Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, sala VI(CNTrab)(SalaVI)

Fecha: 06/07/2018

Partes: B. A. M. c. Citibank NA s/ despido

Publicado en: La Ley Online

Hechos:

La sentencia consideró justificado el despido indirecto ante la falta de pago de las horas trabajadas desde el domicilio del trabajador. La Cámara modificó el monto de condena.

 

Sumarios:

  1. La falta de pago de las horas laboradas en exceso de la jornada legal, en el caso, cumplidas desde el domicilio del trabajador, constituye una injuria suficientemente impeditiva de la prosecución del vínculo laboral en los términos del artículo 242 de la Ley de Contrato de Trabajo.

 

Texto Completo: Expediente N° CNT 58042/2013

2ª Instancia.- Buenos Aires, julio 6 de 2018.

El doctor Raffaghelli dijo:

Contra la sentencia de primera instancia vienen en apelación ambas partes.

La parte actora presenta su memorial recursivo a fs. 338I/345I; y la demandada lo hace a fs. 346I/361; siendo dichas quejas replicadas a fs. 366/370 y a fs. 379/380, respectivamente.

Asimismo, el perito informático a fs. 335I y el perito contador a fs. 336I cuestionan los honorarios que les fueron regulados por considerarlos reducidos.

Por cuestiones de orden lógico, examinaré en primer término los agravios expuestos por la entidad bancaria demandada en relación a la valoración de la injuria invocada por la trabajadora para considerarse incursa en situación de despido indirecto, vinculada con la falta de pago de las horas laboradas en exceso de la jornada legal.

Desde esta perspectiva, adelanto que la queja en examen no tendrá favorable andamiento puesto que de los elementos probatorios aportados a la causa surge demostrado que si bien la actora cumplía un horario de 9 a 18 horas de lunes a viernes en el establecimiento, lo cierto es que también debía cumplir funciones desde su casa en horarios dispares debido a la naturaleza de su trabajo vinculada con los horarios de otros países (ver testimonio de L. a fs. 244; y de R. a fs. 289).

Por otra parte, no se advierte en la pieza recursiva en examen, elemento objetivo que justifique un apartamiento de lo decidido en grado respecto a la concreción de tareas fuera de la jornada legal (art. 116 LO).

Al respecto, cabe recordar que la acreditación de una de las causales invocadas —que obstó a la continuidad del vínculo laboral y, en consecuencia, legitimó la denuncia del contrato— exime de analizar la suerte de las restantes injurias invocadas en función de la indivisibilidad del contrato de trabajo. Ello por cuanto el despido puede basarse en varios hechos, y al trabajador le basta probar que uno de los hechos injuriantes invocados revistió la gravedad suficiente como para justificar el despido.

Desde esta perspectiva, la falta de pago de las horas laboradas en exceso de la jornada legal, constituye una injuria suficientemente impeditiva de la prosecución del vínculo laboral en los términos del artículo 242 de la Ley de Contrato de Trabajo.

Por lo expuesto, propongo se mantenga lo decidido en origen en relación a la legitimidad del despido indirecto en que se colocara la trabajadora.

Seguidamente, y en relación a las horas extras, me adentraré en el recurso planteado por la accionante vinculado con la cantidad de horas de tal naturaleza, que han sido computadas por la sentenciante de grado.

En este sentido, adelanto mi coincidencia con lo decidido en grado respecto a la cantidad de horas en cuestión (30 horas extras mensuales), ello así en atención a lo establecido por la convención colectiva aplicable (CCT 18/75), y los términos de la pretensión de autos.

Por lo demás, cabe destacar que tampoco se advierte en la queja en examen, elementos objetivos que justifiquen una decisión diferente al respecto, limitándose el presentante verter manifestaciones genéricas y subjetivas de disconformidad con la decisión.

Distinta suerte, correrá el reclamo de la actora en relación al valor de la hora extra, pues del informe pericial contable (ver fs. 249, fs. 307 y fs. 323) surge que la remuneración a ser tomada en consideración a tal efecto es la de $27.523,57 que incluye sumas no remunerativas por acta acuerdo del 11/07/2012.

En tal sentido, cabe recordar que en el conocido precedente “Pérez c. Disco”, la Corte Suprema declaró la inconstitucionalidad del art. 103 bis inc. “c” de la Ley de Contrato de Trabajo (texto según ley 24.700), relativo a los vales alimentarios, en cuanto dicha norma negaba a esos beneficios naturaleza salarial, pues consideró —entre otras razones— que “llamar a las cosas por su nombre, esto es, por el nombre que el ordenamiento constitucional les da, resulta, en el caso, un tributo a la ‘justicia de la organización del trabajo subordinado’” (CSJN, sentencia del 01/09/2009 en autos P.1911.XLII “Pérez, Aníbal R. c. Disco SA”). Y más recientemente, el alto Tribunal extendió esa doctrina a las “asignaciones mensuales no remunerativas de carácter alimentario” establecidas por algunos decretos (CSJN, 19/05/2010, “González, Martín N. c. Polimat SA y otro”) como así también en Díaz c. Cervecería y Maltería Quilmes. Por aplicación de esos criterios, esta Sala declaró en numerosas ocasiones la inconstitucionalidad de cláusulas convencionales, en cuanto calificaban de “no remunerativos” a adicionales similares a los establecidos en los acuerdos colectivos sub examine.

Por tanto, corresponde calcular el valor de la hora extra, tomando en consideración la suma anteriormente mencionada de $27.523,57.

En consecuencia, el valor horario con el recargo del 50% arroja un total de $206,42 ($27.523:200 x 1,5) y el total por las horas extras reclamadas por el período no prescripto arroja la suma de $148.622,4.

Por tanto, la mejor remuneración mensual asciende a la suma de $33.716,17 ($27.523,57 más la de $6.192,6 —por 30 horas extras mensuales—).

Dicho monto se verá reducido a la suma de $27.889,77 por aplicación del tope legal previsto por el art. 245 LCT (ver fs. 38 vta.), sin que se advierta la existencia de elementos objetivos que justifiquen en el caso la aplicación de la doctrina sentada por la Corte Suprema de la Nación en la causa “Vizzoti”, dando así tratamiento al agravio expuesto por la parte actora.

En atención a lo decidido en materia remuneratoria, corresponde recalcular los montos de los distintos rubros indemnizatorios, a excepción de la indemnización por antigüedad que por lo anteriormente expuesto se mantiene en el monto establecido en grado de $139.448,85.

La indemnización sustitutiva del preaviso se fija en la suma de $67.432,34 más $5.619,36 en concepto de SAC. En relación a este aspecto —cálculo de la indemnización sustitutiva del preaviso según una antigüedad superior a cinco años— destaco que si bien en grado se ha considerado que el egreso de la actora se ubica el 19/10/2012, lo cierto es que al calcular los distintos rubros indemnizatorios se ha condenado al pago de los salarios del mes de noviembre del año 2012, circunstancia que coincide con lo expuesto por la actora en su escrito de inicio y con los términos del informe pericial contable. Por tanto, y en consideración a dicha antigüedad el cálculo debe hacerse tomando en consideración dos meses —dando así tratamiento al agravio vertido por la parte actora en cuanto a su cálculo—.

La integración del mes de despido se establece en $23.601,31 más $1.966,77 en concepto de SAC; y los días correspondientes al mes de noviembre en la suma de $10.114,85.

Las vacaciones proporcionales año 2012 se fijan en la suma de $22.421,25 más $1.868,43 en concepto de SAC. El reclamo por vacaciones año 2011 y 2010 no resulta procedente en atención a que las mismas no resultan compensables en dinero cuando ya no está vigente el período previsto para gozarlas, y, por lo demás, en el caso no se ha expuesto si las mismas han sido efectivamente gozadas.

El SAC proporcional —concepto que arriba firme— en $11.238,72.

Lo decidido en grado en relación al incremento indemnizatorio establecido por el art. 2 de la Ley 25.323 (queja de la parte demandada), debe en mi opinión, ser mantenido. Ello así por cuanto en el caso, la actora ha dado cumplimiento a los recaudos formales establecidos por la normativa y se ha visto obligada a iniciar las presentes actuaciones judiciales para poder percibir las indemnizaciones derivadas de la extinción del vínculo. Por tanto, la misma se fija en la suma de $119.034,31.

Asimismo, corresponde mantener lo resuelto en primera instancia respecto a la procedencia de la indemnización establecida en el art. 80 LCT, toda vez que las certificaciones aportadas no contienen los datos reales del vínculo dependiente que uniera a las partes, como la remuneración. La misma se fija en la suma de $101.148,51.

Sentado lo expuesto, me adentraré en la queja vertida por la parte actora en relación a su reclamo por daño moral como consecuencia del hostigamiento recibido por parte de un directivo de la entidad bancaria demandada.

Desde esta perspectiva, adelanto mi coincidencia con lo expuesto en grado al respecto, puesto que, de la prueba colectada en la presente causa, no surgen en mi opinión, demostrados los presupuestos fácticos expuestos por la trabajadora.

En este sentido, cabe puntualizar que los testigos R., R. y M.; que declaran respectivamente a fs. 241, fs. 289 y fs. 294 —ofrecidos por la parte actora— refieren saber lo que exponen por comentarios de la propia actora, expresan haberla visto angustiada, llorando; pero ninguna de ellas presenció ninguna conducta por parte del ejecutivo señalado. Asimismo, el testigo M. (fs. 239) refiere una relación conflictiva entre la actora y su jefe, aclarando que lo sabe porque le comentó la actora.

Por otra parte, el resto de los declarantes nada refieren al respecto; salvo el testigo M., quien llevara a cabo la investigación luego de la denuncia de la trabajadora por discriminación y acoso contra su jefe; concluyendo el testigo en que el tema central en conflicto era el horario y la flexibilidad. En relación a dicha investigación algunos deponentes exponen lo declarado en la misma, argumentando en relación a la normalidad de la relación entre el jefe denunciado y sus empleados (fs. 234, fs. 236, fs. 239, fs. 244).

En autos, no se ha demostrado ni siquiera de modo indiciario, que la actora fuera objeto de hostigamiento o acoso por parte de su superior, ni se evidencia situación alguna que pueda ser calificada como tal.

Tampoco resulta atendible la queja expuesta en relación a la pretensión actora en los términos del artículo 213 LCT; puesto que, para su procedencia se requiere que la extinción del vínculo opere durante el plazo de licencia paga, lo cual no ha sido demostrado en autos; en el caso no se ha demostrado que la trabajadora hubiera cumplido con los recaudos previstos por el art. 209 LCT. Por lo demás, tampoco se advierte en el escrito recursivo en examen, elemento objetivo alguno que justifique un apartamiento de lo decidido al respecto.

En conclusión, de prosperar mi voto, propongo se modifique el fallo apelado y se establezca el monto de condena en la suma de $625.517,1 que llevará intereses desde que cada suma es debida y hasta el 30 de noviembre del año 2017, de conformidad con lo acordado por la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo (ACTA 2601 CNAT del 21/05/2014 y Acta N° 2630 (27/04/2016) según la “…tasa nominal anual para préstamos personales libre destino del Banco Nación para un plazo de 49 a 60 meses…”; y a partir del 1 de diciembre del año 2017, y sin perjuicio de mi opinión contraria al respecto, se aplicará la tasa activa efectiva anual vencida, cartera general diversa del Banco Nación, de conformidad con lo acordado por la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo (acta 2658 —08/11/2017—); hasta su efectivo pago.

El agravio vertido por la demandada en relación a los efectos cancelatorios de la liquidación final no tendrá favorable acogida, ello así en atención a los términos que surgen del informe pericial contable de fs. 253, y a lo dispuesto por el art. 138 LCT.

En virtud de las previsiones del art. 279 Cód. Proc. Civ. y Com. de la Nación; propongo que las costas sean impuestas a la demandada vencida (art. 68 Cód. Proc. Civ. y Com. de la Nación) en ambas instancias.

Estimo los honorarios de la representación y patrocinio letrado de la parte actora, demandada, perito informático y perito contador en el 16%, 12%, 5% y 5% respectivamente, del monto de condena con intereses, por sus trabajos profesionales cumplidos en grado.

Asimismo, fijo los honorarios correspondientes a los presentantes de fs. 338I y de fs. 346I en el 25 % de lo regulado por la etapa anterior.

La doctora Craig dijo:

Que adhiero al voto que antecede.

Por lo que resulta del acuerdo que antecede (art. 125 de la ley 18.345), el Tribunal resuelve: I) Modificar el fallo apelado. II) Establecer el monto de condena en la suma de $625.517,1 que llevará intereses desde que cada suma es debida y hasta el 30 de noviembre del año 2017, de conformidad con lo acordado por la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo (ACTA 2601 CNAT del 21/05/2014 y Acta N° 2630 (27/04/2016) según la “…tasa nominal anual para préstamos personales libre destino del Banco Nación para un plazo de 49 a 60 meses…”; y a partir del 1 de diciembre del año 2017, se aplicará la tasa activa efectiva anual vencida, cartera general diversa del Banco Nación, de conformidad con lo acordado por la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo (acta 2658 —08/11/2017—); hasta su efectivo pago. III) Confirmar en lo restante que decide. IV) Imponer las costas en ambas instancias a cargo de la demandada vencida (art. 68, Cód. Proc. Civ. y Com. de la Nación). V) Fijar los honorarios de la representación y patrocinio letrado de la parte actora, demandada, perito informático y perito contador en el 16%, 12%, 5% y 5% respectivamente, del monto de condena con intereses, por sus trabajos profesionales cumplidos en grado.

VI. Fijar los honorarios correspondientes a los presentantes de fs. 338I y de fs. 346I en el 25 % de lo regulado por la etapa anterior. Oportunamente cúmplase con lo dispuesto en el art. 1° de la Ley 26.856 y con la Acordada de la CSJN N° 15/2013. Regístrese, notifíquese y vuelvan. — Luis A. Raffaghelli. — Graciela L. Craig.