Visto el Expediente N° EX-2018-03021753-APN-JGM, y
CONSIDERANDO:
Que a partir del año 2003 se inició un proceso de incorporación al Estado Nacional de un número significativo de empresas y sociedades, tal el caso de Aguas y Saneamientos Argentinos S.A., Fábrica Argentina de Aviones “Brig. San Martín” S.A., Tandanor S.A.C.I. y N., Correo Oficial de la República Argentina S.A., Aerolíneas Argentinas S.A., entre otras, que fueron total o parcialmente estatizadas.
Que de igual modo fueron creadas nuevas empresas de propiedad estatal, como Energía Argentina S.A., la Empresa Argentina de Navegación Aérea S.E. y la Empresa Argentina de Soluciones Satelitales S.A.
Que de acuerdo a relevamientos efectuados, la gestión de dichas empresas y sociedades no se caracterizó por el seguimiento de prácticas de buen gobierno corporativo ni por promover la utilización sustentable y transparente de los recursos públicos.
Que como consecuencia de una gestión ineficiente, las empresas comenzaron a incurrir en déficits operacionales significativos, lo que requirió la transferencia de importantes aportes del Estado Nacional.
Que salvo limitadas excepciones, las empresas estatales carecían de esquemas de buen gobierno que les permitieran despolitizar el proceso de toma de decisiones, atraer recursos humanos profesionales y promover la transparencia en procesos como las compras de bienes y servicios.
Que como consecuencia de dicha situación, a partir de diciembre de 2015 el Gobierno Nacional incluyó dentro de su Plan de Gobierno el Ordenamiento de la Gestión de las Empresas Públicas como una iniciativa prioritaria.
Que en cumplimiento de la iniciativa prioritaria se avanzó con resultados concretos en tres pilares vinculados al desempeño de las empresas de mayoría estatal. El primer pilar con foco en la mejora del seguimiento del desempeño de las empresas, el segundo en el armado de planes estratégicos y el tercero en la mejora de la gobernanza corporativa de las empresas.
Que, en este último sentido, se avanzó con la evaluación del gobierno corporativo de las empresas públicas por parte de la ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICOS (OCDE), con la creación conjuntamente con la OFICINA ANTICORRUPCIÓN (OA) y la SINDICATURA GENERAL DE LA NACION (SIGEN), de una Red de Integridad de Empresas Públicas en donde se discuten políticas anticorrupción y se intercambian prácticas de buen gobierno entre las empresas, con asistencia del BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID), en iniciativas destinadas a mejorar las políticas de compras y abastecimiento de las empresas.
Que las acciones mencionadas anteriormente tuvieron por objetivo concientizar a las empresas sobre la importancia del buen gobierno, capacitarlas para una mejor gestión de sus recursos, y generar comunidades de práctica con la finalidad de intercambiar experiencias.
Que, no obstante lo expuesto, al no existir un marco ni un instrumento a nivel interno que defina estándares generales de buen gobierno, las empresas continúan administrándose según sus propios criterios y reglas, por lo que con el objetivo de establecer un marco institucional desde el cual promover estándares generales de buen gobierno para las empresas de mayoría estatal, se decidió avanzar, conjuntamente con los actores relevantes en cuestiones institucionales de empresas, en la redacción de lineamientos que reunieran principios y recomendaciones de buenas prácticas en las áreas de gobernanza y gestión.
Que la SECRETARÍA DE COORDINACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, conjuntamente con la OFICINA ANTICORRUPCIÓN, la SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN y la COMISIÓN NACIONAL DE VALORES, desarrollaron los Lineamientos de Buen Gobierno para Empresas de Participación Estatal Mayoritaria de Argentina.
Que a través de tales Lineamientos el Estado Nacional pretende fijar sus expectativas con relación a cómo espera que sus empresas se organicen y gestionen en materia de gobernanza.
Que los beneficios de las políticas de buen gobierno alcanzarán, por un lado, a los ciudadanos, ya que los mismos recibirán un mejor servicio gestionado de manera transparente, y por el otro, al Estado Nacional, en la medida en que fortalecerá la sustentabilidad e integridad de sus empresas y sociedades.
Que con el objetivo de implementar los Lineamientos de Buen Gobierno que se aprueban, las empresas podrán elegir el diseño institucional que crean más conveniente a sus contextos de actuación.
Que ha tomado intervención el servicio jurídico competente.
Que la presente se dicta en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 100, inciso 1, de la CONSTITUCIÓN NACIONAL.
Por ello,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:
ARTÍCULO 1º.- Apruébanse los “Lineamientos de Buen Gobierno para Empresas de Participación Estatal Mayoritaria de Argentina” que como ANEXO (IF-2018-06684086-APN-MI) forma parte integrante de la presente medida.
ARTÍCULO 2º.- Los lineamientos aprobados por el artículo 1º de la presente serán de aplicación para las empresas y sociedades consignadas en el artículo 8º, inciso b) de la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional Nº 24.156 y para todos aquellos Organismos Descentralizados cuyo objetivo esencial sea la producción de bienes o servicios.
ARTÍCULO 3º.- La SECRETARÍA DE COORDINACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS coordinará, conjuntamente con los demás organismos competentes, las acciones destinadas a la implementación de la presente medida, pudiendo dictar las normas aclaratorias que resulten pertinentes.
ARTÍCULO 4º.- Instrúyese a la SECRETARÍA DE COORDINACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS a llevar adelante las acciones necesarias para promover la amplia difusión de los Lineamientos aprobados por el artículo 1° entre las empresas y sociedades alcanzadas, el sector público nacional y la sociedad civil.
ARTÍCULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese. — Marcos Peña. — Rogelio Frigerio.

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