El Juzgado Criminal y Correccional Federal dictó el procesamiento de un Diputado de la Nación en orden al delito de “incitación a la discriminación” (segundo párrafo del artículo 3 de la ley 23.592), por haber incurrido en un acto de carácter público con que se alentara o incitara a la persecución u odio de los miembros de la comunidad judía argentina y, en lo específico, de otro Diputado de la Nación, a causa de sus creencias religiosas.

Si bien el encausado afirmó que se estaría violando el artículo 68 de la Constitución Nacional que impide que un legislador sea interrogado judicialmente por sus opiniones, el juez sostuvo no solo que no hubo conexidad entre sus dichos y sus tareas como Diputado, sino también que “los funcionarios no pueden ampararse en el artículo 68 de la Constitución Nacional para cometer delitos a través de sus declaraciones”.

Asimismo, el fallo indica que la libertad de expresión no es absoluta y “uno de sus límites se encuentra en la prohibición del discurso del odio”.

 

“…los funcionarios públicos no pueden ampararse en una normativa constitucional para cometer delitos por medio de sus expresiones, sino que sus cargos les exigen tener un mayor sentido ético que cualquier persona que se diserte en los medios; el límite que el mismo artículo 68 de la Constitución impone -a lo que dicen los miembros del parlamento-, es que sea una opinión en marco de sus funciones”

“De lo contrario, en lugar de ser inmunidades por su función, estaríamos ante privilegios, lo que no resultaría compatible con el régimen republicano y representativo de gobierno que adopta la Constitución en su artículo 1º”

“La extranjerización, en casos como el presente es el inicio de la discriminación, el que de no ser detenido a tiempo podrá llevar a los más nefastos y crueles resultados”

 

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