo identificatorio de cada personal en negro, este número se lo pone en la planilla de trabajo y en el diagrama diario de trabajo”. Que el actor “si cobraba una remuneración diaria al finalizar cada servicio, en esa época la empresa pagaba $ 20., el servicio, y más adelante aumentaron el monto, no sabe porque se encontraba enfermo, el pago de servicio primero lo hacían por recaudación en la oficina y luego hicieron los pagos los viernes, por oficina de administración, pagaba primeramente el recaudador en la oficina de recaudación, al momento de la recaudación se pagaba el servicio del día y en la oficina de administración un Sr. Carlitos que desconoce el apellido. Que “no le sabe decir si lo asaltaron o no al actor, pero la mayoría de ellos fueron asaltado en el cual se incluye”.

El testigo Sr. Joaquín Hilario González, a (fs. 122) del (C. 6 Actor), manifiesta que “conoció al actor en la línea 8, el testigo trabajó desde el año 1990 hasta Julio del año 2007″. Que el actor “si trabajaba, las órdenes las daba el jefe de personal Dante Mayorga, el Sr. Ibargoyen era chofer, trabajaba a la mañana, entraba aproximadamente a las cinco de la mañana y salía a las dos de la tarde, por la tarde dependía de la hora que le tocaba de la pesca, el era pesquero, trabajaba en negro, el testigo lo sabe porque el trabajaba ahí, y no fue blanqueado nunca, esto lo sabe por Rodrigo”. Que el actor “entró en el mes de diciembre del año 2006 hasta el mes de julio del año 2007, lo sabe porque en esa época el testigo estaba trabajando ahí”. Que el Sr. Ibargoyen “no estaba registrado”. Que “por comentarios de la gente de la empresa, se enteró que el actor había sido asaltado”.

Por lo tanto, la declaración realizada por los testigos ut-supra mencionados coinciden en sus testimonios, en cuanto a las tareas, horarios y categorías del actor con lo expresamente manifestado en su demanda. A pesar de que, los mismos fueron tachados, dichas tachas no deben ser consideradas por entender esta Sentenciante que de los fundamentos de la mismas surgen elementos suficientes como para no dudar de la veracidad de los dichos de los testigos en sus contestaciones, al resultar el ser testigos necesarios a los fines del esclarecimiento y dilucidación de la cuestión debatida, por tener tales testigos conocimientos directo y percepción personal en sus dichos.

Debe recordarse que la valoración de la prueba testimonial y las tachas, constituye una facultad propia y privativa de los jueces de grado, quienes pueden inclinarse hacia aquellas declaraciones que les merecen mayor credibilidad para iluminar los hechos de que se trate. Esa tarea de interpretación y merituación debe efectuarse bajo el principio de la sana crítica establecido por el art. 40 C.P.C. y C., que prescribe lo siguiente: “Al dictar sentencia, apreciarán las pruebas de acuerdo a su prudente criterio, ajustándose a los principios de la sana crítica. Podrán inferir conclusiones de las respuestas que les den las partes, de sus negativas injustificadas, y en general, de su conducta en el proceso”. El art. 396 C.P.C. Y C. establece, en relación a la prueba testimonial que… “No habrá resolución previa sobre las tachas, cuyo mérito se apreciará conjuntamente con la prueba principal, según los principios generales del derecho y reglas de la sana crítica”. La tarea valorativa de las pruebas resulta compleja, ya que el Juzgador debe rehacer hechos que han sucedido con anterioridad y de los cuales sólo puede obtener un conocimiento por vía indirecta a través de los elementos probatorios aportados al proceso, de cuyo análisis el juzgador debe extraer las conclusiones que lo llevan a establecer si el hecho que se procura determinar se produjo o no. De ahí que el sentenciante esté facultado para seleccionar entre los elementos con que cuenta, aquellos que a su juicio le provean mayor certeza respecto a las cuestiones sobre las cuales debe expedirse, y en el caso de los testigos, seleccionar de sus dichos aquellos que, en concordancia con otros elementos probatorios, lo lleven al convencimiento de la exactitud de sus manifestaciones. Ello implica que debe realizar una tarea deductiva con la prudencia necesaria, sobre todo para apreciar la prueba testimonial, ya que debe desentrañar lo que es verdadero. De acuerdo a ello, los jueces deben motivar las conclusiones sobre la sinceridad y credibilidad de los testimonios, explicando las razones por las que arriban a ellas, para que tales conclusiones no sean puros actos de su voluntad o fruto de sus meras impresiones, sino un resultado de la consideración racional de los dichos del testigo, exteriorizada mediante una explicación sobre por qué se concluyó de esa manera.

La cuestión debatida (real y cierta naturaleza jurídica de dicha contratación) no queda dilucidada, discernida, ni mucho menos desentrañada, por cuanto en la práctica los hechos, conducta y compartimiento asumidos por las partes durante el vigenciamiento de la relación contractual, demuestran abiertamente la concurrencia de características tipificantes de una efectiva prestación de servicios dentro de un esquema de subordinación jurídica y económica, que conlleva a declarar de aplicación al tema decidendum la presunción contemplada en el art. 23 de la L.C.T.

Bien sabemos, que toda presunción en su faz práctica no es otra cosa que la consecuencia que la ley o el magistrado extraen de un hecho conocido para tener por cierto otro desconocido, es decir, nos encontramos ante un juicio lógico en el cual, partiendo de un hecho cierto, se impone el conocimiento como cierto de otro hecho posible, que se estima lógico corolario del primero. Más aún, dentro del régimen de presunciones existen las legales, es decir, las impuestas por la voluntad legislativa y las denominadas judiciales, simples u hominis que se forman por la experiencia y permiten aceptar como verosímil la relación entre un hecho y sus efectos, fundándose en razonamientos basados en la relación de causalidad. La legislación laboral, al decir de Carlos Posse en su libro “Ley de Contrato de Trabajo” – Anotada, Comentada y Concordada – Ed. 2001 – Pág. 54 y sig., es rica en las denominadas presunciones “legales” y el art. 23 de la L.C.T. (aplicable al tema su-examen), reglamenta una de las más importantes al establecer taxativamente que el hecho de la prestación de servicios hace presumir la existencia de un contrato de trabajo. Requiriéndose para su operatividad que efectivamente se demuestre que los servicios prestados lo fueron (como aconteció y probó el actor), bajo un esquema de subordinación jurídica, en beneficio de una empresa que dirige, diagrama y planifica los días, horarios y modalidades de la prestación de servicios, a más del lugar físico en que el empleado debe prestarlas y cumplirlas, colocando así su total puesta a disposición a favor y beneficio del principal-empleador. El accionante prueba en forma eficaz, pertinente, veraz y convincente que la contratación que lo vinculó con la accionada lo fue, desde su inicio, de naturaleza laboral.

Considerando por todo ello, que la totalidad de las constancias de autos especialmente la demanda y contestación, las pruebas ofrecidas y producidas en autos, y de conformidad con lo dispuesto por el art. 23 de la L.C.T. , conllevan a tener por acreditado el hecho de la prestación de servicios, existiendo entre el actor y el demandado un contrato de trabajo por tiempo indeterminado. A su vez, tengo por reconocido y cierto que el actor ingresó en fecha 01/12/2006, cumpliendo tareas de “Chofer con corte de boletos”, en jornada de trabajo y remuneración que se detalla en la demanda, computando una antigüedad en el servicio de 8 meses a la fecha de su extinción contractual por despido indirecto ocurrido el día 30/07/07. Así lo declaro.

A la segunda cuestión:

Considerando que correspondía al actor probar los hechos que son el fundamento de la demanda, cabe analizar si se acreditó en juicio por el mismo, la existencia de injuria suficiente para justificar la denuncia de su contrato de trabajo.

El actor remitió telegramas a la empresa demandada con fechas 14/06/07, 27/06/07 y 23/10/07, que prueba la existencia de un conflicto individual de trabajo que derivó en la extinción del vínculo laboral.

El actor ante la negativa de la empresa demandada de proveerle tareas, mediante telegrama del 14/06/2007 (fs. 19) intima a la empresa demandada a que le otorgue ocupación efectiva y registre la relación laboral iniciada en Diciembre del año 2006, bajo apercibimiento de iniciar en forma inmediata las acciones judiciales que correspondan.

Ante el silencio de la demandada, el actor remite nuevo telegrama el día 27/06/07, intimando se otorgue ocupación efectiva sin obtener respuesta. Asimismo intima a que en el perentorio término del art. 78 de la L.C.T. , cumpla con su obligación de registrarme de conformidad con lo establecido por el art. 120 de la Ley Nº 24.013, desde el momento que se originó la relación laboral. Bajo apercibimiento de iniciar de inmediato las acciones legales correspondientes.

“De la norma transcripta – el artículo 57 LCT – surge, en principio, el establecimiento de una presunción legal en contra del empleador cuando, efectuada la intimación por el trabajador, ésta no es contestada por el primero, vale decir, la LCT prevé expresamente la situación del empleador, cuyo silencio frente a un reclamo concreto del trabajador origina una presunción en su contra, que en el supuesto de reclamo judicial, como ocurre en este caso, invierte la carga de la prueba. La intimación del trabajador debe ser respondida en el plazo asignado (en este caso en 48 horas), que nunca puede ser inferior a dos días hábiles, salvo que por la naturaleza de la intimación se requiera un plazo mayor para responder, situación que en cada caso debe ponderar el tribunal. En el caso, la respuesta fue tardía según expresa el tribunal, afirmación efectuada con fundamentos, por lo que hace jugar las presunciones legales. Se trata pues de una presunción iuris tantum, pues implica simplemente poner en cabeza del empleador la carga probatoria de acreditar válidamente las situaciones comunes y propias del cumplimiento de la relación de trabajo, descriptas en la norma; desbaratando así, mediante prueba en contrario la presunción legal. Con especial referencia a la presunción iuris tantum consagrada en el artículo 57 del citado cuerpo legal, cabe expresar que su fundamento lógico reside en que la dificultad de la prueba podría hacer perder muchas veces un derecho, de tal manera que la obligación de demostrar el hecho que podría destruir la presunción recae sobre quien lo alega y no sobre el que invoca la norma que lo ampara. Al respecto sostiene Altamira Gigena en, Ley de Contrato de Trabajo, Editorial Astrea, Bs.As. 1981, T. I, pág. 345, lo siguiente: “Como toda presunción dependerá de las pruebas que las partes aporten para que tenga eficacia, no se aplica de pleno derecho sino que debe estar bien acompañada, avalada de pruebas que la ratifiquen, o desvirtúen. La presunción provoca la inversión de la carga probatoria”. Dres.: Estofan – Goane – Sbdar”.

En conclusión, el incumplimiento contractual debe tratarse de una inobservancia que “por su gravedad, no consienta la prosecución de la relación”. Lo que significa que una de las partes, debe haber excedido en su conducta frente a la otra, por su hacer o por su omisión, de lo que puede considerase como tolerable, y el exceso debe haber sido de tal gravedad que no consienta la continuidad de la relación, ni siquiera provisionalmente. Por ello el despido se considera como un último remedio (ultima ratio) al que no puede recurrirse sino en caso de verdadera necesidad. De lo contrario, el despido se juzga como arbitrario.

Resulta menester declarar que en el Derecho de Trabajo prima el principio que aquella parte que invoca la causal por la cual el contrato de trabajo no consiente su continuación debe probarla.

Es decir, no solo debe demostrarse los hechos, ya que no es suficiente la sola afirmación realizada por el actor en sus telegramas colacionados de fechas 14/06/07, 27/06/07 y 23/10/07 (fs. 19/21), que la demandada no le otorgó ocupación efectiva y no registro la relación laboral, sino que también debe demostrarse lo invocado, como ocurrió en el caso de marras.

Al respecto, esta Vocalía, considera que el desconocimiento de la relación laboral que se encuentra probada en autos y los incumplimientos mentados por parte del empleador, constituyen injurias suficientes para tener por justificada la extinción del vínculo laboral (Art. 246 de la LC.T.), el día 14/06/07. Así lo declaro.

Que teniendo en cuenta lo precedentemente mencionado y las pruebas aportadas y producidas en autos, probada la relación de trabajo y teniéndose por cierta la fecha de ingreso, jornada de trabajo, remuneración, tareas y categoría del actor, es que considero que el despido indirecto deviene en justificado teniéndose por acreditada las injurias producidas por la demandada las que por su entidad y gravedad encuadran en el supuesto de los arts. 242 y 246 de la L.C.T. , emergiendo el derecho del actor a la percepción de las Indemnizaciones consecuentes y demás rubros reclamados. Así lo declaro.

A la tercera cuestión:

De acuerdo a lo considerado y pruebas merituadas, se tornan procedentes los rubros y montos reclamados para el actor, teniendo en cuenta la fecha de ingreso del mismo el día 01/12/06, y egreso el día 30/07/2.007, categoría profesional, tareas y horarios descripta en la demanda.

Indemnización por antigüedad: Si corresponde su progreso atento a que se probó en juicio que el despido indirecto comunicado por el actor es justificado, quedando el mismo configurado en los términos de los arts. 246 y 242 de la L.C.T. Así lo declaro.

Indemnización por preaviso: Si corresponde su progreso (Conforme Art. 232 L.C.T.). Así lo declaro.

SAC proporcional 1º semestre año 2007 adeudado: Si corresponde su progreso (Conforme art. 123 L.C.T.). Así lo declaro.

SAC proporcional Julio 2007: Si corresponde su progreso (Conforme art. 123 L.C.T.). Así lo declaro.

Vacaciones proporcionales: Si corresponde su progreso (Conforme art. 156 L.C.T.). Así lo declaro.

Diferencias salariales: Corresponde su progreso en razón de no acreditarse en forma documentada y veraz sus cobros como legalmente se exige. Coadyuvado ello con la prueba de informes de U.T. A., de fs. 115, correspondiente a un chofer con corte de boleto ($ 2.114). Escala salarial a partir del 01/01/07 hasta Febrero 2008. Así lo declaro.

Art. 80 L.C.T.: Respecto a la Indemnización por Falta De Entrega De Certificación De Servicios, el ART. 80 LCT. (último párrafo), incorporado por Ley 25.345, en su Art. 45 (del 17-11-2.000), prevé que si el empleador no hiciera entrega de la constancia o los certificados previstos, dentro de los dos días hábiles computados a partir del día siguiente al de la Recepción del requerimiento que le formulare el trabajador de modo Fehaciente, será sancionado con una indemnización equivalente a tres veces la mejor remuneración, mensual normal y habitual percibida por el trabajador durante el último año o durante el tiempo de prestación si fuere menor. Plazo éste que conforme en el presente caso, al no constar en el expte su entrega en tiempo y forma, corresponde hacer lugar a éste rubro. Asimismo cúmplase por intermedio del Juzgado con lo dispuesto por el Art. 80 LCT. , notificando a la demandada a tal efecto (entrega de certificación de servicios y cese). Así lo declaro.

Integración mes de despido: Si corresponde su progreso (Conforme Art. 233 L.C.T.). Así lo declaro.

Arts. 1 y 2 de la Ley Nº 25.323: Ante la falta de acreditación de la registración laboral se declara procedente la indemnización del Art. 1 de la Ley 25323. También progresa la indemnización prevista en el Art. 2 de la ley 25323 por no estar acreditado el pago indemnizatorio del despido indirecto (Art. 246 L.C.T.). Así lo declaro.

Art. 16 de la Ley Nº 25.551 Ley Nº 25.972 Dcto. 1433/05: Habiéndose producido el despido durante la vigencia de la Ley Nº 25.561 Art. 16 (Emergencia Económica), es que resulta procedente la Indemnización establecida por dicha Ley, en un 50% sobre el monto de la indemnización de Antigüedad. Así lo declaro.

Salario por día de descanso no gozado: Corresponde su progreso en razón de no acreditarse en forma documentada y veraz sus cobros como legalmente se exige. Así lo declaro.

Horas Extras: Ni prueba el quantum ni procedencia de las mismas, ni sus efectivas prestaciones, carga probatoria que al actor incumbía y no ofreció. En consecuencia se absuelve a la accionada de dicho rubro al efecto demandado. Así lo declaro.

A los montos arribados se aplicara lo resuelto en la causa “Medina Juan Antonio vs. Vicente Trapani S. A. s/Cobros de Pesos”, en Sentencia Nº 126 del 26/07/2004, dictada por esta Excma. Cámara del Trabajo Sala VI. Que ante la grave crisis económica por la que atraviesa el País y la emergencia en la que estamos sumidos, conciente de que el Juez no puede ser ajeno a su valoración por encontrarse justamente inserto protagónicamente en el contexto social que nos toca vivir a través de la resoluciones que dicta y los efectos que las mismas producen, más aún en el fuero laboral, reexamina la metodología y criterio que venía sustentando y aplicando al respecto del cálculo de intereses en las resoluciones definitivas dictadas, teniendo en cuenta la necesidad de establecer criterios de cálculos más acordes a la realidad socioeconómica y buscando preservar siempre la integridad del valor de los créditos laborales reclamados de naturaleza y carácter eminentemente alimentarios, considera lo siguiente: a). Que se debe encontrar por los motivos expuestos precedentemente un procedimiento razonable y ajustado a dicho estado de emergencia que proteja a ambas partes en litigio de los profundos desequilibrios que se verifican como resultado de la crisis, y que de mantenerlos fomentarían el desempleo y obligan a mantener la oferta de trabajo al margen de la legislación laboral vigente, con la consiguiente precarización del mercado de trabajo. b). Que el procedimiento adoptado pretende tener en consideración los puntos expuestos ut-supra, consistiendo el mismo en un “Mix” entre la tasa pasiva del BCRA (siguiendo el criterio sustentado por la C. S .J .T. en los autos “Navarro Lidia Orlanda vs. Provincia de Tucumán s/Daños y Perjuicios-Sent. Nº 756 del 25/10/1996) hasta el 06/01/2002, y la tasa activa del Banco de la Nación Argentina desde el 07/01/2002 hasta la fecha del efectivo pago del crédito laboral condenado. Corresponde señalar que se entiende por tasa activa la que percibe el Banco de la Nación Argentina para operaciones de descuento a 30 días vencida. Esta operación no cuenta con garantías prendarias ni hipotecarias. Debe entenderse que la diferencia o “spread” entre tasa activa y pasiva, que significativa, opera en el procedimiento elegido como factor de corrección en los cálculos de los créditos laborales, compensándose de esta manera los desajustes producidos como consecuencia del estado de emergencia económica y social por la que atravesamos. Con éste procedimiento adoptado, esta Vocalía estima que se estaría razonablemente garantizado el mantenimiento del valor adquisitivo de los créditos laborales reclamados y por los que prospera la demanda, adecuando los mismos. Ya que de otra manera el simple paso del tiempo vulneraría y desvirtuaría los fundamentos jurídicos que amparan al trabajador frente al despido sin causa, llegándose al absurdo que una metodología equivocada produciría efectos que podrían ser considerados contrarios a la legislación de fondo y al principio tuitivo y protectorio del derecho del trabajo, de raigambre constitucional, que reconoce también como fuente al derecho internacional. Verbigracia Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales- “Protocolo de San Salvador”-, Convención Americana sobre Derechos Humanos, Convenciones de la OIT; conforme art. 75 inc. 22 de la CN. Así lo declaro. El cambio de criterio en el procedimiento de cálculo de intereses de los créditos laborales, no altera en materia de regulación de honorarios de los profesionales intervinientes en el proceso, lo descripto por los arts. 50, 51 y 52 de la Ley 6204. Así lo declaro.

Voto del doctor Díaz Ricci:

Por compartir los fundamentos y la conclusión a la que arriba el voto preopinante me pronuncio en idéntico sentido. Sin embargo, disiento respecto al criterio para el cálculo de los intereses moratorios, para lo que propongo, que los rubros que progresan devengarán intereses desde que son debidos hasta su efectivo pago, conforme a la doctrina judicial establecida por la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, en las causas “Medina, Hugo Rafael vs. SI. PRO. SA s/daños y perjuicio” (sentencia Nº 24 del 08/02/05), y “Martín, Ramón Eduardo y otros vs. Azucarera Argentina C.E. Ingenio La Corona s/cobro de pesos”, por ser obligatoria su observancia para los tribunales inferiores, al darse en autos una identidad fáctica respecto de los periodos de tiempo por los que cabe calcular intereses moratorios.

Voto del doctor San Juan:

Por compartir el voto del señor vocal Raúl M. Díaz Ricci, en lo que a tasa de interés judicial se refiere, me pronuncio en idéntico sentido.

Planilla discriminatoria de la condena:

Actor: Ibargoyen Juan Rodrigo

Ingreso: 01/12/2006

Egreso: 30/07/2007

Antigüedad: 8 meses

Categoría: Chofer con cortes de boletos – CCT

M. Remuneración: $ 2.114,00

Planilla de Capital e Intereses

1- Indemnización por antigüedad art. 246 LCT

(2.114,00 x 1 año)

2.114,00

2- Indemnización sustitutiva de preaviso

1 mes

2.114,00

3- Integración mes de despido

(2.114,00/31) x 1 ds.

68,19

4- SAC proporcional 2º semestre/07

(2.114,00/12)x 1 mes

176,17

5- Vacaciones proporcionales 2007

(2.114,00/25)x 8,06 ds.

681,55

6- Salarios por días de descanso no gozados

4.509,86

7- Sanción art. 1 Ley 25323

Indemnización por antigüedad

2.114,00

8- Sanción art. 2 Ley 25323

(2.114,00 + 2.114,00 + 68,19)x 50%

2.148,10

9- Sanción art. 16 Ley 25561- Dcto. 1433/05

(50% s/2.114,00)

1.057,00

10- Sanción art. 80 LCT

(2.114,00 x 3 meses)

6.342,00

Total rubros indemnizatorios al 30/07/07

21.324,87

Intereses tasa pasiva BCRA del 30/07/07 a31/01/12

((474,6248+100)/(301,2179+100)-1)x 100

43,22%

9.216,63

Total capital + intereses al 31/01/12

30.541,50

11- SAC 1er Semestre 2007

(2.114,00/2)

1.057,00

Intereses tasa pasiva BCRA del 30/07/07 a31/01/12

((474,6248+100)/(299,5068+100)-1)x 100

43,83%

463,32

Total capital + intereses al 31/01/12

1.520,32

12- Diferencias salariales

Corresponde percibir

2.114,00

Percibió

(990,00)

Total

1.124,00

Periodo

Diferencias

% tasa pasiva al 31/01/12

Intereses

Dic-06

1.124,00

47,98%

539,31

Ene-07

1.124,00

46,93%

527,48

Feb-07

1.124,00

46,35%

520,96

Mar-07

1.124,00

45,70%

513,69

Abr-07

1.124,00

45,07%

506,61

May-07

1.124,00

44,43%

499,42

Jun-07

1.124,00

43,83%

492,69

Jul-07

1.124,00

43,83%

492,69

Total

8.992,00

4.092,85

Total capital + intereses al 31/01/12

13.084,85

Resumen de la Condena

1- Rubros indemnizatorios

30.541,50

2- SAC 1er semestre 2007

1.520,32

3- Diferencias salariales

13.084,85

Importe de la condena al 31/01/12

45.146,67

Importe este que se condena a abonar a la razón social demandada a favor del actor en un plazo no mayor de diez días, bajo apercibimiento de ley. Así lo declaro.

Costas: Atento a lo considerado y al principio objetivo de la derrota, en virtud de lo dispuesto por el Art. 105 última parte del C.P.C. Y C., de aplicación supletoria al Fuero Laboral, corresponde que las costas se impongan en su totalidad a la demandada Empresa Libertad S.R.L. Así lo declaro.

Honorarios: Se tomará como base para el cálculo de los honorarios profesionales intervinientes en el proceso el monto de la condena, conforme art. 50 inc. a) de la ley Nº 6.204. A los fines regulatorios serán de aplicación los arts. 15, 16, 18, 39, 42, 43, 60 y concordantes ley Nº 5.480, a saber

Base Regulatoria: monto de condena = $ 45.146,67.

Por etapa de conocimiento:

Dra. A. L. G. (d.c. 3 etapas) 14 % + 55 % = $ 9.796.

Dr. G. C. A.: (d.c. 3 etapas) 10 % + 55 % = $ 6.997.

Por incidente resuelto a fs. 57 y vta.:

Dra. A. L. G.: 20 % s/$ 9.796 = $ 1.959.

Dr. G. C. A.: 10 % s/$ 6.997 = $ 699.

Atento a lo considerado precedentemente corresponde se remita a la AFIP en la etapa de cumplimiento de sentencia copia de la presente resolutiva a los fines establecidos en la Ley Nº 25.345. Así lo declaro.

Por ello, esta Excma. Cámara del Trabajo, Sala VIa., integrada al efecto, resuelve: I). Admitir parcialmente la demanda interpuesta por el Sr. Juan Rodrigo Ibargoyen, por el cobro de la suma de pesos cuarenta y cinco mil ciento cuarenta y seis con 67/100 ($ 45.146,67) en concepto de los siguientes rubros: “Indemnización por antigüedad, Indemnización sustitutiva de preaviso, Integración mes de despido, SAC proporcional 2 semestre 2.007, Vacaciones proporcionales 2.007, Salarios por días de descanso no gozados, Sanción arts. 1 y 2 ley Nº 25.323, Sanción art. 16 ley Nº 25.561, Sanción art. 80 LCT, SAC 1 semestre 2.007 y Diferencias Salariales”; en contra de la Empresa Libertad S.R.L., a quien se condena al pago del importe ut supra señalado a favor del actor en un plazo de 10 días, bajo apercibimiento de ley. Por los fundamentos considerados. II). Absolver al demandado del reclamo del rubro: “horas extras”, por los fundamentos considerados. III) Costas: A la demandada vencida (Empresa Libertad S.R.L.) como se considera. IV) Honorarios: regular honorarios por su trabajo profesional en la etapa de conocimiento a los letrados A. L. G., en la suma de $ 9.796; y G. C. A., en la suma de $ 6.997; por lo tratado. V). Honorarios: regular honorarios por su trabajo profesional a los letrados por incidente resuelto a fs. 57 y vta., a los letrados A. L. G., en la suma de $ 1.959, y G. C. A., en la suma de $ 699; por lo tratado. VI) En etapa de cumplimiento de sentencia remítase a la AFIP copia de la presente resolutiva a los fines establecidos en la Ley Nº 25.345, conforme se considera. Hágase saber y regístrese.— María A. Poliche de Sobre Casas.— Raúl M. Díaz Ricci.— Carlos San Juan.

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