Se interpuso acción contra una aseguradora destinada a cobrar la indemnización derivada del accidente ocurrido con el vehículo asegurado. La demandada opuso como defensa una cláusula que preveía la exclusión de cobertura cuando el rodado era conducido por una persona distinta al titular al momento del siniestro. En primera instancia el juez rechazó la pretensión. La Cámara revocó lo decidido e hizo lugar al reclamo.

Sumarios

Teniendo en cuenta que el accidente con el vehículo asegurado ocurrió en ocasión de un viaje de vacaciones en el cual el actor sufrió un problema cardio-respiratorio que lo obligó a ceder el volante a un familiar a fin de ser trasladado a un nosocomio, la defensa de la aseguradora basada en una cláusula que preveía la exclusión de cobertura cuando el rodado era conducido por una persona distinta al titular al momento del siniestro debe rechazarse, pues su conducta contradice el sustento del “deber de humanidad” dispuesto por el art. 43 de la ley 17.418 y viola el estándar de buena fe exigido por el art. 961 del Código Civil y Comercial, sumado a que la situación fáctica muestra que se configuró un hecho de fuerza mayor que no puede ser imputado al demandante (art. 1730, CCCN).

Fallo

2ª Instancia.- Buenos Aires, julio 13 de 2017.

¿Es arreglada a derecho la sentencia apelada de fs. 713/723?

A la cuestión planteada la doctora Villanueva dijo:

I. La sentencia.

En la sentencia dictada a fs. 713/723, la señora magistrada de primera instancia rechazó la demanda promovida por Oscar Bernardo Merovich contra La Nueva Cooperativa de Seguros Ltda., con costas al actor en su calidad de vencido.

Para así resolver, la señora juez consideró improcedentes las objeciones articuladas por el actor en contra de la cláusula incorporada en la póliza contratada que, individualizada como “cláusula adicional 38”, había sido invocada por la demandada para resistir el pago de la cobertura del siniestro sufrido por el demandante en ocasión de accidentarse con el vehículo asegurado.

Consideró que las cláusulas de esa índole tenían por objeto, entre otros, el de ampliar, condicionar, delimitar, modificar o suprimir los riesgos que resultaran de las condiciones generales de la póliza de la que se tratara.

En tal contexto, concluyó que la aludida cláusula adicional 38 había determinado las condiciones que habrían de regir el seguro contratado por el actor, del que resultaba que la cobertura no regía cuando el siniestro se produjera mientras el vehículo fuera conducido por una persona distinta a ese demandante, que era lo que había sucedido en el caso.

Restó relevancia a la alegación del señor Merovich vinculada con que su parte no había suscripto tal cláusula y, tras concluir que la redacción de ésta era clara y no daba margen a otras interpretaciones, ponderó, además, que la Superintendencia de Seguros de la Nación había informado que tal disposición se hallaba vigente para toda la plaza aseguradora de taxis y que, además, la limitación cuestionada había implicado una rebaja en el precio de la prima que había pagado el tomador.

También restó relevancia al hecho de que el siniestro se hubiera producido en el marco del episodio de salud que había sufrido el señor Merovich, conclusión a la que arribó tras ponderar que la compañía no había asumido ese riesgo ni había percibido ninguna contraprestación para asegurar ese eventual suceso.

Con sustento en lo expuesto, rechazó la demanda por aplicación de la exclusión de cobertura prevista en esa cláusula, sin examinar las razones alegadas por la aseguradora para sostener que en autos no se había producido la destrucción total del vehículo asegurado, por estimar que esa defensa se había tornado abstracta.

II. El recurso.

El pronunciamiento fue apelado por el señor Merovich a fs. 728, quien expresó agravios a fs. 764/786, los que fueron contestados por su contraparte a fs. 791/797.

El nombrado se agravia del hecho de que la señora juez de grado haya rechazado la acción sobre la base de un razonamiento que considera arbitrario y contrario a los hechos probados en la causa.

Sostiene haber manifestado expresamente que la cláusula adicional 38 no había sido suscripta por su parte, de lo que deduce que la sentenciante no debió aplicarla, dado que, como había sido establecido en esa misma cláusula en su letra chica, si ella no era firmada carecería de valor.

Sin perjuicio de ello, abunda en otros argumentos para sostener la invalidez de la disposición cuestionada y concluye que, de todos modos, la sentenciante también se equivocó al interpretarla, toda vez que se atuvo a su letra sin considerar su real finalidad, haciendo caso omiso a la particular situación del caso.

Cita doctrina y jurisprudencia para fundamentar cada una de sus afirmaciones vinculadas con el régimen que debe aplicarse a los contratos de adhesión, a las normas que rigen el derecho del consumidor y a la interpretación de los contratos, especialmente al contrato de seguro.

Todo ello lleva al apelante a ratificar su apreciación acerca de que la sentenciante se equivocó al aplicar en forma automática esa cláusula prescindiendo de los hechos del caso, máxime cuando también se soslayó que el supuesto de autos exhibe que el incumplimiento reprochado a su parte había ocurrido por causa de fuerza mayor.

Hace hincapié en la “buena fe” que debe primar como criterio de interpretación en este tipo de convenios en cuya redacción no interviene el asegurado.

Afirma que el contrato de autos, con cláusulas adicionales y particulares, es claramente no sólo de adhesión sino también de consumo, lo cual imponía interpretarlo a la luz de las reglas que sostiene.

Expresa, además, que la citada cláusula 38 no puede considerarse vigente en supuestos en los que, como el debatido en el sub lite, el rodado no se estaba utilizando como taxi sino para uso personal del actor.

III. La solución.

1. Como surge de la reseña que antecede, el actor demandó en estos autos el cobro de la indemnización que, según adujo, la demandada debía otorgarle en cumplimiento del contrato de seguro celebrado entre las partes.

La aseguradora declinó su responsabilidad con sustento en dos defensas principales.

Por un lado, invocó que no había sido el actor quien se encontraba manejando el vehículo al momento del siniestro, de lo que derivó que se había configurado la causal de exclusión prevista en la cláusula adicional N° 38 de la póliza contratada.

Y, por el otro, lo mismo alegó —exclusión de cobertura— con fundamento en que el rodado no había sufrido destrucción total en los términos previstos en esa misma póliza, en la que se había pactado que, para que este riesgo pudiera considerarse producido, era necesario que el valor de realización de los restos del rodado no superara el 20% de su valor de venta al público, lo cual no había ocurrido.

Como ya fue dicho, la sentencia rechazó la acción por considerar procedente la primera de esas defensas, lo cual tornó abstracto el tratamiento de la segunda de ellas y motivó los agravios que he sintetizado en el punto anterior.

2. A mi juicio, el recurso debe considerarse procedente.

No desconozco que en la referida cláusula N° 38 se previó que la cobertura no existiría si, al accidentarse el vehículo asegurado, éste estuviera siendo conducido por una persona distinta del actor, lo que efectivamente sucedió en el caso.

Y tengo presente que, al ser el riesgo —condicionado a la existencia de interés asegurable— el objeto del contrato de seguro, la aseguradora sólo se encuentra obligada a indemnizar en la medida en que se compruebe la producción de un siniestro cubierto mediante la descripción de ese riesgo.

Pero el hecho de que una cláusula de exclusión de cobertura se encuentre vigente no autoriza a sostener que ella deba ser aplicada de modo automático como la demandada pretende, esto es, sin posibilidad de atender a las circunstancias que rodearon el siniestro si de éstas deriva que lo ocurrido no ha tenido nada que ver con las previsiones efectuadas por las partes al contemplar esa exclusión.

3. En lo que aquí interesa, esa disposición contractual supeditó la cobertura a que fuera el actor quien estuviera manejando el vehículo al ocurrir el siniestro.

Se limitó así el tiempo en el que el automotor habría de quedar expuesto a sufrir similares siniestros, lo cual se tradujo, a su vez, en una disminución de la prima a ser pagada que, de su lado, otorgó al contrato su adecuado sinalagma.

Contra la validez de esa cláusula el recurrente planteó sus argumentos en el recurso. Sin embargo, considero que, aun si se desestimaran esos fundamentos y se considerase válida la previsión contractual, existen razones para concluir que ella no es aplicable al caso de marras.

Admitir la validez de una cláusula no implica, de todos modos, habilitar su ejercicio abusivo, siendo del caso recordar que esa distinción —entre “cláusula abusiva”, y “ejercicio abusivo de una cláusula que en principio no lo es”— fue efectuada por la Corte Nacional en términos que considero aquí aplicables (ver Legarre, Santiago, La Corte se pronuncia nuevamente sobre los contratos de concesión, ED, 145-759).

Así lo juzgo, pues la pretensión de aplicar esa disposición contractual en la especie trasunta el ejercicio abusivo del derecho respectivo, que no fue concebido para regir supuestos como el que justificó este reclamo.

Nótese que el accidente que me ocupa ocurrió cuando, en ocasión de un viaje por vacaciones que el actor intentaba realizar con su familia, el nombrado sufrió un problema cardio-respiratorio que el perito médico designado en autos asemejó a un infarto agudo de miocardio (ver fs. 550/55).

Fue ese cuadro clínico el que, precisamente, obligó al demandante a ceder el volante a la hija de su mujer a efectos de que fuera ésta quien tomara esa conducción con destino a un nosocomio en el cual el señor Merovich pudiera ser atendido.

Así planteados los hechos, no encuentro posible aceptar que, como lo pretende la aseguradora, nos hallemos ante el supuesto de exclusión descripto en la cláusula referida.

¿Qué hubiera debido hacer el actor para no perder la cobertura? ¿Seguir manejando él pese a que había sufrido un problema de salud que le impedía hacerlo? ¿O hubiera debido detener el vehículo y no acudir a ningún nosocomio con riesgo de morir en la ruta, pero sin perder la cobertura?

La sola formulación de estos interrogantes exhibe que el ejercicio de esa cláusula, en tanto aplicada a los referidos hechos, debe considerarse abusivo.

El actor no continuó conduciendo, porque no pudo; y, si otra persona lo hizo en su lugar, fue porque ese proceder se volvió indispensable.

Todo esto se encuentra probado en el peritaje médico ya citado, en el que el experto refirió expresamente que el demandante no se había hallado en condiciones de seguir manejando y que, si lo hubiera hecho, hubiera agravado las posibilidades de sufrir el siniestro.

En esas condiciones, resulta analógicamente aplicable al caso lo dispuesto en el art. 43 de la ley 17.418, que establece:

“…las disposiciones sobre agravación del riesgo no se aplican en los supuestos en que se lo provoque para precaver el siniestro o atenuar sus consecuencias o por un deber de humanidad generalmente aceptado” (sic).

Sin duda, la decisión del actor de no seguir conduciendo fue arbitrio idóneo para evitar ese siniestro, que tenía enorme probabilidad de producirse si no se adoptaba ese temperamento.

Y, sin duda también, la pretensión de la aseguradora de excluir la cobertura de su asegurado por haber adoptado ese arbitrio en defensa de su propia vida, contradice el sustento del “deber de humanidad” que el propio legislador contempló como hipótesis que postergaba la aplicación de las normas que regulan la agravación del riesgo, instituto —este último— que se inspira en similares fundamentos que el que aquí me ocupa.

A ese fundamento, basado en la aplicación analógica de la referida norma, se agrega otro de no menor relevancia en tanto revela el abuso en el que la demandada incurrió.

Me refiero a que los hechos sucedidos en ocasión del siniestro exhiben que éste no tuvo nada que ver con los presupuestos que condujeron a la aseguradora a establecer esa limitación del riesgo, que, reitero, tuvo por designio disminuir el tiempo durante el cual el vehículo se abría de encontrar expuesto a padecerlo.

Todo esto me parece tan obvio, que no creo necesario abundar en mayores consideraciones.

Sólo encuentro necesario agregar que no es posible arribar a una solución distinta sobre la base de que la aseguradora no asumió el cuadro de salud que padeció el actor.

¿Podría acaso haberse establecido una cláusula que obligara al señor Merovich a continuar manejando aunque estuviera sufriendo un cuadro compatible con un infarto?

¿O podría haberse establecido contractualmente que si el señor Merovich sufría ese cuadro no podría delegar la conducción del vehículo so pena de perder la cobertura?

Como es claro, eso no se reguló así porque una regulación semejante hubiera dado lugar a cláusulas notoriamente abusivas, lo cual conduce a lo dicho: aunque no expresamente asumido por la aseguradora, el riesgo de que se verificara un suceso como el que aquí ocurrió, no pudo ser soslayado por ella.

Lo expuesto exhibe que, al interpretar y ejecutar el contrato, la demandada violó el estándar de buena fe que le exigía el art. 961 del Cód. Civ. y Com. de la Nación, atribuyendo a la cláusula cuestionada un alcance que, obrando con el cuidado y la previsión que esa norma exige a los contratantes, jamás hubiera podido entenderse pactado por éstos.

Por lo expuesto, y siendo que, de todos modos, la situación fáctica analizada muestra que se configuró un hecho de fuerza mayor que no puede ser imputado al demandante (art. 1730 del Cód. Civ. y Com. de la Nación; art. 260 del mismo código), propongo a mi distinguido colega revocar la sentencia en cuanto admitió la aludida defensa.

4. Así las cosas, paso a ocuparme de tratar la resistencia que la demandada opuso con sustento en que no se había configurado en autos la hipótesis de destrucción total que condicionaba su responsabilidad.

No es hecho controvertido que en la cláusula 9° de la póliza se describió tal hipótesis de daño total mediante la referencia al valor de los restos de la unidad siniestrada, exigiéndose que, para que pudiera tenerse por configurado ese supuesto, el valor de tales restos no debía superar el 20% del valor de venta al público del vehículo asegurado.

Tampoco lo es que esa hipótesis no se configuró en la especie, toda vez que los restos del rodado que dio origen a este expediente fueron tasados en un valor que supera el aludido 20%.

Finalmente, igualmente fuera de controversia se encuentra que, como fue informado en el peritaje mecánico producido a fs. 471/488, el valor de venta al público de ese rodado ascendía a la suma de $93.560, mientras que el costo de su reparación alcanzaba la suma $117,482, según valores tomados a la fecha informada por el experto.

5. Pues bien: a través de varias de sus Salas, esta Cámara se ha pronunciado en contra de la viabilidad de interpretar la cláusula de marras del modo mecánico que propone la demandada (ver, en tal sentido, Sala A, “Villares David c. La Buenos Aires Cía. Argentina de Seguros SA s/ ordinario”, del 15/04/2008; íd. “Liotta Leonardo F. c. Compañía Argentina de Seguros Visión s/ ordinario”, del 21/11/2000; Sala C, “Alzogaray José c. Suino Juan C. y otro”, del 28/05/2002; íd., “Scharff, Carlos J. Alberto, c. HSBC La Buenos Aires Seguros SA, s/ ordinario” del 09/06/2008; íd., 13/07/2006, “Agazzani, Adrián c. Provincia Seguros SA”, LA LEY 2006-E; íd. Sala D, “Volpintesta Juan R. c. Mercantil Andina Cía. de Seguros SA s/ ordinario” del 16/08/2016; íd., Sala F, “Ribas Palau Armando J. c. Caja de Seguros SA s/ ordinario”, del 13/09/2010; Sala F, “Berrio Gustavo O. y otro c. La Meridional Compañía Argentina de Seguros SA” s/ ordinario. 15/12/2016, íd. “Díaz Roberto E. c. La Nueva Coop. de Seguros Ltda. s/ ordinario”, del 28/06/2011; íd. “Barbieri, José G. c. Congreso Cía. Argentina de Seguros SA s/ ordinario”, del 24/09/1998, entre otros).

Comparto —en lo sustancial— los fundamentos vertidos en esos precedentes, por lo que, a efectos de evitar innecesarias repeticiones, a ellos me remito.

He de limitarme, por ende, a reseñar los principales aspectos del problema a efectos de indicar las razones por las cuales en este caso se impone la misma conclusión.

En este expediente ha quedado demostrado que el valor de reparación del vehículo asegurado supera largamente su valor de mercado.

De esto se deriva que, si bien tal reparación es posible, resultaría antieconómica, desde que al asegurado le convendría más comprarse un vehículo nuevo que arreglar el siniestrado.

Con esta consecuencia obvia: si se arribara a la conclusión de que eso no alcanza para justificar su derecho a cobrar el seguro, el nombrado se quedaría sin automóvil, salvo que decidiera —y pudiera— comprarse esa unidad nueva, lo cual es aspecto ajeno al contrato y no altera lo que aquí interesa, que es que él se quedaría sin rodado y sin ser indemnizado

Es decir: si, en las condiciones de autos, no se admitiera configurada la hipótesis de daño total, el contrato quedaría privado de todo sentido para el asegurado, pues, pese a haberse comprobado que el nombrado perdió íntegramente el valor que en su patrimonio representaba el bien asegurado, él quedaría igualmente privado de la cobertura que constituyó la causa fin de ese contrato, entendida ésta como “…el fin inmediato autorizado por el ordenamiento jurídico que ha sido determinante de la voluntad…” (art. 281 y 1012 y 1013 del Cód. Civ. y Com. de la Nación).

Esto no es posible a tenor de lo dispuesto en el art. 1013 de ese mismo cuerpo legal, del que surge que la presencia de esa causa es siempre necesaria, al punto de que “…debe existir en la formación del contrato y durante su celebración y subsistir durante su ejecución…” (sic).

Con esta consecuencia: si faltara, esa falta daría lugar “…según los casos, a la nulidad, adecuación o extinción del contrato…” (sic, norma citada).

En tal contexto, aceptar la interpretación de la demandada, sería tanto como admitir que el actor celebró el contrato y pagó las primas para quedar sin cobertura tras haberse comprobado la desaparición del valor del bien de cuya pérdida, precisamente, el nombrado se quiso precaver mediante el convenio celebrado.

Esta conclusión, reitero, no es técnicamente posible, toda vez que conduce a una situación que estaría revelando la desaparición de la causa que había determinado su voluntad de contratar (obtener esa cobertura), por lo que, si se la sostuviera, sería necesario readecuar el contrato en los términos que autoriza la norma recién transcripta.

6. El problema que presenta la cláusula de marras es que, para calificar la configuración del daño total, ella no atiende al daño en sí mismo, sino al valor de los restos.

Es decir: desvía el centro de atención del daño sufrido por el asegurado, al valor remanente en los restos (CNCom, Sala D, “Rodríguez, Enrique O. c. Lua Seguros – La Porteña Seguros SA s/ ordinario” 08/11/2002).

Y aquí se produce el conflicto, toda vez que, como es claro, al asegurado no le interesa el valor de esos restos, sino cuánto debe desembolsar para colocar tales restos en la situación previa al siniestro, con la consecuencia de que, si ese desembolso es igual o superior al costo de adquisición de un nuevo rodado en el mercado, el daño padecido será total para su parte.

En ese marco, la disposición contractual cuestionada no puede ser interpretada de modo que quede acotada a su literalidad, toda vez que, si así se hiciera, no se estaría cumpliendo con la pauta establecida en el art. 1063 del citado cuerpo legal que, al ocuparse del significado que debe atribuirse a las palabras empleadas en un contrato, manda al intérprete a asignarles el sentido que les da el uso general, que exige aquí atribuir a la mención “destrucción total” el que le atribuye el común de la gente, relacionándolo con el costo de la reparación en tanto variable que mejor mide el perjuicio sufrido por el asegurado, que es, además, la base sobre la cual se cimenta esta especie de contrato.

En este mismo sentido se consideró que la destrucción total debía apreciarse en conexión con el costo de las reparaciones, pues, si se omitiera esa interrelación, quedaría sin sentido la cobertura contratada (CNCom, Sala F, “Díaz Roberto E. c. La Nueva Coop. de Seguros Ltda. s/ ordinario” del 28/06/2010).

Así he de interpretar la cláusula cuestionada, esto es, atribuyéndole un campo no acotado a la situación que describe para, en cambio, abarcar también la verificada en autos, lo cual me habilita a proponer que se haga lugar a la acción sin necesidad de declarar la nulidad solicitada.

Una consideración más ratifica la validez de esta propuesta.

Me refiero a que, si se admitiera la interpretación de la aseguradora, se consagraría una solución que en grado de notoriedad provocaría un desequilibrio significativo entre los derechos y las obligaciones de las partes en perjuicio del consumidor, lo cual obligaría a aplicar las normas que, en protección de éste, exigirían tener a esa cláusula por no escrita y se arribaría, por otra vía, a una solución idéntica a la que aquí he referido (arts. 1119 y 1122 del Cód. Civ. y Com. de la Nación, además de lo previsto en el art. 988 inc. a y b de ese cuerpo).

Todo esto, con una aclaración que, por obvia, sea tal vez innecesaria: el hecho de que se trate de una cláusula aprobada por la SSN no altera lo expuesto, pues, sin perjuicio de que antes de la sanción del nuevo código tampoco era posible sostener que el control judicial no pudiera ejercerse cuando había mediado previa aprobación administrativa, lo cierto es que ahora la solución correcta aparece consagrada en el art. 989 de ese código, norma que expresamente establece que esa aprobación no impide el referido control.

7. Paso, en consecuencia, a ocuparme de evaluar los rubros reclamados por el demandante.

El daño emergente ha de prosperar por el importe de $52.900 a la que ascendía la suma asegurada; importe sobre el cual se computarán intereses a la tasa que cobra el BNA en sus operaciones de descuento a treinta días, desde la fecha de la mora —que tengo por producida el día 04/03/2011— y hasta el efectivo pago.

8. Admitiré también la indemnización por daño moral, dado que la sana crítica judicial y las reglas de la experiencia me habilitan a concluir que el episodio de autos provocó en el demandante un sufrimiento espiritual susceptible de justificar la procedencia de la indemnización que ha reclamado.

Para que este rubro resulte procedente, no se requiere la producción de prueba directa, sino que puede tenérselo por comprobado ante la razonable presunción de que el hecho que motiva el juicio generó en el perjudicado ese padecimiento espiritual que lo justifica (cfr. Llambías, Jorge J., “Tratado de Derecho Civil”, T. I, p. 331; CNCom, Sala A, “González, Sandra c. Transportes Metropolitanos Gral. Roca s/ ordinario”, del 19/05/2008; íd., en “Piceda, Gustavo Alberto c. Transportes Metropolitanos Gral. San Martín SA s/ ordinario”, del 10/07/2007, entre otros).

Ese temperamento se encuentra hoy expresamente admitido en el art. 1744 del nuevo Cód. Civil y Comercial que, al regular la prueba del daño, admite que éste se tenga por acreditado cuando surja notorio de los propios hechos, lo cual, reitero, sucede en el caso, dado que, por su propia naturaleza, los hechos vividos por la demandante habilitan a formar la aludida presunción (esta Sala, “Andrés, Patricia Beatriz c. Caja de Seguros SA s/ Sumarisimo”, 13/09/2016, “Fuks Julio S. y otros c. Madero Catering SA y otro s/ ordinario”, 27/10/2015; “Pérez Gustavo A. c. Banco Comafi SA Fiduciario Financiero s/ ordinario” 25/03/2013; “Body, Osvaldo P. c. Metropolitan Life Seguros de Vida SA s/ Ordinario”, 25/10/2012).

Así lo juzgo teniendo principalmente en consideración que la privación del rodado que el nombrado sufrió, no sólo lo colocó en la incertidumbre de no saber si habría de recuperar o no un bien que suele ser importante —desde un punto de vista económico— para la mayoría de las personas físicas, sino que implicó también privarlo de su herramienta de trabajo, generándole la angustia consecuente a esa situación.

Por ello, he de proponer que se reconozca al nombrado la suma de $25.000, que él mismo reclamó por tal concepto, suma a la cual se adicionarán los intereses más arriba señalados.

9. Finalmente, también he de proponer que se reconozca al nombrado el derecho a cobrar la indemnización que reclamó en concepto de privación de uso y de lucro cesante.

Por un lado, es del caso señalar que el hecho de que el rubro en cuestión no haya sido incluido dentro de la cobertura contratada es por completo irrelevante, dado que el reclamo respectivo no tiene por fuente a tal contrato, sino a la mora en cumplirlos en la que la demandada ha incurrido.

En tal marco, y dado que dicha mora obstó a la posibilidad del demandante de contar con la indemnización que, a su vez, le hubiera permitido adquirir un nuevo vehículo en reemplazo del que había perdido, forzoso es concluir que la aseguradora debe indemnizarle el daño que tal privación le causó.

En lo que ahora interesa, ese incumplimiento de la aseguradora impidió al nombrado contar con el rodado que aplicaba al desarrollo de su actividad lucrativa, como se había dejado expresamente aclarado en el mismo contrato.

Es verdad que no hay en autos prueba certera que acredite el quantum exacto del daño que se adujo experimentado.

Pero ello no puede llevar a su rechazo.

Adviértase que, a diferencia de lo que ocurriría si otro hubiera sido el caso, el valor de un bien de esta naturaleza, se relaciona con su aptitud para producir ganancias, como no podría ser de otro modo si se atiende a que ese era su destino.

Desde esta óptica, la regla que exige la prueba del daño a quien lo alega, adecuada cuando el perjuicio a acreditar se sufre en un bien que es parte de un patrimonio improductivo, no lo es cuando ese bien cumple una función fecunda.

En este último caso, el criterio debe ser inverso pues, tan razonable es aquella regla cuando no hay motivo para presumir el daño, como irrazonable cuando, por el contrario, la privación del bien lleva implícita la frustración del beneficio que su titular esperaba obtener de él en razón de su destino.

Desde tal perspectiva, el destino productivo del bien que me ocupa es particularidad que impone apartarse de los cánones que rigen la prueba del daño en otros supuestos para admitir una presunción de ese daño que en otros supuestos habría que haber probado [ver Anaya Jaime L., “Prueba del daño causado por la privación del uso de un automotor (la óptica del derecho comercial)”, ED, 150-548].

En ese marco, y dado que en el caso de autos está fuera de cuestión que el vehículo del actor constituía su fuente de trabajo al ser explotado como taxímetro, debe admitirse también que su destrucción le produjo daños que no se limitaron a la pérdida material que invocó, sino que se extendieron a la privación del lucro que hubiera obtenido mediante la aplicación del rodado al aludido destino.

Por las razones expuestas he de proponer a mi distinguido colega hacer lugar también a esta pretensión, fijándola en la suma de $110.000 de conformidad a lo que fuera pretendido en la demanda, más los intereses fijados más arriba; suma que estimo prudente en razón de los años de privación que lleva sufriendo el actor.

IV. La conclusión.

Por lo expuesto, propongo al Acuerdo: revocar la sentencia apelada y, en consecuencia, hacer lugar a la demanda promovida por Oscar Bernardo Merovich contra La Nueva Cooperativa de Seguros Ltda., condenando a ésta a pagar al actor dentro de los diez días las sumas que resulten de aplicar las pautas que anteceden. Costas a la demandada por haber resultado vencida (art. 68 del código procesal).

Por los fundamentos del acuerdo que antecede se resuelve revocar la sentencia apelada y, en consecuencia, hacer lugar a la demanda promovida por Oscar Bernardo Merovich contra La Nueva Cooperativa de Seguros Ltda., condenando a ésta a pagar al actor dentro de los diez días las sumas que resulten de aplicar las pautas que anteceden. Costas a la demandada por haber resultado vencida (art. 68 del código procesal). Notifíquese por Secretaría. Oportunamente, cúmplase con la comunicación ordenada por el art. 4° de la Acordada de la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación 15/13, del 21/05/2013. Hecho, devuélvase al Juzgado de primera instancia. Firman los suscriptos por encontrarse vacante la vocalía N° 8 (conf. art. 109 RJN). — Julia Villanueva. — Eduardo R. Machin.