Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contenciosoadministrativo Federal, sala V(CNFedContenciosoadministrativo)(SalaV)
Fecha: 14/02/2012
Partes: Barani Montes, Mónica Edith c. S.I.G.E.N. Resol. 112/05 s/ empleo público
Publicado en: LLO
Hechos:
El juez a-quo hizo lugar parcialmente a la demanda deducida por la actora y reconoció el derecho al pago de las licencias no gozadas y el daño moral ocasionado, asimismo desestimó la pretensión relativa a la indemnización por falta de preaviso y el reintegro de las sumas abonadas en concepto de impuesto al valor agregado sobre las sumas percibidas por la prestación de servicios. Contra dicha sentencia ambas partes interpusieron recurso de apelación. La Cámara confirmó la sentencia apelada.

Sumarios:
1. El hecho de que los contratos que rigieron la locación de servicios no previeran licencias por matrimonio y maternidad, no constituye un argumento que lleve a su denegación, máxime ante la existencia constitucionales como el art. 75 inc. 22 e inc. 23 de la Constitución Nacional.
2. En virtud de los principios constitucionales establecidos en el art. 14 de la Constitución Nacional, resulta ajustado a derecho el pago de una compensación sustitutiva de la licencia anual no gozada, ello sin perjuicio que las partes estuvieran vinculadas mediante un contrato de locación de servicios.
3. Resulta ajustado a derecho el reconocimiento de una suma de dinero en concepto de daño moral, pues, los daños derivados del no reconocimiento de licencias por matrimonio, por maternidad o por vacaciones constituyen un daño en las relaciones de familia y afectaron el derecho a la vida personal y familiar de la trabajadora.
4. Es improcedente el reclamo de una trabajadora a fin de que se le reintegren las sumas descontadas en virtud del impuesto al valor agregado que tributara sobre los importes percibidos como contraprestación por los servicios prestados a través de un contrato de locación de servicios, dado que no se había pactado su inmunidad frente al mencionado impuesto y que la suma a abonar dependía de la posición de la actora frente al tributo, circunstancia que no podía ponerse a cargo de la locataria demandada.

Texto Completo: 2ª Instancia. — Buenos Aires, febrero 14 de 2012.
¿Se ajusta a derecho la sentencia apelada?
El Juez de Cámara, Dr. Guillermo F. Treacy, dijo:
I.- Que a fojas 515/523 la jueza de la anterior instancia hizo lugar parcialmente a la demanda deducida por la actora, reconociendo el derecho al pago de las licencias no gozadas (por matrimonio, maternidad y descanso anual), así como el daño moral ocasionado. En cambio, desestimó la pretensión relativa a la indemnización por falta de preaviso y el reintegro de las sumas abonadas en concepto de impuesto al valor agregado sobre las sumas percibidas por la prestación de servicios.
Para decidir de ese modo, tuvo en cuenta que el vínculo de la actora con la Sindicatura General de la Nación se basó en una figura prevista legalmente (art. 112 inc. c) de la Ley N° 24.156), a fin de contratar personal, por cierto plazo, para cumplir determinado cometido. Observó que la demandante fue contratada a partir de abril de 1995, contratación que fue renovada sucesivamente hasta el 31 de enero de 2000, y que tal vínculo no importaba relación de dependencia y consistía en la prestación de servicios en la Gerencia de Control de Entidades. La magistrada advirtió que no se probó que la actora hubiera realizado tareas propias del personal de planta permanente de la SIGEN. Entendió que ello no se veía alterado por la circunstancia de que la relación contractual se hubiera extendido por más de cuatro años, ya que ello no puede trastocar la situación de revista de quien fue contratado como personal transitorio y no fue transferido a otra categoría por acto expreso del poder administrador (con invocación de los precedentes de Fallos 310:1095 y 2826; 312:245 y 1371). Asimismo, la jueza a quo observó que la situación de autos difería de las consideradas en la causa “Ramos, José Luis c/ Estado Nacional – Ministerio de Defensa – A.R.A. s/ indemnización por despido” (Fallos 333:311), ya que en el sub lite no existía un reclamo indemnizatorio alegando un despido arbitrario con base en el artículo 14 bis CN, ni tampoco se había acreditado que la demandada hubiera utilizado figuras jurídicas autorizadas legalmente para casos excepcionales, como lo sería la contratación por tiempo determinado para encubrir una designación permanente (Fallos 333:335).
A partir de tales consideraciones, entendió que en el caso no existió una desvinculación intempestiva, sino que el contrato se extinguió por el vencimiento del plazo de duración, por lo que correspondía desestimar la indemnización por falta de preaviso.
Del mismo modo, desestimó la pretensión de reintegro del impuesto al valor agregado, ya que el contrato suscripto por las partes preveía que la contraprestación que percibiría la contratada constituía el valor total de la prestación de servicios. Hizo notar que no resultaba aplicable la jurisprudencia invocada por la actora, ya que la situación del responsable inscripto que factura honorarios profesionales no resulta asimilable a la de quien percibe honorarios regulados en una causa judicial. Por lo tanto, consideró que el valor consignado en las facturas incluía el tributo, que no se debía discriminar (art. 39 de la Ley de Impuesto al Valor Agregado) y que otra interpretación desnaturalizaría el acuerdo de voluntades, ya que no se pactó que el precio de locación fuera el “precio neto”.
En cuanto a las licencias no gozadas, la jueza a quo entendió que, si bien no existía -al tiempo en que la actora prestó sus servicios- un régimen específico que regulara los derechos y obligaciones del personal contratado de la Sindicatura General de la Nación, ello no significa que tal derecho no existiera. En tal sentido invocó normas constitucionales y de tratados internacionales de derechos humanos, así como la normativa dictada por la propia empleadora con posterioridad para superar el vacío normativo existente en la materia. Sobre esa base, y por analogía, estimó aplicable la reglamentación vigente en la materia para el personal permanente del organismo (Resolución SGN N° 57/94), a la que éste se remitiera al aprobar el Régimen de Contrataciones de Personal, ya que ello permitía garantizar el principio constitucional de igualdad (art. 16 CN).
La jueza a quo señaló que la actora contrajo matrimonio y que tuvo una hija, no obstante lo cual la demandada no le concedió licencias por esos acontecimientos, ni abonó su retribución por los días en que no prestó servicios con fundamento en esas circunstancias. En función de ello, y por aplicación del régimen de licencias previsto en el Estatuto del Personal de la Sindicatura General de la Nación (arts. 35 incs. c) y f), 50, 52 y 55 apartado 1.a), estimó que correspondía reconocer el pago de las licencias por matrimonio (10 días) y de maternidad y lactancia (90 días), con intereses a la tasa pasiva promedio que publica el Banco Central de la República Argentina. Asimismo, reconoció que, toda vez que la actora nunca usufructuó la licencia por vacaciones, y que la relación contractual con la demandada había cesado, correspondía reconocer el pago de una suma sustitutiva, de conformidad con la liquidación practicada por el perito contador de autos, con los intereses calculados a la tasa pasiva promedio que publica el Banco Central de la República Argentina.
En cuanto al reclamo por daño moral, la magistrada a quo lo fijó prudencialmente en la suma de $ 14.000 a la fecha de la sentencia.
Por último, señaló que las sumas reconocidas se hallaban parcialmente consolidadas, en los términos de las Leyes Nros. 25.344 y 25.725, refiriéndose al criterio para establecer los intereses a su respecto.
II.- Que contra la sentencia de grado dedujeron sus recursos de apelación tanto la actora (fs. 531) como la demandada (fs. 526).
En su memorial, agregado a fojas 540/546, esta última se agravió por entender que no correspondía a su parte abonar sumas de dinero por falta de otorgamiento de las licencias no gozadas. Sostiene que, si la sentencia de grado admite la legalidad del vínculo contractual, no puede en consecuencia admitirse que de éste se deriven consecuencias dañosas. También se refiere a precedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, los cuales, a su entender, no justifican la solución adoptada, en cuanto a la concesión de licencias. Asimismo, objeta que se haya reconocido el pago de licencia anual ordinaria, poniendo de relieve que su parte cuestionó la pericia contable.
Finalmente, se agravia por el reconocimiento del daño moral, ya que entiende que su parte no ha cometido un acto ¡lícito que merezca reparación.
Cabe consignar que el memorial fue replicado por la actora a fojas 561/563.
III.- Que por su parte, la actora se agravia en su memorial (fs. 548/552), por el rechazo de su pretensión de que se le reintegren las sumas descontadas en virtud del impuesto al valor agregado. Además, se agravia por la tasa de interés aplicada a las sumas reconocidas, postulando la aplicación de la tasa activa. Por último, considera exigua la suma reconocida en concepto de daño moral. A fojas 554/560 luce la réplica de la demandada.
IV.- Que en este estado de las actuaciones, corresponde tratar los recursos interpuestos.
IV.1.- En lo que respecta al agravio de la demandada acerca de la improcedencia del pago de las licencias por matrimonio, maternidad y anual, corresponde examinar las características del vínculo contractual que unió a las partes. Al respecto, la jueza a quo concluyó que la contratación temporal estaba justificada en el caso de autos, debido a la naturaleza transitoria de los servicios que se le requerían, conclusión que -más allá de su acierto o error- no se encuentra debatida en esta instancia.
La cuestión radica en establecer si, aun aceptando la legitimidad de un vínculo temporal, resulta legítima la no concesión de licencias por matrimonio o por maternidad. Se encuentra acreditado en autos -y no ha sido materia de disputa- que la actora contrajo matrimonio y tuvo una hija, y que no se le concedió licencia por tales motivos, ni tampoco se le abonaron los días correspondientes.
En tal contexto, no puede perderse de vista que la situación de autos, aun cuando no presenta todas las características de un vínculo de empleo público, no deja de constituir una relación en la que se comprometía la realización de un trabajo, de modo que es acertado el criterio de la a quo al extender, por analogía, ciertas disposiciones que disciplinan la relación de empleo público y que guardan conexión con la pretensión (en particular, en lo relativo a licencias). En tal sentido, debe recordarse que la actora se encuentra en una situación particular en razón de su género, lo que hace que su situación frente al trabajo (sea en relación de dependencia o no) deba ser contemplada en modo a evitar consecuencias discriminatorias. En efecto, el artículo 75 inciso 23 CN se refiere a las medidas de acción afirmativa a favor de las mujeres y, en particular, a la protección integral de la madre durante el embarazo y el tiempo de lactancia. Complementariamente, la Convención sobre Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, que tiene jerarquía constitucional (art. 75 inc. 22 CN) exige la adopción de medidas para impedir la discriminación por razones de matrimonio o maternidad (art. 11.2 de la Convención citada). Si bien en el caso de autos las disposiciones contractuales que vinculaban a la actora con la demandada no tienen un propósito discriminatorio, debe recordarse que no sólo se procura la protección cuando exista una finalidad discriminatoria, sino también cuando el resultado de la aplicación de determinadas disposiciones (contractuales, en este caso) implique un cercenamiento de la igualdad real de género (art. 1o de la Convención citada).
Por consiguiente, el hecho de que los contratos que rigieron la locación de servicios no previeran este tipo de licencias (por matrimonio o por maternidad) no constituye un argumento decisivo que lleve a su denegación, máxime ante la existencia de normas de jerarquía constitucional que razonablemente llevan a una conclusión opuesta a la postulada por la demandada. En consecuencia, resulta ajustado a derecho el criterio sustentado en la sentencia, en tanto propicia ante el vacío reglamentario acudir analógicamente el régimen de licencias aplicable al personal permanente del organismo, toda vez que, a los fines del matrimonio y el embarazo, las trabajadoras -estén o no en relación de dependencia- se encuentran en situaciones idénticas.
En lo que respecta a la licencia por vacaciones reconocida en la sentencia de grado, el fundamento radica en otros motivos, también de orden constitucional, que han sido señalados por la jueza a quo en su decisorio. Es que, si se tiene en cuenta que el primer contrato de locación de servicios consigna como inicio de la relación el 1/04/1995 y que el último contrato celebrado finalizó el 31/01/2000 (v. punto 2 del dictamen pericial, fs. 456), ello implicaría que la demandada contrata personal para que presten servicios en forma ininterrumpida, sin descanso, durante más de cuatro años. En tal contexto, la demandada no rebate las conclusiones de la a quo, más allá de su genérica discrepancia con los fundamentos del decisorio, sobre la base de su interpretación de que el silencio en los contratos a este respecto importa una denegación del derecho pretendido. Sin embargo, la fuerza expansiva de los principios constitucionales en materia laboral (en particular, los consagrados en el art. 14 bis CN) llevan a una conclusión opuesta. Por tal razón, el pago de una compensación en dinero sustitutiva de la licencia anual no gozada resulta ajustado a derecho, correspondiendo reconocer la suma indicada en el decisorio de grado, que se basa en los cálculos efectuados por el perito contador (v. fs. 454).
Cabe añadir que la objeción de la demandada en cuanto a que la jueza consideró que la pericia no había sido impugnada en lo relativo a la suma indicada en concepto de licencia anual no gozada, no es atendible. Si bien es cierto que dicha parte impugnó las respuestas periciales, su impugnación se basaba en la tesitura de que, con arreglo al contrato de locación de servicios, no correspondía el reconocimiento de licencias (v. fs. 471 vta./472 de la impugnación). Ahora bien, despejada la cuestión de derecho, en punto a la procedencia de reconocer tales licencias, la demandada no ha objetado los cálculos realizados por el experto (v. especialmente fs. 454).
En consecuencia, corresponde rechazar el agravio de la demandada relativo a las sumas cuyo pago reconoce la sentencia.
IV.2.- Corresponde ahora referirse al agravio, introducido por la actora, contra el rechazo del reintegro de las sumas abonadas en concepto de impuesto al valor agregado, que se tributaba sobre los importes percibidos como contraprestación por los servicios prestados. La demandante no rebate en este punto las conclusiones de la jueza de grado.
Ahora bien, el pago de dicho tributo es consecuencia de la validez del contrato de locación de servicios reconocida por la sentencia, que expresamente descartó que hubiera existido una contratación fraudulenta, a la luz del plexo probatorio, y tal conclusión no puede revisarse en esta instancia. Ante la falta de aclaración expresa en el contrato, la interpretación más segura es que la suma indicada como contraprestación era total y no contemplaba el pago de sumas adicionales en concepto de tributos como el indicado. En otras palabras no se había pactado que la actora tuviera garantizada su inmunidad frente al impuesto de que se trata. Tampoco correspondía efectuar discriminación alguna en las facturas por tal concepto, de conformidad con el artículo 39 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado. Cabe advertir que, en definitiva, la suma a abonar dependía de la posición de la actora frente al tributo (v.gr. como responsable inscripta, como monotributista, etc.), circunstancia que no podría ponerse a cargo de la locataria demandada, ya que -de aceptarse esa tesitura- variaría el monto a pagar como contraprestación por los servicios prestados, por una circunstancia propia de la prestadora de servicios.
Cabe observar que, mientras en relación con las sumas examinadas en el subconsiderando precedente (relacionadas con determinado tipo de licencias), su procedencia deriva de principios de orden público, no ocurre lo mismo en relación con el pago del impuesto al valor agregado: el pago por parte de la actora de dicho tributo no vulnera principio de orden público alguno, máxime cuando las partes no habían convenido que éste fuera afrontado por la demandada.
No modifica esta conclusión la afirmación de la recurrente en el sentido de que se trata de un impuesto indirecto, ya que dicha categoría se refiere, en rigor, a que se gravan manifestaciones mediatas de capacidad contributiva (v. en este orden de consideraciones la posición de Giuliani Fonrouge, Carlos M., Derecho Financiero, vol. I, Buenos Aires, Depalma, 1984, págs. 263/264). La cuestión relativa a la traslación del tributo a otro sujeto apunta a una cuestión de hecho, relacionada con un efecto económico del tributo de que se trata. Desde el punto de vista jurídico, en cambio, ninguna duda cabe de que la actora era sujeto pasivo de aquél (art. 4o inc. e) en concordancia con el art. 5o inc. b) de la Ley del Impuesto al Valor Agregado).
Por último, no ha sido rebatida la sentencia apelada, en tanto justifica la diferencia entre los honorarios percibidos como consecuencia de una locación de servicios y aquéllos que son el resultado de una regulación por trabajos realizados en sede judicial, diferencia que encuentra adecuado sustento en el precedente de Fallos 316:1533. En efecto, la analogía propiciada por la recurrente entre los honorarios profesionales regulados en sede judicial y los pactados en virtud de un contrato, implicaría desnaturalizar que existió un acuerdo de voluntades acerca del precio de la prestación comprometida. La pretensión actual de adicionar el monto del tributo a la suma prevista como contraprestación por los servicios prestados constituye un apartamiento explícito del texto del contrato, sin que existan -a diferencia de lo examinado respecto de las licencias- razones de orden público que lo justifiquen. Además, mientras los honorarios judiciales tienen base legal, los honorarios a que se refiere el sub lite tienen base convencional. La actora no podía desconocer, al celebrar el contrato, que la suma pactada era por todo concepto, ya que cualquier otra estipulación debería haberse indicado expresamente.
En función de lo expuesto, debe desestimarse el agravio en análisis.
IV.3.- Otro de los agravios se refiere al reconocimiento del daño moral. La demandada ha cuestionado su procedencia en forma global, mientras que la actora objeta el monto reconocido, por considerarlo exiguo.
En el caso de autos, los daños derivan de una relación contractual. En tales casos, el artículo 522 del Código Civil establece la facultad de los jueces de condenar la reparación del agravio moral, “de acuerdo con la índole del hecho generador de la responsabilidad y circunstancias del caso”. En el sub lite, los daños derivados del no reconocimiento de licencias por matrimonio, por maternidad o por vacaciones constituyen un daño en las relaciones de familia y afectaron el derecho a la vida personal y familiar de la actora. En tal contexto, el reconocimiento de una suma en concepto de daño moral aparece como ajustada a derecho, habida cuenta de la indudable repercusión que los hechos indicados pudieron tener en las afecciones íntimas de la actora.
En cuanto al monto, cabe señalar que “[l]a indemnización del daño moral no está en función de la representación que de él se hace la víctima (no en concreto), sino en función de su constatación por el juez y de su evaluación objetiva (en abstracto) en el límite de lo reclamado en la demanda” (Bustamente Alsina, Jorge, Teoría General de la Responsabilidad Civil, Buenos Aires, Abeledo-Perrot, 1997, pág. 247). En tal sentido, la jueza a quo ha efectuado una estimación prudencial, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 165 del CPCCN, que constituye una razonable cuantificación de este rubro.
En consecuencia, corresponde desestimar los agravios de ambos recurrentes en lo que respecta al daño moral.
IVA- Por último, la actora se ha agraviado porque la sentencia apelada reconoce intereses sobre las sumas reconocidas aplicando la tasa pasiva, cuando a su entender debía utilizarse la tasa activa. Ahora bien, el artículo 622 del Código Civil establece que el deudor moroso debe los intereses convenidos en la obligación, desde el vencimiento de ella. Asimismo, la referida disposición establece que si no hay intereses convenidos, se deben los intereses legales que las leyes especiales hubiesen determinado. Por otro lado, el citado artículo indica que si no se hubiere fijado el interés legal, los jueces determinarán el interés que se debe abonar.
Por su parte, esta Sala -en concordancia con la postura de la Corte Suprema de Justicia de la Nación- ha sostenido que, en los casos en que no se encuentre estipulada la tasa de interés, corresponde la aplicación de la tasa pasiva que publica el Banco Central de la República Argentina -conf. art. 10 del Decreto N° 941/91 Comunicación N° 14.290 BCRA- (Fallos 315:158; 315:1209; 328:4507; 334:376), criterio que no aparece como irrazonable en las circunstancias de autos.
V.- Que en función de lo expuesto, corresponde rechazar los recursos de apelación deducidos por la actora y por la demandada, y confirmar la sentencia de fojas 515/523 en lo que ha sido materia de agravio. Las costas de esta instancia deberían ser soportadas por su orden, en atención al modo en que se resuelve (art. 68 segundo párrafo del CPCCN). Así voto.
Los Jueces de Cámara, Dres. Pablo Gallegos Fedriani y Jorge Federico Alemany adhieren al voto que antecede.
En virtud del resultado que informa el acuerdo que antecede, el Tribunal resuelve: Rechazar los recursos de apelación interpuestos por la actora y la demandada y confirmar la sentencia de fojas 515/523, con costas por su orden (art. 68 segundo párrafo del CPCCN). — Pablo Gallegos Fedriani. — Guillermo Treacy. — Jorge F. Alemany.