Autor: Ferrer, Francisco A. M.
Publicado en: DFyP 2017 (noviembre), 14/11/2017, 150 – LA LEY 22/05/2018, 22/05/2018, 1
Cita Online: AR/DOC/2650/2017
Sumario: I. Sucesión del conviviente.— II. Conclusión.

Abstract: El derecho hereditario legal se mantiene como privilegio exclusivo del matrimonio. No obstante la aproximación que se ha producido progresivamente entre las diversas formas de conyugalidad, el derecho sucesorio continúa estableciendo una diferencia esencial entre el matrimonio y la unión convivencial.

I. Sucesión del conviviente

El nuevo Código Civil y Comercial reglamenta a partir del art. 509 y hasta el art. 528 la unión convivencial, que conceptualiza como la unión “basada en relaciones afectivas de carácter singular, pública, notoria, estable y permanente de dos personas que conviven y comparten un proyecto de vida en común, sean del mismo o diferente sexo”. Y para que se le reconozcan efectos jurídicos deben reunir los siguientes requisitos (art. 510): los dos integrantes deben ser mayores de edad; no deben estar unidos por vínculos de parentesco, en línea recta en todos los grados, y en la colateral hasta el 2° grado; ni por vínculos de afinidad en línea recta; no deben soportar impedimento de ligamen ni deben tener registrada otra convivencia de manera simultánea; y, finalmente, deben mantener la convivencia durante un período mínimo de dos años.
La unión convivencial, su extinción y los pactos que celebren los convivientes se deben registrar en el Registro correspondiente. La registración sólo se exige a los fines probatorios (art. 511).
Pueden celebrar pactos para regular sus relaciones económicas (contribución a las cargas del hogar, atribución del hogar familiar en caso de ruptura, la división de los bienes adquiridos por el esfuerzo común si se produce la ruptura de la convivencia, etc.; art. 514).
El nuevo Código, a falta de pacto, regula los efectos patrimoniales de la unión convivencial: establece la regla de la libre administración y disposición de los bienes de cada uno de los convivientes (art. 518), excepto lo dispuesto para la protección de la vivienda familiar y de sus muebles (arts. 516 y 522). Asimismo, establece el deber de asistencia, la contribución a los gastos del hogar y la responsabilidad frente a terceros acreedores (arts. 519/521).
En el art. 523 se establecen las causas de cesación de la unión convivencial, y a continuación se reglamenta la compensación económica que, una vez cesada la convivencia, le corresponde al conviviente que sufra un empeoramiento de su situación económica con causa adecuada en la convivencia y su ruptura. Puede consistir en una prestación única o en una renta que no puede superar la duración de la unión concubinaria. Si no la acuerdan las partes, la fija el juez (art. 524). En el art. 525 se fijan las pautas que debe tener en cuenta el juez para fijar la compensación económica, y se establece que la acción para reclamar esta compensación caduca a los seis meses de producirse cualquiera de las causas de finalización de la convivencia.
También se contempla la atribución del uso de la vivienda que fue sede de la unión convivencial, que puede ser para uno de los convivientes en los casos que determina el art. 526. El juez debe fijar el plazo de la atribución, que no puede exceder de dos años a contar del cese de la convivencia, y a petición de la otra parte el juez puede fijar una renta compensatoria por el uso del inmueble, y que éste no sea enajenado, y si está en condominio entre los convivientes, que no sea partido ni liquidado en ese plazo. Asimismo, si es alquilado, el conviviente no locatario tiene derecho a continuar en la locación hasta el vencimiento del plazo, manteniéndose el obligado al pago y las garantías (art. 526).
En cuanto a la distribución de los bienes una vez cesada la convivencia, hay que estar en primer lugar a lo convenido por las partes. A falta de pacto, los bienes adquiridos durante la convivencia se mantienen en el patrimonio al que ingresaron, sin perjuicio de que el conviviente perjudicado puede alegar la aplicación de principios generales, como el enriquecimiento sin causa, la interposición de personas, la sociedad de hecho, etc. (art. 528).
En cuanto al derecho sucesorio intestado de los convivientes entre sí, nada dispone el Código Civil y Comercial. En este aspecto la situación se mantiene sin variantes: la ley no reconoce vocación hereditaria recíproca entre los convivientes (1).
Pero sin duda el conviviente puede ser beneficiado con una disposición testamentaria, pudiendo su compañero/a instituirlo como heredero universal, si carece de herederos forzosos; o, si los tiene, lo puede instituir como heredero de cuota, en cuyo caso podrá disponer de la porción disponible (un tercio o la mitad, si tiene descendientes o ascendientes, respectivamente, arts. 2445 y 2446). También podría constituir un fideicomiso, instituyendo al conviviente como beneficiario o fideicomisario (art. 2493). Por último, también podrá asignarle legados de bienes particulares.
El derecho hereditario legal se mantiene como privilegio exclusivo del matrimonio. No obstante la aproximación que se ha producido progresivamente entre las diversas formas de conyugalidad, el derecho sucesorio continúa estableciendo una diferencia esencial entre el matrimonio y la unión convivencial.
La injusticia que esta solución puede presentar cuando se trata de uniones convivenciales de muchísimos años no se cubre invocando la posibilidad de efectuar beneficios económicos dispuestos por testamento y la ampliación de la porción disponible, porque sabido es que en nuestro país no está incorporada a la propia costumbre la práctica de otorgar testamentos. Por eso era el reclamo de un importante sector de la doctrina que el legislador reglamentara el derecho hereditario intestado entre los convivientes, como lo han hecho muchas legislaciones próximas a la nuestra (2). Y algunos proyectos de ley argentinos siguieron esa corriente: el proyecto presentado en 1996 por los diputados Elisa M. Carrió, Víctor M. F. Fayad, Federico Storani y otros dispone que con cinco años de convivencia se consideran gananciales los bienes adquiridos a título oneroso durante la convivencia y los acrecentamientos de los bienes propios, los cuales se deben dividir por mitades a la muerte de unos de los convivientes. Si no quedan descendientes ni ascendientes, los convivientes cuya unión perduró un lapso no inferior a cinco años y ambos con aptitud nupcial, se heredan recíprocamente (arts. 16, 17 y 18). Y otro en el mismo sentido y similar contenido presentado en el Senado por la senadora Mónica Perceval. Pero quedaron en proyectos.
Quedamos, hasta ahora, al margen de la convergencia legislativa que se aprecia en la mayoría de los países de nuestra región:
– Uruguay, ley 18.246/08, art. 11: concede al concubino supérstite con cinco años de convivencia los mismos derechos sucesorios que el art. 1026 del Cód. Civil acuerda al cónyuge, pero carece de la calidad de legitimario, es desplazado por los descendientes, concurre con los ascendientes (la mitad de la herencia para el conviviente y la otra mitad para los ascendientes) y excluye a los colaterales. Si existe cónyuge supérstite, integrarán la misma parte, y en proporción a los años de convivencia (3).
– Brasil: siempre que la unión de hecho sea “duradera” (art. 1723), el art. 1790 establece los derechos sucesorios del conviviente respecto de los bienes adquiridos onerosamente durante la vigencia de la unión estable, en concurrencia con hijos comunes, con descendientes sólo del causante, y con otros parientes sucesibles (ascendientes y colaterales hasta el cuarto grado). No habiendo parientes en grado sucesible, toda la herencia queda para el compañero supérstite, que no obstante no tiene carácter de heredero forzoso (4).
– Paraguay, ley 1/92: asigna derechos sucesorios al concubinario supérstite en concurrencia con hijos y con ascendientes, y a falta de ellos recibe todos los bienes del causante excluyendo a los colaterales (arts. 91/93). Se requiere que la unión estable, singular y notoria dure al menos cuatro años, a menos que hubiesen nacido hijos comunes, y sus integrantes no soporten impedimentos matrimoniales. Esta unión genera una comunidad de gananciales que se dividirá por mitades al disolverse, siendo la muerte de un compañero causal de disolución. El supérstite es heredero, pero no tiene carácter legitimario (5).
– Chile, ley 20.830 de 2015, art. 16: establece que el acuerdo de unión civil otorga a los convivientes el derecho sucesorio intestado recíproco y el supérstite concurrirá a la sucesión de su conviviente de la misma forma que el cónyuge y tendrá sus mismos derechos, siendo heredero legitimario.
– Perú: por ley 30.007 de 2013 se modificó el Cód. Civil (arts. 326, 724, 816 y 2030, inc. 10), acordándose a los integrantes de una unión libres de impedimento matrimonial el derecho sucesorio intestado del matrimonio, con carácter de herederos legitimarios. Se requieren dos años de convivencia.
– Ecuador: el art. 68 de la Constitución de 2008 reconoce a la unión estable y monogámica entre dos personas libres de vínculo matrimonial que forman un hogar de hecho y que, reuniendo las condiciones que determine la ley, generará los mismos derechos y obligaciones que tienen las familias constituidas mediante matrimonio. Los integrantes con dos años de convivencia gozan del derecho sucesorio intestado, pero no son herederos legitimarios (arts. 222, 223, 230, 233 y 332 del Cód. Civil, reforma de 2015).
– Colombia: por ley 54 de 1990, modificada por ley 979 de 2005, se dispone que la unión marital de hecho por dos años produce una sociedad patrimonial entre ambos integrantes de la pareja con todos los bienes adquiridos durante la unión por el trabajo, incluidos sus frutos y rentas, cuyo capital se dividirá por partes iguales al finalizar la unión marital. Si cesa por muerte de alguno de sus integrantes, la partición se hace en el proceso sucesorio con los herederos del conviviente fallecido. No forman parte del capital de la sociedad los bienes adquiridos antes de iniciar la unión, ni los adquiridos posteriormente por herencia, donación o legado.
Algunos efectos de carácter sucesorio, no obstante, reconoce el Código Civil y Comercial a la unión convivencial:
1) La compensación económica prevista por el art. 524 para cuando cese la convivencia por cualquiera de las causas establecidas en el art. 523, a favor del conviviente que sufra un desmejoramiento de su situación económica por causa de la finalización de la unión convivencial. La muerte es la primera de las causas de cesación de la unión (inc. a], art. 523), que habilitaría al sobreviviente a reclamar esta compensación a la sucesión del conviviente fallecido, para lo cual goza de un plazo de seis meses, a contar de su deceso (último párrafo, art. 523). La compensación puede consistir en una prestación única o en una renta por un plazo que no puede superar la duración de la unión convivencial.
2) Atribución de la vivienda a favor del conviviente supérstite, cuando carece de vivienda propia habitable o de recursos suficientes que le permitan acceder a ella. En este supuesto podrá invocar el derecho real de habitación gratuito por un plazo máximo de dos años sobre el inmueble propiedad del causante que fue el último hogar familiar y que a la fecha de apertura de la sucesión no se encontraba en condominio con terceros. Este derecho es inoponible a los acreedores del causante y se extingue si el supérstite constituye una nueva unión convivencial, contrae matrimonio o adquiere una vivienda propia habitable o bienes suficientes para adquirirla (art. 527).
3) Legitimación del matrimonio in extremis. No se produce la exclusión hereditaria del cónyuge supérstite cuando su consorte fallece dentro de los treinta días de celebrado el matrimonio, de una enfermedad que padecía al momento de la celebración y que era conocida por el contrayente sano, cuando una unión convivencial con las características que establece el art. 510 hubiera precedido a este matrimonio, con lo cual queda convalidado y legitimada la vocación hereditaria del cónyuge supérstite.

II. Conclusión
Ha sido positivo, sin duda, el avance que representa el nuevo Código al contemplar normativamente la situación de las uniones de hecho. La libertad de contratar entre ellos sobre aspectos patrimoniales de su relación ya la gozaban sus integrantes bajo la antigua legislación civil. Ahora está regulada por una normativa legal expresa (arts. 513/518). Además, se estableció una reglamentación imperativa y básica que, en función de la solidaridad y de la equidad, contempla el sostenimiento del hogar, la manutención y educación de los hijos, protege la vivienda familiar y los intereses de los terceros que contratan con los integrantes de la pareja (arts. 519/522). Combina adecuadamente los principios de libertad, solidaridad y seguridad para los terceros.
Pero nos parece que se debió contemplar también el derecho sucesorio de los convivientes y acordarles derecho hereditario ab intestato, graduando su concurrencia con descendientes, ascendientes y colaterales, y asignándole toda la herencia a falta de parientes en grado sucesible. Nos parece que se impone esta solución, porque el matrimonio ya dejó de ser el fundamento exclusivo de la familia. Hay diversos modelos de familia: la unión de hecho o convivencial o concubinato entre dos personas es uno de ellos, y si ha adquirido reconocimiento legal, no puede prescindirse del aspecto sucesorio para que su regulación y protección sea completa. Las características y límites de tal regulación serán cuestión de política legislativa, conforme a las valoraciones y condiciones sociales de cada país.

(1) MÉNDEZ COSTA, María J., “Los convivientes y la sucesión mortis causa en el derecho proyectado”, en CÓRDOBA, Marcos M., Derecho moderno, Liber Amicorum, Ed. Rubinzal-Culzoni, Buenos Aires – Santa Fe, 2013, t. I, ps. 701 y ss.; LLOVERAS, Nora – ORLANDI, Olga – FARAONI, Fabián, “Uniones convivenciales”, Ed. Rubinzal-Culzoni, Buenos Aires – Santa Fe, 2016, ps. 512/513; IGLESIAS, Mariana B., en SÁNCHEZ GUERRERO, Andrés (dir.), Tratado de derecho civil y comercial, Ed. La Ley, Buenos Aires, 2016, t. VIII, ps. 519 y ss.
(2) Entre otros: ARIANNA, Carlos A., “Uniones de hecho y derecho sucesorio”, nros. IV y V, Revista de Derecho Privado y Comunitario 2014-03-385 y ss.
(3) Ver RIVERO de ARHANCET, Mabel, “Lecciones de derecho sucesorio”, 3ª ed., Fundación de Cultura Universitaria, Montevideo, 2014, ps. 137 y ss.; CAROZZI, Emma, “Ley de Unión Concubinaria”, Fundación de Cultura Universitaria, Montevideo, 2012, ps. 127 y ss.
(4) DE SALVO VENOSA, Silvio, “Direito civil. Direito das successoes”, 11ª ed., Ed. Atlas, São Paulo, 2011, ps. 141 y ss.
(5) MARTÍNEZ, Eladio W., “Derecho sucesorio en la legislación paraguaya”, 3ª ed., Ed. La Ley Paraguaya, Asunción, 2001, ps. 379 y ss.