Un hombre dedujo acción de restitución contra su ex conviviente a fin de exigir la devolución de siete inmuebles adquiridos por ella durante la relación, sosteniendo que el dinero fue aportado por él de forma exclusiva y que aquella actuó como su mandataria. La sentencia rechazó la pretensión. En Cámara el recurrente mencionó la existencia de una sociedad de hecho. La Alzada confirmó lo decidido.

 

Sumario

La pretensión del actor destinada a que se ordene la restitución de al menos el 50% de los inmuebles adquiridos por su ex conviviente con fundamento en la supuesta sociedad de hecho formada entre ambos debe rechazarse si lo solicitado en primera instancia, y desestimado por ausencia de prueba, fue la restitución de la totalidad de los bienes fundado en la existencia de un mandato oculto, pues aquel se apartó de la plataforma fáctica que expuso a la hora de promover las actuaciones, lo cual afecta el principio de congruencia.

 

Fallo

CAMARA CIVIL – SALA A

22346/2012

“N. D. T., Á. F. c/ D’A., C. M. R. s/ Restitución de bienes”

Expte. n.° 22.346/2012

Juzgado Civil n.° 59

En la Ciudad de Buenos Aires, capital de la

República Argentina, a los días del mes de noviembre del año

dos mil diecisiete, reunidos en acuerdo los señores jueces de la Sala “A” de la

Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, para conocer en el recurso

de apelación interpuesto en los autos caratulados: “N. D. T., Á. F. c/ D’A., C. M.

R. s/ Restitución de bienes”, respecto de la sentencia de fs. 659/664 el tribunal

estableció la siguiente cuestión a resolver:

¿SE AJUSTA A DERECHO LA

SENTENCIA APELADA?

Practicado el sorteo resultó que la votación

debía realizarse en el siguiente orden: señores jueces de cámara doctores:

SEBASTIÁN PICASSO – HUGO MOLTENI – RICARDO LI ROSI.

A LA CUESTIÓN PROPUESTA, EL DR.

SEBASTIÁN PICASSO DIJO:

I. La sentencia de fs. 659/664 rechazó la

demanda interpuesta por Á. F. N. D. T. contra C. M. R. D’A., con costas a cargo

del actor vencido.

El pronunciamiento fue apelado por el

demandante, quien se queja a fs. 676/678; cuestiona el rechazo de su pretensión y

la manera en la que se impusieron las costas. Asimismo se agravia porque el Sr.

juez de grado no ordenó la restitución de la mitad de los bienes que según el

apelante le corresponderían. Esta presentación fue respondida por la demandada a

fs. 682/683.

II. Memoro que los jueces no están

obligados a hacerse cargo de todos y cada uno de los argumentos expuestos por

las partes ni a analizar las pruebas producidas en su totalidad, sino que pueden

centrar su atención únicamente en aquellos que sean conducentes para la correcta

decisión de la cuestión planteada (art. 386, Código Procesal).

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Adicionalmente creo menester poner de

resalto que, si bien a partir del 1 de agosto de 2015 ha entrado en vigor el nuevo

Código Civil y Comercial de la Nación, los hechos ventilados en el sub lite (y por

consiguiente, la constitución de la relación contractual invocada en la demanda, y

de las obligaciones cuyo cumplimiento se persigue) han acaecido durante la

vigencia del Código Civil derogado. Por consiguiente –en atención a que no

estamos ante cuestiones regidas por normas imperativas- el caso debe juzgarse a

la luz de la legislación anterior, que mantiene ultractividad en este supuesto (art.

7, Código Civil y Comercial de la Nación; vid. Kemelmajer de Carlucci, Aída, La

aplicación del Código Civil y Comercial a las relaciones y situaciones jurídicas

existentes, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2015, p. 148; Roubier, Paul, Le droit

transitoire, Dalloz, París, 2008, p. 390 y ss.).

III. No está discutido que los litigantes

comenzaron una relación sentimental en la década de 1980, que luego vivieron en

concubinato, y que fruto de aquel amor nació un hijo el día 19/5/1993 (según fs.

27 vta./30 y 305 vta./310 de estos autos, y la partida de fs. 1 de la causa n.°

75.823/2010, caratulada “D’A., C. M. R. y otro c/ N. D. T., Á. F. s/ Alimentos”,

en trámite ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil n.° 87 de esta ciudad,

que en este acto en original tengo a la vista). Asimismo las partes son contestes en

que aquella convivencia terminó en el mes de marzo de 2010 (fs. 27 vta./30 y 305

vta./310). También se encuentra demostrado que durante los años en los cuales se

extendió la relación sentimental la Sra. D’A. adquirió siete departamentos (fs.

2/25).

Según sostuvo el actor, los inmuebles recién

mencionados fueron comprados por la emplazada a través de un mandato oculto,

con dinero proporcionado por él, que era fruto de su trabajo (fs. 27 vta./30). Por

tal motivo reclamó la restitución de los departamentos adquiridos por la Sra. D’A.

“actuando como mi mandante” (fs. 27/34 y 36).

Por el contrario, la demandada sostuvo que

siempre trabajó, y que no existió mandato oculto. Según explicó, con su trabajo

sufragaba sus gastos y los de su hijo, y con el dinero que recibía de cuota

alimentaria por parte de la abuela paterna de este último adquirió los inmuebles

(fs. 303/316).

El Sr. juez de grado, luego de analizar la

prueba, rechazó la demanda debido a que el actor no logró acreditar que la Sra.

D’A. actuó como su mandataria. Según argumentó el anterior sentenciante, las

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partes se preocuparon por demostrar la sociedad de hecho existente como

consecuencia del trabajo conjunto de ambos convivientes, pero no hubo prueba

del mandato oculto alegado. Al no estar peticionada en la causa la disolución de la

sociedad de hecho, por aplicación del principio de congruencia el magistrado de

grado no hizo lugar a la acción de restitución de aquellos inmuebles.

Ante esta alzada, el apelante cambia los

términos de la demanda y alega que el juez no aplicó el principio iura novit curia

para encausar la acción deducida, pese a que se demostró una sociedad de hecho,

que los inmuebles fueron adquiridos con aportes comunes y que, por tal motivo,

es procedente la restitución de al menos la mitad de aquellos.

Ahora bien, como es sabido no pueden

efectuarse planteos en la alzada que no fueron sometidos a conocimiento del

anterior sentenciante, pues eso importaría violentar el principio de congruencia

-de indudable rango constitucional, y reflejado también en los artículos 34, inc.

4°, y 163, inc. 3°, del Código Procesal- que exige que exista concordancia entre la

demanda, la contestación y la sentencia en lo que hace a las personas, el objeto y

la causa, de modo que las partes, al fijar el alcance y el contenido de la tutela

jurídica requerida, delimitan la actividad jurisdiccional a las cuestiones incluidas

en la pretensión del actor y la oposición de la demandada (esta sala, 8/4/2013,

“B., Alicia Haydee c/ N., Mario y otros s/ Nulidad de acto jurídico”, L. n°

611.653; 15/5/2013, “D. M., Nancy Beatriz c/ Hospital Nacional Dr. Alejandro

Posadas y otros s/ Daños y perjuicios”, L. n.° 605.263; 20/4/2015, “P., Jorge

Alberto c/ Valsugana S.R.L. y otros s/ Daños y perjuicios”, expte. n.°

95.854/2012, entre muchos otros). Por tal motivo esta cámara se encuentra

impedida de tratar cuestiones no propuestas al tribunal de grado (art. 277, Código

Procesal; esta sala, 22/6/2017, “Asociación Mutual de Empleados del Banco de la

Provincia c/ Herso S. A. y otro s/ Cobro de sumas de dinero”, expte. n.°

015022/2013/CA001).

Es cierto que las normas jurídicas invocadas

por los litigantes no son las que individualizan la pretensión procesal, sino los

hechos afirmados en la medida de su idoneidad para producir un determinado

efecto jurídico, de modo que el órgano judicial debe limitarse a decidir si se ha

operado la consecuencia jurídica afirmada por las partes con prescindencia de la

designación técnica que se le haya otorgado a la situación descripta, ya que por

aplicación del principio iura novit curia el sentenciante cuenta con absoluta

libertad para la elección de la norma que configura el caso (Palacio, Lino E.,

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Derecho procesal civil, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1999, t. IV, p. 293). En

efecto, por la regla iuria novit curia el magistrado tiene no sólo la facultad sino

también el deber de resolver los conflictos que se le plantean calificando

autónomamente las relación fáctica y subsumiéndola en las normas jurídicas que

la rigen, con prescindencia de los fundamentos enunciados por las partes (CSJN,

Fallos 296:633; esta sala, 10/3/2017, “Consorcio de propietarios de la calle

Paunero n.° 2.835/41/43 c/ Consorcio de propietarios de la calle Paunero n.°

2.833 s/ Cobro de medianería”, expte. n.° 49730/2010/CA002).

Pero considero que una cosa es el deber del

juzgador de encuadrar normativamente la pretensión de las partes, y otra distinta

cambiar el objeto de la acción, que es lo que pretende el apelante ante esta alzada.

Obsérvese que los agravios del demandante

denotan que se ha apartado de la línea argumental –y de la plataforma fáctica- que

desplegó al iniciar estas actuaciones. En la demanda se sostuvo que el dinero con

el cual se adquirieron los inmuebles fue aportado de manera exclusiva por el Sr.

N. D. T. y que la demandada solo actuó como una mandataria, y por esa razón se

peticionó la devolución de todos los bienes (fs. 27/34). No se hizo una sola

mención en el escrito de inicio de la acción, ni siquiera de manera subsidiaria, a la

existencia de una sociedad de hecho, ni tampoco se deslizó la posibilidad de que

se restituya únicamente el 50% de los bienes.

Esto último se encuentra corroborado no solo

con la presentación de fs. 36, en la cual el actor aclaró que se trataba de una

demanda de restitución de bienes y no de disolución de sociedad de hecho –esto

último es justamente lo que peticiona en esta alzada-, sino también por el alegato

del demandante, en donde no deja dudas de que su pretensión es la devolución del

100% de los inmuebles debido a que la Sra. D’A. fue su mandataria (fs. 630/633).

En resumidas cuentas, lo solicitado ante el

Sr. juez de primera instancia fue la restitución de los siete inmuebles porque el

actor manifestó que se adquirieron con dinero exclusivo de él, y que hubo un

mandato oculto por parte de la emplazada (fs. 27/34, 36 y 630/633). Luego de

dictada la sentencia, y ante esta alzada, el recurrente introduce una pretensión

distinta, menciona la existencia de una sociedad de hecho, y quiere que al menos

se ordene la restitución del 50% de los inmuebles.

En consecuencia, queda demostrado que el

actor se ha apartado de la plataforma fáctica que expuso a la hora de promover

estas actuaciones, circunstancia que afecta al principio de congruencia. Por tal

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motivo los agravios en examen son inaudibles, y debería declararse desierto el

recurso (arts. 265 y 266 del Código Procesal), lo que deja firme la decisión de

primera instancia.

Por todo lo dicho propongo al acuerdo

confirmar la sentencia en tanto rechazó la demanda interpuesta por Á. F. N. D. T.

IV. En atención a lo decidido en esta

instancia, en los términos del art. 68 del Código Procesal, juzgo que las costas de

alzada deberían imponerse al recurrente por resultar sustancialmente vencido.

V. En síntesis, y para el caso de que mi voto

fuere compartido propongo al acuerdo declarar desierto el recurso del

demandante, y en consecuencia confirmar la sentencia apelada en todo lo que

decide y fue objeto de apelación y agravios, con costas de alzada al actor.

Finalmente postulo diferir la regulación de

los honorarios profesionales para una vez que hayan sido fijados los

correspondientes a la primera instancia.

Los Dres. Hugo Molteni y Ricardo Li Rosi

votaron en el mismo sentido por razones análogas a las expresadas en su voto por

el Dr. Sebastián Picasso.

Con lo que terminó el acto.

Es copia fiel de su original que obra a fs.

del Libro de Acuerdos de la Sala “A” de la Excma. Cámara Nacional de

Apelaciones en lo Civil.

Buenos Aires, noviembre de 2017.

Y VISTOS:

Por lo que resulta del acuerdo que informa el

acta que antecede se resuelve: Confirmar la sentencia apelada en todo lo que

decide y fue objeto de apelación y agravios, con costas de alzada al actor.

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Difiérese la regulación de los honorarios

profesionales para una vez que hayan sido fijados los correspondientes a la

primera instancia.

Notifíquese en los términos de las

Acordadas 31/11, 38/13 y concordantes, comuníquese a la Dirección de

Comunicación Pública de la C.S.J.N. en la forma de práctica y devuélvase.

SEBASTIÁN PICASSO

3

HUGO MOLTENI

2

RICARDO LI ROSI

1

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