Laiún, Fernanda – Smudt, Tomás (*)

I. Introducción

Con fecha 5 de abril de 2018, la sala IV de la Cámara Contencioso Administrativo Federal (en adelante “CNFed. Cont. Adm.”) falló en la causa “ACINDAR Industria Argentina de Aceros SA c. Dirección General Impositiva s/ recurso directo de organismo externo”.
La casa fue originalmente tratada por la sala “D” del Tribunal Fiscal de la Nación (en adelante “TFNac.”) que, con fecha 08/03/2017, se expidió sobre un recurso de apelación presentado por ACINDAR Industria Argentina de Aceros SA (en adelante “ACINDAR”) contra la impugnación presentada por la AFIP de la declaración jurada del Impuesto a las Ganancias de la sociedad por el período fiscal cerrado el 30/06/2001 por temas vinculados a Precios de Transferencia.
El fallo es muy interesante desde el punto de vista jurisprudencial porque es uno de los pocos que tratan el tema de Precios de Transferencia sobre períodos fiscales donde ya se encuentra en aplicación la resolución general (AFIP) 1122/2001 (aún vigente en mayo de 2018 con pequeñas modificaciones) y porque se discuten varios temas sensibles y poco regulados en la práctica, como la selección del indicador del nivel de rentabilidad en el método del Margen Neto de la Transacción; la utilización de varios años para el análisis de comparabilidad y la necesidad de la realización de ajustes al capital de trabajo de la sociedad analizada y de los comparables.
En el Estudio de Precios de Transferencia de ACINDAR por el período anual cerrado el 30/06/2001 se analizan las siguientes operaciones con sociedades vinculadas del exterior: a) servicios prestados por personal de ACINDAR a sus compañías relacionadas del exterior en Brasil, Chile y Uruguay; b) comisiones pagadas por ACINDAR a una compañía vinculada en Uruguay; c) préstamos financieros recibidos desde sociedades vinculadas del exterior en Uruguay y Brasil; d) exportación de productos terminados y semiterminados efectuados por ACINDAR a compañías vinculadas del exterior.
Para el análisis ACINDAR utiliza en su estudio de precios de transferencia (en adelante “EPT”) el método del Margen Neto de la Transacción (en adelante “MNT”) en su versión “externa” (a través de la búsqueda de sociedades comparables), eligiendo el Margen Operativo sobre Costos Totales (en adelante “MOTC”) como indicador de rentabilidad—. Para la definición del rango de precios de mercado se basa en el promedio ponderado de ese índice de los últimos tres años para ACINDAR y para las comparables. Según ACINDAR, esto surge de una necesidad de contemplar un ciclo de negocios en el análisis.
La AFIP no objeta la selección del método del MNT ni las sociedades utilizadas como comparables (excepto una, cuyo cuestionamiento no es relevante ya que no modifica el resultado), pero sí concluye que la aplicación específica del MNT debería haberse hecho midiendo el margen de utilidad sobre los activos y no sobre los costos incurridos.
Según el fisco, teniendo en cuenta que la actividad de ACINDAR es la manufactura con uso de capital intensivo, el indicador de rentabilidad que debió haber seleccionado la compañía es la Tasa de Retorno sobre el Capital Empleado (en adelante “TRCE”). De haber aplicado este indicador y no el MOTC, hubiese quedado fuera del rango intercuartil de los comparables. Por ende, las transacciones realizadas con sociedades vinculadas del exterior no habrían sido pactadas a valores de mercado.
Planteado el desacuerdo sobre el índice de aplicación del MNT, el fisco aplica su versión del índice más adecuado comparando la información financiera del 2001 de ACINDAR con la información de los últimos 3 años promediada de los comparables. En cambio, ACINDAR hizo una aplicación homogénea del criterio de “plurianualidad”: tres años para los comparables y tres años para ACINDAR.
La última diferencia entre ACINDAR y el fisco está referida a un ajuste en el capital de trabajo sobre las cuentas por pagar en el que se discute la utilización de un promedio de mitad de año entre el periodo analizado y el inmediatamente anterior.
A continuación, profundizaremos cada punto discutido en los fallos, donde los dos primeros son especialmente importantes por la recurrencia de su tratamiento en cada Estudio de Precios y por ser las primeras lecturas que podemos tener del criterio de los jueces.

II. Selección del indicador de rentabilidad

La OCDE define al método del MNT como aquel que estudia el beneficio neto obtenido por la compañía analizada relativo a una base apropiada (costos, ventas o activos) y hace consideraciones acerca de las circunstancias que favorecen o desaconsejan su aplicación con cada una de las posibles bases.
Como ya fue indicado anteriormente, ACINDAR y AFIP discrepan en la selección del indicador de rentabilidad. Mientras para la empresa, la selección correcta fue el MOTC, para el fisco debió haber sido la TRCE.
En el contexto en el que se encontraba la Argentina en el 2001, ACINDAR plantea que el indicador por ella empleado es el adecuado, argumentando que la industria siderúrgica se encontraba en una crisis a partir del segundo semestre de 1998, vinculada a un shock de demanda. Por tal razón, frente a esa crisis, tomó la determinación de mantener los volúmenes de mercado readecuando sus precios a la baja para mantener ingresos y absorber la mayor cantidad de costos fijos. Para demostrar esto presenta el informe sectorial 57 de la consultora FIEL sobre la industria siderúrgica.
Para la compañía, medir su resultado en función de sus activos operativos resulta poco confiable ante un shock de demanda, porque “ante una caída de la demanda la sensibilidad de la TRCE será mayor ya que se estará dividiendo una utilidad menor por un mismo denominador”.
La capacidad productiva de la compañía, afirma ACINDAR, está dedicada a abastecer al mercado interno, razón que la llevó a descartar la aplicación del TRCE. Según ella, la AFIP desconoce la realidad de ACINDAR y destaca que, ante una caída en la demanda, la TRCE disminuye más que el MOTC dado que la caída de la rentabilidad no va acompañada por una correlativa reducción de activos operativos, y que esto puede llevar a juzgar que la rentabilidad no es arm´s length cuando, en realidad, se trata de una situación originada en el mercado y no de una manipulación de los Precios de Transferencia.
La AFIP alega que la crisis sectorial a la que ACINDAR hace referencia se contradice con el informe sectorial 54 de FIEL, que fue presentado por la propia compañía en su Estudio de Precios de Transferencia. Además, la Sociedad celebró una asociación estratégica en noviembre del 2000 con Belgo-Mineira Uruguay SA (perteneciente al Grupo Europeo AR BED). Esto tampoco se condice con el argumento de estar al borde del colapso, dado que en el propio Estudio de Precios de Transferencia se expone que se trata de una empresa con proyecciones de desarrollo, de reorganización de negocios, de estrategias comerciales y ponderando una reducción de los costos de mercadería por tonelada del 7,5% así como de los gastos de administración y comercialización.
Por otro lado, sostiene que no existió el shock de demanda ya que cuantitativamente las ventas solamente se vieron reducidas en un 0,7% respecto del año anterior como resultado de mantener los volúmenes operados, y que tampoco existió una readecuación de los precios ni de volúmenes de acuerdo con lo que surge de la declaración jurada de ganancias presentada.
Resumiendo, ACINDAR afirma que se encontraba frente a un shock de demanda en la industria siderúrgica. Para demostrar esto presenta ante el TFNac. un informe sectorial de FIEL (nro. 57) en donde se expone la crisis atravesada. La AFIP niega la crisis del sector y responde con otro informe de FIEL (nro. 54), que fue presentado por la propia compañía al realizar su Estudio de Precios de Transferencia, en el cual se afirma que la producción se había elevado sensiblemente a pesar de la crisis. La AFIP alega que ACINDAR podría haber presentado el informe 57 al momento de realizar su Estudio de Precios de Transferencia porque ya estaba disponible, pero que sin embargo presentó el nro. 54.
Para resolver esta cuestión se solicitaron pericias económicas y contables que no fueron del todo útiles para el TFNac. porque “las respuestas brindadas por los expertos nada agregan respecto de cuál es el indicador de utilidad que, de acuerdo con el objeto de autos y a tenor de los conocimientos específicos en la materia que poseen los expertos, mejor se ajusta al caso”.
En particular, la pericia económica fue rechazada porque la contestación brindada fue “general” y no focalizada puntualmente en el caso de ACINDAR en 2001, dado que en la respuesta a los puntos periciales introdujeron el tema utilizando la frase desde el punto de vista teórico y como criterio general.
Por otro lado, se le consultó al Centro de Industriales Siderúrgicos (en adelante “CIS”) sobre la situación el sector en 2001 el cual respondió que efectivamente se atravesó una crisis en el primer semestre del año 2001 vinculado a un shock de demanda. Sin embargo, para su contestación al oficio este Centro hace referencia a un informe de FIEL pero no hace mención a qué publicación alude (no individualiza número y mes), y por lo tanto, como existe una discusión puntual sobre los informes de FIEL, el TFNac. desestima su respuesta.
También se libran exhortos a algunas compañías vinculadas a ACINDAR en Uruguay, Chile y Brasil que, según el TFNac., “no han brindado nuevos elementos o datos relevantes para desvirtuar el criterio seguido por el ente fiscal”.
En conclusión, para el TFNac., ACINDAR no logra demostrar y fundamentar el shock de demanda que alega como determinante para la selección del indicador de rentabilidad y por lo tanto le da la razón a la AFIP. La compañía debería haber utilizado el TRCE como indicador de rentabilidad, lo que la deja fuera del rango intercuartil.
Sin embargo, retrocedamos un poco al punto central de discusión acerca de la selección del indicador. Más allá de la crisis y el shock de demanda, las empresas con uso de capital intensivo, ¿deben utilizar obligatoriamente como indicador de rentabilidad el TRCE?
Para justificar la elección del TRCE, el fisco afirma que ACINDAR es una empresa que utiliza capital intensivo y el TFNac. agrega que “es de capital intensivo aquella empresa que necesita de niveles altos de activos fijos, que son los que dan base a la capacidad de la empresa para generar utilidades y contribuciones de mano de obra relativamente bajas para la producción de bienes; denominándose a los activos fijos a los activos que producen utilidades, ya que generalmente son estos los que dan base a la capacidad de la empresa para generar utilidades, y sin planta y equipo la empresa no podría realizar su tarea diaria, ni elaborar los productos que le produce ingresos, situación que en el caso de la recurrente, se ve representado por los hornos, trenes laminadores y maquinarias que procesan el mineral de hierro y reprocesa la chatarra… mientras que las empresas de manufacturas por el contrario necesitan de una contribución de mano de obra alta y bajos activos fijos para obtener los productos”.
Todo lo puesto entre comillas es textual del fallo del TFNac. Sin embargo, esas consideraciones no aportan una claridad fundamental respecto a ACINDAR como una empresa de capital intensivo. La realidad es que sin planta y equipos hay muy pocas actividades que pueden realizarse.
No obstante, más allá de la deficiente definición del TFNac. y el fisco, no es discutible que ACINDAR es una empresa de capital intensivo. Sin embargo, utilizar este argumento como base para rechazar el método de medición de utilidades MOCT, entendemos que carece de razonabilidad.
Lo primero que hace el TFNac. es una pasada rápida por las Directrices de la OCDE, y se refiere al párr. 3.26 afirmando que esas directrices no definen el concepto de margen neto de ganancia ni “tampoco demasiada información sobre cuál de todas las bases arriba mencionadas sería la apropiada”.
Sorprende verificar que se refiere a la versión 1999 de las Directrices de la OCDE, reemplazada por la versión del 2010, en donde sí se define el concepto de beneficio neto y se realizan extensas consideraciones acerca de las variables a tener en cuenta para definir el índice de medición de la utilidad neta sobre ventas, costos, activos operativos u otras bases.
En los párrs. 2.86 a 2.99 de la versión 2010 de las Directrices de la OCDE, se arroja luz sobre el nudo de la discusión en este juicio. Allí se afirma que la selección del denominador del indicador de utilidad debe ser coherente con el análisis de comparabilidad. En concreto, debe focalizarse en el indicador o indicadores relevantes del valor de las funciones desarrolladas por la parte objeto del análisis en la operación que se está analizando, teniendo en cuenta los activos involucrados y los riesgos asumidos.
En este sentido sugiere que para las actividades con uso de capital intensivo la medición sobre los activos es, como regla general, una base apropiada para el indicador de rentabilidad.
La CNFed. Cont. Adm. sí se refiere a los párrafos de la OCDE de la versión 2010 y recorre los conceptos de varios de los párrafos (específicamente partes de los 2.87, 2.88 y 2.92), todos los cuales llevan hacia la sugerencia de que el rendimiento de los activos puede constituir una base adecuada en aquellos casos en que los activos constituyan un mejor indicador del valor añadido por la parte objeto de análisis.
Lo que no hace la CNFed. Cont. Adm. es seguir leyendo hasta el párr. 2.98 donde la OCDE hace mención a la utilización de los activos como base, y se afirma que “en aquellos casos en los que el beneficio neto se pondere tomando como referencia los activos, se plantea la cuestión de cómo valorar esos activos, es decir, según valor contable o valor de mercado. Si se utiliza el valor contable puede distorsionarse la comparación, por ejemplo, cuando esta se realiza entre empresas que han amortizado sus activos y otras con activos más recientes en curso de amortización, y entre empresas que utilizan intangibles adquiridos con otras que utilicen intangibles de desarrollo interno. Estas dificultades pueden atenuarse recurriendo al valor normal de mercado, si bien este puede plantear otros problemas, especialmente de fiabilidad, cuando la valoración de los activos sea incierta, y puede resultar extremadamente costosa y gravosa, especialmente en el caso de los activos intangibles. Dependiendo de los hechos y circunstancias del caso, podrían efectuarse ajustes que mejoren la fiabilidad de la comparación. La elección entre el valor contable, el valor contable ajustado, el valor de mercado y otras opciones de las que pueda disponerse, deben realizarse con la intención de conseguir la medida más fiable, teniendo en cuenta el volumen y la complejidad de la operación y los costos y cargas de cumplimiento que entraña”.
Llama la atención que en ningún lugar del fallo se mencione que el cambio del índice de medición de utilidad mejora la confiabilidad del análisis. En realidad, este debió ser el único motivo por el que el fisco se haya visto motivado a modificar la elección de ACINDAR.
Tampoco se evidencia en el fallo que se hayan analizado el valor de los activos operativos de ACINDAR, su antigüedad, porción de valor residual, grado de adaptación a las nuevas tecnologías y la situación de estos factores en relación con los comparables. Es decir, un análisis de Precios de Transferencia basado en la medición de las rentabilidades sobre los activos no puede eludir un análisis de comparabilidad profundo respecto de los activos que se utilizan como base de la medición.
Por supuesto, no conocemos el detalle de los activos de ACINDAR, pero tratándose de una empresa de larga data, parte de sus activos probablemente sean antiguos. Esto implica que es muy posible que el valor contable de sus maquinarias y equipos estuviera distorsionado del real y del que pueda tener en su activo contable una empresa más joven.
Esta comparación fundamental no está planteada ni discutida en el fallo y es la que hace de muy difícil aplicación los índices basados en activos operativos. Obtener información que permita definir si son comparables las valuaciones de los bienes de uso de varias empresas entre sí, es prácticamente imposible si se cuenta solo con la información de los estados contables de las mismas. Esto es aún más complejo cuando los comparables no están radicados en Argentina, como en este caso.
La CNFed. Cont. Adm. resuelve a partir de la información y documentación obrante en el expediente en la etapa del TFNac., ACINDAR no aporta nuevos elementos ni la CNFed. Cont. Adm. los requiere. ACINDAR reitera sus argumentos acerca del shock de demanda sufrido en el año 2001 que afectó sus resultados que medidos sobre los activos operativos como requiere el TRCE demuestra una mayor afectación que si es medido sobre los costos totales de operación.
La CNFed. Cont. Adm. resuelva a favor del fisco porque considera que no hay error del fisco en la apreciación de los hechos, el argumento del shock de demanda se contradice con información producida por la misma ACINDAR porque (i) “las ventas netas del 2001 de ACINDAR sólo fueron un 0.7% menores a las del 2000” (el destacado y el formato es del fallo), (ii) conforme el EPT hubo una efectiva reducción de los costos fijos en 2001 lo cual desvirtúa el inconveniente de aplicar el TRCE, (iii) conforme los estados contables “el área productiva acería obtuvo el segundo registro de producción más alto de los 10 años anteriores a 2001 “y, entre otros argumentos, “los medios probatorios acompañados por la actora refieren a la falta de afectación de su nivel de productividad, circunstancias que impiden tener por acreditado el presupuesto fáctico sobre el cual sustenta la razonabilidad de aplicar el indicador MMNT” (el destacado es del fallo).

III. Utilización de un promedio trianual para el análisis

El segundo de los temas tratados por el TFNac. y la CNFed. Cont. Adm. en este fallo es la utilización para el análisis por parte de ACINDAR del promedio de tres años de sus propias utilidades (1999-2001), lo cual la AFIP rechaza y calcula el ajuste al Impuesto a las Ganancias contemplando los resultados de ACINDAR únicamente del año 2001. Es importante aclarar que el ejercicio bajo cuestionamiento es el cerrado el 30/06/2001 y posteriormente la compañía modificó su cierre al 31 de diciembre de ese mismo año.
ACINDAR, basada en el argumento del shock de demanda, afirma que la situación económica especial del 2001 motivó a la utilización de un promedio de tres años con el fin de tomar en consideración la rentabilidad vista desde el punto de vista de un ciclo de negocios.
La AFIP acepta el promedio de tres años para las sociedades aceptadas como comparables, pero lo rechaza para ACINDAR. Según este organismo, la compañía vuelve a entrar en una contradicción dado que pretende utilizar un período de tres años debido a la existencia de una crisis económica, pero en el mismo Estudio de Precios de Transferencia afirma que elevó su producción con respecto al año anterior, logró una reducción del costo de mercadería vendida y de algunos gastos. Además, en el Estudio de Precios de Transferencia del período irregular inmediatamente posterior (31/12/2001), compara el resultado de sus seis meses con el promedio trianual de los comparables.
El TFNac. cita un dictamen de la División Dictámenes y Evaluación Técnica, en donde se afirma que “el procedimiento utilizado en el ejercicio bajo análisis no obedece a un procedimiento debidamente fundado, sino que, por el contrario, luce como un aprovechamiento conveniente de una metodología alternativa que la rubrada pretende hacer valer en su intento de justificar que sus precios son de mercado”
Basado en estos puntos y que en nuestra legislación no existen normas que se refieran específicamente a este tema, el TFNac. y la CNFed. Cont. Adm. le vuelven a dar la razón a la AFIP.
En la práctica, el uso de información financiera de varios años se hace siguiendo el consejo de la OCDE del párr. 3.75 de las Directrices, que afirma que “en la práctica, el examen de los datos relativos a varios años suele resultar útil para el análisis de comparabilidad, si bien no es una exigencia sistemática. Estos datos referidos a varios años deben utilizarse cuando aportan valor al análisis de Precios de Transferencia. No sería apropiado fijar normas respecto al número de años que deben abarcar los análisis de más de un ejercicio”.
Esto que la OCDE afirma en un lenguaje políticamente correcto puede interpretarse como que el uso de información de más de un año se justifica sólo si agrega valor al análisis de comparabilidad. Por ejemplo, el uso de promedio de varios años de información puede ayudar a analizar si una pérdida es parte de una historia de pérdidas recurrentes, es resultado de una circunstancia económica particular que aumenta los costos, o simplemente el reflejo del ciclo de vida de un producto.
Para el uso de información de más de un año debería justificarse el motivo o la razón que le asiste al contribuyente para pensar que ello hace que el análisis será de mejor calidad o que ajusta diferencias con los comparables. Por ejemplo, su utilización puede fundamentarse en relación al resultado de cuestiones como ciclo de vida de los productos, variaciones en los precios de los materiales o materias primas dadas en un mercado volátil, variaciones en los precios de las ventas por circunstancias de mercado como nuevos competidores, entre otras.
La falta de una justificación adicional a la del shock de demanda, sumado al hecho de que, en el informe del período irregular de seis meses al 31 de diciembre de 2001, ACINDAR no aplicó el mismo criterio trienal, dejan a la compañía sin muchas posibilidades de defensa. Mucho menos cuando el fisco y la justicia no dan por probado el shock de demanda.
Es de aclarar que en la instancia de CNFed. Cont. Adm., ACINDAR aclara que no usó el promedio trianual para el período irregular precisamente por tratarse de un período de 6 meses y no pueden usar períodos de 12 meses para hacer promedios porque no se estaría midiendo sobre la misma base.
Ahora bien, si contemplamos que la AFIP sostiene que el índice de medición de las utilidades debe tener como denominador a los activos operativos, por ser ACINDAR una empresa de capital intensivo, el mismo ente debería haberse planteado si esto mismo no es la base para sostener que debería utilizarse información de más de un año para la comparación.
Las empresas con uso de capital intensivo asumen una gran inversión en sus equipos y maquinarias que no espera recuperar en un corto plazo. Por ende, cualquier medición de rentabilidad debe contemplar esa circunstancia. Un razonamiento lógico nos lleva a pensar que, si la actividad requiere una gran inversión de capital, los plazos de recupero del mismo a través de la utilidad que genere el propio proyecto, serán más largos que en una actividad de baja inversión.
Es decir que es el mismo argumento que utiliza la AFIP para defender el cambio del índice de rentabilidad el que debería explotarse por ACINDAR para sostener que la información a analizar debe comprender más de un período. Ello aplicado en la práctica debería generar ciclos de negocios identificables que estén probablemente asociados con etapas de inversión y amortización.
Sin embargo, la CNFed. Cont. Adm. le da la razón al fisco porque “teniendo en cuenta que ACINDAR justificó la utilización de promedios plurianuales en la delicada coyuntura nacional industrial, resultó insoslayable acreditar el impacto concreto y la magnitud que cobró la referida crisis en la situación puntual de la empresa, circunstancia que no fu suficientemente demostrad en esta causa” (el destcado es del fallo).

IV. Ajuste de capital de trabajo: cuentas por pagar

El último punto en discusión en este fallo es que, al momento de realizar la liquidación final, ACINDAR reclama que la AFIP realizó los ajustes de Bienes de Uso e Inventarios pero no tuvo en cuenta el ajuste a los pasivos en relación a las Cuentas por Pagar (ajuste positivo para ACINDAR).
Además, afirma que la AFIP tuvo un error en el cálculo del ajuste por una mala referencia a una celda en el “excel”. Para este punto se solicitó una pericia contable que corrigió el error de la AFIP y se definió un nuevo ajuste.
Para realizar los ajustes al capital de trabajo en los análisis de Precios de Transferencia es muy común la utilización de un promedio de mitad de año. Estas cuentas son una variable flujo, lo que implica que realizar el ajuste sobre la base del importe al cierre del ejercicio, carezca de razonabilidad y por lo tanto se utilice el promedio entre el año inmediatamente anterior y el analizado.
La CNFed. Cont. Adm. y el TFNac. vuelven a darle la razón a la AFIP porque entienden que el ajuste que pretendía realizar ACINDAR estaba calculado sobre la base de información de períodos fiscales anteriores y que, de acuerdo al punto anterior, debió haberse focalizado sólo en el ejercicio analizado.

V. Comentarios finales

Como comentamos al principio, este fallo es realmente muy interesante desde el punto de vista jurisprudencial porque es uno de los pocos que tratan sobre un periodo fiscal legislado por la resolución general (AFIP) 1122/2001 y porque discute temas de la práctica cotidiana en la materia.
La discrepancia entre el shock de demanda argumentado por ACINDAR como único sustento para la aplicación de un método de medición de resultados basado en los costos y no sobre los activos y lo que la misma empresa manifiesta por varios medios acerca de que las ventas globales no sufrieron una baja sensible o sobre los altos nivel de productividad resultaron ser la base para que la CNFed. Cont. Adm. sostuviera el fallo del TFNac.
ACINDAR defendió el uso de la medición sobre costos (TRCO) alegando que estos se ajustan más rápidamente a las crisis, por el contrario, el capital operativo tiende a mantenerse constante por más tiempo. Según la CNFed. Cont. Adm. la crisis no pudo ser probada, tanto que la CNFed. Cont. Adm. levanta del expediente varias referencias a que la producción y las ventas se mantuvieron prácticamente estables respecto de años anteriores.
Claro que no podemos estar de acuerdo que en año 2001 no hubo una crisis, ahora cuánto o cómo la crisis afectó a ACINDAR fue un concepto que no se pudo transmitir a la justicia.
Ahora bien, para el uso de un índice que se base en el capital operativo la pregunta fundamental es cómo hacer comparable o medir la razonabilidad de la valuación del capital operativo de la analizada respecto de las comparables. Eso no lo plantea ACINDAR ni el fisco ni se los preguntan los jueces.
Para su conclusión la CNFed. Cont. Adm. deja de lado el hecho de que las sociedades vinculadas a las que se exportó en el 2001 sufrieron pérdidas operativas excepto por una pequeña utilidad en Uruguay, también deja de lado que la TRCE referida a las operaciones con partes independientes también estuvo por debajo del rango intercuartil. Las consideraciones de esos dos argumentos son fundamentales para la aproximación del precio como entre partes independientes no debieron haber sido de dejadas de lado.
Nos preocupa que en todo el fallo no se mencione la necesidad de mejorar la confiabilidad del análisis. Todos los puntos de discusión están sospechados de haber manipulado los números, las fórmulas y los índices en favor de la empresa, y no hay una sola referencia a que Precios de Transferencia no es una ciencia exacta, por lo cual contribuyentes y fiscos deben poner su mayor esfuerzo en trabajar en forma conjunta para mejorar la calidad del análisis. De hecho, la CNFed. Cont. Adm. recarga en el contribuyente la responsabilidad de “ofrecer los argumentos y pruebas suficientes para demostrar la improcedencia del criterio fiscal”.
Además, entendemos que para poder resolver las cuestiones de fondo en las discusiones de este fallo es necesario recurrir a las Directrices de la OCDE del 2010 que pueden aportar argumentos para ambas posiciones, en todos sus párrafos no solo en los favorables a una interpretación.
Este fallo prueba que precios de transferencia es una materia muy compleja, quizás porque no es una ciencia exacta, y los conflictos nacen de la falta de acuerdo entre un contribuyente y el Fisco en criterios o razonamientos que no encuentran sustento en normas legales. Porque en el fondo todo se trata de aproximar las conductas que resulten en un precio similar al que hubieran establecido partes independientes en operaciones comparables.
La búsqueda de respuestas o definiciones en la justicia es nada más que buscar la interpretación de un hecho económico por un juez, y precios de transferencia no es un tema de justicia o de operar siguiendo la legislación, sino de tratar de operar con sociedades relacionadas definiendo precios similares a los que hubieran establecido partes independientes.

(*) Fernanda Laiún y Tomás Smudt son especialistas en Precios de Transferencia y socios de Laiún, Fernández Sabella & Smudt.