Lealtad comercial: sanción por no consignar el precio total del producto

Se impuso una multa de $65.000 a una concesionaria de automotores por consignar en una publicidad el precio precedido de la palabra “desde” sin indicar el importe total que debe abonar el consumidor.  Apelado el decisorio, la Cámara lo confirmó.

 

Sumarios

La multa impuesta a una empresa que incluyó la palabra “desde” en una publicidad sin indicar el precio total que debe abonar el consumidor por el producto, con fundamento en la Ley 22.802, debe confirmarse, pues esa circunstancia coloca a aquel en una situación de falta de certeza y la normativa indicada protege el derecho a una información adecuada, completa y veraz con relación al consumo.

Teniendo en cuenta que la infracción como la analizada reviste carácter formal y su sola verificación hace nacer por sí la responsabilidad del infractor, es posible concluir que al hallarse configurada la conducta merecedora de reproche, los argumentos expuestos por la recurrente en su recurso no poseen entidad suficiente para revocar la sanción.

 

Fallo

 

Poder Judicial de la Nación

CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

FEDERAL- SALA V

53059/2017

REVOR SA c/ DNCI s/LEALTAD COMERCIAL – LEY 22802 – ART

22

Buenos Aires, de octubre de 2017.

VISTO Y CONSIDERANDO:

I.- Que mediante la Disposición D.N.C.I Nº

31/2017, la Directora Nacional de Comercio Interior impuso a la firma

REVOR S.A una multa de $ 65.000 (pesos sesenta y cinco mil), por

infracción al artículo 2º de la Resolución Nº 7/02 de la ex Secretaría de la

Competencia, la Desregulación y la Defensa del Consumidor, reglamentaria

de la Ley Nº 22.802 (fs. 126/129).

En dicha decisión, el organismo interviniente

indicó que en la publicidad de fojas 2 de estas actuaciones “…se consigna,

entre otras, las frases ‘C 4 Lounge, PLC: desde $ 157.000’; sin indicar el

precio de contado en dinero en efectivo que corresponderá al importe total

que deba abonar el consumidor final, ya que los precios se encuentran

precedidos de la palabra ‘desde’”, incumpliendo de esta manera con lo

dispuesto en el artículo 2º de la Resolución Nº 7/2002 S.C.D y D.C.,

reglamentaria de la Ley 22.802 de Lealtad Comercial”.

Por otro lado, graduó la sanción aplicada

tomando en cuenta la gravedad de la infracción, el capital en giro del

establecimiento infractor, los antecedentes sumariales, el criterio según el

cual este tipo de multas no son meramente retributivas sino ejemplificadoras

o intimidatorias y el hecho de que el aviso fue publicado a página completa

en un diario de circulación nacional

II.- Que a fojas 138/141 la sociedad sancionada

interpuso recurso de apelación contra la mentada disposición.

En su memorial, sostuvo que no existían

antecedentes válidos para el dictado de la disposición impugnada, por lo

cual resultaba a todas luces arbitraria. Asimismo, alegó que la indicación del

término “desde” no inducía a error o engaño al consumidor dado que el

precio que debía pagar era el consignado en la publicidad. Concluyó que

“[n]o ha existido de parte de mi representada conducta alguna que haya

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configurado violaciones a los preceptos que emanan del art. 2 de la Res.

7/2002, mucho menos de algún tipo de daño o perjuicio ocasionado a

consumidores o usuarios de manera directa o indirecta…”.

En consecuencia, solicitó que se hiciera lugar al

recurso y se revocara la disposición recurrida.

III.- Que a fojas 160/171 el Estado Nacional

(Ministerio de Economía y Finanzas Públicas) contestó el recurso de su

contraria.

En su presentación, luego de reseñar los

antecedentes del caso, alegó que los argumentos efectuados por la

recurrente debían ser desestimados por no constituir una crítica concreta y

razonada de la disposición apelada, ya que sólo realizó una serie de

manifestaciones que traducían una mera discrepancia con el criterio de la

administración. Respaldó estos fundamentos con jurisprudencia y doctrina

que –a su entender– eran aplicables al caso.

En subsidio, contestó el traslado conferido. Al

respecto, sostuvo que la materialidad de la infracción se encontraba

acreditada debido a que la publicidad de fojas 2 no informaba el precio total

de contado en dinero en efectivo que debía pagar el consumidor por el bien

ofrecido.

Por consiguiente, solicitó que se confirmara la

disposición impugnada, con costas.

IV.- Que en este estado de la causa, habiendo

dictaminado el Sr. Fiscal General en sentido favorable a la admisibilidad del

recurso (v. fs. 175/176), corresponde examinar los agravios vertidos por la

actora. Ello así, toda vez que –no obstante las objeciones de la parte

demandada– el escrito recursivo satisface los requisitos de fundamentación,

en tanto contiene una crítica concreta y razonada de la Disposición D.N.C.I

Nº 31/2017.

IV.1- En primer lugar, cabe recordar que la Ley

Nº 22.802 “…regula materias cuya protección interesa al Estado Nacional en

beneficio de todos los habitantes, esto es, la defensa de la buena fe en el

ejercicio del comercio y la protección de los consumidores para que puedan

acceder a una información fidedigna sobre los elementos que han de

adquirir. Esta garantía está prevista expresamente en el art. 42 de la

Constitución Nacional y la ley -que regula la referida garantía- constituye uno

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de los métodos idóneos para el cumplimiento de los deberes

constitucionales impuestos al Estado para una mejor protección de sus

ciudadanos” (conf. Fallos 324:1276, dictamen del Sr. Procurador Fiscal al

que se remitió la Corte Suprema).

En sentido concordante, esta Sala ha expresado

que dicha ley y su reglamentación tienen como objetivo evitar que los

consumidores, mediante indicaciones poco claras y engañosas, sean

inducidos a error o falsedad en la adquisición de productos, mercaderías, o

en la contratación de servicios protegiéndose, de este modo, el derecho de

aquéllos a una información adecuada, completa y veraz, con relación al

consumo (in rebus “Chacras Urbanas La Magdalena SA c/ DNCI- Disp.

441/10”, del 22/12/2010 y “Ferrero Argentina SA c/DNCI- Disp. 206/09”, del

25/11/2010).

Específicamente, la Resolución Nº 7/2002

prescribe: “Quienes ofrezcan bienes muebles o servicios a consumidores

finales deberán indicar su precio expresado en moneda de curso legal y

forzoso en la REPUBLICA ARGENTINA –Pesos–. El mismo deberá ser el de

contado en dinero efectivo y corresponderá al importe total que deba abonar

el consumidor final” (conf. art. 2º).

IV.2.- Sentado ello, en atención a que los

argumentos de la recurrente importan analizar la materialidad de la

infracción, es dable señalar que la firma REVOR S.A, al realizar la publicidad

que luce a fojas 2, indicó como precio de lista al contado del automóvil

Citroen C4 Lounge: “Desde $ 157.000”. Esta circunstancia pone de

manifiesto que la forma en que fue publicado el bien ofrecido impedía

determinar el precio total de contado en dinero en efectivo que debía abonar

el consumidor si deseaba adquirirlo. En efecto, la utilización del término

“desde” revela que no se ha indicado el precio total, impidiendo conocer en

forma clara, precisa, e inmediata, el costo del bien publicitado. Es decir, el

consumidor se ve colocado en una situación de falta de certeza respecto del

precio del bien publicitado, al no consignarse de manera precisa el precio

total que debía abonar, el cual podría variar según factores que en la

publicidad no se explicitan.

En consecuencia, la materialidad de la infracción

endilgada se encuentra acabadamente comprobada, encuadrando la

conducta de la aquí recurrente en lo establecido en el artículo 2º de la

Resolución Nº 7/2002, reglamentaria de la Ley Nº 22.802.

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IV.3.- Acerca de la falta de perjuicios concretos,

es oportuno recordar, siguiendo a Nieto, que en el Derecho Administrativo

Sancionador es posible sostener que la culpabilidad se configura en tanto el

infractor no ha observado la diligencia exigible, en razón de la actividad que

realiza, y que, en general, lo que se tiene en cuenta “no es el daño real, sino

el daño potencial o riesgo” (Nieto Alejandro, Derecho Administrativo

Sancionador, Madrid, Tecnos, 2000, pág. 348).

Además, señala este autor, y ello es plenamente

aplicable al caso de autos, que en esta materia predominan las infracciones

formales, “constituidas por la simple omisión o comisión antijurídica que no

precisa ir acompañada de un resultado lesivo” (ibid., pág. 349). Ello es así,

en tanto esta rama del Derecho “es un Derecho preventivo en cuanto

persigue las infracciones, dado que de éstas es de donde se deducen (o

pueden deducirse) ordinariamente los resultados lesivos” (ibid., pág. 350).

A partir de lo expuesto, y teniendo en cuenta que

–tal como se advirtió precedentemente– la infracción como la analizada en

autos, reviste carácter formal y su sola verificación hace nacer por sí la

responsabilidad del infractor (esta Sala, in rebus “ASATEJ SRL c/ DNCI-

Disp. 799/10, 31/10/11 y “Banco Macro S.A c/ DNCI- Disp. 125/13, del

03/04/2013), es posible concluir que al hallarse configurada la conducta

merecedora de reproche, los argumentos expuestos por la recurrente en su

recurso no poseen entidad suficiente para revocar la sanción.

V.- Que por los fundamentos vertidos,

corresponde rechazar el recurso de apelación interpuesto por la recurrente

REVOR S.A y confirmar la Disposición Nº 31/2017 de la Dirección Nacional

de Comercio Interior. Las costas se imponen a la actora vencida, por

aplicación del principio objetivo de la derrota (art. 68 del CPCCN).

Teniendo en cuenta el monto del proceso, el

resultado obtenido y la extensión, calidad y eficacia del trabajo profesional

cumplido por los letrados de la demandada, corresponde fijar los honorarios

profesionales del Dr. Nicolás Olivari en la suma de $ 2.600 (pesos dos mil

seiscientos) y los de la Dra. Verónica Treviño en el importe de $ 1.040

(pesos mil cuarenta), de acuerdo a lo establecido en los artículos 6, 7, 9, 37

y 38 de la Ley N° 21.839, modificada por la Ley N° 24.432.

Se aclara que dichos importes no incluyen suma

alguna en concepto de impuesto al valor agregado, el cual deberá

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adicionarse en caso de que los profesionales acrediten su condición de

responsables inscriptos.

En virtud del resultado que informa el Acuerdo

que antecede, por unanimidad, SE RESUELVE: 1) Rechazar el recurso de

apelación interpuesto por la recurrente REVOR S.A y confirmar la

Disposición Nº 31/2017 de la Dirección Nacional de Comercio Interior; 2)

Imponer las costas a la actora vencida (art. 68 del CPCCN); 3) Fijar los

honorarios profesionales del Dr. Nicolás Olivari en la suma de $ 2.600

(pesos dos mil seiscientos) y los de la Dra. Verónica Treviño en el importe de

$ 1.040 (pesos mil cuarenta), en los términos de los artículos 6, 7, 9, 37 y 38

de la Ley N° 21.839, modificada por la Ley N° 24.432.

Regístrese, notifíquese a las partes y al Sr.

Fiscal General en su despacho, y oportunamente, devuélvanse.

Guillermo F. TREACY Jorge F. ALEMANY

Pablo GALLEGOS FEDRIANI

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