Tribunal: Tribunal Fiscal de Apelación de Buenos Aires, sala III(TFiscalBuenosAires)(SalaIII)
Fecha: 13/12/2018
Partes: Lanchas del Sur

Hechos:
La Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires determinó las obligaciones fiscales de una empresa que, en su carácter de agente de recaudación, omitió efectuar e ingresar percepciones. Además, aplicó multas y atribuyó responsabilidad solidaria a sus administradores. Deducido recurso de apelación, el organismo recaudador opuso como cuestión previa la extemporaneidad del mismo. El Tribunal Fiscal de Apelación decidió admitir la defensa opuesta.

Sumarios:
1. El recurso de apelación resulta extemporáneo, pues fue incoado una vez vencido el plazo para la presentación del libelo recursivo, contado desde las notificaciones practicadas al domicilio fiscal electrónico del apelante.
2. El legislador otorgó al domicilio electrónico los mismos efectos que el domicilio fiscal constituido, sin realizar ningún tipo de distinción entre ambos, ni dar preeminencia a uno sobre otro.
3. El hecho de que el procedimiento de notificación se encuentre en manos de la propia Autoridad de Aplicación no acarrea por sí mismo perjuicio concreto alguno, pues en la medida en que su actuar no se torne arbitrario y no se aparte del procedimiento establecido en la normativa vigente para la notificación de los actos previstos en el procedimiento tributario, no se encuentra comprometida la seguridad jurídica.
4. La circunstancia de que la Autoridad de Aplicación haya notificado un acto por medio electrónico, cuando optó por el formato papel para notificar al contribuyente durante en trámite de determinación anterior a la misma, no se contradice con el principio de lealtad y buena fe procesal, pues aquella tiene la facultad legal de optar por el medio de notificación que crea más conveniente, siempre que se respeten las normas aplicables.

Texto Completo: La Plata, diciembre 13 de 2018.
Resulta:
Que a fojas 58/71 del Alcance N° 7 (que corre agregado a fojas 1119), el Dr. D. A. M., en carácter de apoderado de Lanchas del Sur SA, y los Sres. Alberto Rubén Bozzetti, José Antonio Aversano, Mario Daniel Aversano, Leandra Sebastián Bozzetti, Liliana Rosa Botta, Marcela frene Margoni y María Luján Florido, todos con el patrocinio letrado del Dr. F. C. K., interpusieron recurso de apelación contra la Disposición Delegada N° 1150/2017, dictada a fojas 1006/1018 por la Jefa del Departamento de Relataría III de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA).

Que mediante el citado acto, la Autoridad de Aplicación determinó las obligaciones fiscales de la firma del epígrafe, en su calidad de agente de recaudación del Impuesto sobre los Ingresos Brutos (Régimen General de Percepción – Actividad 07), correspondientes al período fiscal 2013 (enero a diciembre). Así estableció que el monto de las percepciones omitidas de realizar, y adeudadas al fisco, totalizan la suma de pesos doscientos sesenta y cuatro mil quinientos setenta y ocho con 7/100 ($264.578,07). Asimismo, aplicó multas equivalentes a pesos cuarenta mil ($40.000) por haberse constatado la infracción de no presentación de las Declaraciones Juradas mensuales, de conformidad con lo establecido en el artículo 60 sexto párrafo del Cód. Fiscal (art. 4°) y al setenta por ciento (70%) del impuesto omitido de percibir, conforme lo establecido por los artículo 68, 69 y 70 del mencionado digesto normativo (art. 5°). Por su artículo 6°, aplicó recargos del sesenta por ciento (60%) sobre los referidos importes, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 59 inciso f) del citado cuerpo normativo; y finalmente, en el artículo 9°, declaró la responsabilidad solidaria e ilimitada, junto con el agente de autos, de los señores Alberto Rubén Bozzetti, José Antonio Aversano, Mario Daniel Aversano, Leandra Sebastián Bozzetti, Liliana Rosa Botta, Marcela frene Margoni y María Luján Florido, en atención a lo normado mediante los artículos 21 inciso 2) y 4), 24 y 63 del señalado Código.

Que a fojas 1143, los autos fueron elevados a esta instancia.

Que a fojas 1145, se dejó constancia de que la presente causa quedó adjudicada a la Vocalía de la 9ª Nominación, a cargo de la Dra. CPN Silvia Ester Hardoy, y que en orden a ello, conocerá en la misma la Sala 3ª de este Tribunal, la que se integra con las Dras. Mónica Viviana Carné y Dora Mónica Navarro; seguidamente se impulsó el trámite de las actuaciones.

Que a fojas 1148, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 122 del Cód. Fiscal (t.o. 2011), se dispuso el traslado del recurso de apelación articulado a la Representación Fiscal por el término de quince (15) días, para que conteste agravios y, en su caso, oponga excepciones.

Que a fojas 1149/1151, la Representación Fiscal interpuso cuestión previa; y a fojas 1152/1158, procedió a formular su contestación de agravios.

Que a fojas 1161, se dio traslado a los apelantes, por el término de diez (10) días, de la cuestión previa articulada, providencia que fue notificada según constancia obrante a fojas 1162.

Que a fojas 1165/1170, el Dr. D. A. M., en carácter de apoderado de la firma “Lanchas del Sur SA” y María Lujan Florido, por derecho propio, presentaron su respuesta.

Que a fojas 1214, se tuvo por contestado el traslado conferido.

Que a fojas 1215, habida cuenta la renuncia de las Vocales integrantes de la Sala III, para acogerse a los beneficios jubilatorios con fecha 31/12/2017, se les hizo saber a las partes que la instrucción de la causa estará a cargo del Cr. Rodolfo Dámaso Crespi, quedando la Sala integrada con la Dra. Laura Cristina Ceniceros y el Dr. Carlos Ariel Lapine (Acuerdo Extraordinario N° 87/17).

Que a fojas 1218, como medida para mejor proveer (artículos 20 inc. A del Decreto-Ley 7603/1970 y 125 del Cód. Fiscal vigente) se requirió a la Representación Fiscal que, dentro del plazo de diez (10) días, acompañara la constancia de materialidad de la notificación de la Disposición Delegada N° 1150/17, controvertida en autos, al domicilio fiscal electrónico de la señora María Luján Florido, con apercibimiento de resolver con las constancias de autos.

Que a fojas 1221, la Representación Fiscal dio cumplimiento al requerimiento formulado, y a fojas 1224 acompañó copia de la constancia de materialidad de la notificación pedida.

Que a fojas 1225 se tuvo por agregados el escrito y la documentación acompañados y por cumplida la medida para mejor proveer oportunamente dispuesta.

Que a fojas 1228, se llamo a autos para resolver, providencia que fue notificada por cédula a las partes (ver fojas 1229 y 1230).

Considerando:

I. Que la Representación Fiscal sostiene la extemporaneidad del recurso de apelación respecto del Dr. D. A. M. (apoderado de “Lanchas del Sur SA”) y la señora María Luján Florido (declarada responsable solidaria).

Que en ese sentido, afirma que conforme surge de las constancias de fojas 1101 y 1104 (sic), la notificación del acto administrativo impugnado estuvo a disposición de la firma y de la señora María Luján Florido el día 20 de julio de 2017, por tal motivo corresponde tenerlos por notificados el día 21 de julio de 2017, esto es el día viernes inmediato posterior.

Que por otro lado, agrega, el recurso de apelación presentado por el Dr. D. A. M., en carácter de apoderado de la firma “Lanchas del Sur SA” y los Sres. Alberto Rubén Bozzetti, José Antonio Aversano, Mario Daniel Aversano, Leandra Sebastián Bozzeti, Liliana Rosa Botta, Marcela frene Margoni y María Luján Florido, fue interpuesto el día 22 de agosto de 2017 (según cargo inserto a foja 58 del Alcance N° 7 agregado a fojas 1119).

Que en tal sentido, el representante del fisco recuerda lo dispuesto por los artículos 33 y 162 del Cód. Fiscal vigente y 3, 5 y 8 de la Resolución Normativa N° 7114 (Cfr. Resolución Normativa 40/14) reiterando que, de conformidad con las normas antes citadas, debe tomarse como fecha de notificación a la firma “Lanchas del Sur SA” y a la señora María Lujan Florido el día 21 de julio de 2017, momento a partir del cual comenzó a correr el plazo previsto en el artículo 115 del Cód. Fiscal, para la interposición del recurso de apelación.

Así, sostiene que corresponde rechazar por extemporáneo el recurso de apelación interpuesto respecto de la firma “Lanchas Del Sur SA” y de la señora María Luján Florido.

Que finaliza expresando que si bien es cierto que en el procedimiento administrativo rige el principio de formalismo moderado, el mismo no puede constituirse en un principio “desnaturalizador e irrestricto” (sic) que, contrariando su propia finalidad, autorice a los interesados a desconocer las formas esenciales del procedimiento, máxime en el ámbito especifico de los recursos en tanto implican un medio de impugnación de los actos para obtener su revocación y, eventualmente, habilitar su revisión judicial. Ello así, la interposición de los recursos fuera del plazo legal —señala— hace que el acto en cuestión adquiera firmeza, resultando irrevisable en esta instancia. Cita jurisprudencia.

II. Que por su parte, en su escrito de responde, obrante a fojas 1165/1170, la apelante solicita el rechazo de la cuestión previa, fundando su postura en la circunstancia de que la reglamentación procesal no contempla la articulación de “cuestiones previas”, toda vez que las únicas excepciones admisibles se encuentran previstas en el artículo 123 del Cód. Fiscal vigente, y ninguna de ellas ha sido interpuesta por el representante del Fisco.

Que asimismo, respecto a la notificación de la Disposición Delegada N° 1150, invoca la vigencia de principios consagrados constitucionalmente como la Garantía de la defensa en juicio y la Tutela judicial efectiva. En ese sentido sostienen que la eficacia de dichos principios, y su efectivo ejercicio, depende de la correcta notificación de los actos de la Administración. Resaltan el rol fundamental del acto notificatorio recordando que el mismo constituye el punto de partida para el cómputo del plazo dentro del cual el administrado debe ejercer su derecho de defensa, y que por lo tanto la misma debe ser idónea para poner en conocimiento del destinatario su contenido.

Que alega, la apelante, que el avance que representan las notificaciones electrónicas, en la relación entre la Administración y el Administrado, debe darse siempre respetando las formalidades legales y la adecuación de las nuevas tecnologías a las garantías de los administrados, de forma de facilitar el acceso a la justicia, teniendo en mira los principios “in dubio pro administrado”, “pro actione” y “formalismo moderado”.

Que, se agravia del hecho de que un mecanismo tan sensible como las notificaciones esté en manos de una de las partes de la relación jurídico-tributaria, corriéndose el riesgo de impedir el acceso a la justicia y obstaculizando el control judicial suficiente que debe existir en los actos de la administración.

Que seguidamente, manifiesta que la notificación realizada a sus domicilios electrónicos no puede ser tenida en cuenta en el presente caso. En primer lugar, argumenta que no le consta la existencia efectiva de la notificación ya que no se acompaña constancia alguna de la realización de dicha diligencia (conf. Artículo 6° de la RN A.R.B.A. N° 7/14). Asimismo, sostienen que de la lectura de los considerandos y del artículo 1 de la Resolución Normativa 7/14 surge claramente” la imposibilidad de notificar un acto administrativo tan importante como la Resolución Determinativa, mediante la puesta a disposición de un archivo informático en el domicilio fiscal del contribuyente. En efecto, concluye la apelante, de las normas mencionadas se desprende claramente que los únicos actos susceptibles de notificarse por medios electrónicos son aquellos de mero trámite (cita doctrina que abona su postura).

Que señala que la Autoridad de Aplicación actuó en contra de la lealtad y buena fe procesal que debe imperar, habida cuenta que durante todo el proceso de determinación las notificaciones fueron dirigidas a sus domicilios fiscales físicos, según lo establecido en el artículo 162 inciso b) del Cód. Fiscal, mientras que el acto de mayor trascendencia de todo el proceso, la Resolución Determinativa, fue notificado a sus domicilios fiscales electrónicos. Dicho accionar, sostiene, pudo inducirla a pensar que el plazo para la interposición del recurso de apelación, previsto en el artículo 115 del Cód. Fiscal, comenzó a correr a partir del día en que se practicó la última notificación a los restantes responsables solidarios, es decir el 1 de agosto de 2017.

Que sostiene también, que debe tenerse en cuenta el dictado de la Resolución Normativa N° 21/16 dictada por la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires, por medio de la cual se estableció el período de feria fiscal administrativa durante la primera quincena de enero de cada año y la primera semana del receso invernal, en concordancia con la feria judicial que dispone anualmente el Poder Judicial de la Provincia. Resolución en virtud de la cual, este Tribunal, dictó el Acuerdo Extraordinario N° 83/16 considerando como días inhábiles aquellos que lo sean en el ámbito de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires. Por tal motivo sostiene, la impugnante, que no puede asignarse validez a la supuesta notificación cumplida el día 20 de julio de 2017 (durante la vigencia de la feria fiscal administrativa), por cuanto se trató de un día inhábil para la Agencia de Recaudación y para este Tribunal.

Que por último solicita que, en el supuesto de ser declarado extemporáneo el recurso de apelación, se le otorgue al mismo el trámite de la denuncia de ilegitimidad, de acuerdo a lo previsto en el artículo 74 del Decreto-Ley N° 7647/1970. Asimismo solicita la condena en costas.

III. Que en virtud de la cuestión previa planteada (excepción de incompetencia), corresponde a esta Sala decidir acerca de la temporaniedad o extemporaneidad del recurso de apelación articulado a fojas 58/71 del Alcance N° 7 (que corre agregado a fojas 1119), por el Dr. D. A. M., en carácter de apoderado de “Lanchas del Sur SA”, y la señora María Luján Florido, ambos con el patrocinio letrado del Dr. F. C. K., contra la Disposición Delegada N° 1150/17, dictada por la Jefa del Departamento de Relataría III de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires.

Que, de las constancias obrantes en autos, surge que “Lanchas del Sur SA” y la señora María Luján Florido fueron notificados a su domicilio electrónico de conformidad a lo ordenado por el Juez Administrativo en el artículo 15 de la Disposición atacada (conf. fojas 1001 y 1224).

Que en ese sentido cabe recordar que el domicilio electrónico se encuentra previsto en el artículo 33 del Cód. Fiscal, el cual dispone: “Se entiende por domicilio fiscal electrónico al sitio informático personalizado registrado por los contribuyentes y responsables para el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y para la entrega o recepción de comunicaciones de cualquier naturaleza”. Asimismo, dicho artículo prevé que: “Su constitución, implementación, funcionamiento y cambio se efectuará conforme las normas, requisitos y condiciones que establezca la Autoridad de Aplicación” y que, por lo demás: “Dicho domicilio producirá en el ámbito administrativo y judicial los efectos del domicilio constituido, siendo válidas y vinculantes todas las notificaciones, emplazamientos y notificaciones que allí se practiquen”.

Que asimismo, el artículo 162 del Cód. Fiscal —t.o. 2011— indica: “Las citaciones, notificaciones, intimaciones de pago, etc., serán practicadas fin cualquiera de las siguientes formas”, disponiendo en el inciso d), la posibilidad de hacerlo mediante comunicaciones informáticas, en la forma y condiciones que determine la reglamentación.

Que en virtud de las facultades reglamentarias otorgadas por el Cód. Fiscal, la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires, dictó la Resolución Normativa N° 07/14 (modificada por la Resolución Normativa 40/14), mediante la cual se regularon aspectos esenciales del domicilio fiscal electrónico, estableciéndose la obligatoriedad de su constitución a partir del 15 de marzo de 2014 (fecha de su entrada en vigencia).

Que de lo anterior, se desprende que el legislador otorgó al domicilio electrónico los mismos efectos que al domicilio fiscal constituido, sin realizar ningún tipo de distinción entre ambos, ni dar preeminencia a uno sobre otro. En razón de lo dicho, debe concluirse que las notificaciones practicadas al domicilio fiscal electrónico de la apelante (ver fajas 1001 y 1224) fueron válidamente realizadas, no observándose en ningún caso violación de las garantías constitucionales denunciadas como lo son la “Defensa en Juicio” y la “Tutela Judicial Efectiva”, lo que así declaro.

Que asimismo, de lo dicho anteriormente debe concluirse que, el hecho de que el procedimiento de notificación se encuentre en manos de la propia Autoridad de Aplicación, tampoco acarrea por si mismo perjuicio concreto alguno. En efecto, en la medida en que el actuar de la Autoridad de Aplicación no se torne arbitrario y no se aparte del procedimiento establecido en la normativa vigente para la notificación de los actos previstos en el procedimiento tributario, no se encuentra comprometida la seguridad jurídica (tal como alegan los apelantes). A mayor abundamiento, el mecanismo de notificación en papel realizado mediante formulario R-132 (método tradicionalmente utilizado), también se encuentra en manos de la Autoridad de Aplicación, lo que da cuenta sobradamente que si el actuar de la administración se da dentro del marco legal establecido otorga las seguridades suficientes para que los administrados ejerzan su derecho de defensa.

Que siguiendo con el tratamiento de las respuestas dadas por la apelante, la misma sostiene que no obra en autos constancia alguna de la notificación electrónica practicada, incumpliendo de esta forma la exigencia establecida en el artículo 6° de la Resolución Normativa 7/14. En este punto, el planteo formulado no puede prosperar, toda vez que, contrariamente a lo sostenido por la impugnante, de la compulsa de las actuaciones surge que las constancias de las diligencias practicadas, respecto de “Lanchas del Sur SA” y la señora María Luján Florido, se encuentran agregadas a fojas 1001 y 1224 (en virtud de la medida para mejor proveer dispuesta a fojas 1218), cumpliéndose con lo establecido en el citado artículo 6° de la reglamentación vigente.

Que respecto de lo alegado en relación a que solo son susceptibles de notificarse por medios electrónicos aquellos actos procesales de mero trámite, debe destacarse que la Resolución Normativa 40/14 modificó la Resolución Normativa 7/14, incorporando el artículo 4 bis el cual, en su texto, menciona que: “Tratándose de la notificación de actos administrativos de inicio de procedimiento determinativo y/o sumarial, de actos administrativos definitivos que den lugar a las instancias recursivas previstas por el artículo 115 del Cód. Fiscal (Ley N° 10.397, t.o. 2011 y modificatorias) (…)”. Así del juego armónico del artículo 33 del Cód. Fiscal, 1° y 4° bis de la Resolución Normativa 7/14 (modificada por la 40/14), se desprende que la Disposición Delegada 1150/17 se encuentra dentro de abanico de actos susceptibles de ser notificados vía electrónica, toda vez que el mismo es de carácter definitivo y es susceptible de ser recurrido por cualquiera de las vías previstas en el artículo 115 del Cód. Fiscal.

Que por otra parte, el hecho de que la Autoridad de Aplicación haya notificado la Disposición Delegada N° 1150 por medio electrónico, cuando optó por el formato papel —inc. b) del Art. 162 del Cód. Fiscal— para notificar a la apelante durante el trámite de determinación anterior a la misma, no se contradice con el principio de “lealtad y buena fe procesal”. En efecto, el artículo 162 del Cód. Fiscal establece que: “Las citaciones, notificaciones, intimaciones de pago, etc., serán practicadas en cualquiera de las siguientes formas: (…). b) Personalmente por medio de un agente de la Autoridad de Aplicación, (…). d) Por comunicación informática, en la forma y condiciones que determine la reglamentación. (…). Es decir, la Autoridad de Aplicación tiene la facultad legal de optar por el medio de notificación que crea mas conveniente, siempre que se respeten las normas aplicables.

Que asimismo, el accionar llevado adelante por la Autoridad de Aplicación nunca pudo haber inducido en error a la apelante acerca del momento en que debe comenzar a computarse el plazo para interponer el recurso de apelación, toda vez que el cómputo de dicho plazo resulta independiente para los recurrentes y corre de manera individual para cada uno de ellos. Tampoco resulta violatorio de la doctrina de los propios actos habida cuenta que, como quedó dicho previamente, la elección de un medio de notificación (formato papel) no implica la renuncia a la utilización de otro (notificación electrónica) ya que la ley otorga a la Autoridad de Aplicación la facultad de optar entre ellos, sin que se excluyan mutuamente.

Que en cuanto a la solicitud de declarar inhábil el día 20 de julio de 2017, fecha en que se practicaron las notificaciones al domicilio electrónico de “Lanchas del Sur SA” y de María Luján Florido, debe recordarse que la Resolución Normativa N° 21/16, dictada por la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires, en su artículo 1° establece en el ámbito de la Agencia de Recaudación “… como feria fiscal administrativa, y con el alcance dispuesto en la presente, los siguientes períodos: (…), y b) la primera semana de la feria judicial de invierno que se establezca cada año para el Poder Judicial de la Provincia. (…)”. Que el mencionado período de feria fiscal administrativa vierte sus efectos sobre el cómputo de los plazos procedimentales previstos en el Cód. Fiscal y normas complementarias al disponer que “… no se tendrán en cuenta los días hábiles administrativos comprendidos dentro de dichos períodos de feria.”.

Que como consecuencia del dictado de la Resolución Normativa N° 21/16, y con la finalidad de otorgar certeza a los contribuyentes y los profesionales que los patrocinen o representen, este Cuerpo dictó el Acuerdo Extraordinario N° 83/16 por el cual se reputan inhábiles, a los efectos del cómputo del plazo para la interposición del recurso de apelación, aquellos comprendidos en el período de feria fiscal administrativa.

Que por Acuerdo N° 3846 del 5 de abril de 2017, el Poder Judicial de la Provincia, estableció como período de feria judicial al comprendido entre los días 17 y 28 de julio inclusive de ese año.

Que en virtud de lo expuesto precedentemente, debe concluirse que los días 17, 18, 19, 20 y 21 de julio de 2017 resultan inhábiles a los fines del cómputo del plazo previsto para la interposición del recurso de apelación, debiendo considerarse notificadas a “Lanchas del Sur SA” y a la señora María Luján Florido el día lunes 24 de julio de 2017, primer día hábil administrativo (conf. artículo 5° inc. b) de la Resolución Normativa 7/14).

Que sin perjuicio de ello, esta circunstancia no modifica el hecho de que el recurso de apelación interpuesto por “Lanchas del Sur SA” y la señora María Lujan Florido resulta extemporáneo. Ello, en virtud de que el plazo para la presentación del libelo recursivo venció el día 14 de agosto de 2017, habiendo sido presentado el día 22 de agosto del mismo año.
Que virtud de lo descripto, se concluye la extemporaneidad del recurso de apelación presentado a fojas 58/71 del Alcance N° 7 (que corre agregado a fajas 1119), por el Dr. D. A. M., en carácter de apoderado de Lanchas del Sur SA y la señora María Luján Florido, por derecho propio, ambos con el patrocinio letrado del Dr. F. C. K.

Que, considerando que la Ley de Procedimiento Administrativo (Decreto Ley 7647/1970), en su artículo 74, consagra la doctrina procesal común que los plazos para interponer recursos administrativos deben reputarse perentorios e improrrogables, corresponde su rechazo, sin entrar a considerar las cuestiones en él planteadas, lo que así declaro.

Que en relación a la solicitud formulada por la recurrente para que, en el supuesto que se considere vencido el plazo establecido para la interposición del recurso de apelación, se otorgue al mismo el trámite de la denuncia de ilegitimidad, debe recordarse que este Cuerpo tiene criterio fijado en cuanto a su falta de competencia para entender en la misma, cuya consideración reserva la ley (art. 74 det Decreto-Ley 7647/1970) el órgano superior de la administración activa (Scholnik S.C. Anon. Ind. y Comercial Ley 7110” sentencia del 08/07/1980, la cual fue confirmada por la SCJBA mediante el fallo de 16/12/1980 recaído en la causa B-48.448; “Nakielsk SA”, sentencia deL 15/02/1983; “Llantada Prospero SA”, sentencia del 13/05/1986 y “Akashima Kenkoku”, sentencia del 12/11/1996).

Que, en lo referente a la imposición de costas, no resulta ello atribución del Cuerpo conforme las normas que delimitan su marco de actuación y competencia (Decreto-Ley 7603/1970 y sus modificatorias) (conf. “Carrefour Argentina SA”, Sala II, sentencia del 30/11/2000, Registro 18, entre muchas otras), lo que así finalmente declaro.

Por ello se resuelve: Hacer lugar a la cuestión previa planteada por la Representación Fiscal y declarar la incompetencia de este Tribunal para entender en el recurso de apelación interpuesto a fojas 58/71 del Alcance N° 7 (que corre agregado a fojas 1119), por el Dr. D. A. M. en carácter de apoderado de Lanchas del Sur SA y la señora María Luján Florido, por derecho propio, ambos con el patrocinio letrado del Dr. F. C. K., y firme la Disposición Delegada N° 1150/2017 dictada por la Jefa del Departamento de Relataría III de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA). Regístrese y notifíquese. Cumplido, sigan los autos según su estado. — Rodolfo D. Crespi. — Laura C. Ceniceros. — Carlos A. Lapine.