Tribunal: Juzgado Federal Nro. 2 de Mar del Plata(JFedMardelPlata)(Nro2)

Fecha: 13/06/2018

Partes: Unión para el Comercio, la Industria y la Producción y otros c. Estado Nacional y Otro s/ acción declarativa de inconstitucionalidad

Publicado en: La Ley Online

Hechos:

Un grupo de contribuyentes interpusieron acción declarativa de certeza y acción de inconstitucionalidad contra el Estado nacional y la AFIP a los fines de obtener la declaración judicial relativa a la obligación de aceptar pagos con tarjeta de débito. El juez declaró abstracta la primera acción y rechazó la segunda.

 

Sumarios:

  1. La acción declarativa de certeza interpuesta contra el Estado nacional y la AFIP a los fines de obtener la declaración judicial relativa a la obligación de aceptar pagos con tarjeta de débito debe ser declarada abstracta, pues la incertidumbre inicial que podría haber existido como consecuencia de la escasa claridad en la redacción de las normas entonces aplicables ha cesado con la sanción de la ley 27.253 y, por tanto, a la fecha no hay falta de certeza en torno al sentido y alcance que el legislador pretende asignar al sistema de pago con “posnet”.
  2. El Decreto 1387/01 como la ley 27.253 se direccionan en el mismo sentido, en tanto crean un instrumento que busca erradicar la evasión y tender al correcto funcionamiento del sistema impositivo, de forma tal que la obligación de aceptar pagos con tarjeta de débito no aparece como exorbitante ni desproporcionada para alcanzar esas finalidades y se enmarca en una serie de atribuciones que necesariamente debe tener la administración y el fisco en particular para alcanzar dichos objetivos.
  3. El planteo de inconstitucionalidad de la obligación de implementar el sistema de pago a través del “posnet”, con fundamento en que atenta contra los derechos a contratar y de propiedad de los contribuyentes obligados, debe ser rechazado, pues si bien la contratación con entidades administradoras y entidades que proveen el instrumental necesario es celebrada entre particulares y se rige sustancialmente por normas privatistas, viene impuesta por normas indisponibles de derecho público, a través de un régimen que resulta independiente de la voluntad de las partes.
  4. La acción de inconstitucionalidad deducida contra la obligación de aceptar pagos con tarjeta de débito, con sustento en el perjuicio económico que genera su instalación, debe ser desestimada, pues el accionante no repara en la posibilidad de compensación de cargas tributarias de los responsables inscriptos y las medidas que está obligado a adoptar el Poder Ejecutivo respecto de los pequeños contribuyentes, que tienen la finalidad de eliminar el costo en cuestión.

 

Texto Completo: 6680/2015

1ª Instancia.— Mar del Plata, junio 13 de 2018.

Resulta: I) Que a fs. 99/121 se presenta el Dr. A. J. A., en representación de la Unión para el Comercio, la Industria y la Producción (UCIP), de la Federación de Empresarios de la Provincia de Buenos Aires (FEBA), la Asociación de Agencias de Viaje del Sudeste Argentino (AAVISA), por derecho propio y por sus afiliados, y de OTI Internacional SA, Hard Discount SRL, Raúl Emetrio Martínez, Andrés Carlos Di Pace, Nelson Alfredo Siniscalchi, Ana María Valles, Marcela Beatriz Mayayo, María Luisa Mareglia, Antonio Riverso, Elena Abud y Alejandra Claude Pierre, con el patrocinio letrado del mencionado profesional, interponiendo acción declarativa de certeza contra el Estado Nacional y la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) a los fines de obtener la declaración judicial relativa a si la obligación de aceptar pagos con tarjeta de débito establecida en los artículos 47 a 49 del Decreto 1387/2001, el Decreto 1402/2001, el decreto 1584/2001 y las RG AFIP 1166 y 1198, resulta o no exigible a los sujetos inscriptos en el régimen simplificado para pequeños contribuyentes (monotributistas Ley 25. 865 y normas complementarias).

Promueve también acción declarativa de inconstitucionalidad a efectos de que se declare la inconstitucionalidad de la obligación de aceptar pagos con tarjeta de débito en los términos del artículo 47 del Decreto 1387/2001 y normas complementarias y reglamentarias.

Funda sobre la competencia y sobre la procedencia de la acción declarativa entablada en los términos del artículo 322 del Cód. Proc. Civ. y Com. de la Nación, afirmando que existe incertidumbre acerca de la aplicación de la normativa referida, puesto que si bien el artículo 9 del Decreto 1584/2001 obliga a los responsables inscriptos en el IVA que realicen operaciones con consumidores finales, con lo cual a su entender excluye a los que no revisten ése carácter, como los pequeños contribuyentes.

Entiende que en la incertidumbre la AFIP podría iniciar una cantidad indeterminada de actuaciones sumariales, lo que generaría un perjuicio.

En cuanto a la inconstitucionalidad planteada, se funda en que la normativa atacada somete a los sujetos a una importante carga patrimonial, que deriva también en un perjuicio a sus representados.

Relata los hechos, indicando el costo que insume contar con el instrumental requerido, y otros perjuicios como el costo de la línea telefónica, y el costo financiero. Suma a ello el costo fiscal previsto por la Ley 25.413 y un costo bancario, que es el que cobran las entidades bancarias en comisión por las transacciones.

Hace mención también al costo financiero por los adelantos que se realizan a la agencia de recaudación de la Provincia de Buenos Aires, y retenciones de IVA y de impuesto a las ganancias.

Realiza el cálculo del perjuicio económico que sufriría un comerciante que vendiera con tarjeta de débito la suma de $50.000 más IVA (fuera del régimen simplificado para pequeños contribuyentes), utilizando dos posnets, que representa, según afirma el 5,3% de sus ingresos propios, y un perjuicio financiero del 4,5%. En suma, sostiene que vendiendo $50.000 con tarjeta de débito, recibirá unos días después la suma de $45.100.

Concluye que obligarlo a incurrir en los costos de aceptar la tarjeta de débito, implica una grave afectación del derecho de contratar y del derecho de propiedad.

Acápite aparte desarrolla la situación de los pequeños contribuyentes, afirmando en primer lugar, en relación a la posibilidad de computar crédito fiscal en el IVA y un costo al determinar impuesto a las ganancias para quienes operen con el sistema referido, que esta no alcanza a los pequeños contribuyentes, por no resultar contribuyentes de ninguno de los dos impuestos.

Sostiene por tanto que caben dos interpretaciones, o bien los pequeños contribuyentes están obligados a aceptar tarjeta de débito en peores condiciones que los responsables inscriptos, o bien la normativa excluye a los pequeños contribuyentes de la obligación de aceptar tarjeta de débito.

Luego desarrolla los fundamentos por los que solicita la declaración de inconstitucionalidad de la obligación de aceptar pagos con tarjeta de débito, afirmando en primer lugar que el sistema creado violenta el derecho de igualdad y equidad, al otorgar un mejor trato y beneficios a ciertos sujetos por sobre otros (las entidades bancarias).

Refiere a la injusticia generada por la ganancia de las entidades financieras que capturan una comisión sobre todas las ventas y servicios, y a la afectación al principio de igualdad, al crearse un sistema que transfiere los ingresos a los intermediarios financieros de modo coactivo.

Agrega que se violenta su derecho a contratar, ya que se le impone con quien hacerlos, y las condiciones para hacerlo. Cita diversas normas en su apoyo.

Se agravia también de la obligación de realizar las operaciones de compra venta con tarjeta de débito, sin poder optar por hacerlo en moneda de curso legal. Cita normas en su apoyo.

Sostiene que se violenta el principio de legalidad consagrado en el artículo 19 de la Constitución Nacional, ya que la normativa impugnada se creó mediante decretos de necesidad y urgencia y actos administrativos de alcance general, y no por ley del Congreso de la Nación.

Luego de solicitar medida cautelar, ofrece prueba, hace la reserva del caso federal, y peticiona se dicte sentencia haciendo lugar a lo peticionado.

Que corrido el traslado de la demanda instaurada, a fs. 191/229 se presenta la Dra. M. S. C. y el Dr. J. A. V., representantes legales de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) contestando la demanda instaurada.

En primer lugar oponen excepción de falta de legitimación activa respecto de la UCIP, FEBA, AAVISA, Oti Internacional SA, HARD DISCOUNT SRL, Nelson Siniscalchi y Antonio Riverso. Respecto de FEBA, AAVISA y Hard Discount SRL afirma que no surge de sus estatutos que tengan facultades para representar judicialmente a los asociados en forma individual o por intereses individuales, afirmando entre otros argumentos que estas no son titulares de los derechos subjetivos que se estarían vulnerando. Descarta la posibilidad de que nos encontremos frente a un planteo en defensa de derechos de incidencia colectiva referentes a derechos individuales homogéneos. Cita y transcribe precedentes jurisprudenciales en su apoyo.

Acápite aparte contesta demanda, formulando la negativa particular de los hechos invocados por los accionantes, cuestionando luego que en el presente nos encontremos frente a un caso judicial, ya que según afirma, el planteo que se formula es meramente abstracto, académico y consultivo. Agrega que no hay incertidumbre en la aplicación de la normativa, ni actos en ciernes por parte del Fisco que justifiquen el planteo de quienes accionan.

Fundamenta luego sobre la razonabilidad de las normas cuestionadas, afirmando que la AFIP se encuentra facultada para establecer deberes formales a los contribuyentes, que tienden a la efectiva recaudación de los tributos que el Congreso de la Nación impone por ley.

En relación al costo económico que produce la obligación legal, recuerda que solamente cuando la restricción fuera incompatible con la sustancia del derecho sería inconstitucional.

Agrega que la normativa aplicable no es pasible de ser cuestionada en virtud de su conveniencia o inconveniencia por parte de los jueces, ya que ello atentaría contra el principio de división de poderes.

En relación al alcance de la normativa, señala que el Decreto 1387/2001 no distingue entre contribuyentes inscriptos en IVA y los inscriptos en monotributo, por lo cual no corresponde hacer distinción alguna donde no la hace la norma.

Destaca que las resoluciones de la AFIP no son creadoras de tributos, y concluye que no existe irrazonabilidad, ilegalidad o arbitrariedad en su accionar y remite a consideraciones de la Corte Suprema en su apoyo.

Acápite aparte transcribe pronunciamientos jurisprudenciales locales, rechaza la procedencia de la medida cautelar, introduce la cuestión federal, y peticiona finalmente se rechace la acción entablada, con costas a las accionantes.

III. Que a fs. 230/1 se presenta la Dra. M. S. C. y el Dr. J. A. V. en representación del Estado Nacional, contestando el traslado de la demanda oportunamente conferido, y adhiriendo a todos los términos expresados y desarrollados por la AFIP, e introduciendo la cuestión federal. Solicita por tanto, se rechace la acción declarativa incoada, con costas a las actoras.

Que a fs. 244 se corre vista al Ministerio Público Fiscal a los fines de que se expida respecto de la procedencia de la presente demanda como ‘acción de clase’, dictamen presentado a fs. 245/8 donde la Fiscal Federal Dra. Laura Mazzaferri entiende que corresponde habilitar la presente acción como proceso colectivo.

A fs. 249 el Juez que me precediera declara la causa como de puro derecho, y a fs. 252/vta. ordena el pase de las actuaciones a dictar sentencia.

Finalmente, a fs. 271 el suscripto, luego de declarar la presente contienda de carácter colectivo, y de ordenar se requiera al Registro Público de Procesos Colectivos informe acerca de la existencia de un proceso colectivo en trámite ya inscripto que guarde sustancial semejanza con la afectación de derechos de incidencia colectiva denunciados en demanda, recibido dicho informe a fs. 273, vuelven los autos para dictar sentencia a fs. 274, providencia que se encuentra firme y consentida, y estas actuaciones en condiciones de ser falladas.

Considerando: I) Que debo señalar en una primera aproximación a la cuestión traída a debate, que los accionantes promueven acción declarativa de inconstitucionalidad en los términos del artículo 322 del Cód. Proc. Civ. y Com. de la Nación, que establece que “podrá deducirse la acción que tienda a obtener una sentencia meramente declarativa, para hacer cesar un estado de incertidumbre sobre la existencia, alcances o modalidades de una relación jurídica, siempre que esa falta de certeza pudiera producir un perjuicio o lesión al actor y éste no dispusiere de otro medio legal para ponerle término inmediatamente”.

En concreto, se promueve aquí por un lado, una acción declarativa de certeza, a los fines de que se declare si la obligación de aceptar pagos con tarjeta de débito establecida en las normas referidas anteriormente, es o no exigible a los sujetos inscriptos en el régimen simplificado para pequeños contribuyentes (monotributistas ley 25.865 y normas complementarias).

Por otro lado, se promueve acción declarativa de inconstitucionalidad, a efectos de que se declare la inconstitucionalidad de la obligación de aceptar pagos con tarjeta de débito en los términos del artículo 47 del Decreto 1387/2001 y normas complementarias y reglamentarias.

Ambos objetos procesales tienen como presupuesto normativo al artículo 322 citado. De ello no hay duda respecto de la acción de certeza, tal cual surge de la literalidad de la norma. Respecto de la acción de inconstitucionalidad impetrada con basamento en el artículo 322, sabido es que ya en el precedente “Santiago del Estero c. Nación Argentina” (CSJN, Fallos: 307:1379) la Corte Suprema admitió el control de constitucionalidad en las acciones declarativas allí reguladas, como mecanismo preventivo, al transformar de oficio una acción de amparo en acción declarativa. Este criterio fue reiterado en “Fábrica Argentina de Calderas SRL c. Santa Fe” (CSJN, Fallos: 308:2569), así como en numerosos casos posteriores.

Con posterioridad, y a través del dictamen emitido por el Procurador General en autos “Gomer SA c. Provincia de Córdoba” (CSJN, Fallos: 310:142), se sistematizó con claridad los requisitos para interponer la acción meramente declarativa de inconstitucionalidad, que son tres: a) que concurra un ‘estado de incertidumbre sobre la existencia, alcance y modalidad de una relación jurídica concreta’, b) que haya interés jurídico suficiente en el accionante, en el sentido que la ‘falta de certeza pudiera producir un perjuicio o lesión actual al actor’, y c) que se verifique un interés específico en el uso de la vía declarativa, lo que solamente ocurrirá cuando el actor ‘no dispusiere de otro medio legal para ponerle término inmediatamente’.

En este sentido se pronunció también la Cámara Federal local, afirmando que estos tres requisitos mencionados “…deben darse de manera concurrente y la falta de uno de ellos autoriza a rechazar in limine la acción declarativa” (Cfr. Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata in re “Telefónica Móviles Argentina SA c. Municipalidad de Mar Chiquita s/ Acción declarativa /ordinaria s/ Incidente de apelación de medida cautelar”. Expte.: 12574. T° CXIX F° 16717 — 28/XII/10. Dres.: Tazza — Carreras).

En tren de analizar la concurrencia de los mencionados recaudos al caso bajo examen, señalaré que el ‘estado de incertidumbre’ sobre la existencia, el alcance o modalidades de la relación jurídica, se vislumbra respecto de la acción de ‘certeza’ entablada, ya que los accionantes —tal cual se ha dicho— pretenden que el suscripto despeje la duda en torno a la exigibilidad de la obligación de aceptar pagos con tarjeta de débito respecto de los sujetos inscriptos en el régimen simplificado para pequeños contribuyentes. Ello sin perjuicio de que actualmente exista tal incertidumbre, tal cual se analizará más adelante.

En cuanto al pedido de inconstitucionalidad respecto de la obligación impuesta por el artículo 47 del Decreto 1387/2001, no se distingue en categorías de contribuyentes, sino que se reclama directamente se invalide dicha norma por afectar una serie de derechos constitucionales de los accionantes y de quienes éstos alegan representación, que se dice conculcados. Aquí la incertidumbre no está en el sentido o interpretación de la norma, sino en su adecuación a la letra de la constitución. En este sentido debe recordarse que la Corte Suprema ha admitido que el estado de incertidumbre se encuentra configurado en la medida que se busque precaver los efectos de un acto concreto, al que se atribuye ilegitimidad y lesión al régimen constitucional federal, a los fines de fijar las relaciones legales que vinculan a las partes en conflicto (CSJN, Fallos: 323:1213, “Nación A.F.J.P.”).

Ha señalado en este punto calificada doctrina que: “Sobre la base del comportamiento de la Corte nacional, podemos concluir que cuando se trata de interpretar una norma de derecho común, la incertidumbre existe en la medida que la misma sea oscura. En cambio, aun cuando una norma sea perfectamente clara en su interpretación, en este tipo de procesos constitucionales, el requisito en análisis se configura porque sobre lo que no se está seguro es si la norma en cuestión es o no aplicable, por contradecir a la Constitución.” (Toricelli, Maximiliano; Distintas variantes de acción de inconstitucionalidad en el orden federal; LA LEY, 2005-A-1186, cita online: AR/DOC/2837/2004).

Sobre esa base, entonces, es que considero que el ‘estado de incertidumbre’ se encuentra plenamente configurado en la presente controversia.

Respecto del segundo de los requisitos mencionados (interés jurídico suficiente en el accionante), diré que el mismo se encuentra suficientemente acreditado con las intimaciones administrativas cursadas por los órganos recaudadores (provincial y nacional) obrantes en autos (fs. 72/80). Ello exhibe un grado de concreción suficiente sobre determinados contribuyentes, que permite avizorar un perjuicio o lesión actual en los accionantes, y tener por debidamente configurada una ‘causa’ judicial, en los términos del artículo 116 de la Constitución Nacional y artículo 2 de la Ley 27, conforme criterio ya sentado por el Alto Tribunal en el precedente “Santiago del Estero c. Nación Argentina”, anteriormente citado.

En este sentido ha señalado que “…la acción declarativa de certeza debe responder a un “caso”, ya que dicho procedimiento no tiene carácter simplemente consultivo, ni importa una indagación meramente especulativa. En efecto, la acción debe tener por finalidad precaver las consecuencias de un acto en ciernes al que se atribuye ilegitimidad y lesión al régimen constitucional federal y fijar las relaciones legales que vinculan a las partes en conflicto” (Fallos: 307:1379; 311:421, entre muchos otros).

No obstante ello, debe recordarse que la acción mere declarativa, se destaca por su carácter preventivo, con lo cual requerir una lesión actual (en el sentido de consumada) atentaría contra su finalidad. Por ello, cuando se exige que la lesión resulte ‘actual’, debe entenderse en el sentido de que aquella se produzca con un grado importante de probabilidad. En ése caso se configura el ‘interés jurídico suficiente’ de quien acciona.

Luego, y respecto del tercero de los recaudos exigidos (interés específico en el uso de esta vía), es también el carácter preventivo referido, que deriva de las pretensiones habidas en autos, que a mi entender, justifica suficientemente su utilización respecto de otras vías ordinarias disponibles en el ordenamiento procesal.

Finalmente, debo señalar que, tal como lo indicara a fojas 271, la presente controversia reviste naturaleza colectiva, y que las acciones colectivas han sido receptadas por la Constitución Nacional a través de su artículo 43, que regula la acción de amparo, y no la mere declarativa de certeza.

De todas formas, se impone recordar que según jurisprudencia de la Corte Suprema, la acción de inconstitucionalidad impetrada en los términos del artículo 322 del Cód. Proc. Civ. y Com. de la Nación guarda una analogía con la acción de amparo, en tanto acciones directas de inconstitucionalidad, admitidas como medio idóneo para prevenir o impedir las lesiones de derechos de base constitucional (CSJN, Fallos: 320:691; “Asociación de Grandes Usuarios de Energía Eléctrica de la República Argentina (AGUEERA) c. Provincia de Buenos Aires y otro”). De este modo, no encuentro obstáculo alguno, en razón de la vía procesal utilizada, para declarar su viabilidad para la defensa de los derechos de incidencia colectiva a que refiere el artículo 43 de la Constitución Nacional. Ello, sin perjuicio de las consideraciones que seguidamente formularé.

Que en orden a analizar la falta de legitimación activa esgrimida por las partes demandadas respecto de UCIP, FEBA, AAVISA, Oti Internacional, Hard Discount SRL, Nelson Siniscalchi y Antonio Riverso, debo señalar que, atendiéndose a los fundamentos por éstas expuesto, debe ser rechazada. Ello en razón de que parten del supuesto de considerar que en el sub examine se encuentran en cuestión derechos subjetivos individuales, cuando lo que aquí está cuestionado es la afectación a derechos individuales homogéneos, como seguidamente desarrollaré.

No obstante ello, diré que para determinar si estos accionantes, así como los restantes que promueven la acción, se hallan o no legitimados para actuar en juicio, debe tomarse en especial consideración el interés concreto que se pretende proteger con la interposición de la demanda. Ello en razón que ningún sujeto está genéricamente legitimado para intervenir en cualquier causa, sea cual fuere su objeto, sino que tendrá o carecerá de legitimación, según sea su relación con la pretensión que introdujo, es decir, con el interés que denuncia como afectado y para el cual requiere protección judicial.

En virtud de ello no desconozco que en los últimos años, el derecho procesal constitucional ha evolucionado en la admisión de las denominadas ‘legitimaciones extraordinarias’, esto es, aquellas que “…suponen reconocer otros derechos diversos al subjetivo que se posicionan como intereses jurídicamente relevantes que deben tener tutela jurídica” (Gozaíni, Osvaldo Alfredo (2004); El Debido Proceso; Buenos Aires, Rubinzal Culzoni, p. 122).

Es así como el derecho procesal comenzó a considerar situaciones que exceden las de quienes resultan titulares de derechos subjetivos, para dar cabida en el proceso a quienes invocan lo que la Constitución Nacional denomina “derechos de incidencia colectiva”, conforme expresión de su artículo 43, segundo párrafo.

Esto supone la ampliación de la legitimación para actuar en juicio, en función de la apertura del catálogo de derechos humanos que se produjo especialmente a partir de la Reforma Constitucional del año 1994, no sólo por la incorporación del nuevo capítulo de Derechos y Garantías, sino también, y especialmente, por la atribución de jerarquía constitucional a una serie de instrumentos internacionales sobre derechos humanos, mencionados en el inciso 22 del artículo 75 CN.

En este sentido, y conforme lo dispone el artículo 43 de la Constitución Nacional, segundo párrafo, que consagra el ‘amparo colectivo’, resultan legitimados el afectado, el defensor del pueblo, y las asociaciones que propendan a la tutela de los derechos de incidencia colectiva, registradas conforme a la ley.

Fue la Corte Suprema de Justicia quien estableció los lineamientos fundamentales de este tipo de acciones, a través del caso “Halabi” (“Halabi, Ernesto c. P.E.N. —ley 25.873— dto. 1563/2004 s/ amparo ley 16.986”, sentencia del 24 de febrero de 2009), y que reiterara luego en varios precedentes (“PADEC cl Swiss Medical SA s/ nulidad de cláusulas contractuales”, sentencia del 21 de agosto de 2013; “Municipalidad de Berazategui c. Cablevisión SA s/ amparo”, sentencia del 23 de septiembre de 2014; “Consumidores Financieros Asociación Civil para su defensa c. Prudencia Cía. Argentina de Seguros Grales. SA s/ ordinario”, sentencia del 27 de noviembre de 2014; “Kersieh, Juan G. y otros c. Aguas Bonaerenses SA y otros s/ amparo”, sentencia del 02 de diciembre de 2014; “Asociación Protección Consumidores del Mercado Común del Sur c. Loma Negra Cia. Industrial Argentina SA y otros”, y “Asociación Civil para la Defensa en el Ámbito Federal e Internacional de Derechos cl Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados s/ amparo”, ambas del 10 de febrero de 2015).

En “Halabi” el Tribunal señaló que en materia de legitimación procesal corresponde delimitar tres categorías de derechos: individuales, de incidencia colectiva que tienen por objeto bienes colectivos, y de incidencia colectiva referentes a intereses individuales homogéneos (cons. 9).

En el caso bajo examen no hay un bien colectivo que se pretenda proteger, sino derechos individuales enteramente divisibles, pero que simultáneamente, afectan a un colectivo identificable. Por ello es que cabe considerar que nos encontramos frente a la tercera categoría de las mencionadas. Ello marca una diferencia sustancial con el precedente citado por la parte demandada (“Cámara de la Industria Pesquera Argentina c. AFIP s/ amparo Ley 16.986, expte. N° 1867/2014, sentencia del 02/12/2014) en su conteste de demanda, ya que en este se invocó la representación de los afiliados para la defensa de derechos individuales, con lo que los estándares para tener por acreditada la legitimación activa difieren.

Para la procedencia de este tipo de acciones, el Alto Tribunal señaló que se requiere la verificación de: a) una causa fáctica común, b) una pretensión procesal enfocada en el aspecto colectivo de los efectos de ese hecho y, c) la constatación de que el ejercicio individual no aparezca plenamente justificado (“Halabi”, cons. 13°).

En el caso bajo examen entiendo que se encuentran acreditadas las tres circunstancias aludidas.

La causa fáctica común viene dada por la obligatoriedad hacia todo el grupo o clase de ‘contribuyentes que realicen en forma habitual la venta de cosas muebles para consumo final o presten servicios de consumo masivo’, de aceptar como medio de pago, transferencias bancarias instrumentadas mediante tarjetas de débito (art.  1° del Dto. 1387/01). Este resulta ser un hecho único, que causaría una lesión a una pluralidad relevante de derechos individuales (cons. 13°, “Halabi”).

La pretensión habida se encuentra efectivamente enfocada en los efectos comunes derivados de tal hecho. No se reclama aquí por los daños diferenciados o individuales que tal medida podría significar para cada uno de los contribuyentes obligados, sino por aquellas afectaciones homogéneas que pudieran existir como consecuencia de la implementación del sistema de pagos mediante el ‘posnet’.

Finalmente, entiendo que el interés individual, considerado aisladamente, no justifica la promoción de demandas individuales por todos y cada uno de los sujetos — contribuyentes — alcanzados por la normativa impugnada. Ello así desde que más allá de la incidencia colectiva, masiva y dispersa a los derechos involucrados, aparece escaso el grado de afectación y la incidencia del sistema normativo impugnado, a los derechos individualmente considerados. Desde este punto de vista, puede razonablemente esperarse que “…los afectados no tienen incentivos individuales para accionar en su propio interés individual, por ‘su’ derecho de incidencia colectiva, pues el costo procesal es mayor que el beneficio individual esperable…” (Maurino, Gustavo; Nino, Ezequiel; Sigal, Martín (2005); Las acciones colectivas; Buenos Aires, Lexis Nexis, p. 247).

Ahora bien, adviértase que la Corte Suprema requiere, para la configuración de la acción de clase “la precisa identificación del grupo o colectivo afectado” (cons. 20°), recaudo que también señala destacada doctrina al referirse a “ un sector especialmente afectado” (Gozaíni, Osvaldo Alfredo (2006); Introducción al Derecho Procesal Constitucional; Buenos Aires, Rubinzal Culzoni, p. 276), a la necesidad de determinar “la correcta y concreta delimitación de la clase, esto es, del grupo o conjunto de consumidores que resultarán afectados por la sentencia a dictarse” (Martínez Medrano, Gabriel; Certificación de una acción de clase; Revista La Ley, 3 de diciembre de 2009); o como lo indica Ricardo Lorenzetti, un grupo, desde el punto de vista jurídico “no puede ser un concepto tan amplio que abarque, por ejemplo, a una Nación entera, si bien sus individuos actúan cooperativamente, ni tan estrecho como para comprender en él sólo a grupos reconocidos legalmente, y que tienen personalidad jurídica. El grupo debe tener una frontera discernible, de modo que se pueda decir que alguien pertenece o no al mismo” (Lorenzetti, Ricardo Luis (2008); Teoría de la Decisión Judicial. Fundamentos de Derecho; Buenos Aires, Rubinzal Culzoni, p. 341).

Esta aclaración resulta trascendente a los efectos de evaluar la legitimación activa de los accionantes, y por ende, la suerte de esta acción desde el punto de vista de su admisión formal.

Ello desde que en el marco de una ‘acción de clase’, es recaudo esencial para gozar de legitimación activa, acreditar fehacientemente la adecuada representatividad de dicha clase, a la que se extenderán los efectos de la sentencia, ya que como señaló la Corte Suprema, “la ampliación de la legitimación derivada de la reforma constitucional del año 1994 no ha modificado la exigencia de tal requisito ya que los nuevos sujetos legitimados también deben acreditar que su reclamo tiene “suficiente concreción e inmediatez” y no se trata de un mero pedido en el que se procura la declaración general y directa de inconstitucionalidad de normas o actos de otros poderes” (CSJN, “Asociación por los Derechos Civiles (ADC) c. Estado Nacional — ley 26.124 (DECI 495/06) s/ amparo ley 16.986″, sentencia del 03/08/2010).

La cuestión pasa entonces por determinar si quienes accionan ostentan dicha representatividad en los términos referidos.

En el punto, observo que del estatuto de la UCIP surge que la misma se haya constituida con la finalidad de promover el bienestar de sus asociados y defender sus intereses, asumiendo su representación (art.  1°).

La FEBA también incorporó en su estatuto una cláusula (2°, d’) que la habilita a representar a las entidades asociadas “en las gestiones de carácter general que interesen a la producción, la industria, el comercio y a los bienes raíces y procurar por todos los medios a su alcance las mejores condiciones para el desarrollo de estas actividades” (fs 1 vta.).

El estatuto de AAVISA incorpora un cláusula de representación y defensa de los intereses morales, sociales y materiales de sus asociados (1°.b’) y de realizar cuanto todo acto jurídico sea necesario o conveniente para el cumplimiento de sus propósitos (2°).

De ello se desprende sin mayor esfuerzo que la representatividad aludida se encuentra suficientemente satisfecha respecto de las asociaciones mencionadas, lo que las habilita a interponer la presente acción en defensa de los intereses y derechos individuales homogéneos de sus asociados. En este sentido se pronunció la Corte Suprema en el citado fallo “Agueera” (cons. 4°).

Respecto del resto de las personas físicas y jurídicas presentadas en autos, y dado que su petición no se circunscribe a procurar una tutela para sus propios intereses sino que, por la índole de los derechos en juego, es representativa de los intereses de todos los contribuyentes alcanzados por la obligación impuesta a través del artículo 47 del Decreto 1387/2001, he de admitir su legitimación en este caso.

Adviértase que, tal como se señaló anteriormente, no se justifica que cada uno de los eventuales afectados por la normativa impugnada promueva una demanda individual en procura del resguardo de sus derechos individuales. Estas normas, además, involucran y alcanzan de un modo general y homogéneo al colectivo identificado por el artículo 47 referido, del que los accionantes son parte.

III. Que corresponde analizar entonces el primero de los planteos formulado por los accionantes, concerniente a la declaración de certeza que solicitan en torno a la obligación de aceptar pagos con tarjeta de débito, respecto a los sujetos inscriptos en el régimen simplificado para pequeños contribuyentes.

Al respecto el artículo 47 del Decreto 1387/2001 establece que: “Los contribuyentes que realicen en forma habitual la venta de cosas muebles para consumo final o presten servicios de consumo masivo, deberán aceptar como medio de pago, transferencias bancarias instrumentadas mediante tarjetas de débito y podrán computar como crédito fiscal del Impuesto al Valor Agregado el costo que les insuma adoptar el mencionado sistema, por el monto que a tal efecto autorice el Ministerio de Economía”.

Los accionantes proponen aquí, citando otras normas concordantes con la transcripta (art.  2° del Dto. 1401/2001, art.  13° del Dto. 1584/2001, art.  5° de la RG AFIP 1166, art.  9° del Dto. 1584/2001), una interpretación que excluye a los pequeños contribuyentes de la obligación referida. El argumento central, tal cual se ha señalado, estriba en que los únicos sujetos que pueden computar crédito fiscal en el IVA, tal cual prevén las normas citadas, y un costo al determinar el impuesto a las ganancias, son quienes se encuentran inscriptos en dichos impuestos, y no los pequeños contribuyentes, que por disposición expresa del artículo 6° de la Ley 26.565 están excluidos de afrontar el pago de esos impuestos.

Ahora bien, con posterioridad a la presentación de la demanda, el Congreso de la Nación sancionó la Ley 27.253, que fuera promulgada por el Poder Ejecutivo a través del Decreto 771/2016. El artículo 10° de la mencionada ley dispone la obligación a los contribuyentes de aceptar como medio de pago a las tarjetas de débito, en una norma prácticamente análoga a la del artículo 47° transcripto más arriba. Mas luego, en el tercer párrafo, incorpora expresamente a los pequeños contribuyentes como sujetos obligados a la aceptación de dicho medio de pago, cuando hace referencia a las acciones que deberá desarrollar el Poder Ejecutivo para eliminar la incidencia del costo que les insuma adoptar dicho sistema. Lo hace de la siguiente manera: “El Poder Ejecutivo nacional realizará las acciones necesarias para eliminar la incidencia del costo que les insuma adoptar el sistema de que se trate a aquellos contribuyentes inscriptos en el régimen simplificado para pequeños contribuyentes. Queda prohibida la aplicación de comisiones transaccionales sobre las operaciones comprendidas en lo estipulado en la presente ley realizadas con tarjeta de débito. Facúltese a la autoridad de aplicación a reglamentar lo establecido en el presente artículo”.

De esta forma, la incertidumbre que originariamente podían tener los accionantes al respecto, ha sido despejada por el propio Poder Legislativo, al incorporar expresamente a la categoría de los pequeños contribuyentes, entre los sujetos pasivos de la obligación mencionada.

Luego, la afirmación que estos hacen en torno a la situación desventajosa en el cumplimiento de esta obligación, al no poder compensar con IVA el costo que les insuma, también ha perdido virtualidad, ya que la norma transcripta más arriba prevé específicamente esa situación. Cabe señalar que los accionantes no han hecho ninguna manifestación en autos sobre estas modificaciones al régimen legal aplicable, ni si a consecuencia de ellas ha desaparecido el trato discriminatorio que denuncian, con lo cual no cabe al suscripto entrar en un análisis al respecto.

En este sentido, es sabido que las sentencias de los jueces deben atender a las circunstancias existentes al momento en que se las dicta, aunque aquellas sean sobrevinientes a la interposición de la demanda.

En suma, entiendo que la incertidumbre inicial que podría haber existido como consecuencia de la escasa claridad en la redacción de las normas entonces aplicables, ha cesado, y por lo tanto a la fecha no hay falta de certeza en torno al sentido y alcance que el legislador pretende asignar al sistema de pago con ‘posnet’.

Así es que entiendo que tal circunstancia torna a la petición en tratamiento como “abstracta”, lo que significa que el tema que motivó la promoción de la presente acción de certeza, carece hoy de virtualidad jurídica.

Bien ha dicho a éste respecto Néstor Sagüés, que “En las cuestiones abstractas (sea en las inicialmente abstractas, donde ya en origen no hay una auténtica colisión de derechos, o en las posteriormente abstractas, es decir cuando en el transcurso del proceso desaparece el interés jurídico de las partes), se produce para algunos, inclusive una “falta de jurisdicción”, más que de competencia, que exime del deber de fallar” (Cfr. Sagüés, Néstor; “Derecho Procesal Constitucional, T ° III/ Acción de Amparo” Buenos Aires, ASTREA, p. 445).

Por ende, considero que el tratamiento de la cuestión motivante de esta acción en sede judicial es a la fecha, innecesario. Es que las cuestiones a ser analizadas en un juicio o causa judicial (Art.  116 y ccs. C.N.), deben ser actuales al momento de su análisis por los magistrados, y ello no sucede cuando los derechos constitucionales no poseen aptitud para ser tutelados por haber fenecido el agravio que concitaba el pedido de la intervención judicial.

Esta acción también tiene por objeto la declaración de inconstitucionalidad de aceptar pagos con tarjeta de débito, por resultar, a criterio de los accionantes, lesiva de sus derechos constitucionales.

En primer lugar debo señalar que entre los fundamentos esgrimidos por el Poder Ejecutivo para la sanción del Dto. 1387/2001 que originariamente estableciera la obligación de aceptar pagos a través de tarjetas de débito, estaba el de lograr reducir la evasión fiscal, promoviendo la transparencia en las transacciones comerciales. Lo hacía en estos términos: “Que también cabe mejorar las posibilidades de los consumidores y hacerlos activos protagonistas en la lucha contra la evasión, dándoles ventajas apreciables cuando utilicen medios electrónicos de pago, ya que la evasión conspira gravemente contra la recuperación de las finanzas públicas, a la par que constituye una grave competencia desleal contra los que cumplen acabadamente con sus obligaciones fiscales.”

Claramente este propósito ha estado presente en la intención de los legisladores que sancionaron la Ley N° 27.253, aun cuando de su aplicación pueda devenir la restricción a ciertos derechos constitucionales, lo que no resulta per se inválido, en la medida que tal restricción se muestre razonable y sea el resultado de la legítima atribución del Poder Legislativo de reglamentar los derechos (art.  14 CN).

Puede señalarse, trayendo aquí un precedente donde se cuestionó una obligación fiscal análoga a la presente (la de poseer el equipo electrónico denominado ‘controlador fiscal’), que el bien jurídico tutelado por las normas impugnadas, y por aquellas que las reemplazaron es, indudablemente, ese conjunto de facultades de fiscalización y verificación que posee la Administración Fiscal y que se plasma en la exigencia de cumplimiento de un determinado número de deberes formales por parte de los contribuyentes y demás responsables (del Dictamen del Procurador General en autos “A.F.I.P. c. Luis Dino Povolo”, Fallos: 324:3345).

En esta inteligencia es que la Ley 11.683 dota al organismo fiscal de ciertas atribuciones de contralor contenidas principalmente en el artículo 33°, que dispone que con el fin de asegurar la verificación oportuna de la situación impositiva de los contribuyentes y demás responsables, podrá ésta exigir que éstos, y aún los terceros cuando fuere realmente necesario, lleven libros o registros especiales de las negociaciones y operaciones propias y de terceros que se vinculen con la materia imponible, que otorguen determinados comprobantes y conserven sus duplicados, entre otras obligaciones que permitan establecer clara y fehacientemente los gravámenes que deban tributar.

Asimismo, el artículo 34° de dicha ley faculta al Fisco a condicionar la utilización de determinados medios de pago o formas de comprobación de las operaciones, como modo de acreditar la veracidad de las operaciones para poder computar a su favor determinados conceptos allí enunciados.

Ello importa necesariamente la restricción de determinados derechos constitucionales, ya que de otro modo no podría el organismo fiscal cumplir con las finalidades que le son encomendadas por las leyes.

Recuérdese que el Estado posee el poder de policía de las actividades económicas, que ha sido definido como el establecimiento del control directo o indirecto que aquél ejerce sobre la producción y las demás actividades vinculadas a la misma que tiene su génesis constitucional en los derechos de ‘ejercer toda industria lícita’ y ‘comerciar’ (art.  14 C.N.), que comprende el poder de policía fiscal y tributario (Dromi, Roberto (2000); Derecho Administrativo; Buenos Aires, Ciudad Argentina, p. 679).

En este sentido cabe recordar, como lo ha dicho la Corte Suprema, que todo derecho consagrado constitucionalmente no es absoluto, sino que debe actuarse de conformidad con las leyes que reglamentan su ejercicio, las cuales, a su vez, no pueden alterarlos, lo que sucede cuando sus previsiones resulten irrazonables, o sea, cuando no se adecuan al fin que requirió su establecimiento o incurren en manifiesta iniquidad (Fallos: 256:241; 263:460; 300:642; 302:457; 304:319;1524). Resulta

incuestionable la facultad concedida al legislador de establecer los requisitos a los que debe ajustarse una determinada autoridad (Fallos: 307:2262; 314:1376).

En razón de lo dicho, corresponde analizar la razonabilidad de las normas impugnadas, en cuanto a su razonabilidad intrínseca, y en función del resultado de su aplicación, recordando que la declaración de inconstitucionalidad de una norma implica un acto de suma gravedad institucional, de manera que debe ser considerada como última ratio del orden jurídico (Fallos: 302:457), y que es preciso poner de resalto que está a cargo de quien invoca una irrazonabilidad la alegación y prueba respectiva (confr. Fallos: 247:121, considerando 4°).

Desde el primer aspecto (razonabilidad intrínseca de la norma), no encuentro objeción alguna de corte constitucional que merezca su impugnación. Ello desde que la imposición legal de admitir como medio de pago las transferencias bancarias instrumentadas mediante tarjetas de débito, aparece como una modalidad más, y no la única, que adopta el legislador e implementa la AFIP para verificar y controlar la situación impositiva de los contribuyentes y las operaciones realizadas, en los términos de los artículos 33° y 34° de la Ley 11.683.

Esta ley contiene una serie de facultades otorgadas al organismo fiscal con esta finalidad, incorporadas esencialmente en su capítulo V (arts.  33/6), así como en el artículo 107°. En el mismo sentido se dictó en su oportunidad la Ley 25.345 (Ley de Prevención de la Evasión Fiscal) que establece medidas restrictivas de las transacciones en efectivo entre los particulares.

El Decreto 1387/2001 aquí impugnado, así como la Ley 27.253 se direccionan en el mismo sentido, en tanto crean un instrumento que busca erradicar la evasión y tender al correcto funcionamiento del sistema impositivo. Siendo así, entiendo que la obligación impuesta no aparece exorbitante ni desproporcionada para alcanzar esas finalidades, y se enmarca en una serie de atribuciones que necesariamente debe tener la administración y el Fisco en particular, para alcanzar dichos objetivos.

En este sentido ha señalado la Cámara Federal de Apelaciones de esta ciudad que la Constitución Nacional y las características del sistema tributario justifican la concesión de amplios poderes al Fisco Nacional a fin de cumplir sus deberes de fiscalización y verificación para controlar el regular acatamiento a las cargas fiscales y tributarias (CFAMDP, Expte: 5480 “Centro Empresarios de Azul c. AFIP s/ amparo – medida de no innovar”, Registro: 10.037 – 30/08/2004, Dres. Ferro – Tazza – Arrola).

Recuérdese por otra parte, que no corresponde juzgar el acierto o conveniencia del medio arbitrado por el legislador en el ámbito propio de sus atribuciones para alcanzar el fin propuesto (Fallos: 240:223; 247:121; 250:410; 251:21; 253:352; 257:127), pues el control de constitucionalidad que incumbe a los jueces excluye tal examen.

En este punto debo señalar que el agravio formulado por los actores, vinculado a la violación al principio de legalidad, ha caído en abstracto desde que, tal cual se ha dicho, la sanción de la Ley 27.253 vino a despejar cualquier objeción en ése sentido.

No obstante, los argumentos desarrollados por los accionantes se centran, fundamentalmente, en la razonabilidad de las normas referidas en función del resultado de su aplicación.

Aquí se formulan una serie de objeciones, entre las que se encuentra el supuesto privilegio económico que se habría concedido a las entidades financieras debido a las altas comisiones que éstas perciben en cada transacción, lo que devendría en una distribución inequitativa de los perjuicios y beneficios del sistema.

En primer lugar debo señalar que aun cuando los porcentuales de las comisiones fueran los denunciados por los actores, ello no justifica la declaración de inconstitucionalidad del sistema en su totalidad, ni su invalidación, sino en todo caso, la reducción de tales comisiones, lo que aquí no se ha solicitado.

Además, más allá de los argumentos expuestos en demanda, no resulta posible determinar que efectivamente el sistema genere la desigualdad que se denuncia, porque sin perjuicio de los beneficios que los intermediarios financieros pudieran tener, se desconoce cuáles son los riesgos y los costos que han asumido, datos fundamentales para poder arribar a una conclusión global y razonada sobre la equidad del sistema implementado. Por otra parte, aquellos tampoco han sido traídos a estos autos como demandados, con lo cual cualquier decisión al respecto alteraría el principio de bilateralidad procesal y el derecho de defensa de los afectados. Se esgrime también que la obligación de implementar el sistema de pago a través del ‘posnet’ atenta contra los derechos a contratar y de propiedad de los contribuyentes obligados, ya que se está imponiendo la contratación con entidades administradoras y entidades que proveen el instrumental necesario. En su defensa citan una serie de normas regulatorias de los contratos civiles contenidas en el entonces vigente Cód. Civil, que dan cuenta de la necesidad de que haya voluntariedad en la celebración de dicho acto jurídico, para que éste resulte válido.

Ahora bien, entiendo que las normas invocadas por los accionantes no resultan aquí del todo aplicables, ya que en razón de las normas de orden público comprometidas, se encuentra sensiblemente restringido el derecho de contratar que aquellos invocan.

Tal es así que la imposición de dicha contratación viene dada en razón de las finalidades que la administración se ha propuesto para el logro de sus cometidos fiscales. Ello marca una diferencia sustancial entre un contrato civil, regido íntegramente por el derecho privado, y uno administrativo, cuya regulación es alcanzada por el derecho público.

En el sub examine, si bien la contratación referida es celebrada entre particulares y se rige sustancialmente por normas privatistas, viene impuesta por normas indisponibles de derecho público, a través de un régimen que resulta independiente de la voluntad de las partes.

En este sentido ha afirmado Cassagne que un contrato es administrativo en razón de su objeto, “en el caso de que su contenido pertenezca a la función materialmente administrativa, entendiendo por tal aquella cuyas notas esenciales son la concreción, inmediatez y continuidad para satisfacer mediante un régimen de derecho público las necesidades de la comunidad y de los individuos que la integran, con la finalidad de alcanzar el bien común” (citado por Ghersi, Carlos Alberto (2002); Contratos Civiles y Comerciales, Buenos Aires, Astrea, Tomo I, p. 403).

En este orden de ideas, puede afirmarse que la finalidad de imponer a los contribuyentes la contratación referida para poder realizar operaciones con tarjeta de débito, está dada en razones eminentemente fiscales, que tienden al bien común de la comunidad, y que escapan a la voluntad de los contratantes.

Estamos frente a un ‘contrato forzoso o impuesto’, que es aquél contrato celebrado entre particulares, “…cuyas relaciones están regidas por el Derecho privado, pero que es impuesto a una de las partes por el Estado…”, y en el cual “…el contenido del contrato, con frecuencia, es también impuesto por el Estado” (Nicolau, Noemí Lidia (2009); Fundamentos de Derecho Contractual. Teoría General del Contrato; Buenos Aires, LA LEY, Tomo I, p. 209).

De aquí se desprende entonces una restricción al derecho de contratar, con fundamento en una ley de orden público, que supone una tolerancia general que el contribuyente debe soportar, y que no aparece desmedida en razón de los altos fines que persigue.

Finalmente, los accionantes aluden al perjuicio económico que les genera la instalación del sistema pago con tarjeta de débito, haciendo referencia a una serie de costos (de instalación y mantenimiento, de línea telefónica, fiscal, financiero y bancario) que deben afrontar a tal fin.

Debo señalar en primer lugar que el análisis de esta cuestión aparece sumamente dificultoso en un proceso de carácter sumarísimo como el presente, en razón de las mayores necesidades de debate y prueba que ello impone, que no pueden desplegarse en el acotado marco procesal de una acción declarativa como la aquí promovida.

En este punto, y haciendo una analogía con la acción de amparo, puede afirmarse que la pretensión es inadmisible cuando la determinación de la eventual invalidez del acto o conducta que se impugna requiere amplitud de debate y de prueba, extremos cuya demostración es decisiva para su procedencia e imprescindibles, por lo que si bien dicha acción es excluyente de las cuestiones que requieren trámites probatorios, descarta aquellas que son complejas o de difícil acreditación y que, por lo tanto, exigen un aporte mayor de elementos de juicio que no pueden producirse en el breve trámite previsto en la reglamentación legal (Del dictamen de la Procuradora Fiscal, al que la Corte remite—. R. 472. XLV. RHE Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores c. Federación de Obreros y Empleados Vitivinícolas y Afines y otros y otro s/ acción de amparo 09/10/2012 Fallos: 335:1996).

No obstante, y más allá de las dificultades procesales aludidas, encuentro que la argumentación de los accionantes no repara en un aspecto fundamental para evaluar la real incidencia del perjuicio económico alegado, cual es la posibilidad de compensación de cargas tributarias para los responsables inscriptos, y las medidas que está obligado a adoptar el Poder Ejecutivo respecto de los pequeños contribuyentes, que tienen la finalidad específica de eliminar el costo en cuestión.

Recuérdese que no sólo el Decreto 1387/2001 sino también la Ley 27.253 en su artículo 10° prevé expresamente que los contribuyentes podrán computar como crédito fiscal del impuesto al valor agregado el costo que les insuma adoptar el sistema de que se trate, por el monto que a tal efecto autorice la autoridad de aplicación.

Asimismo, y respecto a los pequeños contribuyentes se estableció que el Poder Ejecutivo nacional realizará las acciones necesarias para eliminar la incidencia del costo que les insuma adoptar el sistema de que se trate a aquellos contribuyentes inscriptos en el régimen simplificado para pequeños contribuyentes. Agregando luego que queda prohibida la aplicación de comisiones transaccionales sobre las operaciones comprendidas en lo estipulado en la presente ley realizadas con tarjeta de débito (art.  10° Ley 27.253).

Estas cuestiones fueron soslayadas por los accionantes en su argumentación al alegar respecto del perjuicio económico referido, cuando hubiera resultado trascendente su incorporación para poder determinar fehacientemente la incidencia que dicha carga tiene sobre todos los contribuyentes alcanzados.

En suma, y tal cual lo afirmó la Alzada en una causa de pretensiones análogas a la presente, “si el argumento de que el uso de controladores fiscales implica una carga excesivamente onerosa no se encuentra acreditado, no cabe otorgarle más valor que el de una simple declaración. El limitado marco de acción de un amparo, impide una amplitud de debate y prueba” (CFAMDP Expte: 5480 “Centro Empresarios de Azul c. AFIP s/ amparo – medida de no innovar” Registro: 10.037 – 30/08/2004 Dres. Ferro – Tazza – Arrola).

Siendo así, y en función de los argumentos expuestos, es que considero que corresponde el rechazo de la acción de inconstitucionalidad promovida por los accionantes.

Finalmente, corresponde efectuar algunas consideraciones en relación a la ley aplicable a los fines de fijar la retribución de los letrados intervinientes en autos.

El día 20/12/2017 se promulgó la ley de Honorarios Profesionales de Abogados, Procuradores y Auxiliares de Justicia Nacional y Federal N° 27.423. Si bien el art.  64 del Proyecto de Ley disponía que resultaría aplicable “(…) a los procesos en curso en los que no existiera regulación firme de honorarios”, el Decreto 1077/2017 observó tal precepto, considerando que de seguirse aquella pauta podían afectarse “(…) derechos adquiridos, debido a que los honorarios de los profesionales se devengan por etapas, por lo que disponer la aplicación retroactiva de la norma podría vulnerar dichos derechos” (conf. considerandos del decreto citado).

Con la modificación señalada, la nueva disposición se ajustó al criterio sentado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los autos “Francisco Costa e Hijos Agropecuaria c. Buenos Aires, Provincia de s/ Daños y Perjuicios” —sentencia del 12/09/1996—, oportunidad en la que resolvió que la legislación aplicable al caso quedará determinada por el momento o la época en que se cumplió el hecho, acto o relación jurídica que engendró y sirvió de fundamento a la obligación; “ (…) en el caso de los trabajos profesionales el derecho se constituye en la oportunidad en que se los realiza, más allá de la época en que se practique la regulación”.

Por lo expuesto, no corresponde la regulación de honorarios conforme la ley N° 27.423 si los trabajos profesionales se realizaron con anterioridad a su vigencia, pues ello traería aparejada una afectación de derechos adquiridos que integran el patrimonio de los intervinientes (Fallos: 306:1799).

En cuanto a las costas de este proceso, corresponde su imposición a la vencida, por aplicación el principio general vigente en la materia (art.  68 del Cód. Proc. Civ. y Com. de la Nación).

Por lo antes dicho, y con fundamento en la legislación, jurisprudencia y doctrina indicadas; fallo: I) Declarando Abstracta la acción declarativa de Certeza interpuesta por los accionantes; II. Rechazando la acción de Inconstitucionalidad opuesta en relación a la obligación de aceptar pagos con tarjeta de débito en los términos del artículo 47 del Decreto 1387/2001, Ley 27.253 y normas complementarias y reglamentarias; III. Atento al estado de las presentes actuaciones, se regulan en este mismo acto los honorarios de los profesionales intervinientes: En ese sentido, siendo que —en razón de la naturaleza de la acción entablada— no existe valor económico a considerar como base a los fines arancelarios, evaluando la actuación de los profesionales intervinientes, y teniendo presente la calidad, eficacia, incidencia y trascendencia de la labor profesional desarrollada por cada uno de ellos, así como también el modo en el que culmina el pleito, regulo: a) Los honorarios del Dr. A. J. A. (en representación de los accionantes) en la suma de pesos … ($…), y; b) Los honorarios de los Dres. M. S. C. y J. A. V. (representantes legales de la AFIP y del Estado Nacional), en la suma de pesos … ($…) para cada uno de ellos.

Todo ello, con más el 10% de aportes previsionales a cargo de la parte, y conforme a lo normado por los arts.  6°, 36° y concordantes de las leyes 21.839 y su modificatoria 24.432. Asimismo, si los profesionales fueran responsables inscriptos en relación al IVA, deberá adicionarse el porcentaje correspondiente a dicho impuesto.

Imponer las costas a los accionantes perdidosos. Regístrese, notifíquese y oportunamente archívese. — Santiago José Martín.