Fallo del día: ejecución de pagaré, prueba de la procedencia de la deuda y embargabilidad de la caja de ahorro

Hechos: el demandado en un juicio de ejecución de un pagaré, interpuso incidente de levantamiento del embargo que pesaba sobre su caja de ahorro, arguyendo que al tratarse de los haberes que percibía como agente estatal, por aplicación del Dec. 6754/43 esas sumas eran inembargables. Contra la sentencia que hizo lugar al planteo, el ejecutante interpuso recurso de apelación. La Cámara hizo lugar al planteo y desestimó el incidente de desembargo.

Tribunal: Cámara 2a de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Minas, de Paz y Tributaria de Mendoza (C2aCivComMinasPazyTribMendoza)- Fecha: 29/11/2011- Partes: Lowy, Erico Sebastian c. Travaglini, Gustavo s/ camb.- Publicado en: La Ley Gran Cuyo2012 (abril), 325- Cita Online: AR/JUR/78635/2011

Sumarios:

1. El embargo ordenado sobre la caja de ahorros del agente estatal en un proceso de ejecución de un pagaré es procedente, pues si no se probó que la deuda proviene de un préstamo en dinero o de venta de mercaderías, es inaplicable la inembargabilidad consagrada por el Dec. 6754/43 a favor del empleado público, sin que la sola mención de la palabra “efectos” en el título ejecutivo sea suficiente para acreditar la procedencia de de obligación.

Jurisprudencia Relacionada(*)

Ver También

Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Mendoza, “Sánchez, Dante H. c. Reinoso, Julio C.”, 21/05/1998, LA LEY 1999-A LA LEY 1999-A , 13, AR/JUR/1946/1998, sostuvo que no media sinonimia legal y jurídica entre la expresión “efectos”, contenida en un pagaré en ejecución, y la de “mercaderías”, utilizada en el decreto 6754/43 (Adla, III-319) –de inembargabilidad de sueldos, salarios, pensiones y jubilaciones de los empleados de la Administración nacional, provincial y municipal y de las entidades autárquicas–. En consecuencia, la sola mención de efectos como contenido de la obligación que origina el crédito del actor y que se ejecuta por vía de un pagaré, es insuficiente para considerar que el caso cae en las normas del citado decreto.

(*) Información a la época del fallo

2. Si el ejecutado no probó que los fondos depositados en su caja de ahorros responden exclusivamente a sus haberes es procedente su embargo, pues en tanto sobre esas cuentas es posible efectuar otras operaciones, de declararse inembargable el privilegio se extendería a fondos ajenos a los sueldos.

Texto Completo: .— Mendoza, noviembre 29 de 2011.

Considerando: 1. La decisión apelada consistió en hacer lugar al incidente de desembargo interpuesto a fs 42/46, ordenando en consecuencia el levantamiento de embargo de haberes, y la inmediata restitución de los fondos depositados en autos y aún no percibidos por la parte actora, imponer las costas del presente incidente a la accionante vencida y la regulación de honorarios pertinente.

2. Los antecedentes de la cuestión a resolver se acotan a lo siguiente:

a. Gustavo Travaglini, demandado en autos, interpuso incidente de levantamiento de embargo que pesa sobre sus haberes, en virtud que reviste calidad de empleado público, cumpliendo funciones en el Ministerio de Salud de la Provincia de Mendoza.

b. Adujo que de conformidad con lo dispuesto por el art. 1 del Dec. ley 6754/43 ratificado por ley Nacional 13.894 son inembargables los haberes que percibe como agente estatal.

c. Sostuvo que el crédito reclamado deriva de una deuda de dinero, y que el mencionado decreto impide embargar los salarios sin certificación previa del crédito y el cumplimiento de determinados requisitos, consistentes en la existencia de un juicio ordinario.

d. La parte actora se opuso al incidente interpuesto.

3. La Sra. Juez fundó su decisión en los siguientes términos:

a. El Tribunal, siguiendo lo resuelto por la Excelentísima Segunda Cámara Civil, Comercial y Minas, en los autos N 70.442, confirmado por Nuestro Superior Tribunal (S.C de J. – L.S. 217-23) y en el Expte. nro. 95.497/21.918, entiende que la situación encuadra en el art. 1 del Dec. Ley 6754/43; el art. 11, inc. 6 de ese cuerpo normativo establece que este tipo de acreencias sólo pueden ser reclamadas mediante juicio ordinario y sólo darán lugar a embargo cuando exista sentencia firme de ese proceso que condene al deudor al pago de la deuda, el que además nunca afectará más del 10% del sueldo del empleado.

b. En los fallos citados se dijo expresamente que ” el consentimiento de la situación y los reiterados descuentos de los fondos embargados originalmente —que es precisamente a lo que alude el incidentante— no impide revertir la situación, ordenando el levantamiento del embargo trabado sobre los haberes del accionado, por no adecuarse a la normativa legal aplicable”.

c. Del informe emitido por el Banco de la Nación Argentina —Suc. Godoy Cruz (ver fs. 65)— se desprende que la cuenta embargada pertenece a una acreditación de “haberes”, lo que torna procedente el reclamo del demandado.

d. La Suprema Corte de Justicia de la Provincia dijo a su vez al referirse a la prohibición legal “… que ella no se encuentra exenta de razonabilidad y que la prueba palmaria es, que no obstante haber transcurrido algunos años, el demandado ve disminuido sus haberes en importante desproporción (25%), sin que se vislumbre su liberación. Adquiere así actualidad la finalidad perseguida por la norma.”.

e. En mi opinión no hace falta abono, para declarar procedente la incidencia articulada; cabe agregar además que la suscripta comparte respecto al término “efectos” lo expresado por la 2 C.C M y M.: ” El diccionario de la lengua española (T. I, ” Edición 1984, pág. 524 ) define éste término —se refiere a efectos— como artículos de consumo, documentos o valor comercial, bienes muebles, etc. Es decir, que al consignar la palabra efectos como causa del documento emitido por el deudor —empleado público— su situación está comprendida en la protección legal (Expte. 100.635/23 23.481 “Sánchez Dante c/Garujo Marta y ot. p/Camb.” 25-09-95).

f. Por otra parte se ha sostenido que en un acción tendiente a la ejecución de un pagaré, corresponde desestimar el embargo de haberes solicitado pues, la abstracción del título base de la ejecución, impide determinar si la obligación asumida derivó del otorgamiento de un préstamo o de la compra de mercadería en los términos del decreto 6754/43 (D.J., 18 -08-2010).

4. La ejecutante fundó su recurso en los términos del memorial agregado a fs. 94/96 el que admite la siguiente síntesis:

a. La Juez confunde los haberes que liquida el empleador del demandado con los fondos que tenga depositados en su caja de ahorro en el Banco Nación; en el caso no se solicitó el embargo sobre el sueldo del demandado sino sobre los fondos antes mencionados, los que incluyen el sueldo y otros depósitos.

b. Los sueldos depositados en la caja de ahorro pierden tal carácter para pasar a formar parte del patrimonio del deudor, quien puede adoptar decisiones diversas para distintas finalidades, por lo que los fondos en cuestión son embargables como si se tratara de fondos que el empleado tiene en su billetera o en su vivienda, pues no les es aplicable el Dec. 6754/43 ni el dec. 484/87.

c. El depósito del sueldo en una caja de ahorro obedece a razones de seguridad para evitar que el empleado sea asaltado; caso contrario cobraría directamente en la mano y el dinero así percibido pasaría a formar parte de su patrimonio.

d. En otro orden argumental, del pagaré ejecutado no surge lo que afirma el demandado consistente en que la deuda proviene de un préstamo en dinero, ni tampoco que lo sea por compra de mercaderías, amén que es el deudor quien debe probar estos extremos a fin de encuadrar el caso en el decreto 6754/43 y no lo ha hecho, todo conforme a la jurisprudencia que cita.

e. El régimen de inembargabilidad en cuestión es de limitada y excepcional aplicación, por lo que el deudor debe acreditar encontrarse comprendido en él, por créditos indispensables para subvenir a las necesidades del empleado público o que obedecen a la usura.

f. La norma deviene ineficiente al actuar como un incentivo para el no cumplimiento de la palabra empeñada, el no recupero de las acreencias y el consecuente aumento de las tasas de interés en desmedro del resto de la población; asimismo restringe el acceso del empleado público al crédito y/o al requerimiento de garantías reales que también aumentan los costos financieros.

g. No se encuentra sentido alguno exigir para tornar embargable el sueldo la existencia de un juicio ordinario, pues, contándose con la sentencia del ejecutivo, se obliga a la iniciación y conclusión de un proceso de conocimiento al solo efecto de hacer embargable el patrimonio del empleado público.

5. A fs. 99/102 replicó a los agravios el apelado y, por los motivos que allí explica, a los que nos remitimos en honor a la brevedad, solicitó el rechazo del recurso.

6. Entrando en la consideración de la apelación, el embargo ordenado en autos sobre los fondos que el demandado tenía en la caja de ahorros con que operaba en el Banco de la Nación Argentina, conforme a las constancias que obran a fs. 17, tuvo su base en la ejecución de autos cuyo título es el pagaré cuya copia se lee a fs. 10 y v., extendido por el demandado a favor de “Cordillera SRL”, entidad que lo endosó al ejecutante, aspectos no discutidos en la causa.

Importa igualmente, al tema a resolver, que en el instrumento se ha hecho constar que el monto del pagaré responde a “…. efectos…” “por igual valor recibido”.

Luego, dentro de los límites del memorial de agravios, corresponde determinar si todas estas circunstancias hacen subsumible el caso en el Dec. 6754/43, ratificado por ley 13.894, como lo ha pedido el demandado y decidido la Sra. Juez, o debe, por el contrario, revocarse el decisorio y mantener el embargo de los fondos antes mencionados.

Tal como señalara la Sra. Ministro preopinante del fallo de la SCJMza. recaído en la causa “Delugan, Mónica Beatriz en J° 114.246/29.705 Atuel Fideicomiso S.A. c/Delugan, Mónica p/ejec. camb. s/inc.”, la inembargabilidad de los salarios y la normativa en cuestión —el dec. 6754/43, ratificado por la Ley 13.894— han dado motivo a un debate especialmente centrado en la inconstitucionalidad del régimen de inembargabilidad que instauró y la carga de la prueba de los requisitos de procedibilidad o su carencia.

La constitucionalidad de las normas y su vigencia ha sido resuelta en sentido positivo por la Sala I de la SCJMza., en seguimiento de pronunciamientos con la misma inclinación de la Corte Nacional (Fallos 217-218; SCJMza.,4/11/1986, LS 197-95 y numerosas citas allí contenidas; del 19/9/1990, LS 217-23 y del 14/12/2005, LS 360-214, publicada en Jurisprudencia de Mendoza 71-31 y en A.J.M. 2006-2009). Mas ello no es objeto a decidir, conforme a los límites de la incidencia y del recurso de apelación.

La cuestión de la carga de la prueba, la que si se encuentra entre los temas a abordar por este Tribunal, fue abordada por la Corte provincial en la sentencia del 21/5/1998, “Reinoso Julio C en j. 192.830/31.787 Sánchez Dante H c/Julio C. Reinoso p/Camb” (LS 280-134, publicado en LA LEY, 1999-A, 13, Foro de Cuyo 32-215, TSS 1999-25, ED 181-637 y el Dial-MC1993), en la que el Alto Tribunal siguió el criterio sentado en un viejo fallo del 26/8/1966 in re “Arangio c/Videla” (LA LEY, 124-776), dejando sentado que pesa sobre el incidentante. la prueba de los presupuestos fijados en la normativa.

La línea argumental desplegada por la Corte local, que es compartida por la actual integración de esta 2da. Cámara de apelaciones, admite la siguiente síntesis, tal como emana del más moderno de los fallos elaborados por el Alto tribunal:

- El deudor, empleado público, debe probar que la deuda ejecutada proviene de un préstamo en dinero o de la venta de mercaderías; tal solución se acomoda a la regla general de que el patrimonio es prenda común de los acreedores y atenúa la desigualdad procesal que el decreto ley 6754/43 genera a favor del empleado público respecto del trabajador del sector privado.

- El hecho de que en el proceso ejecutivo no pueda discutirse la causa de la obligación no obsta a que el deudor que solicita el levantamiento del embargo trabado sobre su salario tenga la carga de probar que la deuda ejecutada proviene de dinero o mercaderías ya que la petición del levantamiento no importa adentrase en la causa de la obligación ejecutada en la ejecución misma, sino en los bienes que responden.

- La sola mención de la palabra “efectos” en el pagaré es insuficiente para acreditar que la obligación proviene de compraventa de mercaderías o préstamo en dinero.

- La prueba del origen de la deuda a los fines de la aplicabilidad del decreto ley 6954/43 no se torna diabólica contra la parte más débil de la contratación pues muchos indicios pueden llevar a la presunción de que la única causa posible del crédito ha sido la entrega de una suma de dinero.

6.1 El caso de autos.

Como vimos más atrás, el caso de autos contiene los siguientes elementos que servirán a la verificación de si se adapta a la doctrina de los fallos de la Corte local analizados:

1. El embargo ordenado en autos fue sobre los fondos que el demandado tenía en la caja de ahorros con que operaba en el Banco de la Nación Argentina, conforme a las constancias que obran a fs. 17.

Vale decir que no se pidió ni se trabó el embargo ejecutivo sobre los haberes. El informe de fs. 65, es ambiguo, pues primero refiere a que el Sr. Fabio Fernando Sáez es el titular de la caja de ahorro, y luego hace alusión al demandado y al bloqueo de la cuenta por encontrarse concursado. Tal ambigüedad debilita, cuanto menos, el valor probatorio del informe.

Pero aunque no fuera así, y si bien es cierto que la caja de ahorro de la que da cuenta el informe de fs,. 65 es “….de acreditación de haberes…”, también es cierto que sobre dichas cuentas se pueden efectuar otras operaciones. Si se declararan inembargables los fondos allí existentes, sin más, se extendería el privilegio concedido por la normativa especial a fondos ajenos a los sueldos.

En todo caso, y encontrándose la carga probatoria sobre las espaldas del incidentante debió acreditar —pues la interpretación debe ser estricta atento al carácter excepcional de la protección— que los fondos en cuestión responden exclusivamente a su sueldo y, en su caso, la medida de ello.

No hay prueba alguna en la causa respecto de lo que requiere la SCJMza., en cuanto a la necesidad que el empleado público debe probar que la deuda ejecutada proviene de un préstamo en dinero o de la venta de mercaderías, pues tal solución se acomoda a la regla general de que el patrimonio es prenda común de los acreedores y atenúa la desigualdad procesal que el decreto ley 6754/43 genera a favor del empleado público respecto del trabajador del sector privado.

La prueba que intentó el demandado embargado fue desatinada, dado que siendo el acreedor endosatario del pagaré mal podía contar con los elementos demostrativos del origen del mismo (v. resolución de fs. 56).

Las diferencias puestas de resalto por la Corte de los casos por ella resueltos en sentidos encontrados, entre otras, radicaban en que uno de ellos tenia a una entidad bancaria como endosante de los títulos y a la entidad fiduciaria encargada de los cobros en favor del banco como ejecutante, mientras que el restante el endosatario era una persona física, como es el caso de autos, en el que el precedente seguido no favorece. Ello así, por cuanto el embargo, como vimos, tuvo su base en la ejecución cuyo título es un pagaré extendido por el demandado a favor de “Cordillera SRL”, entidad que lo endosó al ejecutante, aspectos no discutidos en la causa.

Importa igualmente, que en el instrumento se ha hecho constar que el monto del pagaré responde a “…. efectos…” “por igual valor recibido” y la Corte ha dejado claramente sentado que la sola mención de la palabra “efectos” en el pagaré es insuficiente para acreditar que la obligación proviene de compraventa de mercaderías o préstamo en dinero, como asimismo que la prueba del origen de la deuda a los fines de la aplicabilidad del decreto ley 6954/43 no se torna diabólica contra la parte más débil de la contratación pues muchos indicios pueden llevar a la presunción de que la única causa posible del crédito ha sido la entrega de una suma de dinero, y en el caso que nos ocupa tales indicios no se avizoran.

Por último, este Tribunal resolvió, aunque con otra integración pero sin divergencias con la actual, en el mismo sentido desplegado en los considerandos de esta resolución en la causa nro. 33.813, resolución registrada en LA 116 -103.

Por todo ello, corresponde acoger el recurso de apelación y, en su consecuencia, revocar la decisión de primera instancia disponiéndose en su lugar el rechazo de la incidencia de desembargo planteada por el ejecutado.

Las costas de ambas instancias, son a cargo de la apelada vencida, y los honorarios profesionales de primera instancia deben adaptarse a la solución a que arriba este Tribunal.

Por lo que el Tribunal resuelve: 1. Acoger el recurso de apelación interpuesto a fs. 76 en contra de la resolución obrante a fs. 70/71 la que se revoca en todas sus partes, disponiéndose en su lugar: “I. Desestimar el incidente de desembargo intentado a fs. 42/45v.”. “II. Imponer las costas de la incidencia al incidentante que resulta vencido (art. 36, I del CPC).”. “III. Regular los honorarios profesionales de los Dres. D. De La R., D. C. A. y M. L. E. en las sumas respectivas de pesos doscientos dieciséis ($ 216), pesos ciento cincuenta y uno con 20/100 ($151,20) y setenta y cinco con 60/100 ($ 75,60) calculados sobre el monto del embargo ordenado y aplicando los arts. 14- 40% de la escala, 19 y 31 de la ley arancelaria”.

2. Imponer las costas de Alzada a la apelada vencida.

3. Regular los honorarios profesionales de los Dres. D. De La R. y D. C. A. en las sumas respectivas de pesos ciento veintinueve con 60/10 ($ 129,60) y cincuenta y ocho con 50/100 ($ 58,50) sin perjuicio de los complementos que correspondan al momento del pago (art. 15 y3 LA). Notifíquese y bajen. Conste que la presente resolución no se encuentra suscripta por la Sra. Juez Dra. Silvina Furlotti, por encontrarse en uso de licencia. (art. 141 inc. II del C.P.C.).— Horacio Gianella. — Gladys Delia Marsala. — Silvina Furlotti.

 

 

Comentarios

comments

Esta entrada fue publicada en Jurisprudencia y etiquetada , , , , , , , , , , . Guarda el enlace permanente.