Tribunal: Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo con asiento en La Plata(CContenciosoAdministrativoLaPlata)

Fecha: 09/04/2019

Partes: Carraro Argentina S.A. c. ARBA s/ pretensión anulatoria

Cita Online: AR/JUR/3801/2019

 

Hechos:

El impugnante de un fallo del Tribunal Fiscal de Apelación de la provincia de Buenos Aires solicitó que se tuviera acreditado el requisito de solve et repete con un seguro de caución. La Cámara, por mayoría, admitió el pedido.

 

Sumarios:

1 . El seguro de caución ofrecido por el actor aparece como un medio razonable para garantir el solve et repete, sin necesidad de oblar el mismo previo a una decisión de mérito de un tercero imparcial, ya que este mecanismo permite restituir el equilibrio que debe primar y existir entre prerrogativas públicas y derechos para discutir en justicia.

2 . La condición del pago previo —solve et repete— supone una prerrogativa que limita severamente la indicada garantía de plena justiciabilidad y/o control judicial suficiente.

3 . Garantizar el acceso a la justicia implica la posibilidad cierta y concreta de discutir ante un tercero imparcial la legalidad y justicia de una decisión administrativa, sin sufragios pecuniarios o ejecuciones compulsivas previas de ninguna índole.

4 . En el marco de un Estado de Derecho, la garantía de la tutela judicial efectiva exige una mayor rigurosidad en la posibilidad del control judicial sobre las acciones de la Administración, lo cual debe traducirse en la eliminación de los obstáculos en el acceso a la instancia que facilite el ejercicio de derechos por parte de los administrados ante posibles desviaciones en el ejercicio de prerrogativas administrativas, permitiendo equilibrar e igualar las armas.

5 . Teniendo en cuenta la evolución de la jurisprudencia vinculada con el instituto del pago previo —particularmente los recientes pronunciamientos de la Suprema Corte de Justicia bonaerense—, que flexibilizan el recaudo atendiendo a distintas previsiones constitucionales —especialmente el principio de razonabilidad, arts. 28 y 33 de la CN, y la tutela judicial efectiva, art. 18 CN y 15 CP—, así como los principios que rigen la materia contencioso administrativa, debe hacerse lugar a la sustitución del pago previo del tributo cuestionado por el seguro de caución ofrecido por el actor (del voto de la Dra. Milanta).

6 . La pretensión de que el ingreso de la suma prevista por el art. 19 de la ley 12.008 —texto según ley 13.001— se sustituya con un seguro de caución resulta ineficaz, pues este procedimiento no constituye un pago en los términos de las normas que rigen el instituto, sino una variable extraña a una exigencia que, salvo las excepciones legales, se muestra con perfil esencial (del voto en disidencia del Dr. De Santis).

 

Texto Completo:

Causa N° 20407

2ª Instancia.- La Plata, abril 9 de 2019.

¿Es admisible la pretensión deducida? En consecuencia, ¿Qué pronunciamiento corresponde adoptar?

A las cuestiones planteadas el doctor Spacarotel dijo:

I. Atento el estado de autos (fs. 3/17, 23/34 vta., 35 44, 71/72, 79), de conformidad con lo estatuido en los arts. 31 y ccs. del CCA, corresponde expedirse en torno a la admisibilidad de la pretensión interpuesta (fs. 79 y 86).

II. En ese sentido, comienzo por precisar que, en este preliminar examen oficioso de la demanda radicada en forma originaria ante este tribunal para su conocimiento y decisión, se advierte que el caso corresponde a la competencia contenciosa administrativa (arts. 5 y ccs., Ley N° 13.405; 2 y ccs., Ley N° 12.074; 131 y ccs., Ley N° 10.397 y modificatorias; 1, 12, 13, 18, 31 y concs., CCA; fs. 3/17 y 23/34).

Asimismo, también se encuentran acreditados el carácter invocado y los aportes y accesorios de ley (fs. 18/22 vta., 23/24, 36/40, 55/58, 71/72, 73/78 vta. y 83, y presentaciones electrónicas de 22/11/2018 y 10/12/2018; arts. 1, 13, 27, 77 y concs., Cód. Civil; 330 y concs., Cód. Proc. Civ. y Comercial; 337 y concs., CF; 3, Ley N° 8480 y 13, Ley N° 6716).

Por otra parte, de conformidad con lo estatuido en el artículo 18 del código de rito, la pretensión incoada surge prima facie deducida en término (arts. 18, 27 y concs., CCA; 5 y concs., Ley N° 13.405; 2 y concs., Ley N° 12.074; 131 y concs., Ley N° 10.397 y modificatorias; fs. 3/17 y 23/34 vta. del principal —26/12/2016— y 2612 de las actuaciones administrativas citadas).

III. Por último, con relación al solve et repete, la actora ofrece un seguro de caución y solicita que con el mismo se tenga por cubierto dicho requisito (fs. 44).

1) Con relación al pago previo de la suma determinada en el acto administrativo que impone la obligación tributaria, in re “Agroindustrias Quilmes SA c. Tribunal Fiscal de Apelaciones de la Prov. De Bs. As. y otros s/ pretensión anulatorias-otros juicios” (CCALP causa N° 15.303, res. del 02/07/2015) y “Kurban, Alejandro J. c. Trib. Fiscal de Apelación s/ pretensión anulatoria” (CCALP causa N° 4829, res. del 02/07/2015), sostuve que la condición legal estatuida en el artículo 19 del código de rito y 131 de la Ley N° 10.397, supone una exigencia que contraría los derecho-garantías de acceso a la justicia, igualdad, tutela judicial continua y efectiva y debido proceso legal, dificultando irrazonable e injustificadamente el ejercicio de los derechos que se esgrimen conculcados y el pertinente control amplio y pleno de juridicidad (constitucionalidad-convencionalidad) de los actos de la Administración en el marco del Estado de Derecho (arts. 15, 11, 57 y concs., CP; 18, 14, 17, 16, 28, 109 y concs., CN; 1, 19 y concs., CCA; 1, 131 y concs., ley 10.397 y modificatorias; XVIII y concs., Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 8, 10, 17 y concs., Declaración Universal de Derechos Humanos; 8 inc. 1, 25 y concs., Convención Americana sobre Derechos Humanos; 14 y concs., Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 5 y concs., ley N° 13.405; 2 y concs., ley N° 12.074).

En ese sentido, doy por reproducidas aquí cada una de las razones que me llevaron a sostener dicha conclusión, circunstancia que mantengo inhiesta en el presente.

No obstante, siendo que en autos la parte actora se somete voluntariamente a ella y que una interpretación contraria podría suponer —so pretexto de garantir el acceso a la justicia— dificultarlo, ante el conflicto de lograr la mayoría de fundamentos requerida (arts. 168 y concs., Constitución Provincial; 1, 59 inc. 4 y concs., CCA; 266 y concs., Cód. Proc. Civ. y Comercial), habré de abordar —en las condiciones explicitadas— el cumplimiento del pago previo con el seguro de caución ofrecido.

2) En esa inteligencia, comenzaré alegando que es cierto que este Tribunal en disímiles precedentes objetó dicha posibilidad, argumentando que el seguro de caución no constituiría siquiera un pago en los términos de las normas que rigen el instituto (cfr. doct. causa B. 54.068, res. del 28/09/1993; causa B 57.972, res. del 23/06/1998; causa B-64.768, res. del 27/09/2006; CCALP N° 3309 “Círculo Médico”, res. del 04/08/2009, entre otras).

Sin embargo, la intervención de este Tribunal en instancia originaria y plena, el análisis de la cuestión a la luz de la revisión de los criterios jurisprudenciales otrora sostenidos y sus consecuencias, el marco hermenéutico existente, la amplitud y sustantividad de los cambios operados en torno a la necesidad de garantizar efectivamente el acceso a la justicia de los justiciables y las interpretaciones de los distintos órganos que procuran reforzarla en clave más igualitaria y robusta en sí y como condición de posibilidad de un mayor y efectivo control de los actos de la Administración vinculados con el ejercicio de derechos e imposición de obligaciones (CIDH in re “Baena Ricardo y otros c. Panamá”, sentencia del 02/02/2001; “Cantos c. Argentina”, sent. del 28/11/2002, entre otras; arts. XVIII y concs., Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 8, 10, 17 y concs., Declaración Universal de Derechos Humanos; 8 inc. 1, 25 y concs., Convención Americana sobre Derechos Humanos; 14 y concs., Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos), me convencen de revisar dicho criterio, propiciando su cambio y la admisión del seguro de caución.

Garantizar el acceso a la justicia implica la posibilidad cierta y concreta de discutir ante un tercero imparcial la legalidad y justicia de una decisión administrativa, sin sufragios pecuniarios o ejecuciones compulsivas previas de ninguna índole. En esos términos, la condición del pago previo impuesta, supone una prerrogativa que limita severamente la indicada garantía de plena justiciabilidad y/o control judicial suficiente.

En correlato con ello, debemos tener presente que la garantía de la tutela judicial efectiva en el marco de un Estado de Derecho exige una mayor rigurosidad en la posibilidad del control judicial sobre las acciones de la Administración, lo cual debe traducirse en la eliminación de los obstáculos en el acceso a la instancia que facilite el ejercicio de derechos por parte de los administrados ante posibles desviaciones en el ejercicio de prerrogativas administrativas, permitiendo equilibrar e igualar las armas.

En este contexto, el seguro de caución ofrecido aparece como un medio razonable para garantir el solve et repete, sin necesidad de oblar el mismo previo a una decisión de mérito de un tercero imparcial. De esa manera, este mecanismo permite restituir el equilibrio que debe primar y existir entre prerrogativas públicas y derechos para discutir en justicia, sin menoscabo sustantivo de los fines involucrados en la percepción (en relación a la naturaleza del seguro de caución judicial ver CSJN, “Estado Nacional (Ministerio de Economía – Secretaría de Intereses Marítimos c. Prudencia Cía. Argentina de Seguros Generales SA s/ cobro”, Fallos: 315:1406, sent. del 30/06/1992, entre otras).

Lo contrario supondría violentar las diversas garantías constitucionales mencionadas con anterioridad, sin que existan razones fundadas y justificadas para sostener y creer que, una tesitura que maximice los derechos-garantías de acceso a la justicia y tutela judicial continua y efectiva en pos del control del ejercicio del poder tributario, pueda conllevar una afectación seria del erario público y de los fines directamente vinculados. Menos aun cuando el crédito tributario puede ser afianzado y garantido a través de diversas formas —v.gr., como el seguro de caución—, por más que ellas no supongan un “pago” en estricto. Ello permitiría, sin mengua de los valores y bienes en tensión, compatibilizar razonablemente las libertades y poderes en disputa, sobremanera teniendo en consideración las pautas de plena justiciabilidad, el derecho a una tutela judicial continua y efectiva y el principio “in dubio pro actione” de base constitucional (art. 15, Const. Prov. y 18 y 75 inc. 22, CN).

En vinculación con lo expuesto, inveteradamente se ha esgrimido que “el principio de que el pago de un gravamen debe necesariamente ser previo a toda acción judicial que lo cuestione, halla su fundamentación jurídico política en la necesidad de que el Estado recaude inmediatamente sus rentas”. Ello así, pues “diferir el pago de un gravamen a la decisión de los tribunales constituiría un inconveniente peligroso, pues dejaría a la Administración Pública en condiciones de no atender sus obligaciones, tendientes todas a la satisfacción del interés de la colectividad” (conf. SCBA, B 64.768 “Aguas Argentinas SA c. Provincia de Buenos Aires s/ Demanda contencioso administrativa”, I 27/09/2006, entre otras).

Sin embargo, la razonabilidad de dicha afirmación resulta difícil de sostener no sólo por lo explicitado en los párrafos antecedentes, sino porque la misma supondría, en tanto premisas, que: i) las personas, ante la no exigencia del pago previo, dejarían de pagar sus impuestos o discutirían judicialmente su exigibilidad y alcance, promoviendo juicios sin razones o con el simple objeto de postergar su pago. Eso conlleva presumir la mala fe del contribuyente, desconocer los intereses calificados que permiten servir de incentivo al cumplimiento adecuado, pensar que los administrados se insolventarán para eludir el cumplimiento y desconocer las medidas asegurativas existentes a favor del resguardo del crédito fiscal; y, ii) el no pago previo del impuesto como condición de admisibilidad supondría la “ruina presupuestaria” de la administración y el colapso del erario, afirmación que resulta extraña a la experiencia. Por ejemplo, en el caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires —donde el pago previo se encuentra previsto en el artículo 9 del CCAyT, pero no se aplica en la práctica en razón del trámite prescripto y su carácter facultativo para el juez interviniente—, no se advierte perjuicio alguno a la renta pública, menos aún grave. De igual modo, otros Estados donde no impera esta “prerrogativa”, tampoco evidencian problemas en la percepción de sus tributos.

En relación a la posibilidad de compatibilizar los valores en pugna a través del afianzamiento del crédito fiscal, cabe destacar que la Corte Suprema in re “Gubelco SRL c. AFIP” (sent. del 05/06/2007) y “Orígenes AFJP SA c. Administración Federal de Ingresos Públicos-Dirección General Impositiva” (Fallos: 331:2480), admitió dicha alternativa, considerando que constituía un medio apto para proteger debidamente los intereses públicos evitando la insolvencia del contribuyente mientras dura el juicio. Ello así, sin necesidad de acreditar la imposibilidad o extrema dificultad económica para efectuar el depósito previo.

La Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal in re “Las Dulces Norte SA c. Provincia de Tucumán s/ nulidad/revocación”, haciendo mérito del compromiso patrimonial evidenciado y de la actitud procesal de la actora (que no solicitó una dispensa lisa y llana, sino que ofreció espontáneamente constituir un seguro de caución en garantía del crédito fiscal cuestionado), también dispensó la obligación del previo pago, sustituyéndola por la constitución de la garantía ofrecida. A todo evento, se asuma uno u otro criterio, cabe destacar que se encuentran presentes en autos ambos recaudos (fs. 72/75, 124 y 168/174).

Es que, en definitiva, “la verdadera frontera entre un sistema democrático y un sistema dictatorial —tanto político como jurídico— no está en la amplitud de las funciones administrativas, puesto que en ambos casos son —y deben ser— amplias en la sociedad presente, sino más bien en la posibilidad de su control. Un control jurisdiccional, tan amplio como sea posible de la Administración es, como se sabe, una de las claves imprescindibles del Estado de Derecho” (Nieto, Alejandro, “La inactividad de la Administración y el recurso contencioso-administrativo”, Revista de Administración Pública (R.A.P.), Madrid, N° 37, p. 78).

II. Por último, atento que la parte ofreció la constitución del seguro (fs. 44), corresponde otorgarle un plazo para su cumplimiento bajo apercibimiento de desestimar por inadmisible la pretensión.

III. En función de lo expuesto, habiendo el actor ofrecido la constitución de un seguro de caución en sustitución del requisito del solve et repete, por las razones expuestas en los párrafos precedentes, corresponde ordenar a esa parte que dé cumplimiento a dicho extremo en el término de diez (10) días, bajo apercibimiento de desestimar por inadmisible la pretensión.

Así lo voto.

El doctor De Santis dijo:

No comparto la solución que propone el voto antecedente.

En efecto, con relación al solve et repete, la actora hace referencia a la doctrina del máximo tribunal nacional, en la causa “Orígenes” (CSJN, Fallo: 331:2480), en cuanto entendió que una póliza de seguro de caución es idónea a los fines de cumplir con el pago previo, para requerir que, en caso que se entienda exigible como requisito de admisibilidad de la pretensión, se fije, en sustitución, la caución que corresponda en garantía del interés fiscal (fs. 44).

Al respecto, tiene dicho esta cámara, en distintos precedentes a los que me remito (CCALP causas N° 12.195, N° 11.603; N° 13.559, entre otras), que la exigencia contenida en el art. 19 de la ley 12.008 (t. seg. ley 13.101), cuyo reemplazo la actora procura, halla fundamento en la necesidad que el estado recaude, normal y oportunamente, los recursos ordinarios a fin de atender a sus obligaciones inherentes (cfr. doct. SCBA causas B. 55.090; B. 53.829; B. 58.642 y B. 48.677).

En tal sentido, resulta ineficaz a dicho fin que el ingreso de la suma se sustituya, como pretende la actora, con un seguro de caución.

Pues, tal como ha tenido este tribunal oportunidad de pronunciarse, siguiendo doctrina legal, que aquel procedimiento no constituye siquiera un pago en los términos de las normas que rigen el instituto (cfr. doct. causa B. 54.068, res. del 28/09/1993; causa B 57.972, res. del 23/06/1998; causa B-64.768, res. del 27/09/2006; CCALP n° 3309 “Círculo Médico”, res. del 04/08/2009), sino una variable extraña a una exigencia que, a salvo las excepciones legales, se muestra con perfil esencial.

No obstante, a mayor abundamiento y sin perjuicio que no promedia cuestión constitucional relativa que haya sido introducida, debo destacar, como lo hice en mi voto en las causas “Agroindustrias Quilmes SA” (CCALP causa N° 15.303, res. del 02/07/2015) y “Kurban” (CCALP causa N° 4829, res. del 02/07/2015), que la mera enunciación de la garantía de tutela judicial efectiva (art. 15, CPBA), como derecho constitucional, no basta para desautorizar un extremo de admisibilidad que para su dispensa requiere de la demostración cierta y objetiva de una situación de compromiso de acceso a la jurisdicción.

Así, la sola invocación de la causa citada no resulta suficiente para abastecer de fundamentos el planteo de la actora en cuanto a la eximición del recaudo dispuesto por el artículo 19 de la ley 12.008.

Finalmente, es doctrina mayoritaria de este tribunal la inexistencia de inconstitucionalidad sobre esa exigencia, con arreglo a una exégesis cuya plena aplicación corresponde (conf. causas CCALP N° 15.303 y N° 4829 cits.).

Por lo expuesto propongo:

Rechazar la solicitud de sustitución del pago previo por un seguro de caución y ordenar a la parte actora dar cumplimiento a esa exigencia en el término de diez (10) días, en las condiciones del artículo 19 de la ley 12.008 (conf. T. cit.) y bajo apercibimiento de desestimar por inadmisible la pretensión (conf. arts. 19 inciso 1 y ccs. ley 12.008; T. seg. ley 13.101).

Así lo voto.

La doctora Milanta dijo:

I. 1. Comparto la solución propiciada por el doctor Spacarotel, con las siguientes consideraciones.

  1. A los fines de analizar la cuestión planteada a este Tribunal, estimo necesario referir —sintéticamente— la jurisprudencia elaborada sobre el pago previo.

La Suprema Corte de Justicia ha tenido, en un principio, una posición estricta sobre el cumplimiento del solve et repete, al entender que el diferimiento del pago de un gravamen a la decisión de los tribunales constituiría un inconveniente peligroso, pues dejaría a la Administración Pública en condiciones de no atender sus obligaciones, tendientes todas a la satisfacción del interés de la colectividad (v. causas B. 53.829, “Luis A. Zaiden y Alfredo O. Carnevari. Sociedad de Hecho”, res. de 03/12/1991; B. 55.090, “Mar de Ostende SRL”, res. de 21/09/1993; B. 54.068 “Automóvil Club Argentino”’, sent. del 28/09/1993; B. 57.972, “Sorci” sent. del 23/06/1998; B. 58.642, “Mutual de Ayuda entre Asociados y Adherentes Circulo Italiano I.S. y D.”, res. de 14/07/1998; B-48.677, “Expreso Quilmes SA”, sent. del 17/11/1998; B. 64.768, “Aguas Argentinas”, res. del 27/09/2006, entre otras), ponderando —a su vez— que la finalidad del instituto examinado, a partir de la presunción de validez de los actos tributarios, tiende a preservar el normal desenvolvimiento de las finanzas públicas (doctr. causas B. 55.283, “Pertenecer SA”, res. de 14/12/1993; B. 55.927, “American Express Argentina SA”, res. de 06/06/1995; I. 3361, “Herrera”, sent. de 19/12/2012).

Dicha interpretación fue flexibilizada por el propio Tribunal, siempre que —a su entender— se verificaran distintos extremos para la morigeración del recaudo en cuestión (v. causa B. 56.707, “Carba S.A”, sent. del 23/04/2008), siguiendo la doctrina elaborada —sobre el punto— por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (v. “Sociedad Anónima Expreso Sudoeste —SAES— c. Provincia de Buenos Aires – Ministerio de Economía-”, sent. del 27/12/1996, Fallos: 319:3415; “Expreso Quilmes SA c. Provincia de Buenos Aires”, sent. del 06/11/2001, Fallos: 324:3722)

A su vez, resulta relevante señalar que la Corte Nacional se pronunció, sobre la posibilidad de asegurar las obligaciones tributarias para proceder a su discusión, en los autos “Gubelco SRL c. AFIP” (causa G. 2212. XXXIX; RHE; de fecha 05/06/2007) y “Orígenes AFJP SA c. AFIP” (sent. de fecha 04/11/2008; Fallos: 331:2480).

En “Gubelco SRL”, el Máximo Tribunal admitió el afianzamiento del pago del tributo discutido y permitió sortear —de tal manera— la rigurosa regla del pago previo. Allí afirmó (remitiendo al dictamen de la Sra. Procuradora Fiscal) que una de las principales razones que justifican al solve et repete es evitar que, quien en definitiva resulte deudor, pueda eludir su compromiso insolventándose en el ínterin de la discusión, razón por la cual, el hecho de rechazarse la posibilidad de garantizar el cumplimiento de una hipotética sentencia desfavorable constituye un acto irrazonable y —por ende—, violatorio del artículo 28 de la Constitución Nacional.

En tanto que en “Orígenes AFJP SA”, la Corte admitió un seguro de caución en sustitución del pago previo, pero —esta vez y a diferencia del anterior precedente— no exigió la acreditación de los supuestos de excepción del solve et repete por parte de quién había afianzado. Es decir, la Corte eximió al apelante —sin más— de la exigencia del recaudo en análisis, por el hecho de haber ofrecido una póliza de caución suficiente.

Por otra parte, y en esta línea de evolución jurisprudencial —sobre la morigeración del pago previo— la Suprema Corte provincial ha dictado, recientemente, dos pronunciamientos, en los que ha rechazado toda hermenéutica que cierre el camino a la jurisdicción, vinculados al principio de solve et repete, acorde con la salvaguarda del derecho a la tutela judicial efectiva (arts. 8 inc. 1, CADH; 18, CN; 15, Const. prov.),

En efecto, en la causa A. 71.493, “Gallo Llorente” (sent. del 09/05/2018), el Máximo Tribunal provincial hizo lugar al planteo del actor, al entender que el beneficio de litigar sin gastos concedido por el juez de grado, evidenciaba de modo suficiente una concreta y significativa afectación económica del recurrente, que permitía morigerar el requisito de pago previo, atendiendo —entre otras cuestiones— a que la regla in dubio pro actione es un principio rector en materia contencioso administrativa, de forma tal que en materia de impugnación de actos administrativos, estando en juego la posibilidad de acceso a la justicia, deben preservarse los derechos del administrado, interpretando en su favor las dudas que hubiere al respecto.

A su vez, en la causa A. 73.920, “Kurban” (sent. del 13/03/2019), la Suprema Corte Provincial, sobre la base de los principios aludidos (acceso a la jurisdicción, tutela judicial efectiva e in dubio pro actione), resolvió favorablemente el recurso deducido por la parte actora, revocó el decisorio de grado y rechazó la excepción deducida por la demandada.

  1. Teniendo en miras la evolución operada en la jurisprudencia vinculada con el instituto del pago previo, en especial, los recientes pronunciamientos de la Suprema Corte provincial —en línea con lo resuelto por la Corte Nacional—, que flexibilizan el recaudo del pago previo atendiendo a distintas previsiones constitucionales (especialmente el principio de razonabilidad, arts. 28 y 33 de la CN, y la tutela judicial efectiva, art. 18 CN y 15 CP), así como los principios que rigen la materia contencioso administrativa, estimo que corresponde hacer lugar a la sustitución del pago previo del tributo cuestionado por el seguro de caución ofrecido a fs. 44 (art. 19 incs. 1 y 2, 31 y ccss. del CPCA; CSJN, en los autos “Gubelco SRL c. AFIP” y “Orígenes AFJP SA c. AFIP”, cit.; SCBA en los precedentes cit.; arts. 18, 28 y 33 CN; art. 15 CP).II. Sobre la base de lo expuesto y los fundamentos concordantes expresados en el voto del Dr. Spacarotel (Consid. III.2), que comparto, propicio hacer lugar a la sustitución del pago previo del tributo cuestionado por el seguro de caución ofrecido a fs. 44, ordenando a la actora a que en el plazo de 10 (diez) días acompañe a estos actuados la póliza del seguro en cuestión, bajo apercibimiento de declarar inadmisible la pretensión (art. 19 incs. 1 y 2, 31 y ccss. del CPCA; CSJN, en los autos “Gubelco SRL c. AFIP” y “Orígenes AFJP SA c. AFIP”, cit.; SCBA en los precedentes cit.; arts. 18, 28 y 33 CN; art. 15 CP).

Así lo voto.

De conformidad a los votos precedentes, la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en La Plata resuelve: Por mayoría, hacer lugar a la sustitución del pago previo del tributo cuestionado por el seguro de caución ofrecido a fs. 44, ordenando a la actora a que en el plazo de 10 (diez) días acompañe a estos actuados la póliza del seguro en cuestión, bajo apercibimiento de declarar inadmisible la pretensión (art. 19 incs. 1 y 2, 31 y ccss. del CPCA). Regístrese, notifíquese y devuélvase al juzgado de origen oficiándose por Secretaría. — Gustavo D. Spacarotel. — Gustavo J. De Santis. — Claudia A. M. Milanta.