Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contenciosoadministrativo Federal, sala V(CNFedContenciosoadministrativo)(SalaV)

Fecha: 08/02/2018

Partes: Carreras, Julia Inés c. Dirección General Impositiva s/ recurso directo de organismo externo

Publicado en: LA LEY 09/04/2018, 9

Hechos:

El Tribunal Fiscal de la Nación revocó la resolución de la AFIP mediante la cual se había rechazado el pedido de devolución efectuado por un contribuyente respecto de la suma que le había sido retenida por su empleador, en concepto de Impuesto a las Ganancias, sobre sumas percibidas con motivo de la extinción del vínculo laboral que las unía. El fisco interpuso recurso de apelación.

La Cámara lo rechazó, confirmando la sentencia.

Sumarios:

1. La indemnización por despido liquidada por el empleador en exceso de los topes legales, en la medida que representa genuinamente una compensación económica por la renuncia voluntaria del trabajador, integra los montos indemnizatorios excluidos en concepto de ganancias conforme la ley especial que regula el impuesto, sin perjuicio de lo cual también la misma norma lo considera exento

Jurisprudencia Relacionada(*)

Igual Sentido

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contenciosoadministrativo Federal, sala II, “Quaranta Duffy, Héctor Julio c. DGI”, 22/05/2012, AR/JUR/45261/2012

(*) Información a la época del fallo

2. La finalidad de la indemnización por despido es siempre la misma, pues con ella se intenta, entre otras cosas, proveer al sustento del trabajador hasta tanto pueda obtener nuevos ingresos, de manera que los topes respectivos constituyen sólo la mínima compensación legal preestablecida a favor del trabajador y no alteran la naturaleza jurídica de los importes pagados en exceso de aquélla ni justifica la división del tratamiento fiscal de dicha indemnización, solución que tampoco resulta de la ley del tributo.

3. La tasa de interés fijada en el art. 4° de la Resolución 314/2004 del Ministerio de Economía y Producción, aplicable a los casos de devolución, reintegro o compensación de tributos, priva al interesado de toda la renta o retribución por la privación de su capital y, al fijarla en el 0,5 % mensual, el deudor se exime a sí mismo por las consecuencias de la demora

Jurisprudencia Relacionada(*)

Igual Sentido

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contenciosoadministrativo Federal, sala V, “Driollet, Laspiur Rogelio c. EN- AFIP s/ dirección general impositiva”, 12/12/2017, AR/JUR/97201/2017

(*) Información a la época del fallo

Texto Completo: 2ª Instancia.- Buenos Aires, febrero 8 de 2018.

Considerando: I. Que a fs. 56/59 el Tribunal Fiscal de la Nación, en cuanto aquí interesa, hizo lugar al recurso de apelación interpuesto por la parte actora, y revocó la resolución N° 12/2008, dictada por el Jefe de la División Gestiones y Devoluciones de la Dirección Regional Norte, por medio de la cual se había rechazado el pedido de devolución efectuado por la contribuyente respecto de la suma que le había sido retenida por su empleador, Siembra AFJP SA, en concepto de Impuesto a las Ganancias, sobre las sumas percibidas en diversos conceptos con motivo de la extinción del vínculo laboral que los unía, con costas.

Como fundamento, y primer término, puso de manifiesto que en el caso se trataba de determinar si la indemnización por despido percibida por el contribuyente en los términos de lo establecido en el artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo se hallaba exenta de tributar el Impuesto a las Ganancias en su totalidad, o bien si se encontraba exenta, en los términos del artículo 20, inciso i), de la ley 20.628, sólo con relación con los conceptos relativos a la indemnización por antigüedad que dispone el artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo.

En tal sentido, señaló que la indemnización tiene por objeto el resarcimiento del trabajador por la resolución del contrato de trabajo, es decir que tiene el carácter de compensatoria o restitutoria por la pérdida de la fuente que genera los ingresos y que, por tal razón fue concebida como exenta del pago del impuesto a las ganancias en el texto del artículo 20, inciso i) de la ley 20.628. Asimismo, destacó que en lo que respecta al tope indemnizatorio establecido en el artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo, la Corte Suprema de Justicia de la Nación se expidió en la causa “Vizzoti, Carlos A. c. AMSA s/ despido” del 14 de septiembre de 2004; en la que resolvió que no resultaba ajustado a derecho gravar las indemnizaciones practicadas conforme lo establecido en el ya mencionado artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo en la medida en que el salario base real resulte disminuido en más del 33%, como ocurre en el caso de autos.

Consideró que el importe percibido en concepto de indemnización por la extinción de la relación laboral, de conformidad con lo previsto en el artículo 241 de la Ley de Contrato de Trabajo, no se hallaba gravado.

Indicó, además, que a la suma reconocida a favor del contribuyente correspondía adicionar los intereses devengados desde la fecha de interposición del reclamo administrativo hasta la del efectivo pago, liquidados a la tasa pasiva promedio que publica el Banco Central de la República Argentina, de acuerdo con lo dispuesto por la doctrina plenaria de ese Tribunal en la causa “Dálmine Siderca SAIC”, Expediente N° 6031-I, del 27 de diciembre de 1993.

Asimismo, a fs. 113 se aprobó la liquidación practicada por el Fisco que fijó que a los 151.832,10 pesos en concepto de Impuesto a las Ganancias cuya restitución fuera admitida, correspondía adicionar la suma de 210.207,30 pesos en concepto de intereses devengados hasta la fecha de la sentencia y sin perjuicio de los que corresponda adicionar hasta el momento del efectivo pago.

II. Que contra esa decisión, el Fisco apeló y expresó agravios a fs. 66/74, los que no fueron replicados por su contraria.

El Fisco relata los antecedentes de la causa y pone de manifiesto que, en el marco de un acuerdo de retiro voluntario entre el contribuyente y su empleador, Siembra AFJP SA, tuvo lugar la desvinculación laboral y el pago de 671.855,58 pesos en concepto de “gratificación”, habiéndose retenido la suma de 197.080,48 pesos, en concepto de Impuesto a las Ganancias, resultante de aplicar el 33% sobre la suma de 601.658,51 pesos, diferencia entre el monto total recibido en concepto de “gratificación” y la suma otorgada en concepto de indemnización por antigüedad, en los términos del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo.

Asimismo, destaca que en el caso no se encuentra controvertido que la suma abonada al contribuyente en concepto de indemnización por antigüedad se encuentra exenta del pago del Impuesto a las Ganancias sino que lo que se discute es si dicho impuesto debe ser liquidado sobre aquellas sumas que excedan la indemnización por antigüedad prevista en el artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo. En tal sentido, señala que los casos de “gratificación por egreso” no se encuentran comprendidos en el supuesto de exención prevista en el artículo 20, inciso i), de la ley 20.628 y que constituyen una renta gravada derivada del trabajo personal ejecutado con relación de dependencia.

Pone de manifiesto que diversas áreas asesoras señalaron que las sumas abonadas en concepto de “gratificación por cese” no se encuentran vinculadas a las indemnizaciones por antigüedad cuya exención prevé el artículo 20, inciso i) de la ley 20.628, ya que exceden los importes beneficiados por la norma en la que se establece la exención, que alcanza hasta un 67% de los montos liquidados conforme al primer párrafo del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo.

En cuanto a los intereses aplicables a la suma cuya repetición admite el Tribunal Fiscal a favor del contribuyente, el Fisco sostiene que de conformidad con lo establecido en los artículos 37 y 52 de la ley 11.683 aquéllos deben ser los establecidos por la Secretaría de Hacienda y no por el Banco Central de la República Argentina como erróneamente dispuso, a su entender, el mencionado tribunal.

Por último, considera que en el caso de que no se hiciera lugar a sus pretensiones, las circunstancias que se presentan en autos justifican que las costas sean impuestas por su orden, en atención a la complejidad de la cuestión debatida y a la existencia de precedentes contradictorios.

III. Que de la compulsa del expediente administrativo resulta que mediante la Resolución n° 12/2008 dictada por el Jefe de la División Gestiones y Devoluciones de la Dirección Regional Norte, se desestimó el reclamo de repetición iniciado por el contribuyente el 24 de octubre de 2005. En ese acto administrativo se expresó que los montos que superaban al concepto de indemnización por antigüedad establecido en las disposiciones legales respectivas constituyen una renta gravada, derivada del trabajo personal ejecutado con relación de dependencia y, por tanto, se encuentran sujetos al pago del Impuesto a las Ganancias.

IV. Que, en primer lugar, corresponde precisar el supuesto fáctico del asunto, para determinar si el pago efectuado por parte del ex empleador del reclamante resulta o no generador del hecho imponible establecido en la ley del impuesto a las ganancias. A tales efectos, cabe señalar que a fs. 28 de las actuaciones administrativas está agregado el recibo emitido por Siembra AFJP SA, en enero de 2004, del cual resultan los montos que le fueran abonados a la contribuyente, por la suma total de 671.839,74 pesos (que comprende a la indemnización prevista en el artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo por 72.000 pesos) y sobre la cual le fueran retenidos, previa deducción de la suma correspondiente a la indemnización por antigüedad, 196.433,74 pesos.

Que, de conformidad con lo establecido en el artículo 2° de la ley 20.628: “[a] los efectos de esta ley son ganancias…1) [l]os rendimientos, rentas o enriquecimientos susceptibles de una periodicidad que implique la permanencia de la fuente que los produce y su habilitación…”

Es regla de interpretación de las leyes, dar pleno efecto a la intención del legislador analizando la totalidad de sus preceptos de manera que armonicen con el ordenamiento jurídico restante y con los principios y garantías de la Constitución Nacional, por lo que se impone preferir la inteligencia de las normas que de mejor modo las armonicen y acuerden, antes que otras que las haga irreconciliables entre sí (conf. Fallos 281:146).

En particular, en el artículo 1° de la ley 11.683 (t.o. en 1998 y modif.) se establece que en la interpretación de las leyes impositivas se atenderá al fin de las mismas y a su significación económica. En ese sentido, conforme a reconocida jurisprudencia de la Corte, las normas tributarias —incluso las que establecen beneficios de carácter fiscal— no deben entenderse con el alcance más restringido que su texto admita sino en forma tal que el propósito de la ley se cumpla de acuerdo con los principios de una razonable y discreta interpretación (Fallos 303:763; 307:871).

Por su parte, en el artículo 20, inciso i), de la ley referida, se dispone que estarán exentos del gravamen “las indemnizaciones por antigüedad en los casos de despido y las que se reciban en forma de capital o renta por causa de muerte o incapacidad producida por accidente o enfermedad, ya sea que los pagos se efectúen en virtud de lo que determinan las leyes civiles y especiales de previsión social o como consecuencia de un contrato de seguro. No están exentas las jubilaciones, pensiones, retiros, subsidios, ni las remuneraciones que se continúen percibiendo durante las licencias o ausencias por enfermedad y las indemnizaciones por falta de preaviso en el despido”.

Al respecto, la Sala IV de esta Cámara, en el caso “Ediciones B Argentina SA” Expte. N° 23.870/08, el 23 de marzo de 2010, expresó que “según nuestra doctrina el despido sin invocación de causa es el acto jurídico de origen unilateral por el cual el empleador comunica al trabajador su voluntad de extinguir el contrato de trabajo, que se manifiesta mediante una declaración de la parte que lo emite y produce plenos efectos extintivos en las condiciones y plazos a que se lo ha sometido, a partir de su notificación a la contraparte.

Desde el momento en que el trabajador toma conocimiento de la voluntad resolutiva del empleador, se generan a su favor una serie de derechos, a los que corresponden sendas obligaciones de aquél vinculadas con el hecho de la extinción (conf.: “Tratado de Derecho del Trabajo”, dir Vázquez Vialard, p. 269).

A su vez, y conforme la ley de contrato de trabajo que rige en nuestro país, la indemnización por despido se halla tarifada en función de dos elementos: a) el salario del trabajador en el período inmediato anterior al despido y b) la antigüedad que registra en la empresa al día del distracto”.

V. Que, en suma, la indemnización por despido liquidada por el empleador en exceso de los topes legales, en la medida que representa genuinamente una compensación económica por la renuncia voluntaria del trabajador, integra los montos indemnizatorios excluidos en concepto de ganancias conforme a la ley especial que regula el impuesto, sin perjuicio de lo cual también la misma norma lo considera exento (en este sentido, De Diego Julián A., “La indemnización por despido y el impuesto a las ganancias”, La Ley Online).

Cabe agregar que, la finalidad de la indemnización por despido es siempre la misma, pues con ella se intenta, entre otras cosas, proveer al sustento del trabajador hasta tanto pueda obtener nuevos ingresos, de manera que los topes respectivos constituyen sólo la mínima compensación legal preestablecida a favor del trabajador y no alteran la naturaleza jurídica de los importes pagados en exceso de aquella ni justifica la división del tratamiento fiscal de dicha indemnización, solución que por lo demás, tampoco resulta de la ley del tributo.

En el mismo sentido se ha pronunciado esta Sala V en la causa “Schwartzman, Claudio E. c. DGI s/ recurso directo de organismo externo”, expediente N° 27.781/2014, del 28 de octubre de 2014 y la Sala II de esta Cámara en la causa caratulada “Quaranta Duffy, Héctor J. (TF 30572-I) c. DGI”, expediente N° 11.516/2012, del 22 de mayo de 2012.

Finalmente, cabe destacar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en la causa N.204.XLVIII “Negri, Fernando H. c. EN-AFIP-DGI”, del 15 de julio de 2014, análoga a la presente, puso de manifiesto, por remisión a lo dictaminado por la Procuración General de la Nación, que: “…como acertadamente lo señala la Señora Procuradora Fiscal en su dictamen, cabe poner de relieve, en primer término, que está fuera de discusión que la suma cuya sujeción al impuesto a las ganancias se encuentra en tela de juicio —es decir, la identificada como “gratificación cese laboral” (conf. recibo obrante a fs. 10)— fue convenida y abonada como consecuencia del distracto laboral de la actora, acaecido el 10 de mayo de 2004. Es decir, la actora y su entonces empleador —en el marco de lo previsto por el art. 241 de la ley 20.744 (y sus modif.)— a raíz de la ruptura del vínculo laboral por mutuo acuerdo convinieron en que el segundo abonaría a la primera una suma en concepto de “gratificación”. Al ser ello así, resulta claro que el pago de dicha suma está motivado por la extinción de la relación laboral y, además, que el distracto de ese vínculo implica, para el trabajador, la desaparición de la fuente productora de rentas gravadas. 6°) Que, en tales condiciones, resulta aplicable en los presentes autos el criterio establecido por el Tribunal al decidir las causas D.1148.XLII “De Lorenzo, Amalia B. (TF 21.504-I) c. DGI”, sentencia del 17 de junio de 2009 y “Cuevas” (Fallos 333:2193), a cuyos fundamentos y conclusiones cabe remitirse, en lo pertinente, por razón de brevedad. En efecto, sobre la base de la doctrina establecida en tales precedentes, corresponde concluir que la aludida “gratificación por cese laboral” carece de la periodicidad y de la permanencia de la fuente necesaria para quedar sujeta al impuesto a las ganancias en los términos del art. 2°, inc. 1°, de la ley del mencionado tributo”.

Por todo lo expuesto, corresponde rechazar el recurso de apelación interpuesto por el Fisco y confirmar la sentencia apelada en lo relativo a la procedencia del reclamo de repetición de las sumas retenidas indebidamente en concepto de Impuesto a las Ganancias sobre la suma percibida por el contribuyente, con motivo de la desvinculación laboral.

VI. Que, por otra parte, y con relación al planteo del Fisco relativo a la improcedencia de la aplicación de la tasa de interés pasiva promedio que publica el Banco Central de la República Argentina, es dable señalar que, esta Sala ha resuelto recientemente causas con planteos análogos. Por tal motivo, cabe remitir a los argumentos expuestos en las sentencias dictadas in re “Osram Argentina SACI c. EN-AFIP-DGI Resol. 30/2011 s/ Dirección General de Aduanas”, expte. N° 15.885/2011, del 17 de agosto de 2017 y “Driollet Laspiur, Rogelio c. EN-AFIP s/ Dirección General Impositiva”, expediente N° 29472/2014, del 12 de diciembre de 2017.

En los mencionados precedentes se puso de manifiesto que en el artículo 179 de la Ley 11.683 no se establece la tasa de interés aplicable respecto en los casos de repetición de tributos, ni se delega expresamente la faculta de fijarlos a la Secretaría de Hacienda. En el mencionado artículo se dispone: “en los casos de repetición de tributos, los intereses comenzarán a correr contra el Fisco desde la interposición del recurso o de la demanda ante el Tribunal Fiscal de la Nación según fuere el caso, salvo cuando sea obligatoria la reclamación administrativa previa, en cuyo caso los intereses correrán desde la fecha de tal reclamo”.

En cambio, en el artículo 37 de la ley 11.683, y con relación a los intereses resarcitorios, se establece que “…la tasa de interés y su mecanismo de aplicación serán fijados por la Secretaria de Hacienda dependiente del Ministerio de Economía Y Obras y Servicios Públicos; el tipo de interés que se fije no podrá exceder del doble de la mayor tasa vigente que perciba en sus operaciones el Banco de la Nación Argentina…”; y en el artículo 52 de esa misma ley, con respecto a los intereses punitorios, se dispone que “…la tasa y el mecanismo de aplicación serán fijados con carácter general por la Secretaría de Hacienda dependiente del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos, no pudiendo el tipo de interés exceder en más de la mitad la tasa que deba aplicarse conforme a las previsiones del artículo 37”.

En lo relativo a los intereses aplicables en los casos de devolución, reintegro o compensación, la Secretaría de Hacienda fijó las diferentes tasas sucesivamente aplicables. Inicialmente, en el artículo 4° de la Resolución N° 1253/1998 del Ministerio de Economía, Obras y Servicios Públicos se estableció la tasa en el 0,5% mensual. Posteriormente, mediante la Resolución N° 110/2002 del Ministerio de Economía, dicha tasa fue elevada al 0,84% mensual, mientras que la Resolución N° 36/2003 del Ministerio de Economía la reestableció en el 0,5% mensual, y esta última tasa fue la mantenida en el artículo 4° de la Resolución N° 314/2004 del Ministerio de Economía y Producción, cuestionada en autos.

En cuanto aquí interesa, cabe señalar que en los fundamentos de la norma cuestionada se puso de manifiesto que “… se hace necesario adecuar las referidas tasas a las condiciones económicas actuales, en virtud de constatarse una baja de las tasas de intereses usuales para préstamos, con el objeto de no agravar la situación económico financiera de los contribuyentes deudores en su relación con el fisco”. Esas expresiones daban cuenta de que la fijación, tanto de las tasas que percibía el Fisco —resarcitorias y punitorias— como de las que éste debía pagar a los contribuyentes, se correspondían con el estado de la economía de ese momento.

Ahora bien, la adecuación de las tasas de interés referidas a la situación económica experimentada con posterioridad al dictado de la mencionada Resolución N° 314/2004 del Ministerio de Economía y Producción, únicamente se llevó a cabo con respecto a las tasas que percibe el Fisco por las deudas de los contribuyentes, pero no por las deudas del Fisco con los contribuyentes.

De las Resoluciones N° 492/2006 y 841/2010 del Ministerio de Economía y Producción y del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas resulta el incremento de la tasa de interés resarcitorio prevista en el artículo 37 de la Ley N° 11.683 y en los artículos 794, 845 y 924 del Código Aduanero (art. 1°), como así también de la tasa de interés punitorio establecida en los artículos 52 de la Ley N° 11.683 y 797 del Código Aduanero (art. 2°), ambas, con fundamento en la necesidad de “… adecuar las referidas tasas a las condiciones económicas actuales, a fin de estimular el cumplimiento en término de las obligaciones y evitar que los contribuyentes morosos financien sus actividades mediante el incumplimiento de los impuestos”. Cabe advertir que, sin perjuicio de que en los considerandos de tales resoluciones se refirió la necesidad de adecuar las tasas previstas en los artículos 37 y 52 de la ley 11.683, y en los artículos 794 y 797 del Código Aduanero, así como también las previstas en el artículo 179 de la ley 11.683 y en el artículo 811 del Código Aduanero, lo cierto es que no se incluyó en sus artículos ningún tipo de modificación respecto de las tasas de interés aplicables en caso de repetición, por cuanto las mantuvo en el mismo nivel en que habían sido fijadas por la Resolución N° 1253/1998, del Ministerio de Economía, Obras y Servicios Públicos, es decir, en el 0,5% mensual o 6% anual.

En el contexto descripto, no es razonable sostener que las modificaciones de la situación económica únicamente pudieron haber tenido virtualidad para incrementar las tasas de los intereses que el Fisco percibe de los contribuyentes, pero no la tasa de interés que estos tienen derecho a percibir del Fisco cuando éste es el deudor de tributos percibidos indebidamente, y sin causa válida.

Además, cabe recordar que la acción de repetición tiene por objeto lograr la restitución de lo pagado indebidamente en concepto de tributos, y encuentra su fundamento “superior en el principio de derecho natural de que ‘nadie debe enriquecerse sin causa a costa de otro’”, y en las garantías constitucionales que alcanzan a la protección del contribuyente frente a posibles desvíos de la Ley o en su aplicación (Fallos 297:500).

VII. Que, como regla, la tasa de interés no tiene por función o finalidad mantener actualizado el capital, sino retribuir su uso, o resarcir las consecuencias de la mora (cfr. criterio de Fallos 321:2093, consid. 4°; y 328:4507). Como es sabido, la tasa de los intereses compensatorios es la prevista como precio o remuneración por el uso de un capital ajeno. Según lo establecido en el artículo 622 del Cód. Civil vigente al tiempo de los hechos que dieron lugar a esta causa, y en el artículo 768 del Cód. Civ. y Com. de la Nación, la tasa de los intereses moratorios es la convenida por las partes, la prevista en las leyes especiales, o la establecida en las reglamentaciones del Banco Central, en razón del incumplimiento y como resarcimiento por el retardo.

Esta última tasa es mayor que la de los intereses compensatorios, ya que carecería de sentido que la demora en el pago de una determinada suma de dinero fuera penalizada con una tasa menor que aquella que sería posible pactar para obtener ese mismo capital en préstamo. Si bien en materia de intereses adeudados al Fisco se ha considerado justificada la fijación de tasas de intereses resarcitorios más elevadas que las que rigen en las relaciones entre particulares (cfr. Fallos 308:283 y 316:42), en el caso no se debate si el Fisco debe restituir el importe que es objeto de la repetición a la misma tasa que aquél percibe de los contribuyentes, sino que se analiza la posibilidad de aplicar una tasa de intereses moratorios que sea mayor que la del 0,5 % mensual, o 6% anual, establecida en el artículo 4° de la Resolución 314/2004 del Ministerio de Economía y Producción, en razón del contexto económico durante el cual fue concretamente fijada, y en razón de las circunstancias verificadas con posterioridad durante el período de la mora; porque ella no constituye un resarcimiento suficiente en tanto no compensa el uso del capital adeudado ni penaliza la demora.

En el contexto descripto, la aplicación de la tasa de interés pretendida por el Fisco, desde el punto de vista económico, no constituye incentivo alguno para que éste restituya el capital adeudado en concepto de tributos indebidamente percibidos pues la demora en hacerlo, en vez de perjudicarlo, lo beneficia porque finalmente restituye un importe total notablemente inferior al que originalmente percibió. Aunque esa no haya sido la finalidad perseguida al fijar la tasa en el 0,5% mensual, en los hechos, la realidad es que se le paga al trabajador despedido una tasa de interés negativa. No es posible pasar por alto que se trata de una indemnización por despido particularmente elevada, pero tal circunstancia no impide considerar que se trata de la indemnización convenida por las partes en los términos del artículo 241 de la ley 20.744 y, en cuanto tal, de naturaleza alimentaria.

Se trata de tributos retenidos sobre la indemnización por despido, que tiene por finalidad proveer al sustento del trabajador y el amparo inmediato de la situación en la que queda en el momento de cesar la relación laboral, cuyo monto debe ser justo y adecuado; y no puede ser disminuido sin fundamento legal expreso (Fallos 304:972; 305:159; y 333:2193).

VIII. Que, en conclusión la tasa de interés cuya aplicación pretende el Fisco priva al interesado de toda la renta o retribución por la privación de su capital, ya que la adición del 0,5 % mensual lo exime a sí mismo por las consecuencias de la demora (cfr. Fallos 278:232; 302:467 y 302:679). Al respecto, cabe destacar que el supuesto de confiscatoriedad se da tanto cuando el deudor está obligado a pagar una tasa desproporcionadamente alta como cuando el acreedor recibe una tasa exageradamente baja, porque en ambos casos se afecta el derecho de propiedad (Fallos 327:2293, 320:619).

Por tales motivos, corresponde rechazar el recurso de apelación interpuesto por el Fisco en lo relativo a la pretendida aplicación de la tasa de interés prevista en el artículo 4° de la Resolución 314/2004 del Ministerio de Economía y Producción; y confirmar la sentencia apelada en cuanto dispuso que correspondía adicionar la prevista en la Comunicación 14.290 del Banco Central de la República Argentina que, como regla, es la aplicable a los supuestos en los que el Estado Nacional incurre en mora (cfr. Fallos 315:158; 328:4507 329:1703, Sala II de esta Cámara en la causa “American Express SA c. EN AFIP – DGI”, Expte. n° 75.920/2014, del 27 de abril de 2017 y esta Sala V en la causa “Osram Argentina SACI c. EN-AFIP-DGI Resol. 30/11 s/ Dirección General de Aduanas”, Expte. N° 15.885/2011, del 17 de agosto de 2017).

Finalmente, y con relación a los agravios planteados por el Fisco respecto a la manera en que fueron impuestas las costas en la instancia precedente, cabe señalar que no se advierten razones que justifiquen apartarse del principio objetivo de la derrota, de manera tal que cabe confirmar la sentencia apelada en cuanto las impuso a cargo del Fisco.

Por todo lo expuesto, se resuelve: 1) Rechazar el recurso de apelación interpuesto por el Fisco y confirmar la sentencia apelada, sin costas por no haber mediado actividad procesal de la contraparte (artículo 68, segunda parte, del Cód. Proc. Civ. y Com. de la Nación). Regístrese, notifíquese y oportunamente devuélvase. — Jorge F. Alemany. — Guillermo F. Treacy. — Pablo Gallegos Fedriani.