Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, sala I(CNTrab)(SalaI)

Fecha: 27/04/2018

Partes: Carlini, Sergio Jesús c. Guía Laboral Empresa de Servicios Eventuales SRL y otro s/ Despido

Publicado en: LA LEY 30/05/2018, 11

 

Sumarios:

  1. Un trabajador que fue contratado con la modalidad de trabajo eventual obró ajustado a Derecho cuando se consideró despedido tras intimar infructuosamente a su empleadora para que lo inscribiera debidamente, ya que la demandada no acercó elementos que prueben lo confeccionado por escrito en el contrato que exprese la demanda extraordinaria, tal como lo requieren los arts. 69 al 72 de la Ley Nacional de Empleo; por lo cual queda en evidencia que la contratación excedió del plazo máximo establecido por ley.
  2. A fin de considerar acreditada la existencia de un contrato de trabajo eventual, esta modalidad debe responder a la satisfacción de resultados concretos, tenidos en cuenta por la contratante, con relación a servicios extraordinarios determinados con anterioridad o exigencias extraordinarias y transitorias de la empresa, explotación o establecimiento, toda vez que no pueda preverse un plazo cierto para la finalización de la relación.

 

Texto Completo: 2ª Instancia.- Buenos Aires, abril 27 de 2018.

La doctora Hockl dijo:

  1. Contra la sentencia de fs. 253/257 apela la parte actora mediante la presentación de fs. 258/260, con oportuna réplica de Schenker Argentina SA a fs. 262/263. Por su parte, el perito contador se queja por considerar exiguos a los honorarios que le fueron regulados en grado (fs. 264).
  2. El Sr. Carlini inició demanda con el fin de percibir las indemnizaciones derivadas del despido indirecto en el que se colocó tras intimar infructuosamente para que le reconozcan la relación laboral que mantuvo, según afirmó, con Schenker Argentina SA; le abonen deudas salariales y le otorguen tareas.

Quien me precedió en el juzgamiento, receptó la demanda en lo principal tras considerar acreditada la falta de pago de remuneraciones. Por su parte, rechazó la acción entablada contra la supuesta empleadora en virtud de lo normado por los arts. 29 bis LCT.

III. El actor afirmó que desde mayo de 2013 fue contratado por la empresa de servicios eventuales codemandada para ser abocado unívocamente a tareas dentro de la empresa Schenker Argentina SA hasta el distracto producido el 23 de octubre del 2014. El juzgador consideró que la contratación no revestía el carácter de fraudulenta pues no superaba el plazo máximo legal (según su parecer, las testimoniales validaron que laboró para Schenker sólo desde marzo del 2014) y que la empresa usuaria logró acreditar las exigencias extraordinarias que la llevaron a contratar al Sr. Carlini (compromisos comerciales con Volkswagen).

Ante dicha resolución se alza el actor, quien sostiene que se ha realizado una valoración parcial de la prueba porque no se tuvo en cuenta la documental que, según afirma, acreditaría que desde el comienzo de la vinculación laboró para Schenker. Afirma que, de este modo, la supuesta eventualidad se prorrogó por un año y cinco meses sin interrupciones. Expresa que su postura fue respaldada por el testigo Ortuño, ofrecido por la demandada.

El examen de casos como el presente requiere —en un primer momento— poner énfasis en lo normado por los arts. 29, 29 bis y 99 de la LCT para determinar quién reviste la calidad de empleador y quién resulta solidariamente responsable en caso de confirmarse la justificación del despido indirecto. Expuesto ello, destaco que no llega discutida la calidad de empresa de servicios eventuales de la codemandada Guía Laboral ni se controvierte que el vínculo laboral del demandante comenzó el día 27/05/2013 y el egreso se produjo el octubre del año 2014.

La a quo entendió que la empresa de servicios eventuales le asignó tareas al actor en Schenker Argentina SA recién desde marzo del 2014 en virtud de las declaraciones testimoniales de M. y C.

Observo que la documental a la que alude el apelante, son los recibos de sueldo glosados en el sobre de fs. 4 cuyas copias obran a fs. 15/29 y gozan de veracidad pues Guía Laboral no negó su contenido (fs. 91 vta./92). Tan sólo resistió que el actor se haya desarrollado desde el comienzo del vínculo exclusivamente para Schenker Argentina SA y que dicho dato figure en los recibos de sueldo. Corresponde destacar que, en los recibos reseñados y extendidos desde mayo del año 2013, en el margen inferior izquierdo aparece que la antigüedad reconocida (valga reiterar, desde su ingreso el 27/05/2013) corresponde a “DB Schenker”. No soslayo que la designación de la empresa no se condice específicamente con la razón social de la codemandada “Schenker Argentina SA”, mas genera un indicio de gran valía en la búsqueda de la verdad jurídica objetiva a fin de determinar dónde fue que el actor se desempeñó efectivamente.

Sobre el punto, tengo en consideración que en el capítulo dedicado a la contestación de demanda del Cód. Proc. Civ. y Com. de la Nación, el art. 356 prevé en su segundo párrafo que deberán especificar con claridad los hechos que se alegaren como fundamento de la defensa. De su lado, el 377 del mismo cuerpo normativo, dispone que “cada una de las partes deberá probar el presupuesto de hecho de la norma o normas que invocare como fundamento de su pretensión, defensa o excepción”. La conjunción de ambas normas generales con la regla específica del art. 92 de la LCT, me permite concluir que si Guía Laboral —dadora de trabajo en su rol de empresa de servicios eventuales— omitió referir y acompañar pruebas con relación a las tareas del actor previas a marzo del 2014, su silencio no puede exteriorizar otra cosa que la confirmación del indicio que reseñé en el párrafo previo.

De manera concreta, al exponer la realidad de los hechos, la propia empresa —a fs. 92 vta.— afirmó que “[m]i parte empleó a Carlini y lo envió al establecimiento de la codemandada a desempeñar tareas eventuales…”. Del relato no puede sino colegirse que la contratación del actor y la designación para Schenker resultaron sin solución de continuidad.

Sumado a lo expuesto, Ortuño —testigo propuesto por la demandada que declaró a fs. 233/234— validó desde su cargo en el departamento de recursos humanos de Schenker, que el actor laboró desde el año 2013 hasta el 2014.

Por lo expuesto, encuentro acreditado dicho aserto.

Tampoco puedo soslayar que la invocación de un contrato de trabajo eventual, debido a su excepcionalidad, implica que recaiga en cabeza de las codemandadas demostrar que revestía tal carácter. Advierto que, a fin de considerar esta modalidad contractual, la necesidad de recurrir a ella debe responder a la satisfacción de resultados concretos, tenidos en cuenta por la contratante, con relación a servicios extraordinarios determinados con anterioridad, o exigencias extraordinarias y transitorias de la empresa, explotación o establecimiento, toda vez que no pueda preverse un plazo cierto para la finalización del contrato. Así, se incluye en esta calificación a aquellas relaciones que comienzan y terminan con la realización de una obra, la ejecución del acto o la prestación del servicio para el que fue contratado el trabajador en atención a la particularidad temporaria, que es antagónica al principio general de indeterminación del plazo (arts. 90 y 99, LCT).

Los arts. 69 al 72 de la Ley Nacional de Empleo, expresan causales que justifican la contratación por la modalidad de trabajo eventual. De esas normas surge que el contrato debe realizarse por escrito y que en casos de demanda extraordinaria la causa debe expresarse allí. En este supuesto, se estipula un máximo de seis meses por año o un año en un período de tres.

Estas premisas no fueron validadas por elemento alguno en la causa ni obra en ella constancia de la confección por escrito del contrato de trabajo (Schenker no ofreció tal documental y Guía Laboral no lo hizo entre la prueba ofrecida a fs. 96). A mi modo de ver, sobre la base de todo lo expresado, se evidenció que la contratación del actor excedió del plazo máximo establecido por ley.

En consecuencia, este último obró ajustado a derecho cuando se consideró despedido tras intimar infructuosamente a Schenker Argentina SA para que —en su carácter de real empleadora— lo inscriba debidamente (art. 242, LCT).

De lo expuesto se deriva la responsabilidad de Schenker Argentina SA como empleador y la de Guía Laboral ESE SRL como deudor solidario, todo ello en los términos de los arts. 14 y 29 de la LCT.

  1. El actor solicita que se condene a las codemandadas a abonar las multas por registración clandestina y conforme a las constancias de fs. 136, 138 y 146, el Sr. Carlini cumplió el recaudo formal del art. 11, LNE.

En el caso, si bien este último no se encontraba registrado por quien, de acuerdo a lo establecido en el apartado anterior, resultó ser el empleador directo, lo cierto es que la codemandada Guía Laboral ESE SA dio cumplimiento con el ingreso de los aportes y contribuciones a la seguridad social, lo que se encuentra reforzado por la circunstancia de que se encontraba registrado con la remuneración y fecha de ingreso verídicas “…más allá de las conclusiones a las que se arribara respecto de la responsabilidad de las empresas intervinientes en su contratación y del carácter que cada una de ellas asumiera…” (cfr. CNAT, Sala I, in re “Sebastián, Ricardo c. Employs SA y otro s/ despido”, SD 82.683 del 26/05/2005). En sentido análogo dejó sentada su opinión personal mi distinguida colega Dra. Graciela González en la causa “Rosales, Sandro c. Quickfood SA y otro s/ despido” (SD 92.165 del 14/11/2017 del registro de esta Sala I), voto que tuve oportunidad de compartir, donde indicó que el trabajador no se veía “…privado del goce de beneficio social alguno, y siendo la única irregularidad que los deberes legales habían sido cumplidos por una empresa que, aunque era responsable solidaria, no era su verdadera empleadora….”.

Aun cuando considero que el trabajador ha sido registrado y se han realizado los aportes y contribuciones a los distintos subsistemas de la seguridad social, por lo que no se verifica la situación de clandestinidad que tiende a sancionar la ley 24.013, corresponde aplicar la doctrina del plenario n° 323, “Vásquez, María L. c. Telefónica de Argentina SA y otro” que tuvo en cuenta quien me precedió en el juzgamiento, y que resulta de aplicación obligatoria conforme lo prevé el art. 303, Cód. Proc. Civ. y Com. de la Nación en tanto dispone que: “[c]uando de acuerdo con el primer párrafo del art. 29, LCT se establece que el trabajador ha sido empleado directo de la empresa usuaria de sus servicios, procede la indemnización prevista en el art. 8° de la ley 24.013 aunque el contrato de trabajo haya sido inscripto solamente por la empresa intermediaria”.

Si bien no comparto la doctrina de referencia, el art. 303, Cód. Proc. Civ. y Com. de la Nación determina la aplicación obligatoria de los fallos plenarios “… más allá de la opinión personal de quien juzga…” tal como se señalara en la causa “Adduci, Rodrigo M. c. Telefónica Móviles Argentina SA y otro s/ despido” (SD 92.231 del 15/12/2017) con relación a la doctrina del Plenario “Vásquez”; y las codemandadas no han planteado en las contestaciones de demanda la inconstitucionalidad de dicha norma, por lo que, a la luz de las consideraciones expuestas, propicio modificar el decisorio de grado.

Al respecto, coincido con lo expuesto por la Sala II, CNAT en reiteradas oportunidades en el sentido que “la derogación de los arts. 302/303 del Cód. Proc. Civ. y Com. de la Nación CN por parte del art. 12 de la ley 26.853 no resulta aún operativa a tenor de lo dispuesto por el art. 15 de dicha ley, que supedita la aplicación de la normativa a la creación de la cámara de Casación, de manera que deberían considerarse ultractivos y, por ende, vigentes las doctrinas plenarias sentadas por esta Cámara y con efecto obligatorio”.

También destaco que, aún de no ser así, resultaría de todas maneras conveniente por razones de seguridad y previsibilidad jurídica, seguir los criterios uniformadores derivados de la doctrina sentada por esta Cámara desde agosto de 1946. En otras palabras, si se considerase que los Acuerdos Plenarios han perdido vigencia obligatoria, considero adecuado igualmente seguir aplicando las doctrinas sentadas por este prestigioso cuerpo especializado en forma potestativa.

En idéntico sentido se ha expedido la CNAT en el Acuerdo Plenario celebrado el 15/03/2015, oportunidad en la que resolvió —por mayoría— mediante Acta 2613, continuar con la convocatoria a Plenario oportunamente dispuesta, tal como lo hiciera también la Cámara Nacional en lo Civil, en Acuerdo Plenario del 23/12/2013, recaído en los autos ‘Inversiones Rifer S.R. L. c. Fruticom SA s/ incidente civil’, y la Cámara Nacional en lo Civil y Comercial Federal, en Acuerdo Plenario del 27/02/2014 en los autos ‘Parota, César y otros c. Estado Nacional – Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y otros s/ Proceso de Conocimiento’” (ver, “Moroni Méndez, Matías F. c. Vazcon SA s/ despido” nro. 48.239/2013, SD nro. 107.070 del 12/05/2016; “González, Inocencio c. Berkley International ART SA s/ Accidente – Ley Especial” nro. 9498/2015, SD nro. 109.392 del 08/09/2016 entre muchos otros, del registro de la Sala II).

De tal modo, arribo a las siguientes sumas:

– Art. 8°, Ley 24.013 ($6454,60 * 17 meses /4): $27.432,05

– Art. 15 Ley 24.013 (art. 245 LCT $12.909,20 + art. 232 LCT $6454,60 + art. 233 LCT $1.506,07 —$6454,60/30*7—): $20.869,87

De conformidad con lo resuelto corresponde diferir a condena el importe de $119.669,79 (multas aquí establecidas más los $71.367,87 dispuestos en grado). A dicha suma deben adicionarse los intereses dispuestos en grado, que no llegan objetados.

  1. Teniendo en cuenta la extensión de los trabajos cumplidos, el resultado del pleito y lo normado por el art. 38 de la LO y disposiciones arancelarias de aplicación y vigentes a la época de las tareas ponderadas a los fines regulatorios (arts. 1°, 6°, 7°, 8°, 9°, 19 y 37 de la ley 21.839 y art. 3°, incs. b) y g) del decreto 16.638/1957; cfr. arg. CSJN, in re “Francisco Costa e Hijos Agropecuaria c. Provincia de Buenos Aires s/ daños y perjuicios”, sentencia del 12/9/1996, publicado en Fallos 319:1915), estimo que corresponde confirmar los honorarios correspondientes a la representación letrada del actor y del perito contador.
  2. Sugiero imponer las costas de alzada a las codemandadas vencidas en lo principal (art. 68, Cód. Proc. Civ. y Com. de la Nación). Teniendo en cuenta similares pautas, propicio regular los honorarios de la representación letrada de ambas partes (actor y Guía Laboral ESE SRL), por su actuación en la alzada, en el 30% y el 30%, respectivamente, de lo que a cada uno de ellos les corresponda percibir por sus labores desarrolladas en la anterior etapa (arts. 14, ley 21.839 y 30, ley 27.423).

VII. En definitiva, de compartirse mi propuesta, correspondería: a) Confirmar el fallo apelado en lo principal que decide y condenar a ambas codemandadas a abonar al actor la suma de $119.669,79 más los intereses dispuestos en grado; b) Fijar las costas de Alzada a cargo de las accionadas vencidas y c) Regular los honorarios de los firmantes de los escritos dirigidos a esta Alzada en el 25% —respectivamente— de lo que a cada uno de ellos les corresponda percibir por su actuación en la anterior etapa.

El doctor Pirolo dijo:

Que adhiere a las conclusiones del voto que antecede, por análogos fundamentos.

A mérito de lo que resulta del precedente acuerdo, se resuelve: a) Confirmar el fallo apelado en lo principal que decide y condenar a ambas codemandadas a abonar al actor la suma de $119.669,79 más los intereses dispuestos en grado; b) Fijar las costas de Alzada a cargo de las accionadas vencidas; c) Regular los honorarios de los firmantes de los escritos dirigidos a esta Alzada en el 25% —respectivamente— de lo que a cada uno de ellos les corresponda percibir por su actuación en la anterior etapa y d) Hágase saber a las partes que, de conformidad con lo establecido en las Acordadas N° 11/14 de fecha 29/04/2014 y N° 3/15 de fecha 19/2/2015 de la CSJN, deberán adjuntar copias digitalizadas de las presentaciones que efectúen, bajo apercibimiento de tenerlas por no presentadas. Regístrese, notifíquese, oportunamente comuníquese (art. 4°, Acordada CSJN N° 15/13) y devuélvase. — María C. Hockl. — Miguel A. Pirolo.