Figueroa, Antonio H.(*)

I. Introducción

El 22 de diciembre de 2017 el Presidente Donald Trump convirtió en ley la reforma tributaria impulsada por su gobierno, denominada “Tax Cuts and Job Act” (TCJA) —Ley de Recortes Tributarios y Trabajo—. Las ideas básicas de la nueva ley reconocen su origen en diversos proyectos elaborados por los Republicanos en los últimos diez años. El Senado aprobó el proyecto el 20 de diciembre del mismo año por 51 votos contra 48. Mientras que la Cámara de Representantes (House) lo aprobó por 224 votos contra 201. Ningún parlamentario del partido demócrata apoyó el proyecto, con el agregado de que 12 parlamentarios republicanos votaron por el no. En una medición relativa a la aceptación de la ley considerando la opinión de la masa de votantes, surge que el 55% la desaprueba y solo el 33% está de acuerdo. La citada reforma tributaria ha sido calificada por el gobierno y medios afines, como la más importante de los últimos 30 años.

En el 1987 elaboramos un documento para el programa de tributación OEA/BID (1) referido a la reforma realizada por el Presidente R. Reagan en 1986, calificada, por el entonces partido gobernante de modo similar a la actual, como “la más importante de los últimos 50 años”. El gobierno del Presidente Reagan redujo de manera sensible las tasas del impuesto a la renta, en la inteligencia de que con tal medida favorecía el desarrollo de la economía norteamericana. La reforma fue muy criticada por los gobiernos europeos, los estados de bienestar con altos niveles de imposición. El entonces Secretario del Tesoro del Reino Unido señaló con crudeza que la reforma era producto directo de la paranoia con que los norteamericanos enfrentaban sus recurrentes déficits fiscales.

No obstante, Ronald Reagan, influido por la singular concepción de uno de sus asesores más cercanos, A. Laffer (2), precursor de una hipótesis absurda nunca demostrada, había impulsado en su primer gobierno (1981), una relevante reducción del impuesto a la renta, denominada ERTA (Economy Recover Tax Act), entre otras rebajas fiscales. En virtud de la misma se disminuyó la tasa máxima del impuesto a la renta personal del 70% al 50%. J. Frankel (3), coincidimos con él, manifiesta que la citada reducción de impuestos que impulsó Reagan en esa oportunidad no puede calificarse, en modo alguno, como una reforma tributaria. Se trató, más bien, de una medida irresponsable, deficiente y mal coordinada, que produjo un fuerte aumento del déficit fiscal, que derivó en muy altas tasas de interés, se elevaron del 12 al 20%, provocando una muy fuerte recesión. En 1982, como parte de ello, se verificó una fuerte caída del índice Dow Jones. La respuesta fue rápida y consistió en modificar buena parte de los cambios de 1981 mediante una nueva ley tributaria (septiembre de 1982).

Por su parte, más allá de las fuertes críticas recibidas, la reforma Reagan de 1986, provocó un ajuste generalizado de la imposición a la renta en el mundo. En USA algunos consideran que dicha reforma impulsó de manera importante el desarrollo de la industria tecnológica. Otros, sin embargo, señalan que poco, más bien nada, tuvo que ver la reforma Reagan con el desarrollo de las empresas tecnológicas y son fuertes críticos de la misma. Tales críticas se centran en la significativa reducción de las alícuotas del impuesto a la renta, que en el caso de personas físicas bajó, aún más la tasa máxima de los individuos del 52% al 35%, continuando con la drástica reducción del primer gobierno (1981), dado que esas medidas afectaron seriamente la distribución del ingreso. Esta afirmación la corroboran datos de la realidad. Ello se verifica con claridad si se toma en cuenta el grado de participación en el PBI del segmento de mayores ingresos en los EE.UU. En 1974 el 1% más rico de la población alcanzaba el 2,34 del PBI, mientras que en la actualidad representa el 20% del mismo, con el aditamento que posee el 42% del total de la riqueza del país.

El gobierno actual de USA materializó las promesas electorales realizadas por el Presidente, impulsando la reforma impositiva que nos ocupa “para mejorar la competitividad de las empresas residentes en el territorio de los EE.UU. así como para facilitar la repatriación de beneficios obtenidos por subsidiarias —filiales— de las mencionadas empresas, que desarrollan actividades en el exterior”. Con ello apuntan a crear mayor empleo dentro de su territorio. El monto de beneficios que poseen las subsidiarias de empresas norteamericanas fuera de USA ascendía a U$S 3,1 trillones a diciembre de 2017, conforme a cálculos oficiales.

La Casa Blanca proyecta un crecimiento del PBI del orden del 3 al 5% en la próxima década por imperio de dicha reforma. Más allá del optimismo del Gobierno, ciertos informes destacan que el déficit federal se incrementará en unos 1,5 trillones de dólares en los próximos 10 años. Sin embargo, algunos analistas prevén que alcanzará los U$S 2 trillones o más. Según el Comité Conjunto de Tributación (JCT), un organismo no partidario del Congreso norteamericano, el crecimiento de la economía solo cubrirá la tercera parte del costo de la reforma tributaria, lo cual advierte que la misma no será neutral en punto a su efecto fiscal. El ala conservadora, en consonancia con el gobierno, representada por la Tax Foundation y Koch Industries, cuestiona los pronósticos del JCT.

Oficialmente, la Secretaría del Tesoro pronostica que la reforma puede significar un impulso al crecimiento del orden del 0,7% anual promedio en los próximos diez años. El periódico New York Times (30/11/2017), a partir de determinadas declaraciones anónimas de funcionarios de la Secretaría, que manifestaron que el organismo no realizó ningún tipo de análisis, le resta mérito a esos pronósticos (4). El informe de la aludida Secretaría, según surge del NYT, está bajo investigación. Es más, en las proyecciones de crecimiento económico existen importantes diferencias entre la Secretaría del Tesoro y la Reserva Federal (Fed). La proyección de la Reserva Federal es más modesta.

Los demócratas manifiestan que el costo de beneficiar a las más grandes corporaciones será soportado por la clase media. Dicen, a partir de los informes del JCT, que la misma asumirá un sustancial precio y serán sus hijos y nietos quienes pagarán los platos rotos mediante deuda adicional. La deuda asciende a U$S 20 trillones, la cifra más importante de la historia e los EE.UU. El mencionado JCT y la oficina de presupuesto del Congreso (CBO) ponen de manifiesto que los grandes beneficiarios de la reforma, de un modo desproporcionado, son las personas más ricas y las empresas. En tal sentido, señalan que D. Trump obtendrá beneficios mucho mayores que los que recibirá la clase media.

Goldman Sachs, por su parte, expresa que la relación deuda/PBI es la más alta desde 1950, con el agregado que, tanto por la reforma tributaria en cuestión como por el mayor gasto público, el déficit fiscal aumentará de 3,2% del PBI a 5,1% en 2021. Asimismo, pone de relieve que el 38% de los residentes en USA no recibirán beneficio alguno de la reforma en cuestión. Los republicanos insisten y prometen lograr un crecimiento, como antes indicamos, del 3 al 5% del PBI. Los analistas más confiables señalan que esa proyección económica es prácticamente imposible.

Otros observadores, optimistas, creen que la reforma será una suerte de llave para un fuerte crecimiento económico. En general, sostienen que los cambios en la legislación fiscal pueden ser un estímulo para el crecimiento del PBI, aunque, admiten, deberán asumirse ciertos aspectos negativos. El escenario favorable está sustentado en la combinación de menores tasas impositivas, la repatriación de beneficios (exención de la renta de fuente extranjera de filiales y régimen de facilidades para ganancias acumuladas obtenidas por las mismas hasta diciembre de 2017) y la amortización acelerada para la adquisición de bienes de capital, aspectos que, a juicio de tales observadores, darán un fuerte impulso a nuevas inversiones y al crecimiento de la economía. Empero, el sentido común y la experiencia nos advierten que los factores que inciden, de manera directa o indirecta, en el crecimiento de la economía son múltiples y complejos y que los impuestos solo constituyen uno de tales factores. En definitiva, el costo de la reforma, su impacto en las finanzas del Estado dependerá de la medida en que crezca el PBI en función de mayores inversiones y del mayor nivel de actividad económica que se alcance en el territorio de los EE.UU.

 

II. La reforma

La reforma en cuestión reduce las tasas de impuesto a las empresas con carácter permanente, mientras que en el caso de las referidas a impuestos personales las mismas solo serán temporarias. Quienes se ubican en los mayores niveles de ingreso obtendrán mayores beneficios con la nueva legislación impositiva, en tanto que los de menores ingresos podrían pagar más impuestos hasta 2025, fecha en que expira la mayor parte de las nuevas disposiciones del impuesto a la renta de las personas físicas.

Nos limitaremos, tanto por la extensión de la reforma bajo análisis como por las particularidades de la legislación norteamericana, a considerar solo ciertos aspectos de las modificaciones realizadas.

 II.1. El impuesto a la renta de las personas físicas

La nueva ley retiene los siete tramos de la escala progresiva, pero, en la mayoría de los casos, disminuye las alícuotas. La tasa máxima se reduce del 39,6 al 37% y establece pequeñas modificaciones en los tramos de la escala, alrededor de un 13/14%. No obstante, en su segundo tramo baja del 15 al 12%, un 25%. El primer tramo se mantiene en el 10% así como también el tramo del 35%. Estos cambios son aplicables desde 2018 hasta 2025. Los líderes republicanos del Congreso asumieron el compromiso, firmado, que las reducciones de tasas sobre individuos serán extendidas en el futuro.

La ley incrementa en el año 2018 la deducción estándar para matrimonios, declaración conjunta, a U$S 24.000 anuales desde los U$S 12.700 que establecía la norma previa; la que corresponde a individuos solteros que asciende a U$S 12.000 desde U$S 6.350 anteriores y ubica en U$S 18.000 la correspondiente para el jefe de familia, antes de la reforma era de 9.550. Estos cambios expiran en el 2025.

Para familias con hijos, el crédito de impuesto que consagra la norma legal se duplica de U$S 1.000 a U$S 2.000. La parte del mismo reembolsable se incrementa de U$S 1.100 a U$S 1.400, agregándose un nuevo crédito, que no es reembolsable, de U$S 500 para personas dependientes que no sean hijos. En la ley existe un límite de ingresos a partir del cual estos beneficios se eliminan de manera gradual. Ese límite se aumenta de U$S 110.000 a U$S 400.000 para matrimonios.

La ley dispone una significativa reducción de las deducciones de impuestos estatales y locales que, hasta la vigencia de la reforma, podían deducirse en su totalidad. En efecto, esa deducción se limita solo a U$S 10.000. Sin perjuicio de ello, también limita la deducción de los intereses derivados de créditos hipotecarios que, en el caso de las declaraciones conjuntas de parejas matrimoniales, solo se admitirá para las deudas de hasta U$S 750.000, mientras la disposición previa establecía hasta U$S 1.000.000. La norma legal que consideramos mantiene la exención de las ganancias de capital derivadas de la venta de la casa habitación (primary residence).

La nueva ley no modifica la deducción de las donaciones o contribuciones caritativas, solo mínimos cambios, tampoco se afecta la deducción de los intereses por préstamos a estudiantes, préstamos que cubren los gastos que demanda una carrera. Los gastos médicos pueden deducirse, en 2017 y 2018, en tanto excedan el 7,5% de la renta bruta ajustada, para todos los contribuyentes. La norma anterior definía el límite en el 10%, límite que a partir de 2018 vuelve aplicarse. Entre otras cuestiones, se suspende la deducción de ciertos gastos reales pormenorizados, tales como gastos de movilidad, aquella ropa de trabajo que no se use como de diario vestir, entre otros.

A mero título informativo, los gastos médicos reales forman parte de este tipo de deducciones pormenorizadas como también las deducciones por el pago de impuestos estatales y locales, la deducción de los intereses hipotecarios de hasta dos viviendas, las contribuciones de caridad, los intereses pagados por préstamos aplicados a inversiones hasta el monto de la renta generada por las mismas, significando, en definitiva, que el contribuyente puede optar entre deducción estándar y la pormenorizada. De optar por esta última debe llevar registros y guardar los respectivos comprobantes. El monto de estas deducciones, verificación mediante de la oficina recaudadora, puede ser modificado, no así en caso de la deducción estándar.

La ley en cuestión cambia la metodología del ajuste por inflación de la deducción estándar y otras deducciones personales relacionadas con la misma. La oficina recaudadora del impuesto federal a la renta, el IRS, utilizó, en forma corriente, la variación experimentada por el índice de precios al consumidor para todos los contribuyentes urbanos. El citado índice es reemplazado por un índice de precios al consumidor ponderado (chain-weighted CPI) que considera la sustitución de productos realizada por el consumidor, como así también otros cambios en sus hábitos de gasto o consumo, en respuesta a los cambios de precios. Este índice se considera más riguroso que el utilizado en forma previa. Cabe señalar que el nuevo índice refleja la variación de precios de manera más lenta que el primero, en virtud de lo cual se acelera el ingreso de ciertas rentas a nuevos y mayores tramos de la escala progresiva. Esta modificación tiene carácter permanente, no tiene fecha de expiración, como otras normas previstas en la nueva ley.

La reforma no cambió las tasas aplicables a los individuos en el caso de las ganancias de capital, ganancias derivadas de tenencias de largo término, que continúan gravadas al 15%, excepto que la persona tenga una renta imponible que exceda U$S 425.000, importe que aumenta a U$S 479.000 en el caso de declaración matrimonial conjunta, que asciende al 20%.

Se mantiene el esquema previsto por la alternativa del impuesto mínimo (AMT) para personas físicas. Esta alternativa ofrece un modo distinto para el cálculo del impuesto federal a la renta de los EE.UU. Este esquema fue incorporado a la ley en el año 1969 con el objeto de asegurar, en razón del recurrente uso de resquicios, fisuras o baches legales, que los hogares que perciben mayores niveles de ingresos relativos paguen un impuesto justo, equitativo, razonable, más allá de las deducciones que les correspondan.

Empero, en virtud de incrementos nominales de salarios, ocurrió que cada vez más individuos quedaron sometidos a las reglas del AMT, atento a que el monto excluido del aludido esquema no fue ajustado por inflación, lo cual, a través del tiempo, significó que la AMT recayera sobre sectores de clase media que nunca debieron estar incluidos en esta disposición. Para el año 2018, conforme a la nueva normativa, los montos de sujeción a la AMT aumentaron de manera significativa. Para los casos de declaraciones conjuntas pasaron de U$S 160.900 a U$S 1.000.000 y en el de individuos pasó de U$S 120.700 a U$S 500.000. Además, los nuevos montos serán ajustados por inflación. Está previsto que esta disposición expire en el año 2025.

II.2. El impuesto a la renta de las empresas

II.2.a. Alícuotas sobre empresas y dividendos. Entidades Transparentes

Las sociedades constituidas en EE.UU., denominadas C corporations, están sujetas a impuesto por sus rentas o beneficios. Este tipo de sociedades se diferencia de aquellas denominadas S corporations que, en general, no son per se contribuyentes del gravamen. Los titulares de estas últimas, sus dueños, son quienes están obligados a pagar el impuesto que resulte de aplicar la escala progresiva establecida en la ley, por los beneficios de la sociedad (transparencia). Las empresas más grandes son C corporations, aun cuando una cantidad importante de pequeñas empresas optaron por incluirse dentro de las corporaciones sujetas al tributo.

La ley aprobada reduce de manera importante la alícuota aplicable a los beneficios empresarios. Es la alícuota más baja de los últimos 80 años. Se trata de una alícuota menor que la establecida por un cierto número de países desarrollados. En China y España es del 25%, en Francia del 33%, en Alemania el 30% y en Japón el 31%. La tasa en el Reino Unido es del 19%. En Francia se aprobaron reducciones fiscales que incluyen los beneficios de empresas. Asimismo, Holanda y Bélgica realizaron cambios en el mismo sentido. En diciembre de 2017, Japón realizó nuevos recortes fiscales a empresas para lograr mayor competitividad, en el caso de empresas que realizaran inversiones en bienes de capital y crearan nuevas fuentes de trabajo.

Más allá de la reducción aprobada en la alícuota del impuesto federal, la tasa final que resulta de aplicar el impuesto federal más los impuestos estaduales y locales sobre la renta, asciende, bajo la nueva ley, al 26,5%, de acuerdo con cálculos que fueron realizados por la Tax Foundation. La OCDE, por su parte, indica que la tasa efectiva conjunta asciende al 25,84%.

El cambio se respaldó porque USA aplicaba la mayor tasa del impuesto a la renta empresarial entre países desarrollados. Por su parte, el promedio de la tasa de los países miembros de OCDE se ubica en el 22,5%. Ello, creaba una desventaja importante para las empresas norteamericanas que, en la visión de quienes impulsaron la reforma, promovió el desarrollo de sus negocios en el exterior a través de subsidiarias constituidas fuera de USA. Sin perjuicio de ello, juzgaron que la alta imposición en los EE.UU. obligó a dichas empresas a mantener en el extranjero beneficios obtenidos fuera de USA, en lugar de invertirlos en el territorio de EE.UU. para su expansión y la consecuente creación de empleo en el mismo (5).

Cabe agregar que las empresas, las C corporations, sujetas al impuesto a la renta, determinaban su obligación tributaria anual aplicando una escala progresiva con cuatro tramos. Al respecto, para los primeros U$S 50.000 la tasa aplicable era del 15% y la máxima, para beneficios superiores a U$S 10.000.000, era del 35%. Con la nueva ley, que rige para ejercicios fiscales comenzados después del 31 de diciembre de 2017, se elimina la citada escala progresiva de las empresas sujetas al tributo. En consecuencia, las rentas empresarias de las aludidas corporaciones se gravan en el impuesto federal a la renta a una tasa del 21%. La referida tasa proporcional incluye a las empresas prestadoras de servicios personales (PSCs), que antes de la reforma estaban sujetas a una tasa especial.

La distribución de dividendos de una C corporation a sus accionistas, sea esta una empresa doméstica o una empresa extranjera calificada, queda sujeta al impuesto a la tasa del 15% en cabeza de la persona física titular de las respectivas acciones o, cuando se trate de individuos con rentas imponibles que excedan el monto de U$S 425.000 (U$S 479.000 en el caso de declaración matrimonial conjunta), a la tasa del 20% más, si le resulta aplicable, un adicional del 3,8% de impuesto considerando su ingreso neto de inversión. Esta tasa adicional, una de las singularidades del impuesto norteamericano, se aplica para casos especiales que, a nuestro juicio, no justifican una consideración particular.

Lo cierto es que los beneficios de una empresa, corporación, están sujetos a impuesto a nivel de la misma y, además, en cabeza del accionista cuando se distribuyen los dividendos. Ello siempre se consideró una desventaja en relación a la imposición que recae sobre las S corporations (a las que se conoce como “pass-through entity”), en las que el tributo sobre beneficios obtenidos se ingresa en cabeza de sus titulares, socios o accionistas. En rigor, el impuesto a la renta, por definición, es personal y progresivo, lo cual implica que el modo más adecuado de imposición, respetando la esencia del tributo, es el que resulta de incorporar todas y cada una de las rentas en cabeza de las personas físicas beneficiarias de las mismas. En punto a la desventaja señalada, la misma no parece ser tal habida cuenta que en el caso de las “empresas transparentes” el impuesto sobre los beneficios de la empresa se abona de inmediato, a tasas que pueden fácilmente superar el 21%, mientras que en el de las sociedades por acciones la imposición combinada recién se completa en oportunidad en que se proceda a la distribución de dividendos.

En razón de la reducción de la tasa empresarial al 21% disminuyó la tasa efectiva máxima aplicable sobre los beneficios de las C corporations que son distribuidos a sus accionistas personas físicas (individuos). En efecto, en virtud de la reforma que analizamos se pasó de más del 50% al 39,8% de tasa combinada, considerando el caso del dividendo sujeto a la tasa del 23,8% por aplicación de la tasa adicional del 3,8%, antes mencionada.

En lo que respecta a las S corporations, cuyos beneficios son imponibles en cabeza de sus dueños, es decir de las personas físicas que las integran, como también son computables en cabeza de los mismos las pérdidas sufridas por este tipo de corporaciones, por su condición de entidades transparentes, corresponde aplicar a sus dueños o socios la tasa máxima aplicable para individuos que se redujo del 39,7& al 37%. Dicha tasa máxima de la escala progresiva se aplica en el caso de personas con una renta imponible que exceda U$S 500.000 o U$S 600.000 cuando se trate de una declaración matrimonial conjunta. Sin embargo, también resulta aplicable la tasa adicional del 3,8% sobre la renta neta de inversión, dado que esta incluye la participación en este tipo de corporación de cada socio o dueño, si la misma es una entidad que tiene la condición de pasiva para los mismos. En tal sentido, la renta de la S corporation queda, en su caso, sujeta a la tasa máxima del impuesto federal a las personas físicas del 37%, en cabeza de las mismas, excepto que la S corporation resulte ser pasiva para sus dueños o socios, en cuyo caso la tasa máxima asciende al 40,8 %.

Si bien la nueva ley no redujo en forma sensible las tasas que se aplican sobre individuos, como sí lo hizo en el caso de la alícuota que recae sobre la renta empresaria, introdujo una Sección en el Código de Rentas Internas (199 A) que permite, a una persona física contribuyente, deducir hasta el 20% de la renta tipificada como “ingreso empresarial calificado” (QBI), siempre que sea obtenido por una S corporation de la cual esa persona es socio o dueño. Sin embargo, en relación a cualquier ingreso de ese tipo (QBI) generado por la entidad en la cual el contribuyente (persona física) participa (dueño o socio), el monto de la QBI deducible no puede exceder ciertos límites que la ley impone en relación al pago de salarios. Cabe agregar, que en los casos de aplicación plena del beneficio derivado de la deducción QBI, la tasa del 37%, tasa máxima de la escala aplicable a los individuos, se reduce al 29,6% sobre la renta obtenida por el dueño o socio de la entidad en cuestión.

II.2.b. Alternativa del Impuesto Mínimo (MTA). Empresas

La alternativa del impuesto mínimo es el pago que la ley del impuesto a la renta establece para aquellas empresas que, en virtud de exenciones o circunstancias especiales, pagan un monto de impuesto inferior al que les hubiera correspondido conforme a las disposiciones generales de la ley. La ley bajo análisis eliminó la AMT aplicable a las empresas, vigente desde 1969, por considerarla inconsistente con el nivel del 21% de alícuota que recae sobre la renta empresaria.

II.2.c. Exención de la Renta de Fuente extranjera. DRD

Con vigencia para las distribuciones que se realicen a partir del 31 de diciembre de 2017, se exime el 100% de la porción de fuente extranjera de los dividendos recibidos por una participación accionaria de la empresa residente en USA siempre que la misma no sea inferior al 10% en el capital de la empresa extrajera, en tanto, además, que las acciones por las que se percibe el dividendo hayan estado en poder de la empresa residente en USA por un período no menor a un año. La aludida exención se denomina deducción por dividendos recibidos (DRD). De acuerdo con estas nuevas disposiciones, no puede computarse crédito de impuesto por los tributos análogos pagados en el extranjero (FTC), como tampoco se admite el cómputo de crédito de impuesto indirecto externo pagado, en el caso de dividendos que califiquen para la exención. Es una medida técnicamente correcta, ya que más allá de su denominación, “deducción” (DRD), se trata de una exención, toda vez que USA continúa aplicando el criterio de renta mundial (6).

Es menester señalar, que la reforma no solo elimina el crédito directo por impuestos análogos al impuesto a la renta federal que fueron pagados en el extranjero (FTC) sino que también, por obvias razones técnicas, procede a derogar la norma que permitía el cómputo del denominado crédito indirecto que consiste, para el caso de participaciones en el capital de la sociedad externa no menores al 10%, en permitir computar como crédito el impuesto pagado, en razón de sus beneficios, por dicha sociedad en su país de residencia, en proporción a la aludida participación.

Previo a la reforma, una persona residente en, o ciudadana de, EE.UU. debía pagar el impuesto a la renta conforme al principio jurisdiccional subjetivo que se sustenta en las referidas condiciones del sujeto pasivo, conocido como criterio de renta mundial. La residencia, el domicilio, como la nacionalidad o ciudadanía no adquieren el carácter de principios. De acuerdo con el citado criterio si una persona obtiene de manera directa un ingreso en el exterior por la prestación de un servicio, por la colocación de un capital o por la explotación de un derecho, así como en el caso de las sucursales de empresas de los EE.UU., queda sujeta al impuesto federal por los beneficios obtenidos en ese ejercicio. En cambio, si esa persona, residente en USA, se beneficia por ganancias de fuente extranjera, en carácter de accionista de una empresa externa (aun filial o subsidiaria de una empresa de USA), no queda sujeta al impuesto de USA hasta que esa ganancia le sea distribuida. Este tratamiento de la renta externa es denominado en USA tax deferral (diferimiento de impuesto) y algunos lo consideran, erróneamente, como una medida unilateral para evitar doble tributación.

A través de la ley que analizamos el gobierno de los EE.UU. decidió eximir la renta de fuente extranjera de las empresas de USA que desarrollan actividades en el exterior porque consideran que era uno de los pocos países desarrollados, entre los miembros de la OCDE, que aplican el criterio de renta mundial con altas tasas de imposición. Alemania, por ejemplo, solo aplica una tasa del 5% sobre los dividendos de fuente externa, siempre que el accionista alemán cumpla con ciertos requisitos de participación, tenencias, en la sociedad residente en el extranjero (7). Ello constituía un incentivo a las empresas de USA para mantener sus beneficios en el exterior, debido a que los mismos no se sujetaban a imposición hasta ser enviados a los EE.UU. Ello, sin perjuicio que en el caso de ciertas rentas externas obtenidas por personas de USA se las sometía al impuesto de inmediato. Estas rentas son aquellas que encuadran en la categoría de pasivas o de alta movilidad. No es propósito del presente artículo ahondar en las singularidades de la ley del impuesto a la renta de USA (Subpart F, CFC rules y PFIC regime). En tal virtud, solo nos abocaremos a la consideración del esquema general de la ley sancionada en diciembre de 2017.

La nueva ley del impuesto establece para empresas accionistas residentes en USA, en términos generales, la exención de beneficios externos que les sean distribuidos, vía dividendos, por su participación en sociedades residentes en el extranjero. En un enfoque simplificado, USA optó por aplicar el denominado principio de fuente (source principle), pero limitado a ciertas empresas. Puede ocurrir que un dividendo esté compuesto por beneficios previos y posteriores al 31 diciembre de 2017. La ley dispone, en tales casos, que solo se aplica la exención a la porción distribuida que sea atribuible a beneficios posteriores a la fecha establecida por la ley.

Sin embargo, las personas residentes en USA que tengan una participación menor del 10%, en el capital de la empresa externa, no encuadran en los beneficios del régimen DRD que conlleva la exención de los dividendos de fuente extranjera y por lo tanto continúan sometidos a tributación en los EE.UU. pudiendo, en tal caso, computar el impuesto análogo ingresado en el exterior como crédito contra el impuesto de USA.

La reforma analizada amplió la definición de accionista de USA. En virtud de la misma, se incluye a las personas residentes en EE.UU. que posean: 1) al menos el 10% del total combinado del poder de voto de las todas las acciones de cualquier clase, con derecho a voto o 2) al menos el 10% del total del valor de todas las acciones de cualquier clase de la sociedad externa.

También se aplica la exención al caso de dividendos provenientes de Joint Ventures externos, siempre que una empresa norteamericana tenga una participación minoritaria no menor al 10%, así como también al caso de beneficios derivados de la venta de acciones de una subsidiaria externa con un importante monto de ganancias no distribuidas. En tal caso, esas ganancias se pueden caracterizar como dividendos. Se trata de casos muy especiales cuya consideración excede el marco del presente análisis.

Cabe destacar que, además de lo expuesto, ciertos dividendos distribuidos por determinados tipos de empresas extranjeras a accionistas residentes en USA no califican para la aplicación de la exención (DRD) consagrada para rentas empresarias externas. Ello, se observa en empresas incluidas en normativas especiales anti-diferimiento que, en esencia, no se han modificado por la nueva ley. Es el caso de sociedades externas de rentas pasivas (PFIC regime) o el caso de dividendos recibidos de empresas no controladas (non CFC PFICs).

Por otra parte, la exención (DRD) no es aplicable para los dividendos recibidos de una sociedad extranjera controlada (CFC) por un accionista residente en USA, si se trata de un dividendo considerado “dividendo híbrido”. Un dividendo híbrido es un monto recibido de una sociedad extranjera controlada (CFC) al el que podría aplicarse la exención (DRD) y sobre el que la mencionada sociedad (CFC) recibió una deducción (u otro beneficio) con respecto a cualquier ingreso, ganancias de guerra o por excedentes de impuestos aplicados por un país extranjero o posesiones de los EE.UU., tal como lo establece la ley sancionada en 2017 (Tax Cuts Act). Tampoco resulta aplicable la aludida exención de los dividendos (DRD) a los dividendos que se reciban de organizaciones exentas del impuesto y de cooperativas agrícolas que estén exentas del impuesto, conforme a ciertas disposiciones de la ley del tributo.

La nueva ley le confiere a la Secretaría del Tesoro el carácter de autoridad para establecer regulaciones (reglamento) u otras directivas que considere necesarias o apropiadas para aplicar las normas expuestas, incluyendo las regulaciones para el tratamiento de accionistas residentes en USA que posean tenencias accionarias específicas del 10% en carácter de titulares de sociedades residentes en el extranjero a través de una sociedad de personas (partnership).

II.2.d. Cómputo separado del crédito por impuesto externo (FTC): Sucursales

El crédito por impuesto externo (FTC) se calcula de manera separada para ciertas categorías de rentas (canastas. Conforme a las normas previas existían dos canastas, una referida a las rentas pasivas y otra en la que se incluían a los ingresos generales. En la nueva ley, con vigencia para los ejercicios que comiencen desde el 1º de enero de 2018, inclusive, los ingresos de las sucursales externas de empresas de USA deben atribuirse a una canasta específica de ingresos de fuente extranjera.

 II.3. Amortización acelerada

La nueva ley permite deducir como gasto el 100% del precio de compra de la mayoría de los bienes tangibles, distintos a propiedad inmueble, para las adquisiciones que se realicen después del 27 septiembre de 2017 y hasta el 1º de enero de 2023. La deducción procederá en el ejercicio en que tales bienes se apliquen al desarrollo de la actividad de la empresa. Las adquisiciones que se realicen en el 2023 solo podrán computar el 80% del valor de adquisición, reduciéndose el cómputo posteriormente a razón de un 20% por año hasta su eliminación. La norma contempla no solo a los bienes nuevos sino también a los usados, siempre que el adquirente pruebe que para se trata del primer uso del o los bienes en su actividad específica. Estiman que la norma aumentará el atractivo para estructurar adquisiciones de plantas o de equipamiento intensivo de empresas, bienes de activo fijo y no meras compras accionarias.

 II.4. Deducción de intereses

La ley que consideramos, con un esquema similar al adoptado por nuestro país en el paquete impositivo aprobado por la ley 27.430, estableció una limitación del cómputo de intereses hasta el 30% del ingreso impositivo ajustable. Para los ejercicios que comiencen hasta el 1º de enero de 2022 el citado ingreso ajustable se determinará utilizando el EBITDA, esto es tomando calculando dicho ingreso sin computar ingresos y egresos por intereses más depreciaciones y amortizaciones. Posteriormente, el ingreso será computado sin tomar en cuenta depreciaciones y amortizaciones (EBIT). Para las empresas de negocios inmobiliarios se consagra un tratamiento especial, en tanto las mismas desistan de aplicar la norma en cuestión. Aunque se limita el monto deducible en concepto de intereses el impacto de la medida no parece ser relevante, señala cierta doctrina de USA, a partir de la sensible reducción de la tasa sobre la renta corporativa.

No obstante, si se toma en consideración la incidencia del rubro intereses en los resultados de las empresas observamos que el límite del 30% supera con creces la media del impacto de los mismos, significando ello que esta medida permite un amplio margen de maniobra. Es el mismo efecto que producirá la norma, similar a la que comentamos, incluida en el paquete impositivo argentino de diciembre de 2017, recomendada por la OCDE. Las reglas de infra o subcapitalización son mucho más estrictas para prevenir abusos. Es más, una medida antiabuso complementaria, tipo infra capitalización, sugerida por los representantes (House) y por parte del Senado, consistente en establecer un límite de endeudamiento del 110%, en la relación deuda/capital, fue desechada.

 II.5. Beneficios derivados de la venta de acciones

Aun cuando la reforma no establece una exención concreta respecto de la utilidad derivada de la venta de acciones de una empresa externa, en la que una empresa norteamericana posee no menos del 10%, es posible obtener una exención del impuesto a la renta total o parcial de la misma. En efecto, conforme a la ley del impuesto una empresa de USA puede recaracterizar como dividendo una porción de la utilidad de la venta de acciones, en tanto más del 50% de las acciones de la empresa externa pertenezca a grandes empresas de USA, cada una de las cuales posea no menos del 10%. En tal caso, la utilidad obtenida por quién vende su parte de las acciones estará exenta en la medida atribuible a esa parte en las utilidades no distribuidas. Además, cuando una casa matriz residente en EE.UU. vende acciones de una subsidiaria externa que tiene significativos beneficios no distribuidos, una parte importante de la utilidad de esa venta de acciones puede ser recaracterizada como dividendo y, en tal virtud, estará exenta del impuesto a la renta conforme a las nuevas normas (DRD). El tema no se agota en los comentarios realizados, pero un mayor desarrollo del mismo excedería los límites del presente artículo.

 II.6. Repatriación obligatoria de beneficios externos

Si no se hubiera previsto incorporar una norma puntual que obligue a la repatriación de beneficios retenidos en el exterior, en virtud de adoptar el principio de territorialidad de la fuente en el caso de rentas empresarias, y los grave, hubieran quedado al margen del impuesto aquellas ganancias no distribuidas de períodos anteriores a la fecha antes indicada de entrada en vigor de la norma bajo análisis, ganancias por cifras astronómicas, que ascienden a cientos de miles de millones de dólares. A fines del ingreso del gravamen, la nueva ley establece dos tasas, según como se hayan aplicado las ganancias retenidas, tasas sustancialmente menores a la imposición que hubiera correspondido de acuerdo con la legislación previa.

El Presidente George W. Bush ya había impulsado una ley en el año 2004, promoviendo la repatriación de beneficios a través de muy bajas tasas de imposición sobre los mismos, con el objetivo de alentar inversiones internas y la creación de nuevos empleos. El denominado “blanqueo Bush” no tuvo los efectos deseados. El esquema de la reforma Trump difiere sustancialmente de la ley Bush respecto de beneficios acumulados, atento a que exime del impuesto a la renta a los dividendos de fuentes externas, generados por beneficios obtenidos en ejercicios que se inicien a partir del 1º de enero de 2018.

Bajo las nuevas disposiciones, el accionista de USA que posea el 10% o más de las acciones de una empresa externa debió incluir en 2017 la parte proporcional de los beneficios de tal empresa que no haya estado sujeta a impuesto en los EE.UU. Cabe señalar, que estas disposiciones se aplican a todos los accionistas residentes en USA, significando que comprende a las personas físicas y también a las S corporations, empresas transparentes (pass-through entities), aun cuando la exención de dividendos (DRD), que rige para beneficios obtenidos a partir del 1 de enero de 2018, solo se aplicará a las empresas accionistas de USA que posean no menos del 10% del capital de la empresa externa.

Las dos alícuotas de la nueva ley, a las que antes nos referimos, toman en consideración el modo en que fueron aplicados los beneficios de las sociedades externas en las que participan accionistas de USA. En el caso que la empresa externa haya invertido sus beneficios acumulados en activos líquidos u otras disponibilidades, el accionista de USA, es decir quien posea no menos del 10% del capital de la aludida empresa, queda sujeto a impuesto a la tasa del 15,5% sobre esos beneficios, mientras que en el supuesto de beneficios que fueron reinvertidos en la empresa externa en activos relacionados con su actividad (propiedades, plantas industriales y equipamiento), el accionista de USA queda sujeto al pago del 8% sobre el monto de tales reinversiones. En estos casos puede ser aplicado, con ciertos límites, el crédito por impuesto análogo externo (FTC).

En el caso de personas físicas sujetas a la tasa máxima del 39,6% en 2017, las tasas serán del 9,06% para las posiciones que no sean disponibilidades (cash), beneficios reinvertidos de acuerdo con lo comentado en el párrafo previo, y para las posiciones en activos líquidos, disponibilidades, la tasa será del 17,5%. Si tales personas optan por ser tratadas como corporations (Sección 962 del Código de Rentas Interno) no solo tributarían a las tasas señaladas en el párrafo anterior, sino que, además, podrían computar el FTC del mismo que en el caso de empresas.

La obligación de pago del impuesto para el accionista de USA nace en el momento en que este incluye tales ganancias externas en su declaración de 2017. La ley ha previsto el pago de la mencionada obligación en cuotas. Durante los primeros cinco años, entre 2018 y 2022, se pagará el 8% anual de la citada obligación, 15% en el año 2023, 20% en el año 2024 y 25% en el octavo año, 2025.

Diversas fuentes se refieren, en particular, a las fantasmagóricas cifras de beneficios obtenidos por las empresas tecnológicas y al modo en que, unas al límite otras atravesándolo (8), redujeron el pago de sus impuestos a la renta. Entre tales empresas se cita a Apple, Microsoft y Amazon. Apple, por ejemplo, mantiene en plazas off shore activos líquidos por alrededor de U$S 260.000 millones de dólares.

 II.7. Incentivo a la exportación

Las nuevas disposiciones establecen una tasa reducida para las empresas norteamericanas sobre ingresos derivados de exportaciones. El beneficio es aplicable a los ingresos externos producidos por intangibles (FDII). En términos amplios tales ingresos se definen como todos aquellos ingresos generados por ventas, alquileres o licencias de una empresa de USA a una persona que no es de USA. La empresa de EE.UU. exportadora, puede deducir el 37,5% de la tasa de impuesto que recae sobre sus beneficios (21%). De ello resulta la tasa del 13,1% sobre la FDII, aplicable entre 2018 y 2025, que aumenta, posteriormente, al 16,4%. Esta disposición colisiona con acuerdos de comercio internacional, generando serias dudas respecto de su procedencia, cuestión que deberá ser evaluada por la Organización Mundial de Comercio (OMC). Existieron normas similares en el impuesto a la renta de USA para favorecer a las empresas exportadoras de productos elaborados en EE.UU. (FSC). Tales normas dieron lugar a conflictos con la OMC.

 II.8. Otros aspectos de la reforma USA.

No abordaremos en detalle, dadas sus particularidades, cuestiones como ingreso por intangibles sujetos a mínima tributación externa, que consiste, en general, en que una casa matriz de EE.UU. pague de inmediato el impuesto a la renta norteamericano a una tasa del 10,5%, tasa que a partir del año 2025 se elevará al 13,1%, sobre una parte significativa de los beneficios de sus subsidiarias externas en el año que los mismos fueron obtenidos, más allá de que, o cuando, tales beneficios sean repatriados a los EE.UU., salvo que tales subsidiarias ingresen, en los países en los que desarrollan sus actividades, un importante (material) monto de impuesto por esos beneficios. Aun cuando no se define el término intangible, se estima que se refiere a propiedad intelectual tales como patentes, marcas de fábrica o comercio, know how y derechos de autor (9).

Otro tanto ocurre con una serie de reglas singulares tales como (anti-híbryd rule) que no admite que una empresa residente en USA deduzca los pagos que, por intereses o regalías, realice a una filial externa, sujeta a un cierto control común, bajo determinadas condiciones. Una operación o transacción híbrida, al solo efecto ilustrativo, es una transacción o serie de transacciones, acuerdos o instrumentos de uno o más pagos que son tratados como intereses o regalías a fines tributarios en USA y que no son tratados como tales de acuerdo con la ley impositiva del país en el que el receptor de tales pagos es residente fiscal o está sujeto a impuesto.

Asimismo, entre otros aspectos que también consideramos singulares, se amplió el ámbito de reglas que contemplan el caso de las empresas extranjeras controladas (CFC), para el caso de una casa matriz externa o extranjera que posee subsidiarias en USA y en otros países. En este caso, en virtud de la nueva ley, las subsidiarias externas de esa casa matriz extranjera, hermanas de las subsidiarias de USA, serán tratadas como empresas extranjeras controladas (CFCs).

III. Comentarios finales

En diversas oportunidades señalamos (10), entre otros aspectos no menos significativos, que las modificaciones profundas del sistema tributario, el componente esencial de los ingresos de un estado, por sus características, su trascendencia social, por básicas y elementales razones relativas a su vigencia temporal, permanencia (previsibilidad), demandan, exigen, en las democracias reales de una concertación, un acuerdo, del conjunto de las fuerzas políticas ya que, en caso contrario, la vigencia o la “vida útil” de tales modificaciones, será tan efímera como la mayoría circunstancial que ostente un partido político en el Congreso. Esta reflexión es válidamente aplicable a todos y cada uno de los sistemas democráticos, incluido los EE.UU. de América, país que muestra muy profundas discrepancias entre el gobierno y la oposición, discrepancias que reflejan la marcada división existente en la sociedad estadounidense.

En el artículo citado, argüimos que en las buenas sociedades encarar una reforma tributaria implica la existencia de un cierto nivel de coincidencias, en la comunidad y en quienes componen el arco político que representa al conjunto de la misma. Precisamente, destacamos que el Senador Hatch (R), el miembro más antiguo de la Comisión de Finanzas del Congreso de USA, al inaugurar una conferencia sobre tributación, llevada a cabo en Washington en el 2007, destacó la imposibilidad de realizar una reforma tributaria seria sin que exista un fuerte liderazgo de la Casa Blanca, haciendo hincapié en que dicho liderazgo consiste en obtener el apoyo de la población e involucra a la totalidad del mencionado arco político. En lo que respecta al conjunto del sector político, al arco político, remarcó que ello implica deponer intereses partidarios, a fin de lograr un acuerdo que permita estructurar el sistema impositivo que mejor se adecue a los objetivos nacionales.

La circunstancia, que antes indicamos, referida a que el partido demócrata no votó, siquiera de manera parcial, la reforma impositiva en cuestión, con el agregado que, según sondeos realizados, es rechazada por la mayor parte de los votantes, parece indicarnos que esta reforma no regirá por mucho tiempo. Es dable suponer cambios a partir del momento en que se produzcan modificaciones que alteren las mayorías partidarias actuales en el Congreso norteamericano, mayorías que, seguramente, variarán más temprano que tarde. La reforma profundiza, ahonda, las disparidades que muestra la regresión ocurrida en la distribución del ingreso en los EE.UU. Es indudable, lo hemos manifestado en diversas oportunidades, que una reforma impositiva se debe encarar por la vía de acuerdos para asegurar su aceptación y permanencia, porque, en definitiva, el esquema o sistema tributario de un país integra el núcleo de las políticas de estado que, como señalamos en el citado artículo, expresa la manera en que una sociedad se orienta en la búsqueda del bienestar y la prosperidad de sus ciudadanos, de todos sus ciudadanos.

Finalmente, más allá de los singulares rebrotes proteccionistas surgidos, consideramos difícil, en un mundo cada vez más interrelacionado, que se produzcan en USA, en las magnitudes estimadas por el gobierno, los resultados esperados respecto a inversión y mayor actividad económica interna. Ello, en virtud de que parece improbable que las subsidiarias externas de empresas residentes en USA reduzcan su presencia en el extranjero. Es dable suponer que las empresas ya instaladas, radicadas, en determinados circuitos económicos externos continuarán expandiendo su actividad tanto como les resulte conveniente para obtener mayores beneficios. La maximización de beneficios es el objetivo básico, principal, de la actividad empresarial y ello, más en la actualidad, no se relaciona con nacionalidades o banderas. Seguramente, la reforma tributaria bajo análisis tendrá algún efecto positivo en términos de inversión y de mayor actividad en el territorio norteamericano, pero es posible que sea menor al esperado.

(*) Titular del Estudio Figueroa y Asociados.

(1) FIGUEROA, Antonio H., “La Reforma Tributaria de los EE. UU. de 1986. Implicancias en los países de la Región”, documento elaborado para el Programa de Tributación Conjunto OEA/BID, julio de 1987, ps. 10/120.

(2) LAFFER, Arthur, “La curva de Laffer”, esta curva ilustra una relación teórica entre las tasas de impuesto y el resultado de la recaudación. Se refiere al concepto de elasticidad del ingreso imponible, esto es a la respuesta del mismo respecto de cambios en la tasa de imposición. Una de las implicancias de la curva está referida a la circunstancia de que si la tasa excede cierto nivel su efecto es contrario a un aumento de la recaudación. La otra, en la que logró el consenso entre los más importantes economistas, por su rechazo unánime, supone, erróneamente, que disminuir las tasas de imposición puede aumentar la recaudación. Paul Samuelson, Premio Nobel de Economía, indiscutible e irónico maestro, acuñó la frase: Laffer, ¿what are you laughing at?

(3) FRANKEL, Jeffrey, “The Project Sindicate. Reagan’s Tax Reform Revisited”, USA, 24/11/2017.

(4) HOOPER, Kristian, “Calculating the Impact of Tax Reform. Invesco. Comentaries. Advisor Perspectives”, USA, 22/01/2018.

(5) WAGMAN, Philip – CATALANO, Richard, “Tax Reform Implications for US Business and Foreign Investments”, Ed. Corpo Gov. Law, Harvard Edu, 30/11/2018.

(6) THOMPSON REUTERS, “Tax & Accounting News. 2017 Tax Reform. Check Point Special Study on Foreign Income, Foreign Branch Tax, changes in the ‘Tax Cuts and Jobs Act'”, USA, 30/04/2018.

(7) CONNORS, Peter y otros, “Orrick. Tax Law Update”, USA, 22/12/17.

(8) PEGG, David, “Los Gigantes de la economía nunca pagarán lo que les corresponde a menos que se los obligue”, en The Guardian, UK, 10/05/2018. Pegg menciona una conocida frase del prestigioso Arthur Clarke, que dice que la tecnología avanzada es indistinguible de la magia. En tal sentido, Pegg se refiere a la magia utilizada por los asesores impositivos de tales empresas para reducir el pago de sus impuestos a la renta. Apple, en el último ejercicio, obtuvo beneficios por U$S 42.000 millones y el pago de su impuesto a la renta ascendió a U$S 2.900 millones.

(9) FLOYD, David, “Trump’s Tax Reform Plan”, Ed. Investopedia, USA, 12/01/2018.

(10) FIGUEROA, Antonio H., “Requisitos que exige una reforma tributaria. Contexto Internacional”, artículo publicado en la Revista Impuestos, Ed. La Ley, Buenos Aires, Argentina, mayo de 2010.