La Corte Suprema de Justicia de la Nación determinó que la asociación de consumidores se encuentra legitimada para entablar la acción colectiva.

 

Sumario

La sentencia que, luego de reconocerle habilitación genérica para accionar a una asociación de defensa de los consumidores, sostuvo que aquella solo estaba legitimada para demandar en defensa de derechos de incidencia colectiva referentes a intereses individuales homogéneos respecto de una de las pretensiones perseguidas en el caso, debe ser revocada parcialmente, pues la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en un pronunciamiento anterior en el que tuvo en cuenta los distintos reclamos formulados por la recurrente, sin efectuar distinción alguna concedió la legitimación.

 

Fallo

Buenos Aires, diciembre 26 de 2017.

Considerando: 1°) Que, mediante sentencia del 12 de mayo de 2015, esta Corte dejó sin efecto el pronunciamiento de la Sala A de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial —obrante a fs. 211/217— en cuanto, al confirmar lo decidido en primera instancia, había rechazado la acción por entender que la asociación de consumidores carecía de legitimación para demandar en la causa.

Para decidir en el sentido indicado, este Tribunal remitió a lo resuelto en las causas “PADEC c. Swiss Medical SA” (Fallos: 336:1236) y “Consumidores Financieros Asociación Civil p/ su defensa c. La Meridional Compañía Argentina de Seguros SA” (Fallos: 337:762) y ordenó la devolución de los autos para que se dictara un nuevo fallo con arreglo a lo allí resuelto (fs. 266/266 vta.).

2°) Que, al dictar nueva sentencia a raíz del reenvío dispuesto, la Sala C del tribunal a quo solo admitió parcialmente la legitimación de la asociación actora para iniciar el presente proceso colectivo.

En efecto, la cámara consideró que “en tanto se persigue la declaración de nulidad, por abusiva, de la cláusula del contrato de seguro que establece que habrá destrucción total del automotor cuando la realización de sus restos no supere el valor del veinte por ciento del precio de venta al contado en plaza” (confr. fs. 275, segundo párrafo), se trata de un derecho de incidencia colectiva referente a intereses individuales homogéneos. En cambio, entendió que tal homogeneidad en los intereses a tutelar no se presentaba en “la pretensión orientada a obtener la restitución a los clientes alcanzados por aquella cláusula que pretende nula, de los importes que éstos hubieran erogado en cada una de las hipótesis a las que refiere la parte actora en la demanda” (confr. fs. 275, punto III, primer párrafo).

3°) Que, contra dicho pronunciamiento, la asociación actora dedujo recurso extraordinario federal (fs. 278/286 vta.), que, previa sustanciación, fue concedido (fs. 297/297 vta.).

4°) Que la interpretación de las sentencias de la Corte Suprema, en las mismas causas en que ellas han sido dictadas, constituye cuestión federal suficiente para ser examinada en la instancia de excepción, en los supuestos en que la decisión impugnada consagra un inequívoco apartamiento de lo dispuesto por el Tribunal y desconoce, en lo esencial, aquella decisión (Fallos: 321:2114 y 325:3389, entre otros).

5°) Que ello es lo que ocurre en el sub lite, toda vez que la Cámara, en la argumentación brindada para su decisión y pese a que ese había sido puntualmente el objeto de lo decidido por este Tribunal, volvió a examinar el concurso de los recaudos de procedencia de la legitimación de la actora para iniciar la presente acción en el marco de un proceso colectivo.

6°) Que, en efecto, el a quo, después de reconocerle habilitación genérica a la actora para accionar en los términos del artículo 43 de la Constitución Nacional en defensa de los consumidores, examinó la concurrencia de los requisitos que, según lo establecido por esta Corte en los precedentes citados en su anterior intervención, permiten reconocerle legitimación para demandar en defensa de derechos de incidencia colectiva referentes a intereses individuales homogéneos y, como se adelantó, concluyó en que tales condiciones sólo se cumplían respecto de una de las pretensiones aquí perseguidas.

En tales circunstancias, corresponde acoger los agravios de la recurrente, pues la alzada soslayó el criterio establecido por esta Corte en su pronunciamiento anterior, en el que tuvo en cuenta los distintos reclamos formulados por la actora en el caso concreto y, en tal contexto y sin efectuar distinción alguna, dejó sin efecto una sentencia que ahora el a quo, con argumentos similares a los ya descalificados, reitera parcialmente.

7°) Que, en las condiciones expuestas y frente al tiempo transcurrido desde que se iniciaron los presentes autos, el Tribunal estima que corresponde hacer uso de la facultad que le confiere el art. 16, segunda parte, de la ley 48 y decidir, en consecuencia, sobre el fondo de la cuestión sometida a su jurisdicción (confr. Fallos: 189:292; 212:64; 214:650; 220:1107; 223:172; 240:356; 311:762 y 1003, entre otros).

Por ello, con el alcance indicado, se declara procedente el recurso extraordinario, se revoca parcialmente la decisión apelada y se reconoce la legitimación de la actora en el presente proceso colectivo; conclusión que, cabe aclarar, no implica abrir juicio sobre el fondo del asunto demandado. Con Costas (artículo 68, primer párrafo, del Cód. Proc. Civ. y Com. de la Nación). Notifíquese y remítase. — Elena I. Highton de Nolasco. — Juan C. Maqueda. — Carlos F. Rosenkrantz (en disidencia). — Horacio Rosatti.

Disidencia del señor ministro doctor Rosenkrantz

Considerando:

Que el recurso extraordinario es inadmisible (artículo 280 del Cód. Proc. Civ. y Com. de la Nación).

Por ello, se lo declara mal concedido. Con costas (artículo 68, primera parte, del código citado). Notifíquese y remítase. — Carlos F. Rosenkrantz.