La Cámara confirmó una sentencia que rechazó el pago por consignación en moneda de curso legal intentado por quien había contraído una obligación en moneda extranjera.

Sumarios

 

El argumento esgrimido por el deudor relativo a la imposibilidad de cumplir su obligación de pago en la moneda convenida en virtud de las normas que restringieron la adquisición de divisas extranjeras resulta inatendible cuando no probó que efectivamente se encontraba imposibilitado de adquirir esa divisa a la fecha en que debía cumplir con la obligación, acudiendo al régimen implementado a tal efecto.

El pago por consignación pretendido por el deudor de una obligación en moneda extranjera debe rechazarse, pues mal puede sostener que aquel cumple el requisito de identidad (art. 740, Cód. Civil) cuando no solo pretende que se le imponga al acreedor una especie de moneda distinta a la debida y que se obligó a devolver, en violación al art. 619 del cuerpo normativo citado, sino que también soslaya el método alternativo expresamente convenido para el caso de presentarse la situación de imposibilidad de pagar en dólares estadounidenses.

La referencia al art. 765 del Cód. Civ. y Com. que formula el titular de una deuda en moneda extranjera para efectuar el pago en moneda local debe rechazarse, pues resulta inaplicable al caso y no modifica la obligación alternativa pactada, al ser una norma supletoria y plenamente disponible por las partes, máxime cuando no se da en la especie el supuesto de excepción previsto en el último párrafo del art. 962 del cuerpo normativo citado.

 

Fallo

2ª Instancia.— Buenos Aires, diciembre 28 de 2017.

¿Es ajustada a derecho la sentencia apelada?

El doctor Parrilli dijo:

I. Contra la sentencia de fs. 125/127 que rechazó el pago por consignación y cancelación de hipoteca, alza sus quejas el actor en la expresión de agravios de fs. 136/137, cuyo traslado se contestó a fs. 142/144.

El conflicto que motiva este proceso de pago por consignación se origina en las restricciones que el Banco Central de la República Argentina dispusiera respecto a la adquisición de moneda extranjera, que según Marcelo Fabián Hohendahl le habrían impedido reintegrar a José Oscar Sustersich u$s 10.000 dólares estadounidense que este último le prestara el 16 de febrero de 2009, y en la negativa del aquí demandado de aceptar el pago de esa deuda convertida en pesos al cambio oficial.

II. En esta instancia no se debate que el aquí demandante se obligó a devolver el capital en el plazo de veinticuatro meses más un interés compensatorio del uno por ciento mensual y que fue garantizado con hipoteca sobre el inmueble de su propiedad ubicado en (…) de Carapachay, Partido de Vicente López, Provincia de Buenos Aires. Tampoco está en discusión que el capital debía reintegrarse el 16 de enero de 2011 y que las cuotas de interés compensatorio se extendieron hasta el mes de febrero de 2012.

Las críticas del actor apuntan a destruir el argumento del Sr. Juez según el cual el aquí actor no probó la imposibilidad de adquirir dólares. En ese sentido expresa que, contrariamente a lo que sostiene el Sr. Juez “(…) la imposibilidad de dar la suma pactada, no necesita ser acreditada, cuando la misma nace de la Comunicación “A” 5318 BCRA —con vigencia a partir del 06/07/2012— el acceso al mercado de cambios se validaba únicamente con motivo de turismo y viajes en el ‘Programa de Consulta de Operaciones Cambiarias’ (…)”. Agrega que la parte demandada “en ningún momento planteó la inconstitucionalidad de dicha normativa” (ver fs. 136 vta.) y afirma haber cumplido con los “principios de identidad e integridad” del pago, ya que “consignó la suma total adeudada al tipo de cambio vigente al momento de la cancelación” (ver fs. 137) y cita en su respaldo jurisprudencia del fuero comercial.

Por otra parte, si bien el Sr. Juez limitó al 6 % anual la tasa por intereses compensatorios y punitorios pactada en el mutuo y que alcanzaba un 4 % mensual, el recurrente se agravia y requiere se reduzca aún más por considerarla “totalmente exorbitante teniendo en cuenta la suba del dólar” y las intenciones que tuvo de pagar su deuda en todo momento. Finalmente, se agravia de las costas.

III. Antes de entrar en el examen de estos agravios debo decir que conforme lo establecido por el art. 7° del Cód. Civ. y Com. de la Nación (texto aprob. por ley 26.994) el caso se enmarca en el anterior Cód. Civil, texto según decreto-ley 17.711, en razón de tratarse de un contrato celebrado y un pago intentado durante su vigencia.

Por otra parte, cabe aclarar que los jueces no están obligados a analizar todas y cada una de las argumentaciones de las partes, sino tan sólo aquéllas que sean conducentes y posean relevancia para decidir el caso (ver CS, fallos 258:304; 262:222; 265:301; 272:225). En sentido análogo, tampoco es obligación del juzgador referir a todas las pruebas agregadas, sino únicamente las que estime apropiadas para resolver el conflicto (art. 386, in fine, del Cód. Proc. Civ. y Com. de la Nación; Corte Federal, fallos 274:113; 280:3201; 144:611).

Asimismo, recuerdo que el deudor goza del derecho de obtener su liberación forzada pagando con intervención judicial, no sólo ante la negativa del acreedor de recibir el pago sino en los demás supuestos en que encuentre dificultades que impidan efectuar el cumplimiento específico y espontáneo de la obligación directamente al titular del crédito (conf. Belluscio-Zannoni, “Código Civil y Leyes complementarias comentado, anotado y concordado”, t. III, ps. 529 y ss.) y que, para que la consignación tenga fuerza de pago deben concurrir los requisitos de persona, objeto, modo y tiempo, todos ellos sin los cuales el pago no puede ser válido (cfr. art. 758 del Cód. Civil).

Aclarado lo anterior, adelanto que solo a través de una lectura sesgada y parcial de la sentencia podría prosperar el agravio relativo al rechazo de la consignación.

Como lo afirmara el Sr. Juez, el argumento esgrimido por el deudor, relativo a la imposibilidad de cumplir su obligación de pago en virtud de las normas que restringieron la adquisición de divisas extranjeras, resulta inatendible cuando no ha probado que efectivamente se encontraba imposibilitado de adquirir la divisa a la fecha en que debía cumplir con la obligación, acudiendo al régimen implementado a tal efecto (conf. art. 377 del Cód. Proc. Civ. y Com. de la Nación, sala “J”, in re, “B., C. c. G., J. J. J. s/ ejecución de convenio”, R. 621.445, del 16 de agosto de 2013; id. arg. CNCiv., sala “C”, in re, “C., F. c. P. E., J. s/ daños y perjuicios”, del 26/02/2013, LA LEY, 2013-C, 447; idem, id., in re “Tzvi Hendel Hirsh c. Kalmar Kalmar, Leslie s/ ds. y ps.” del 21/03/2013, publicado en La Ley Online, AR/JUR/8257/2013), pero aún cuando se admitiera eximir al recurrente de esa carga probatoria, lo cierto es que el rechazo de la consignación también se sustenta en que según la cláusula 13ª del contrato de mutuo “(…) En el supuesto de imposibilidad legal de abonar en moneda dólar deberá abonar el monto en pesos, en cantidad suficiente para adquirir los Bonos Externos de la República Argentina, con cupón adherido, no vencido, para que con su venta se adquiera la suma total adeudada o la que reste de ella en el mercado libre interno de la República Argentina; de la Ciudad de Montevideo, en la República Oriental del Uruguay y/o en la Ciudad de New York, en los Estados Unidos de América, a exclusiva elección del acreedor, tomándose para dicha operación la cotización del cierre tipo vendedor del inmediato día hábil anterior al del cumplimiento del efectivo pago (…)” (ver cláusula 13ª a fs. 76 vta., renglones 17 a 25 y fs. 126, primer párrafo).

Este último argumento, que resulta decisivo para rechazar la demanda, no ha sido objeto de crítica alguna por el aquí recurrente (cfr. arts. 265 y 266 del Código Procesal), más aún, ni siquiera lo menciona en su escrito de expresión de agravios.

En suma, mal puede sostener el deudor que el pago que intenta por consignación cumple el requisito de identidad (cfr. art. 740 del Cód. Civil), cuando no sólo pretende que se le imponga al acreedor una especie de moneda distinta a la debida y que se obligó a devolver, contrariando el art. 619 del Código citado y lo pactado, sino también soslaya el método alternativo expresamente convenido con su acreedor para el pago de la deuda en caso de presentarse la situación de imposibilidad de pagar en dólares estadounidenses [cfr. art. 1197, ver en este sentido, CNCiv., sala “F”, in re, – r. 624.671, “C., E. c. La Rinconada de Giribone SA s/ ejecución hipotecaria”. Expte. 31.470/2012 (J. 45) del 15/10/2013; idem, id., “A., J. A. y otro c. P. M. SA s/ ejecución hipotecaria” del 14/10/2015, publ., en La Ley Online, AR/JUR/38994/2015; idem, sala “J”, Expte. N° 32.149/2003. “D., B. c. M., S. R. y otro s/ Ejecución Hipotecaria”. Juzgado N° 99. 14 de noviembre de 2013, entre otros]. A lo expuesto, debería agregar que para la fecha en que debió restituirse el capital (16/01/2011) aún no se había dictado la Comunicación del Banco Central A 5318 (esta data de julio de 2012), que según expresa el recurrente le impidió el cumplimiento de su obligación (ver fs. 136 vta.), por lo que propongo al Acuerdo confirmar el rechazo de la demanda.

La referencia al artículo 765 del actual Cód. Civ. y Com. de la Nación que formula el actor no altera la conclusión precedente pues dicha norma en tanto permite al deudor liberarse de la obligación pactada en moneda extranjera mediante el pago en moneda local, resulta inaplicable al caso y no modifica la obligación alternativa pactada, al ser una norma supletoria y plenamente disponible por las partes, no dándose en la especie el supuesto de excepción previsto en el último párrafo del art. 962 del Cód. Civ. y Com. de la Nación (ver en este sentido, esta Cámara, sala “K”, in re, “M. S. c. M. G. G. s/ ejecución hipotecaria” del 24/02/2016; idem. sala “C”, in re, “P. del C., C., A. c. B., J. M. su suc. s/ ejecución de Acuerdo”, del 18/09/2015; id., sala “F”, autos “F., M. R. c. A., C., A. s/ consignación” y “L., T. y otros c. F., M. R. s/ ejecución Hipotecaria”, del 25/08/2015; Alterini, Jorge Horacio y otros en “Obligaciones en moneda extranjera y el Código unificado”, publicado en Revista del Notariado del Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, N° 921 (jul. – sep. 2015).

IV. En lo que respecta a la tasa fijada para el cálculo de los réditos, corresponde recordar que en supuestos que guardan cierta analogía con el caso de autos (conf. r. 514.380, “Dekinder SA c. Albornoz Andrea Fabiana s/ ejecución hipotecaria”, del 09/09/2008, entre otros), como principio, la sala ha sostenido que resulta razonable en caso de deudas contraídas en dólares la aplicación de una tasa que por todo concepto no supere el 4 % anual. Sin embargo, en otros supuestos se ha confirmado la liquidación de intereses al 8% anual para deudas en dólares valorando los términos en que fuera contraída la deuda, las condiciones de la economía y el comportamiento de la divisa norteamericana en el mercado libre de cambios (conf. r. 569.845, del 17 de diciembre de 2010, r. 572.922, del 03/03/2011, R. 574.376 del 31/03/2011), porcentaje que, además, coincide con el criterio asumido por la sala “C” de esta Cámara en casos de similar tenor (conf. r. 492.168, del 25/10/2007; íd. R 565.651, del 16/11/2010, entre otros). Como se aprecia, a la hora de juzgar sobre la cuantía de las tasas de interés no cabe sujetarse a criterios rígidos y cabe valorar, especialmente, las actuales condiciones de la economía, en cuyo contexto considero razonable la tasa fijada en la anterior instancia por lo que he de proponer al Acuerdo se la confirme.

V. En cuanto a las costas, no encuentro razones que permitan apartarse del principio objetivo de la derrota que consagra nuestro ordenamiento (cfr. art. 68 del Código Procesal) por lo que propongo al Acuerdo confirmar lo resuelto en la anterior instancia e imponer de igual modo las devengadas en esta instancia.

Por lo expuesto, propongo al Acuerdo: I) confirmar la sentencia recurrida en todo lo que decide y fue materia de agravio; II) en lo que respecta al recurso de honorarios interpuesto en el apartado V del escrito de expresión de agravios, estese a lo proveído a fs. 140 p. II y 141 “in fine”; III) las costas de Alzada se imponen al actor que resulta vencido de igual modo que las de la anterior instancia. Así lo voto.

Los doctores Ramos Feijóo y Mizrahi, por análogas razones a las aducidas por el doctor Parrilli, votaron en el mismo sentido a la cuestión propuesta.

Por lo que resulta de la votación que instruye el Acuerdo que antecede, se resuelve: 1) confirmar la sentencia recurrida en todo lo que se decide y fue materia de agravios; 2) las costas de Alzada se imponen a la parte actora, de conformidad con el principio rector de la derrota. Regístrese, protocolícese y notifíquese. Oportunamente publíquese (conf. CSJN Acordada 24/2013). Fecho, devuélvase. — Mauricio L. Mizrahi. — Claudio Ramos Feijóo. — Roberto Parrilli.