Hechos:

El Tribunal Fiscal de la Nación resolvió confirmar las resoluciones de la AFIP mediante las cuales se determinaron de oficio el Impuesto al Valor Agregado y el Impuesto a las Ganancias sobre un contribuyente, al detectarse inconsistencias entre las declaraciones juradas presentadas y la información existente en la base aportada por un banco. La Cámara ratificó la sentencia.

 

Sumarios:

  1. Las determinaciones de oficio del Impuesto al Valor Agregado y el Impuesto a las Ganancias practicadas por el fisco a un contribuyente, al detectarse inconsistencias entre las declaraciones juradas presentadas y la información existente en la base aportada por un banco, deben ser confirmadas, pues si bien aquél cuestionó la valoración de la prueba por el a quo y manifestó que los movimientos bancarios registrados en su cuenta no tuvieron origen en operaciones propias, sino en operaciones de terceros, sus argumentaciones resultan insuficientes para rebatir la conclusión de que las acreditaciones de ingresos verificadas en la cuenta bancaria de su titularidad respondían a operaciones propias.

 

Texto Completo: 2ª Instancia.- Buenos Aires, febrero 28 de 2018.

Considerando:

  1. Que a fs. 95/97 vta., la Sala “D” el Tribunal Fiscal de la Nación resolvió confirmar las resoluciones 701/2001 y 702/2001, dictadas por la División Revisión y Recursos de la Región Mercedes de la Administración Federal de Ingresos Públicos (en adelante AFIP-DGI), con fecha 22 de noviembre de 2001, mediante las cuales se determinaron de oficio las obligaciones impositivas del contribuyente Fernando Martín Salas respecto del Impuesto al Valor Agregado, por el período fiscal 01/1998 a 08/2000 —ambos inclusivos—, como así también respecto del Impuesto a las Ganancias, por el período fiscal 1998/1999, en las sumas de$215.101.- y 35.465,72.-, respectivamente, con más sus intereses resarcitorios, como así también, decidió reducir las multas aplicadas en las resoluciones impugnadas a su mínimo legal. Impuso las costas, a la actora por la confirmación de los impuestos y por la parte de la multa confirmada, al mismo tiempo que las aplicó en el orden causado respecto de la parte en que fue reducida.

Para así decidir, el a quo recordó que las resoluciones administrativas impugnadas tuvieron su origen en la fiscalización llevada a cabo al contribuyente Fernando Salas —quien desarrollaba como actividad principal la venta de hacienda y la intermediación en la compraventa—, al detectarse inconsistencias entre las declaraciones juradas oportunamente presentadas y la información existente en la base aportada por el Banco Galicia.

En ese orden, observó que el Fisco Nacional basó su ajuste en razones precisas y concordantes con sustento en los hechos constatados, para así presumir razonablemente la existencia de ventas omitidas, por lo que correspondía a la actora la carga de acreditar la verdad de sus dichos.

Señaló que la prueba aportada en el sub lite se circunscribía a los elementos aportados por la actora en sede administrativa, ya sea prueba documental y testimonial. Destacó que de los doce (12) testigos propuestos se presentaron diez (10), quienes coincidieron en manifestar que el señor Salas actuó como intermediario en operaciones de compraventa de hacienda, y que fue él en persona quien realizó los pagos en efectivo, siendo que tan sólo en un caso se pudo comprobar que la compra fue abonada mediante depósito bancario en la cuenta del actor, permitiendo su depuración. Concluyó que la prueba colectada resultaba claramente adversa a la pretensión de la actora.

Puntualizó que en autos no se discutía la actividad de la actora como comisionista o la de prestación de servicios de asesoramiento, sino que la cuestión nuclear refería a la diferencia detectada por el Fisco Nacional entre los depósitos bancarios y las ventas declaradas. Sostuvo, en otros términos, que el debate giraba en torno a la carencia del respaldo documental de los ingresos depositados en las cuentas bancarias, y que lo que la actora debió probar —y no lo hizo— fue que los movimientos bancarios registrados en su cuenta bancaria correspondían a operaciones de terceros, a efectos de desvirtuar la razonable conclusión del ente recaudador, respecto a que las acreditaciones de ingreso verificadas en la cuenta bancaria de su titularidad respondían a operaciones propias y no a operaciones efectuadas por cuenta de terceros.

Bajo tales premisas, decidió confirmar las determinaciones de los impuestos al valor agregado y a las ganancias contenidas en las resoluciones impugnadas, con más sus intereses resarcitorios.

Finalmente, estimó, con relación a las multas impuestas por la AFIP con sustento en lo dispuesto en el artículo 45 de la ley 11.683, que en autos habían quedado acreditados los elementos objetivo y subjetivo de la figura infraccional imputada, y que no se advertían causales exonerativas de responsabilidad. Sin perjuicio de lo anterior, y toda vez que la actora carecía de antecedentes sumariales, el a quo ponderó que no se justificaba la graduación de las multas aplicadas en un 70% del impuesto omitido, puesto que no existía concordancia, proporción y razonabilidad entre la pena aplicada y el comportamiento que motivó su aplicación. Ello así, redujo las multas a su mínimo legal.

  1. Que, contra esa sentencia, la parte actora interpuso recurso de apelación a fs. 105/105 vta., y expresó agravios a fs. 122/124, cuyo traslado fue replicado por la parte demandada a fs. 144/147.

En primer lugar, la parte actora sostiene que el Fisco Nacional no basó su ajuste en precisas y concordantes razones fundadas en los hechos constatados, y que presumió sin tener en cuenta la prueba aportada y la existencia de ventas omitidas.

Agrega, que el a quo omitió considerar la prueba documental y testimonial rendida en los presentes actuados, que a su entender probarían que los movimientos bancarios registrados en su cuenta no tuvieron origen en operaciones propias sino en operaciones de terceros. Añade que, en la sentencia recurrida, no se tuvo en cuenta que la AFIP, en forma antojadiza, sólo tomó un caso como intermediación, cuando constaban otros veintidós (22) casos informados en igual sentido.

En segundo lugar, se agravia —sin dar mayor fundamento— por cuanto el a quo sostuvo que en un solo caso se pudo comprobar que la compra fue abonada mediante depósito bancario en la cuenta del actor, permitiendo su depuración. En ese sentido, manifiesta que no se tuvo en cuenta la prueba testimonial aportada, y que de todos los testimonios surge que el señor Salas era intermediario en las operaciones de venta.

En tercer lugar, finalmente, expresa que en autos existirían elementos —sin mencionar cuáles— que permitirían tener por exculpada la conducta desplegada por el contribuyente Salas, y que no existió un comportamiento dirigido a perjudicar al erario público, como así tampoco una ingeniería destinada a la evasión y su encubrimiento, por lo que entiende que no debería aplicársele multa alguna.

III. Que, en tales términos, antes de ingresar al tratamiento de los agravios es importante recordar que el Tribunal no se encuentra obligado a seguir al recurrente en todas y cada una de las cuestiones y argumentaciones que propone a consideración de la Alzada, sino tan sólo aquéllas que son conducentes para decidir el caso y que bastan para dar sustento a un pronunciamiento válido (conf. CSJN, Fallos 258:304, 262:222, 265:301, 272:225, 278:271, 291:390, 297:140; 301:970; esta Sala, “ACIJ c. EN —ley 24.240— Mº Planificación s/ proceso de conocimiento”, del 29/05/2008; “Multicanal SA y otro c. ENSCI DLC [Actas 2600/09 y otras] s/ amparo ley 16.986”, del 21/05/2009; “Ciudadanos Libres Calidad Institucional Asoc. Civil c. EN-Dto. 67/2010 s/ medida cautelar [autónoma]”, del 21/10/2010; “CPACF – inc. MED [02/03/2011] c. BCRA – Comunicación “A” 5147 y otro s/ proceso de conocimiento”, del 18/4/2011; “Nardelli Moreira, Aldo A. c. EN – DNM Disp. 1207/11 —Legajo 13.975— (S02:9068/11) s/ medida cautelar [autónoma]”, del 25/08/2011, “Rodríguez, Rubén O. c. DGI s/ Recurso directo de organismo externo”, del 07/08/2014, “Laham, Alberto E. c. DGI s/ Recurso directo de organismo externo”, del 07/05/2015, entre otros).

  1. Que, cabe comenzar por recordar que el artículo 86, inc. b, de la ley 11.683, otorga carácter limitado a la revisión de esta Cámara, y que, por principio, queda excluido de ella el juicio del Tribunal Fiscal respecto de los extremos de hecho (CSJN, Fallos 300:985).

Es preciso agregar que: “…lo que se encuentra sometido a conocimiento de este Tribunal consiste, primeramente, en verificar si se evidencian deficiencias manifiestas en la valoración efectuadas por dicho Tribunal. Puesto que, cuando lo decidido por el Tribunal Fiscal de la Nación se apoya en la ponderada valoración del conjunto de elementos probatorios incorporados en el proceso (arg. CSJN, Fallos: 332:357), sólo cabe confirmar la decisión recurrida (CSJN, Fallos 326:2987 y 334:249)” (cfr. esta Sala, “La Luguenze SRL [TF 31.645-I] c. DGI”, del 31/10/2012).

En tal sentido, cabe destacar que, si bien en sus agravios la parte actora ha cuestionado la valoración efectuada por el a quo, y manifestado que los movimientos bancarios registrados en su cuenta no tuvieron origen en operaciones propias, sino en operaciones de terceros; lo cierto es que, sus argumentaciones no resultan suficientes para rebatir las cuestiones tomadas en consideración por el Tribunal Fiscal de la Nación para concluir en que las acreditaciones de ingresos verificadas en la cuenta bancaria de titularidad de la actora respondían a operaciones propias.

Sobre el particular, cabe recordar que dicho tribunal valoró que en autos no se discutía la actividad de la actora como comisionista o la de prestación de servicios de asesoramiento, sino que el debate giraba acerca de la carencia del respaldo documental aportado por la actora respecto de los ingresos depositados en sus cuentas bancarias y, en ese sentido, la prueba colectada resultaba claramente adversa a su pretensión, toda vez que en un solo caso —de doce propuestos— se pudo comprobar que la compra fue abonada mediante depósito bancario en la cuenta del actor.

De tal modo, tomando también en consideración la valoración que efectuara el tribunal de origen respecto de los hechos que constatan la falta de relación entre el monto de los depósitos en su caja de ahorro o en su cuenta corriente, las liquidaciones de compra o venta involucrada, y la extracción de dinero para el pago de los productores; cabe admitir que, los términos en que fueron dictadas las resoluciones —cuyo cuestionamiento constituye el objeto de autos— determinan la imposibilidad de reeditar dicho asunto en esta instancia. Por consiguiente, sólo pueden rechazarse los agravios articulados por la parte actora tendientes a que se tenga por acreditado que los ingresos verificados en la cuenta bancaria de su titularidad respondían a operaciones de terceros.

  1. Que, por su parte, los agravios expresados por la actora respecto de las multas aplicadas en la sentencia recurrida, sólo traducen disconformidad con la decisión adoptada, sin siquiera mencionar cuáles serían los elementos o las causales que permitirían tener por exculpada su conducta. Por ello, han de ser rechazados.
  2. Que, finalmente, en cuanto a las costas del juicio, en atención al modo en que se decide, y toda vez que no se advierten motivos para apartarse del principio objetivo de la derrota sentado por el artículo 68 del Cód. Proc. Civ. y Com. de la Nación, corresponde que ellas sean impuestas, en esta instancia, a la actora, en tanto ha resultado sustancialmente vencida.

En virtud de lo expuesto, se resuelve: rechazar el recurso de apelación interpuesto por la parte actora y, en consecuencia, confirmar la sentencia apelada en cuanto fuera materia de agravios, imponiendo las costas de esta Alzada a la vencida (art. 68, primer párrafo, del Cód. Proc. Civ. y Com. de la Nación). Regístrese, notifíquese y devuélvase. — Jorge E. Argento. — Carlos M. Grecco. — Sergio G. Fernández.