55 empleados de una cadena de supermercados peticionaron por escrito que se evaluara la posibilidad de una suba salarial para los empleados fuera de CCT. En el mismo mes en que fue emitida la petición, la empresa despidió, entre otros, al reclamante, quien habría sido uno de los impulsores de la petición. La Cámara otorgó la indemnización por despido sin causa y discriminatorio. El Superior Tribunal de la Provincia de Córdoba revocó parcialmente la decisión, denegando el daño moral por discriminación. Interpuesto recurso extraordinario, la Corte Suprema de Justicia de la Nación descalificó la sentencia por arbitraria.

Sumarios

La sentencia del Superior Tribunal provincial que revocó la indemnización otorgada a un trabajador por despido discriminatorio, sucedido tras un pedido de aumento de salarios para más de 50 trabajadores, es arbitraria, pues no pudo afirmarse, sin efectuar una ponderación de la prueba y elementos o dar fundamentos válidos para descartarlos, que la conducta discriminatoria reprochada a la demandada, esto es, el distracto ordenado como represalia, no surgía del “contexto fáctico que rodeó la desvinculación”, máxime cuando el empleador había invocado supuestas razones para disponer el despido con justa causa por pérdida de confianza que no resultaron probadas.

El mero señalamiento de que “la supuesta conducta reprobada no surge del acto del despido”, resulta inconsistente para dar sustento a la revocación de la indemnización por daño moral otorgada al trabajador con fundamento en la Ley 23.592, pues la discriminación, por lo común, se caracteriza por constituir una conducta solapada, oculta o encubierta, que no es reconocida por quien la ejecuta y, por lo tanto, es improbable que surja de los términos de una notificación rescisoria; necesariamente debe ser demostrada mediante otras pruebas.

Fallo

Buenos Aires, febrero 6 de 2018.

Considerando: 1°) Que el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Córdoba, al admitir el recurso de casación de la demandada, revocó parcialmente la sentencia de la Cámara del Trabajo que había hecho lugar, además de las indemnizaciones por despido previstas en la Ley de Contrato de Trabajo, a una reparación por “daño moral” reclamada por el actor. Este último había promovido demanda por “despido discriminatorio” pretendiendo, bien la reinstalación en su puesto de trabajo o, en su defecto, el pago de las indemnizaciones previstas para el caso de despido sin causa más una indemnización adicional por daño moral. Fundó este último aspecto de su reclamo, entre otras disposiciones, en la ley 23.592 (antidiscriminación) y en el hecho de considerar que su cesantía obedeció a haber sido uno de los impulsores de una petición escrita presentada a las autoridades de la empleadora en la cual solicitaba, junto a otros 54 empleados, que se evaluara la posibilidad de otorgar un aumento salarial al personal jerárquico fuera de convenio.

2°) Que para así resolver (fs. 369/372 de los autos principales, cuya foliatura será la que se cite en lo sucesivo) el a quo señaló, en concreto, que “no se encontraba justificada la conclusión de que el distracto fue un castigo por reclamar recomposición salarial” pues “la supuesta conducta reprobada no surge del acto mismo del despido ni puede colegirse del contexto fáctico que rodeó la desvinculación”.

3°) Que contra ese pronunciamiento, el actor dedujo el recurso extraordinario federal por arbitrariedad de sentencia (fs. 375/393) cuya denegación motivó la queja en examen.

4°) Que la crítica ensayada por el apelante suscita cuestión federal suficiente que habilita el tratamiento de los agravios por la vía del art. 14 de la ley 48 toda vez que la decisión no ha efectuado un adecuado examen de las cuestiones planteadas de conformidad con la prueba producida en la causa.

5°) Que en efecto, en su extenso pronunciamiento (fs. 271/295), la Cámara del Trabajo tuvo por demostrado, con base en la prueba testifical y en la documental, que “el despido dispuesto por la accionada fue la reacción al reclamo salarial materializado en la nota suscrita por Farrell en fecha dos de mayo de dos mil seis”, conclusión que sustentó en que i) “nunca se había despedido a nadie por esa causa”, ii) “el despido ocurre […] en el mismo mes de la nota del reclamo salarial”, iii) petición que “generó malestar en los altos mandos de la compañía”, iv) “los despidos de los gerentes, entre ellos el actor Farrell, fueron comunicados por ‘e mail’ a todas las sucursales de la firma, lo que era totalmente inusual”, v) “de los cuatro empleados que hicieron denuncia ante la Secretaría de Trabajo”, el actor y otro gerente fueron despedidos, “y los otros dos, [que] no siguieron el trámite de denuncia, pues no comparecieron a la audiencia de conciliación que habían solicitado, permanecieron en la empresa y no fueron despedidos” y vi) “ocurridos los despidos, se frenó todo el reclamo porque había mucho miedo, nadie más se animó a tocar el tema”.

6°) Que, en ese marco, el a quo no pudo afirmar, sin efectuar al menos una ponderación de esas pruebas y elementos o dar fundamentos válidos para descartarlos, que la conducta discriminatoria reprochada a la demandada no surgía del “contexto fáctico que rodeó la desvinculación”, máxime cuando la empleadora había invocado supuestas razones para disponer el despido del actor con justa causa por pérdida de confianza que no resultaron probadas.

El mero señalamiento de que “la supuesta conducta reprobada no surge del acto mismo del despido”, resulta inconsistente para dar sustento a la decisión pues la discriminación, por lo común, se caracteriza por constituir una conducta solapada, oculta o encubierta, que no es reconocida por quien la ejecuta y, por lo tanto, es harto improbable que surja de los términos de una notificación rescisoria. De ahí que necesariamente deba ser demostrada mediante otras pruebas. Frente a ello, carece de fundamento la conclusión del a quo que descartó, sin más, los diversos elementos que la cámara había valorado en detalle para basarse en el texto formal de la comunicación del cese.

7°) Que, en función de lo expuesto, cabe concluir que lo resuelto guarda nexo directo e inmediato con las garantías constitucionales que se invocan como vulneradas (art. 15 de la ley 48), por lo que corresponde su descalificación como acto jurisdiccional en los términos de la conocida doctrina de esta Corte sobre arbitrariedad, sin que ello importe emitir juicio sobre la solución que en definitiva quepa otorgar al litigio.

Por ello, se declara procedente la queja y el recurso extraordinario interpuestos y se deja sin efecto la sentencia apelada, con el alcance indicado. Con costas (art. 68 del Cód. Proc. Civ. y Com. de la Nación). Vuelvan los autos al tribunal de origen a fin de que, por quien corresponda, se dicte un nuevo fallo con arreglo al presente. Agréguese la queja al principal. Notifíquese y, oportunamente, remítase. — Elena I. Highton de Nolasco. — Juan C. Maqueda. — Horacio Rosatti.