Tribunal: Cámara de Apelaciones en lo Contenciosoadministrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sala III(CContenciosoadministrativoyTribCiudadAutonomadeBuenosAires)(SalaIII)
Fecha: 20/04/2018
Partes: Garbarino SAICEI c. Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor y otros s/ recurso directo sobre resoluciones de Defensa al Consumidor
Publicado en: LA LEY 22/05/2018, 22/05/2018, 10
Cita Online: AR/JUR/10789/2018

Una persona denunció que una empresa de electrodomésticos le había vendido una computadora cuyas características técnicas resultaron disímiles a las promocionadas y que luego no había respondido a sus reclamos. Fracasada la instancia conciliatoria y acumulados varios expedientes, la Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor le impuso una multa. La apoderada de la firma apeló la sanción. La Cámara confirmó la resolución impugnada.

 

Sumarios

La empresa de electrodomésticos debe ser sancionada por infracción al art. 4° de la ley 24.240, debido a la diferencia entre el producto promocionado y el entregado, que no fue explicada por el proveedor, ni siquiera frente a los reclamos de su cliente.

El hecho de que se hayan acumulado varios expedientes en contra de la firma sancionada por haber vendido algo disímil a lo publicitado no obsta el ejercicio de su derecho de defensa, pues en general el tiempo previsto para ejercer la defensa es independiente de la complejidad o alcance de la imputación; más aún si el trámite individual de cada una de las denuncias bien podría haberse traducido en plazos que corren simultáneamente.

 

Texto Completo: 2ª Instancia.- Buenos Aires, abril 20 de 2018.
¿Se ajusta a derecho la disposición apelada?
A la cuestión planteada la doctora Seijas dijo:
I. Yanina Lorena Tatarsky denunció que Garbarino SAICeI le vendió una computadora cuyas características técnicas resultaron disímiles a las promocionadas y que luego no respondió a sus reclamos. Fracasada la instancia conciliatoria, Leonardo Velázquez, analista de la Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor (en adelante, DGDyPC), acumuló el trámite a otros iniciados contra la misma empresa.
Al resolver la denuncia, Vilma Bouza, en su carácter de titular de la DGDyPC, impuso a Garbarino una multa de sesenta y cinco mil pesos ($65.000) por infracción a los artículos 4° y 8° de la ley 24.240, y ordenó la publicación de la sanción (v. dis. DI-2016-2421-DGDYPC; v. fs. 79/86, Exp. 18.465.746/14).
Para así decidir consideró que la empresa no había respondido, y mucho menos solucionado, el reclamo de la Sra. Tatarsky (v. fs. 80 vta.). Además, estimó que Garbarino había publicitado un producto que, al ser adquirido por la denunciante, no presentaba las características promocionadas (cf. art. 8°, ley 24.240).
M. A. O., apoderada de Garbarino, apeló dicha disposición (v. fs. 88/96). Planteó que la acumulación de nueve expedientes, cuyas causas y objeto son distintos, vulnera el principio de legalidad, su derecho de defensa y al debido proceso. Reiteró que desconocía la autenticidad de la publicidad adjuntada por la denunciante. Afirmó que se trataba de una impresión de pantalla que podría haber sido adulterada. Indicó que la administración nunca le requirió el manual del usuario o la garantía del producto. Aseguró que cumplió con el deber de información, dado que brindó a la actora la documentación mencionada tras la compra del producto. Cuestionó el monto de la multa y la obligación de publicar la sanción en el diario La Razón.
J. D. P., apoderado del GCBA, contestó el traslado (v. fs. 116/123 vta.), luego dictaminó el doctor G. y pasaron los autos al acuerdo (v. fs. 128/136).
II. Al resolver el planteo contra la acumulación dispuesta, Vilma Bouza resaltó que el trámite conjunto de las imputaciones no afectó los derechos de la denunciada, que los expedientes se mantenían individualizados y que, si bien el representante de la empresa cuestionó la insuficiencia del tiempo previsto para efectuar su descargo, ni siquiera intentó pedir una prórroga. A su vez destacó que los instructores gozan de las más amplias facultades instructorias y ordenatorias, y que, según la Ley de Procedimientos Administrativos de la CABA, la Dirección puede proveer en una sola resolución los trámites que por su naturaleza admitan su impulsión simultánea, y concentrar las diligencias y medidas de prueba pertinentes (cf. art. 26, inc. b, dec. 1510/97; v. fs. 79/80 vta.).
En este contexto, que se disponga un plazo único para formular descargo y ofrecer pruebas sobre varias imputaciones o para apelar varias sanciones, no conlleva sin más una restricción indebida al derecho de defensa, el principio de legalidad o al debido proceso. En general, el tiempo previsto para ejercer la defensa es independiente de la complejidad o alcance de la imputación. Nótese que, además, en el caso, el trámite individual de cada una de las denuncias bien podría haberse traducido en plazos corriendo simultáneamente. Por lo tanto, sin la expresión de un perjuicio concreto, en este punto no es posible hacer lugar al recurso.
III. Las dudas de la Dra. O. acerca de la autenticidad de la publicidad adjuntada por la denunciante no constituyen un elemento suficiente para cuestionar la resolución. Sobre las constancias presentadas por Yanina Lorena Tatarsky, la titular de la Dirección aseguró que pudo “… constatar han sido obtenidas del sitio web de la empresa…” (v. fs. 80 vta./81), y dicha afirmación no fue controvertida ni refutada en modo alguno por la recurrente.
Asimismo, la diferencia entre el producto promocionado y el entregado no fue explicada por el proveedor, ni siquiera frente a los reclamos de su cliente. Tal es el fundamento de la sanción por infracción al artículo 4° de la ley 24.240. Sin embargo, con relación a la defensa planteada por la representante de Garbarino, cabe resaltar que no acompañó prueba para corroborar que hubiera entregado a la consumidora la documentación mencionada (manual del usuario, garantía, etc.).
Sobre la graduación de la multa, la titular de la Dirección, además de invocar los parámetros previstos en el texto del entonces vigente artículo 16 de la ley 757, destacó que el monto se fijó en atención al “…método sumamente cuestionable para la captación indebida de clientela…” utilizado por Garbarino, como fue haber promocionado “…un producto en condiciones que no se verificaron al momento de efectuar el consumo” (v. fs. 84 vta.). Al respecto, las manifestaciones de la recurrente no son más que una expresión de desacuerdo. Respecto a la publicación de la sanción, tal como señaló el fiscal, la medida tiene su origen en una previsión normativa, es decir, su aplicación no es discrecional.
IV. Por no encontrar razones que justifiquen apartarse del principio general que rige la materia, las costas del proceso deben imponerse a la actora vencida (cf. art. 62, CCAyT).
Los honorarios de J. D. P., apoderado del GCBA, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1°, 17, 23, 24, 29 y 60 de la ley 5134, y considerando la naturaleza del juicio y el resultado obtenido, se regulan en pesos … ($ …).
En consecuencia, propongo al acuerdo: a) rechazar el recurso directo; b) confirmar la disposición impugnada, c) imponer las costas a la vencida (cf. art. 62, CCAyT), d) regular los honorarios de J. D. P. en pesos … ($ …).
El doctor Centanaro dijo:
I. Adhiero al relato de los hechos y a la solución propiciada por la doctora Seijas en los puntos II y III de su voto, efectuando las siguientes consideraciones.
En orden al primer planteo de la parte actora referido a la acumulación de dispuesta en sede administrativa, remito —en lo que fuera pertinente— a la doctrina sentada en la causa “Citibank N.A. c. GCBA s/ otras causas con trámite directo ante la Cámara de Apel.”, expediente N° 1564/0, sentencia del 09/08/2007.
Con relación al deber de información me remito a lo dicho al votar en la causa “Banco Santander Río SA c. GCBA s/ recurso directo sobre resoluciones de defensa del consumidor”, expediente D69051/2013-0, sentencia del 24/02/2017.
II. En orden a la regulación de honorarios de la representación letrada de la parte demandada por su actuación en esta instancia, corresponde fijarlos en la suma de … ($…) (cfr. arts. 1°, 3°, 12, 15, 16, 17, 21, 23, 24, 29, 54, 56, 60, 62 y concordantes de la ley 5134).
Así dejo expresado mi voto.
El doctor Zuleta dijo:
Adhiero al voto de la doctora Seijas, salvo en cuanto a la regulación de honorarios del Dr. J. D. P. Con relación a este punto, adhiero al voto del doctor Centanaro.
Así dejo expresado mi voto.
Por lo expuesto, por mayoría, se resuelve: 1. Rechazar el recurso directo; 2. Confirmar la disposición impugnada; 3. imponer las costas a la vencida (cf. art. 62, CCAyT), 4. Regular los honorarios de la representación letrada de la parte demandada en … pesos ($…). Regístrese, notifíquese —al señor fiscal en su público despacho— y, oportunamente, devuélvase. — Gabriela Seijas. — Esteban Centanaro. — Hugo Zuleta.