Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contenciosoadministrativo Federal, sala V(CNFedContenciosoadministrativo)(SalaV)

Fecha: 31/08/2018

Partes: Fundación Poder Ciudadano c. EN s/ amparo – ley 16.986

Publicado en: LA LEY 18/09/2018 con nota de Luis E. Pravato 18/09/2018 LA LEY 18/09/2018 , 8 18/09/2018 LA LEY 03/10/2018 con nota de Orlando D. Pulvirenti 03/10/2018 LA LEY 03/10/2018 , 6 03/10/2018

Hechos:

El juez resolvió rechazar una acción colectiva de amparo tendiente a que se declare como objeto la inconstitucionalidad del régimen de presentación de declaraciones juradas de los funcionarios públicos previsto en la Ley 26.857 por entender que vulneraba el derecho de los ciudadanos de acceder a la información pública. La actora, disconforme, introdujo un recurso de apelación. La Cámara rechazó el remedio intentado, aunque lo acogió con respecto al anexo reservado del cónyuge y grupo familiar del declarante.

Sumarios:

1. La acción de amparo colectiva tendiente a la declaración de inconstitucionalidad de la ley 26.857 sobre declaraciones juradas patrimoniales debe rechazarse, toda vez que no limita el acceso a la información, sino que, por el contrario, dispone su carácter público, su libre accesibilidad para toda persona de forma gratuita a través de internet y prevé un detallado formulario como declaración jurada, en el cual deben consignarse todos los datos previstos; a lo que se suma que el recurrente tampoco ha acreditado que cierta información le haya sido denegada ante eventuales pedidos de acceso a esa información pública o que ellos no se exhiban en las declaraciones públicas.

2. El hecho de que los datos patrimoniales del cónyuge, conviviente e hijos menores de funcionario público declarante hayan pasado a formar parte de un anexo reservado constituye un retroceso en el reconocimiento del derecho de acceso a la información pública, por cuanto, si bien existe una necesidad de protección y reserva de los datos sensibles del declarante y de su grupo familiar, lo cierto es que la demandada no brinda los argumentos que justifiquen de manera válida y conforme a los principios constitucionales, las restricciones impuestas en este nuevo régimen a la información de la ley 26.587 que —hasta ese momento— era de carácter público; máxime si mediante las declaraciones juradas patrimoniales no se exige información sensible o información que ponga en peligro la integridad de los declarantes ni de su grupo familiar.

Texto Completo: 2ª Instancia.- Buenos Aires, agosto 31 de 2018.

El doctor Treacy dijo:

I. Que a fojas 246 el juez de la anterior instancia resolvió rechazar la presente acción colectiva de amparo, con costas. Dicha acción tenía como objeto que se declarara la inconstitucionalidad del régimen de presentación de declaraciones juradas previsto en la Ley N° 26.857, reglamentada por el Decreto N° 895/2013, por considerarlo contrario a las obligaciones internacionales asumidas por el Estado argentino.

Para así decidir, el juez a quo se remitió al razonamiento y a los argumentos expuestos por el Ministerio Público Fiscal. En ese dictamen, la fiscalía sostuvo que la procedencia de este tipo de acciones requiere la demostración de un interés especial en el proceso, que se traduce en que los agravios alegados afecten a quien acciona de forma suficientemente directa o substancial.

En este sentido, indicó que independientemente de la posible invocación de intereses generales, la admisión de la pretensión de Poder Ciudadano implicaría la realización de una declaración general y abstracta por parte del Poder Judicial, lo que importaría una virtual derogación de la Ley N° 26.857, prescindiendo de las circunstancias fácticas que puedan justificarla.

II. Que contra esa decisión, a fojas 147/152 la actora apela y expresa agravios.

En su recurso, la accionante reitera los agravios por los cuales entiende que la normativa cuestionada afecta al derecho de acceso a la información pública. En tal sentido, manifiesta que el Estado Nacional podría ser responsable, ya que la Ley N° 26.857 resulta contraria a la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, entre otros tratados.

Afirma que “no se trata aquí de acercar ‘elementos probatorios’ o de determinar cuál es la ‘actividad’ por parte de la demandada que configura la afectación, ya que la afectación está dada por la norma misma y lesiona por sí sola y de manera autosuficiente el acceso a la información pública” y agrega que “el acto lesivo por parte del Estado Nacional fue justamente la implementación del nuevo régimen regresivo de declaraciones juradas” (fs. 149 vta.).

Por último, afirma que la Fundación Poder Ciudadano tiene expresamente entre sus propósitos la promoción del contralor cívico y la promoción de la vigencia del orden jurídico y las instituciones republicanas, lo cual —según sostiene— se ven comprometidos al haberse vulnerado el acceso a la información y los medios de control y la participación de la ciudadanía a través de una represión ilegal en el régimen de declaraciones juradas de los funcionarios públicos.

III. Que a fojas 159/162 la demandada contesta los agravios expresados por su contraria. A los fundamentos allí expuestos corresponde remitirse por razones de brevedad.

IV. Que sentado ello, corresponde —en primer término— recordar que el amparo es un proceso sumamente simplificado en sus dimensiones temporales y formales, pues la finalidad fundamental de la pretensión que constituye su objeto consiste en reparar, con la mayor premura, la lesión manifiesta de un derecho reconocido en la Constitución Nacional, un Instrumento Internacional o una ley (v. Palacio, Lino Enrique, Derecho Procesal Civil, tomo VII, Buenos Aires, Abeledo-Perrot, 2005, p. 137).

A la protección de estos derechos se refiere el primer párrafo del artículo 43 de la Constitución Nacional en que encuentra cabida la tradicional acción de amparo, instituida por vía pretoriana por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los conocidos precedentes “Siri” y “Kot” (Fallos: 239:459 y 241:291, respectivamente) y consagrada más tarde legislativamente.

Ahora bien, los derechos de incidencia colectiva que tienen por objeto bienes colectivos (art. 43, segundo párrafo, de la Constitución Nacional) son ejercidos por el Defensor del Pueblo de la Nación, las asociaciones que concentran el interés colectivo y el afectado. En estos casos, cuando se ejercita una pretensión procesal para la prevención o reparación del perjuicio causado a un bien colectivo, se obtiene una decisión cuyos efectos repercuten sobre el objeto de la causa petendi, pero no hay beneficio directo para el individuo que ostenta la legitimación (Fallos: 322:111). En este tipo de supuestos, la prueba de la causa o controversia se halla relacionada con una lesión a derechos sobre un bien colectivo, como sucede en el presente caso, donde la accionante sostiene que el plexo normativo cuestionado “constituye un retroceso en el reconocimiento del derecho de acceso a la información pública por parte de todos los ciudadanos” (fs. 2 vta.).

Puede afirmarse, pues, que la tutela de los derechos de incidencia colectiva sobre bienes colectivos debe ser diferenciada de la protección de los bienes individuales, sean patrimoniales o no, para los cuales hay una esfera de disponibilidad en cabeza de su titular (Fallos: 332:111).

Que en tal contexto, corresponde recordar que la accionante solicita la declaración de inconstitucionalidad del régimen de presentación de declaraciones juradas previsto en la Ley N° 26.857, ya que sostiene que el nuevo régimen constituye un retroceso en el acceso a la información pública por parte de los ciudadanos. En tal sentido, afirma que el nuevo sistema de declaraciones juradas fija “restricciones infundadas al acceso a la información que escapan al régimen excepcional por el cual las mismas pueden ser interpuestas, por lo cual dicha normativa deviene manifiestamente inconstitucional” (fs. 24).

V. Que en primer lugar, corresponde señalar, tal como lo ha sostenido el Fiscal General en su dictamen, que el deber de los funcionarios públicos de presentar declaraciones juradas se enmarca en la promoción de la transparencia como valor central del sistema democrático, al que la Constitución Nacional otorga una especial protección en tanto fuente primaria de legitimidad de nuestras instituciones (art. 36 CN). Asimismo, la transparencia en la función pública se encuentra íntimamente asociada con la prevención y la lucha contra la corrupción, objetivos que comprometen al Estado argentino a raíz de la adhesión a la Convención Interamericana contra la Corrupción y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción.

En este contexto, la Ley N° 25.188 de “Ética en el ejercicio de la función pública”, reguló —en el capítulo III— el régimen de declaraciones juradas para los funcionarios públicos mencionados en el artículo 5° de dicho cuerpo legal y dispuso que dichas declaraciones deben “contener una nómina detallada de todos los bienes, propios del declarante, propios de su cónyuge, los que integren la sociedad conyugal, los del conviviente, los que integren en su caso la sociedad de hecho y los de sus hijos menores, en el país o en el extranjero…” (art. 6°). Asimismo, en dicha norma se especifican una serie de datos particulares que la declaración jurada debía individualizar, debiéndose consignar el valor y la fecha de adquisición de cada bien denunciado, así como el origen de los fondos aplicados para cada adquisición.

Con posterioridad, la Ley N° 26.857 estableció que las declaraciones juradas patrimoniales referidas en la Ley N° 25.188 son de carácter público, de libre accesibilidad y “podrán ser consultadas por toda persona interesada en forma gratuita a través de internet, de conformidad con el procedimiento que establezca la reglamentación (art. 1°). Además, el texto legal aclara que “[l]as declaraciones juradas públicas a que se refiere esta ley serán iguales a aquellas que se presentan ante la Administración Federal de Ingresos Públicos, no rigiendo para estos casos el secreto fiscal establecido por la legislación impositiva” (art. 4°).

La reglamentación de la ley, el Decreto N° 895/2013, en su anexo establece el formulario de declaración jurada para la presentación de datos con carácter reservado y encomienda a la AFIP la confección de un formulario especial para los casos de personas que, hasta ese momento, no hubieren presentado declaraciones juradas. También prevé un mecanismo para que la información recabada por el organismo fiscal sea remitido a la Oficina Anticorrupción, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6° de la Ley N° 26.857.

A partir de ello, la AFIP emitió la Resolución General N° 3511/2013 a través de la cual aprobó el Formulario N° 1245 sobre “Declaración Jurada Patrimonial Integral” y expresó que los sujetos obligados a presentarla deben hacerlo al momento de iniciar su función pública y anualmente, mientras desempeñen el cargo.
Por último, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación dictó la Resolución N° 1695/2013, mediante la cual implementó el mecanismo dispuesto por la AFIP para la presentación de declaraciones juradas patrimoniales de los funcionarios públicos (art. 4°), así como también aprobó el modelo de visualización de la información pública presentada a través del formulario “Declaración Jurada Patrimonial Integral – F 1245” (art. 8°).

VI. Que a partir de lo expuesto, se advierte que la Ley N° 26.857, modificatoria de la Ley N° 25.188, no limita el acceso a las declaraciones juradas de los funcionarios públicos sino que, por el contrario, dispone su carácter público, de libre accesibilidad para toda persona de forma gratuita a través de internet. Asimismo, y tal como surge de la reseña normativa efectuada, el sistema diseñado por el legislador e implementado mediante las resoluciones de la AFIP y del Ministerio de Justicia, no releva a los funcionarios públicos de presentar declaraciones juradas ni establece prohibiciones de acceso a la información patrimonial de carácter personal por ellos declarada.

VI.1.- En este sentido, el Tribunal no advierte el retroceso en la información que debe declarar el funcionario público —en la Declaración Jurada Patrimonial (de carácter público)— comparando el régimen vigente con el anterior. La entidad actora manifiesta que “en la actualidad la información disponible es excesivamente menor, en comparación al marco normativo anterior, produciéndose en los hechos una imposibilidad real de acceder a la información que pueda dar cuenta sobre la evolución patrimonial de los funcionarios públicos” (fs. 15).

Sin embargo, contrariamente a lo expresado por la accionante, la nueva Ley N° 26.857 prevé un detallado formulario como declaración jurada, en el cual deben consignarse todos los datos previstos, no solo en ese texto legal, sino también según las exigencias de la AFIP y del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en las resoluciones administrativas antes señaladas.

Del análisis particular de la “Declaración Jurada Patrimonial Integral – F1245” surge que el declarante debe detallar los bienes al inicio del año (inmuebles, automotores, depósitos en dinero y otros bienes), los bienes al final de año, las deudas (préstamos, hipotecarios, prendarios, personales), las tarjetas de crédito, los ingresos y gastos, la evolución patrimonial (debiendo indicar diferencias por valuaciones fiscales de los bienes), entre otros datos que pueden ser agregados. Todo ello debe ser volcado en distintas solapas que van exigiendo distintos niveles de detalles de la información a medida que el declarante avanza con la carga de los datos requeridos.

A modo de ejemplo, cabe puntualizar que la amparista, en su demanda, manifiesta que “el sistema anterior informaba cuántos inmuebles tenía un funcionario público, de cuántos metros, de qué valor, en qué carácter lo había adquirido, cuándo y el origen de los fondos [y que], en la actualidad, sólo se puede observar un número rígido en la categoría de bienes inmuebles, pero sin la posibilidad de conocer si se trata de uno o más inmuebles” (fs. 15).

Ahora bien, tal afirmación no se condice con lo exigido en la declaración jurada actual, donde en la solapa referente a inmuebles el declarante debe informar el tipo de bien, la descripción del mismo, el importe y, luego, por cada uno de ellos, se despliega una pantalla donde se debe informar respecto del inmueble: su radicación, origen de los fondos, fecha de adquisición, tipo de inmueble, destino del inmueble, porcentaje de titularidad, superficie, valor de compra actualizado, valuación fiscal total, monto total, entre otros datos requeridos. Con la carga de dichos datos entonces, no es posible sostener que se trata aquí de informar un número rígido en esa categoría, ya que el nivel de detalle exigido permite el debido control patrimonial del funcionario en lo que a esa información respecta.

Asimismo, cabe señalar que el propio sistema de la AFIP, en los casos de declaración de datos que lo requieran, migra los datos informados por el titular en otras
declaraciones juradas correspondiente a distintos tributos a los fines de su control y compatibilidad con la información ingresada.

VI.2.- En este contexto de análisis, el Tribunal entiende que la actora no logró acreditar la ilegitimidad del régimen de declaraciones juradas —en lo que respecta a su carácter público— que impugna mediante la presente acción, en tanto no ha demostrado en el sub lite de qué modo concreto el sistema de normas objetado vulnera en forma manifiesta el derecho de acceso a la información pública. Tampoco ha acreditado en el sub lite que cierta información le haya sido denegada ante eventuales pedidos de acceso a esa información pública o que ellos no se exhiban en las declaraciones públicas. Por lo tanto, las precisiones, cuya ausencia adjudica al actual régimen de declaraciones juradas, resulta ser una mera manifestación de disconformidad que no se comprueba en la comparación de las declaraciones del régimen anterior y del vigente.

En conclusión, la actora debía, para la procedencia en este punto de la acción del amparo, demostrar de qué modo el régimen impugnado vulnera el derecho de acceder a información pública, sin lo cual, su pretensión se torna genérica y se convierte en una mera expresión de disconformidad. En este sentido, las expresiones respecto a que el nuevo régimen de declaraciones juradas resulta menos conveniente en términos de transparencia activa y rendición de cuentas, sin la demostración concreta y específica del agravio a su derecho de acceso a la información, determinan la improcedencia de este punto de la acción. Máxime cuando no existe un derecho al mero mantenimiento de determinado ordenamiento jurídico (Fallos: 339:245).

VII. Que sin embargo, resulta pertinente destacar que el artículo 5° de la Ley N° 26.857 establece una modificación sustancial al régimen anterior de declaraciones juradas en lo referente a los datos patrimoniales del cónyuge, conviviente e hijos menores del declarante, los cuales pasaron a formar parte de un anexo reservado que fue reglamentado mediante la Resolución N° 1695/2013 del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

Ahora bien, según la accionante dicha modificación afecta el derecho de acceso a la información pública reconocido por la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales. Ello así, toda vez que entiende que, previo a la modificación del régimen, el funcionario tenía la obligación de llenar un formulario para el cónyuge, conviviente o hijos menores, en caso de que cualquiera de estos tuviera bienes propios y que, ahora, al pasar dicha información al anexo reservado, “no hay posibilidad de acceso por parte de los ciudadanos [de esa información], sólo susceptible de conocerse por medio de una orden judicial” (fs. 15 vta.).

En este sentido, resulta menester destacar que el régimen anterior preveía que la declaración jurada patrimonial integral debía contener el detalle de la información requerida del funcionario público y que éstos tenían la obligación de llenar un formulario respecto del cónyuge, conviviente o hijos menores en caso de que cualquiera de estos tuvieren bienes propios. Todo ello, formaba parte de la declaración jurada pública, mientras que formaban parte del anexo reservado sólo aquellos datos relativos a la identificación particular de los bienes o los nombres de los bancos y/o numeraciones de las tarjetas de crédito o cuentas corrientes, cajas de seguridad, etc., tanto del declarante como del cónyuge, conviviente o hijos menores (cfr. Decreto N° 164/1999).

La nueva reglamentación, en la declaración jurada patrimonial integral de carácter público, sólo exige la identificación del cónyuge, conviviente o hijos menores, pero no exige la carga de ningún tipo de dato referente al patrimonio de éstos. Toda la información de dichas personas identificadas por el declarante debe ser volcada en el formulario “F1246 – Anexo Reservado – Cónyuge. Conviviente y/o Hijos Menores no Emancipados”, de carácter reservado.

VII.1.- Atento a ello, corresponde poner de resalto que en materia de derechos uno de los principios fundamentales es el de no regresividad, es decir, la prohibición de adoptar políticas, medidas y, en general, normas jurídicas que significan un retroceso en la efectividad de los derechos reconocidos en la Constitución o en normas de jerarquía equivalente.

En ese orden de consideraciones la Corte Interamericana de Derechos Humanos sostuvo que “…de conformidad con el deber dispuesto en el artículo 2 de la Convención, el
Estado tiene que adoptar las medidas necesarias para garantizar los derechos protegidos en la Convención, lo cual implica la supresión tanto de las normas y prácticas que entrañen violaciones a tales derechos, así como la expedición de normas y el desarrollo de prácticas conducentes a la efectiva observancia de dichas garantías. En particular, ello implica que la normativa que regule restricciones al acceso a la información bajo el control del Estado debe cumplir con los parámetros convencionales y sólo pueden realizarse restricciones por las razones permitidas por la Convención, lo cual es también aplicable a las decisiones que adopten los órganos internos en dicha materia (CIDH, caso “Claude Reyes y otros vs. Chile”, sentencia de 19 de septiembre de 2006, párr. 101).

Asimismo, se debe mencionar que uno de los principios que el Estado debe observar al momento de diseñar el régimen de declaraciones juradas, es el principio de máxima divulgación, según el cual los Estados se obligan a diseñar un régimen jurídico en el cual la transparencia y el derecho de acceso a la información sean la regla general, sólo sometida a estrictas y limitadas excepciones.

En efecto, se ha dicho que “en una sociedad democrática es indispensable que las autoridades estatales se rijan por el principio de máxima divulgación, el cual establece la presunción de que toda información es accesible, sujeto a un sistema restringido de excepciones”. Ello, en el marco de que “el actuar del Estado debe encontrarse regido por los principios de publicidad y transparencia en la gestión pública, lo que hace posible que las personas que se encuentran bajo su jurisdicción ejerzan el control democrático de las gestiones estatales, de forma tal que puedan cuestionar, indagar y considerar si se está dando un adecuado cumplimiento de las funciones públicas” (CIDH, “Claude Reyes”, cit., párr. 86).

VII.2.- En este contexto entonces, el Tribunal debe dilucidar si la modificación introducida por el nuevo régimen, en virtud de la cual los datos referidos al patrimonio del cónyuge, conviviente o hijos menores ahora se incluyen en el anexo reservado, constituye un retroceso en el reconocimiento del derecho de acceso a la información pública en los términos en que ha sido receptado en nuestro orden interno, y si ello está en consonancia con la Constitución Nacional y los tratados de derechos humanos con jerarquía constitucional.

La demandada, en su defensa, sostiene que el derecho en cuestión no es un derecho absoluto, “toda vez que en aras del principio de transparencia que orienta a la normativa aplicable a la controversia, no debe avasallarse la reserva y la protección de datos sensibles que pudieran consignarse en las declaraciones juradas, tanto respecto de los propios obligados como de los terceros que compongan sus respectivos grupos de convivencia, pues éstos también cuentan con protección constitucional respecto de sus derechos a la seguridad y a la privacidad que encuentra su fuente principal en los artículos 18 y 19 de la Constitución Nacional” (fs. 75).

Ahora bien, no existen dudas y asiste razón a la demandada en cuanto a la necesidad de protección y reserva de los datos sensibles del declarante y de su grupo familiar, lo cual ya se encontraba, según el Decreto N° 164/1999, debidamente resguardado en el régimen de declaraciones juradas anterior, que luego fue modificado. Es decir, que la demandada no brinda ni este expediente ni tampoco surge de los considerandos y motivaciones de las normas involucradas, los argumentos que justifiquen de manera válida y conforme a los principios constitucionales, las restricciones impuestas en este nuevo régimen a la información que —hasta ese momento— era de carácter público. En otras palabras, el Estado debía justificar esta nueva limitación al derecho de acceso a la información pública, en el marco de los principios ya mencionados de máxima divulgación y de progresividad en el reconocimiento de los derechos.

En este contexto, la mera afirmación de que deben establecerse “condiciones que impidan el acceso irrestricto de terceros al contenido de sus declaraciones juradas patrimoniales” (fs. 75 vta.) no explica la eliminación de todo dato referente al patrimonio del grupo familiar del declarante que, en las propias palabras de la demandada, resulta información “de carácter inescindible” respecto de éste. No está en discusión aquí, la necesidad de mantener en reserva ciertos datos confidenciales o sensibles, sino que el Tribunal no encuentra justificada la restricción absoluta de acceso a esa información que, antes de la modificación cuestionada, estaba receptada en la reglamentación.

VII.3.- En conclusión, resulta menester recordar que todos los datos estatales son públicos, por lo cual si el Estado desea reservar información, recae sobre éste la carga de demostrar que el secreto constituye una urgente necesidad. Tratándose de información que tiene carácter esencialmente público, sólo puede legitimarse el secreto por un interés igualmente público. Esto es, que el mismo argumento que justifica la transparencia, puede habilitar el secreto. Cuando la divulgación de información pone en peligro a la sociedad y a los individuos que la integran, es entonces cuando puede justificarse la reserva (Basterra, Marcela, “El derecho de acceso a la información pública. Análisis del proyecto de ley federal”, en Anales, Tomo XXXVII – 2010 – Parte 2, Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas, Buenos Aires, 2011, p. 325).

Por ello, toda vez que la propia demandada manifiesta que la información relativa al cónyuge, conviviente o hijos menores resulta información de carácter inescindible a la del propio declarante, el Tribunal no advierte ni encuentra justificada en las manifestaciones del Estado la nueva restricción en la información pública de esos datos. No se exigen datos sensibles ni información destinada a identificar bienes y/o cuentas bancarias, sino información que cumpla con los estándares y las obligaciones del Estado en aplicar medidas destinadas a crear, mantener y fortalecer sistemas para la declaración de los ingresos, activos y pasivos por parte de las personas que desempeñan funciones públicas en los cargos que establezca la ley y para la publicación de tales declaraciones cuando corresponda (artículo III, punto 4° de la Convención Interamericana contra la Corrupción).

Cabe puntualizar, tal como lo hace la amparista, que la propia normativa internacional asigna a la ciudadanía y a las organizaciones no gubernamentales un rol central en el control de los actos de gobierno y en la lucha contra la corrupción (cfr. art. III, punto 11 de la Convención Interamericana contra la Corrupción), asegurando entonces que el Estado garantice el acceso a determinada información a fin de cumplir con el debido control y con el espíritu de la Convención.

En atención a ello, toda vez que no se trata de exigir información sensible o información que ponga en peligro la integridad de los declarantes ni de su grupo familiar, la restricción efectuada por la demandada al derecho de acceso a la información pública en lo que respecta al punto en análisis resulta injustificada y, por ello, contraria a las obligaciones del Estado, que emergen de la Constitución Nacional, y de los tratados internacionales a los cuales nuestro país ha adherido y garantizado su cumplimiento.

VIII. Que en tales condiciones, corresponde declarar inconstitucional el artículo 5° de la Ley N° 26.857 (modificatoria de la Ley N° 25.188), y las normas del Decreto N° 895/2013 y de la Resolución N° 1695/2013 del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, tendientes a regular y reglamentar el anexo reservado de las declaraciones juradas, en cuanto resulten regresivas —en comparación con el derecho de acceso a la información garantizado por el régimen anterior— y contrarias a lo aquí expuesto, respecto a la información relativa al patrimonio del cónyuge, conviviente o hijos menores del declarante.

En consecuencia, la demandada deberá, en el marco del principio de máxima divulgación, del derecho de acceso a la información pública y del principio de progresividad de los derechos, adecuar el régimen de las declaraciones juradas patrimoniales integrales a fin de permitir a los ciudadanos, asociaciones no gubernamentales y todo aquel que, según las normas, se encuentre legitimado, el debido control y el acceso a la información que, como mínimo, tenían garantizado con el régimen modificado. Esto es, entre otros aspectos, información que permite controlar y comparar la evolución patrimonial tanto del declarante como de su cónyuge, conviviente o hijos menores, en caso de que corresponda.

Así voto.

El doctor Alemany adhiere en lo sustancial al voto que antecede.

Por las consideraciones expuestas, el Tribunal resuelve: 1) Rechazar el recurso de apelación interpuesto por la actora en lo referente a las impugnaciones de la Declaración Jurada Patrimonial Integral de acceso público y confirmar —en ese punto— la sentencia de grado, por los fundamentos aquí expuestos; 2) Hacer lugar al recurso de la accionante y, en consecuencia, revocar la sentencia en lo referente a la información del cónyuge, conviviente o hijos menores del declarante. En consecuencia, declarar inconstitucional el nuevo régimen de las declaraciones juradas establecido mediante el artículo 5° de la Ley N° 26.857 y el Decreto N° 895/2013, las resoluciones Nros. 3511/2013 de la Administración Federal de Ingresos Públicos y 1695/2013 del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación en tanto reglamentan el anexo reservado respecto del cónyuge, conviviente o hijos menores y ordenar a la demandada que adecúe, en este punto, el régimen de las declaraciones juradas patrimoniales integrales dando cumplimiento a lo aquí expuesto y a las obligaciones constitucionales y en materia de la lucha contra la corrupción en los tratados internacionales; 3) Las costas de ambas instancias se imponen en el orden causado en atención a la forma en que se resuelve (art. 68 del Cód. Proc. Civ. y Com. de la Nación). Se deja constancia de que el doctor Gallegos Fedriani no suscribe la presente por hallarse en uso de licencia (art. 11 RJN). Regístrese, notifíquese y al Fiscal General en su público despacho y devuélvanse. — Guillermo F. Treacy. — Jorge F. Alemany.