Autor: Quadri, Gabriel H.
Publicado en: RCCyC 2015 (agosto), 17/08/2015, 38

Sumario: I. Aclaraciones liminares.— II. Un nuevo ordenamiento de fondo. Consecuencias sobre lo probatorio.— III. El Código Civil y Comercial de la Nación y los diversos medios de prueba.— IV. Otras cuestiones.— V. A modo de cierre

Abstract: En el nuevo Código, la expresión escrita podrá hacerse constar cualquiera sea el soporte que se utilice en la medida en que exista un contenido representado con texto inteligible —aunque para dicha intelección fueran necesarios medios técnicos—. Es así como se contempla legalmente, en definitiva, una realidad inconstrastable de nuestros días, conectada directamente con las nuevas tecnologías y de este modo vemos al art. 288 referirse, en su segundo párrafo, a los instrumentos generados por medios electrónicos.

I. Aclaraciones liminares
Las líneas que siguen, como el título lo indica, apuntan a detectar y explicitar aquellos aspectos del ordenamiento sancionado por ley 26.994 con relevancia en materia probatoria.
También nos hemos permitido advertir, ya desde el título, acerca de la modestia de este trabajo.
Ello obedece, por un lado, a razones de espacio: el tema es, desde ya, extenso y de gran profundidad. Amén de lo cual, creemos mejor darle un propósito más bien pragmático, de acompañamiento en el ejercicio profesional durante estos primeros tiempos de vigencia del nuevo ordenamiento; lo más útil, lo necesario (hoy), parece ser eso.
Y por otra parte, es lo factible.
Creemos que para llevar a cabo un estudio más profundo falta algo: observar al nuevo sistema en funcionamiento. Tenemos ya, hace algunos meses, el texto legal (definitivo) sancionado (aunque el Proyecto era algo más antiguo) y tenemos, también, valiosas opiniones de juristas que se han dedicado a su estudio. Pero carecemos de un elemento fundamental para poder ofrecerle al lector un análisis más profundo, y que permita pronosticar —con alguna posibilidad de acierto— la forma en que será enfocada y resuelta, en la práctica, cada cuestión probatoria. Nos falta la voz de los tribunales; no contamos, aún, con una base jurisprudencial. Obviamente que en muchos casos, donde se mantienen las soluciones anteriores, podrá capitalizarse el bagaje ya existente; en otros, donde se receptan legalmente criterios forjados en el ámbito tribunalicio, también podrá acudirse a los precedentes basales de cada tópico. Y habrá, también, cuestiones novedosas.
Luego, ante las aludidas limitaciones, hemos optado por pasar revista a las principales cuestiones que, hasta el momento, logramos detectar en materia probatoria; remarcando tanto las novedades como aquellos aspectos en los cuales la solución prevista en el anterior ordenamiento se mantiene; y, en tal contexto, reflexionar un poco sobre alguno de los tópicos en los que nos detengamos.
Preferimos, así, una exposición llana, clara, concreta y poco pretenciosa sobre cada uno de los puntos, que sirva de guía práctica para los primeros momentos de vigencia del novel ordenamiento; quedará, entonces, para el futuro un estudio más detenido, y profundo, sobre los diversos temas que aquí sucintamente expondremos.
Advertido ya el lector acerca de qué puede esperar del trabajo que hoy le ofrecemos, podemos comenzar con su desarrollo.
II. Un nuevo ordenamiento de fondo. Consecuencias sobre lo probatorio
La primer cuestión que habrá de definir el operador jurídico frente al caso que tenga para abordar, será la determinación de cuál es el ordenamiento que lo rige: si el derogado o el nuevo. Tema que deberá encarar a la luz de las previsiones del art. 7º del Código Civil y Comercial de la Nación. Bastante se ha escrito ya al respecto, y no es tal la cuestión objeto de estas líneas.
Ahora bien, una vez que esté definido cuál es el ordenamiento jurídico que se considerará aplicable, habrán de detectarse —dentro del mismo— cuál es la norma, o normas, que atraparán el caso.
Esto es fundamental, y su virtualidad en la materia probatoria es evidente.
Entra aquí en esencia un tema harto relevante: la conducencia de ciertos hechos (art. 359, CPCCN).
Vamos a aproximarnos a la noción de conducencia y a su funcionamiento.
Sabemos que el contenido de las normas son hechos; pero no los hechos reales sino una representación de ellos.
El contenido de la norma jurídica menciona hechos como condición (dado A) y hechos como consecuencia (debe ser B). Los hechos que la norma menciona como condición son los hechos del proceso, los que menciona como consecuencia constituyen el contenido de la sentencia: la norma contiene la imagen del hecho real. (1)
Ahora bien, entre todos los hechos que en el mundo pudieran haber acontecido debe utilizarse un criterio de relevancia jurídica en orden a determinar cuáles son los que pueden ser objeto concreto de prueba en un proceso.
Y tal relevancia jurídica deriva de la calificación del hecho según la norma que se le aplique a los efectos de la decisión; en consecuencia, es la norma la que opera tanto como criterio de selección de las connotaciones del hecho que se consideran importantes, como de exclusión de las innumerables connotaciones del hecho que no interesan a los efectos de su aplicación.
Así entonces, en el ámbito del proceso la relevancia de los hechos se determina, en primer lugar, en función de las consecuencias jurídicas que les pueden ser atribuidas. (2)
Dice al respecto la doctrina que en la faena de determinar la conducencia de los hechos alegados es menester atenerse al esquema jurídico configurado por la pretensión y la oposición, análisis del que surgirán los presupuestos fácticos de la o las normas que rijan el caso y, por consiguiente, los hechos cuya prueba resulta necesaria para actuar o desestimar la actuación de la pretensión procesal; de este modo, no serán conducentes los hechos discutidos cuya falta de merituación no tenga virtualidad para alterar el contenido de la sentencia. (3)
Kielmanovich indica que el hecho es conducente cuando su establecimiento podría sellar o determinar por sí solo o con el auxilio de otros hechos el resultado del debate, por su vinculación con los hechos previstos en la norma como hipótesis legal (hechos principales) o con los que prueban estos últimos (hechos secundarios). (4)
Así, cuando aludimos a los hechos conducentes nos estamos refiriendo a aquellos que tienen relación con el litigio y son importantes para resolverlo. (5)
De este modo serán conducentes los hechos vinculados con los presupuestos fácticos de las normas involucradas, como así también aquellos hechos que por medio del procedimiento específico de la prueba indiciaria permitan inferir los primeros. Contrariamente, serían hechos inconducentes los que no influirían en la decisión de la litis. (6)
Pues bien, el letrado es quien tiene el primer tamiz de conducencia de los hechos; el cliente llegará con el caso, narrará un cúmulo de eventos y, entre los mismos, el profesional deberá localizar y determinar cuáles son los relevantes.
¿Y cómo lo hará?
Pues a través del cartabón de la norma que resulte aplicable.
Detectados los hechos que importan, corresponderá luego su afirmación (en los escritos postulatorios del proceso) y ulterior acreditación.
De allí la primer cuestión que el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación presenta: ante el contacto con el caso deberá determinarse cuáles son las normas que lo rigen (si el nuevo ordenamiento o el derogado, y dentro del cuerpo normativo que sea, cuáles son los artículos que resultarán de aplicación); logrado ello, estará ya en condiciones de detectar qué debe afirmarse y, por supuesto, qué es lo que deberá procurar demostrar en el expediente (el cómo se lo hará, viene después).
Con un ejemplo estaremos más en claro.
Veamos el art. 1086 del Código Civil anterior: “si el delito fuere por heridas u ofensas físicas, la indemnización consistirá en el pago de todos los gastos de curación y convalecencia del ofendido, y de todas las ganancias que éste dejó de hacer hasta el día de su completo restablecimiento”.
Veamos, ahora, el art. 1746 del Código Civil y Comercial de la Nación: “en caso de lesiones o incapacidad permanente, física o psíquica, total o parcial, la indemnización debe ser evaluada mediante la determinación de un capital, de tal modo que sus rentas cubran la disminución de la aptitud del damnificado para realizar actividades productivas o económicamente valorables, y que se agote al término del plazo en que razonablemente pudo continuar realizando tales actividades. Se presumen los gastos médicos, farmacéuticos y por transporte que resultan razonables en función de la índole de las lesiones o la incapacidad. En el supuesto de incapacidad permanente se debe indemnizar el daño aunque el damnificado continúe ejerciendo una tarea remunerada. Esta indemnización procede aun cuando otra persona deba prestar alimentos al damnificado”.
Es evidente, entonces, que si fuera de aplicación al caso esta última norma (art. 1746), deberían arrimarse al proceso los elementos de convicción necesarios para demostrar cuál sería ese “capital, de tal modo que sus rentas cubran la disminución de la aptitud del damnificado para realizar actividades productivas o económicamente valorables, y que se agote al término del plazo en que razonablemente pudo continuar realizando tales actividades”; concretamente, lo mejor sería acudir a una pericia actuarial (7) e incluso haría casi imprescindible la acreditación de los ingresos de la víctima. Cosa que, quizás, no sucedía en vigencia del ordenamiento jurídico anterior. (8)
De allí, entonces, la importancia de estar en claro acerca de cuáles son las normas aplicables pues las mismas, en definitiva, determinarán la conducencia de los hechos que, a la postre, serán tema de prueba en el proceso del que se trate.
Una equivocación en este sentido, puede llegar a ser fatal para los anhelos del justiciable, al dejar inacreditados —o inafirmados— los hechos relevantes y exponerlo, entonces, a que frente a la ausencia de prueba entren en juego las normas sobre carga de la prueba, encontrándose así con una probable derrota.
III. El Código Civil y Comercial de la Nación y los diversos medios de prueba
a) Introducción
Superada la etapa mencionada en el punto II, llegará la hora de llevar a cabo la condigna actividad probatoria en orden a efectuar las pertinentes acreditaciones. Será necesario, entonces, acudir a los diversos medios probatorios.
Detengámonos a observar la incidencia del nuevo ordenamiento en los medios probatorios clásicos.
b) Prueba documental
i) Cuestiones generales
Al igual que lo que sucedía en el Código Civil derogado, vemos que los principales aspectos relativos a la prueba documental aparecen regulados en el Código Civil y Comercial de la Nación, quedando para los Códigos procesales la regulación de los aspectos de trámite vinculados con su incorporación al expediente, su adveración o su impugnación (si fueran necesarias).
La norma capital a tener en cuenta en el punto es la del art. 286 que, bajo el título “Expresión escrita”, establece que “la expresión escrita puede tener lugar por instrumentos públicos, o por instrumentos particulares firmados o no firmados, excepto en los casos en que determinada instrumentación sea impuesta. Puede hacerse constar en cualquier soporte, siempre que su contenido sea representado con texto inteligible, aunque su lectura exija medios técnicos”.
Vemos, así, que la división fundamental que el Código establece es entre instrumentos públicos e instrumentos particulares, subdividiendo estos en particulares firmados y no firmados. Luego volveremos sobre estas categorías.
Es trascendente la segunda parte del artículo, relativa al soporte.
Nosotros hemos considerado que el documento es una cosa. (9)
Básicamente, podríamos decir que la formación de un documento implica la inserción de determinado mensaje en cierto soporte.
Y el nuevo Código, correctamente —según lo vemos— consagra una regla amplia: la expresión escrita puede hacerse constar en cualquier soporte, bajo la condición de que el contenido sea expresado en un texto inteligible, aunque su lectura exija medios técnicos.
Podemos decir, en definitiva, que ello implica la conclusión definitiva del monopolio del soporte papel. Estuvimos acostumbrados, durante mucho tiempo, a identificar al documento con el papel; pues bien, en el nuevo Código, la expresión escrita podrá hacerse constar cualquiera sea el soporte que se utilice en la medida en que exista un contenido representado con texto inteligible (aunque para dicha intelección fueran necesarios medios técnicos).
Es así como se contempla legalmente, en definitiva, una realidad inconstrastable de nuestros días, conectada directamente con las nuevas tecnologías y de este modo vemos al art. 288 referirse, en su segundo párrafo, a los instrumentos generados por medios electrónicos.
Ya hablamos del soporte, vamos a referirnos a la forma de inserción de la información en él.
Retomando el texto del art. 286 vemos que el mismo se refiere a la expresión escrita, indicando que la misma puede tener lugar por instrumentos públicos o por instrumentos particulares, que luego subdivide en firmados y no firmados.
Por el momento, la división no parece presentar ningún problema.
Aunque nos permitimos una crítica a la regulación pues, según entendemos, es algo imprecisa.
Si volvemos al Código Civil derogado (art. 978) en él leíamos que “la expresión por escrito puede tener lugar, o por instrumento público o por instrumentos particulares”; vemos que el nuevo ordenamiento agrega, en esta última categoría, a los instrumentos particulares no firmados.
El Código se estructura, aquí, con apoyo en la expresión por escrito.
Según la Real Academia Española (10) escribir implica representar las palabras o las ideas con letras u otros signos trazados en papel u otra superficie.
Ahora bien, no todos los documentos se valen de la escritura.
Los instrumentos son la forma de representación del pensamiento mediante la escritura (11) pero existen otras formas de representación.
De allí que discrepemos con la categorización del art. 287.
Según el mismo, los instrumentos particulares pueden estar firmados o no. Si lo están, se llaman instrumentos privados. Si no lo están se los denomina instrumentos particulares no firmados.
Hasta aquí estamos de acuerdo: un escrito sin firma será un instrumento (justamente porque es escrito), particular y no firmado.
Donde no lo estamos es en el siguiente agregado: “esta categoría comprende todo escrito no firmado, entre otros, los impresos, los registros visuales o auditivos de cosas o hechos y, cualquiera que sea el medio empleado, los registros de la palabra y de información”.
¿Y por qué no lo estamos?
Porque, según lo vemos (y es solo nuestra opinión, podemos estarnos equivocando), hay una contradicción en decir que la categoría comprende a “todo escrito” y enunciar, como ejemplo, a los “registros visuales o auditivos de cosas o hechos” donde no habría escritura. Así, en nuestra concepción, no parecería correcto considerar a una fotografía o a una grabación un instrumento particular no firmado, sencillamente porque no sería un instrumento.
Dejando de lado esta breve digresión, vamos ahora a las diversas categorías instrumentales que contempla el nuevo Código.
ii) Instrumentos públicos
El art. 289, en una enumeración clara y concisa, enuncia diversos supuestos de instrumentos públicos; mientras que el artículo siguiente [290] se refiere a sus requisitos de validez.
Nos interesa, a los efectos de esta exposición, el art. 296 que se refiere a su eficacia probatoria.
El mismo establece que “el instrumento público hace plena fe: a) en cuanto a que se ha realizado el acto, la fecha, el lugar y los hechos que el oficial público enuncia como cumplidos por él o ante él hasta que sea declarado falso en juicio civil o criminal; b) en cuanto al contenido de las declaraciones sobre convenciones, disposiciones, pagos, reconocimientos y enunciaciones de hechos directamente relacionados con el objeto principal del acto instrumentado, hasta que se produzca prueba en contrario”.
Contrastémoslo con las normas equivalentes del Código derogado.
El inc. a) se relaciona con el art. 993, el cual establecía que “el instrumento público hace plena fe hasta que sea argüido de falso, por acción civil o criminal, de la existencia material de los hechos, que el oficial público hubiese anunciado como cumplidos por él mismo, o que han pasado en su presencia”.
Veamos:
1) se ha reemplazado la referencia a la “existencia material de los hechos, que el oficial público hubiese anunciado como cumplidos por él mismo, o que han pasado en su presencia”; ahora el Código dice que hace plena fe en cuanto a que “se ha realizado el acto, la fecha, el lugar y los hechos que el oficial público enuncia como cumplidos por él o ante él”.
La redacción es más clara y la solución es la misma que en el ordenamiento anterior.
En su momento, la jurisprudencia tuvo que abordar el análisis de si el lugar de otorgamiento estaba comprendido dentro de la plena fe del art. 993, respondiendo afirmativamente. (12) Ahora el Código lo aclara.
También se habían planteado algunos interrogantes en cuanto a la fecha, argumentándose que no podría afirmarse que se trate de un hecho, en tanto no puede verse el día, el mes y el año, pues esas circunstancias surgen de una convención social, y así se trata, según la doctrina, de un juicio de notoriedad (13), postura que otrora compartimos. (14) Ahora el Código Civil y Comercial expresamente incluye a la fecha dentro de aquellos aspectos en los cuales el instrumento hace plena fe.
2) Antes el Código decía que el instrumento hacía plena fe “hasta que sea argüido de falso, por acción civil o criminal”, ahora —con mayor precisión— se deja establecido que la plena fe se mantiene “hasta que sea declarado falso en juicio civil o criminal”.
Es decir que ya no basta la sola promoción de la impugnación, como parecía desprenderse del texto del Código anterior.
En su momento, la tesis predominante —a la que adherimos (15)— sostenía que el documento mantenía su plena fe hasta la sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada que determine la existencia de la falsedad. (16)
Pero dejando a salvo una posibilidad: que la gravedad, la intensidad, la urgencia y los medios de prueba ofrecidos a criterio del juez fueran suficientes para suspender esos efectos, por vía cautelar, dice la doctrina. (17) Así lo hizo la jurisprudencia en alguna ocasión. (18) Por nuestra parte, estamos de acuerdo con esta última posibilidad aunque dejamos señalado que la privación (mejor, suspensión) de los efectos propios del instrumento público no tendría naturaleza cautelar, sino anticipatoria. (19)
En el nuevo ordenamiento de fondo, creemos que si bien la regla es que la plena fe cae con la declaración de falsedad (sentencia firme), la referida posibilidad de suspensión anticipada —cuando las circunstancias del caso así lo ameritaran— no estaría vedada.
Por último, antes el Código hablaba de la redargución de falsedad por acción civil o criminal; ahora, con mayor amplitud, se habla de juicio civil o criminal. Y ello es correcto pues, en muchos casos, la falsedad se promoverá incidentalmente (arts. 393 CPCCN) en un juicio en trámite, sin necesidad de instaurar una acción específica.
Vamos ahora al inc. b, que se correlaciona con las previsiones de los arts. 994 y 995 del ordenamiento derogado.
El nuevo inciso se refiere al contenido de las declaraciones allí referenciadas y dice que al respecto el instrumento hace plena fe hasta que se produzca prueba en contrario.
Cuando se trata de manifestaciones efectuadas por las partes, el oficial público sólo da fe de su realización, mas no de su sinceridad. (20)
La expresión de los contratantes puede no ser real, sino simulada, pero nada tiene que ver con la fe pública del instrumento.
La sinceridad de las declaraciones de las partes no es objeto idóneo de la fe pública notarial pues no es pasible de ser percibida, es mera interpretación, y las cuestiones donde hay una interpretación, un juicio, un razonar conceptos (circunstancia que escapa a los sentidos), escapan a la fe pública. (21)
Con lo cual la sinceridad de las manifestaciones es desvirtuable mediante simple prueba en contrario. (22)
La solución, en definitiva, es la misma que la del ordenamiento anterior, pero expresada con mucha más claridad.
Siguiendo con el análisis de las nuevas normas, tenemos que el nuevo art. 297 equivale al anterior art. 992, siendo idéntica la solución que prevén los mismos; mientras que el art. 298 se refiere al contradocumento estableciendo, ahora y con una solución algo diversa del anterior art. 996, que “el contradocumento particular que altera lo expresado en un instrumento público puede invocarse por las partes, pero es inoponible respecto a terceros interesados de buena fe”.
Llegamos, entonces, a una incorporación novedosa en materia de instrumentos públicos.
Es que, en la Sección 5ª del Capítulo 5 del Título IV (Libro primero), el legislador se ocupa de regular a las escrituras públicas y las actas notariales.
La cuestión de las actas notariales había traído más de una discusión dentro del ámbito probatorio. Concretamente, las divergencias se producían a la hora de determinar cuál era su virtualidad acreditativa en un proceso determinado.
Veamos, ahora, como se lo reguló en el nuevo Código.
Dice el art. 310 que “se denominan actas los documentos notariales que tienen por objeto la comprobación de hechos”.
En seguida, el art. 311 se ocupa de enumerar sus requisitos y dice que “las actas están sujetas a los requisitos de las escrituras públicas, con las siguientes modificaciones: a) se debe hacer constar el requerimiento que motiva la intervención del notario y, en su caso, la manifestación del requirente respecto al interés propio o de terceros con que actúa; b) no es necesaria la acreditación de personería ni la del interés de terceros que alega el requirente; c) no es necesario que el notario conozca o identifique a las personas con quienes trata a los efectos de realizar las notificaciones, requerimientos y otras diligencias; d) las personas requeridas o notificadas, en la medida en que el objeto de la comprobación así lo permita, deben ser previamente informadas del carácter en que interviene el notario y, en su caso, del derecho a no responder o de contestar; en este último supuesto se deben hacer constar en el documento las manifestaciones que se hagan; e) el notario puede practicar las diligencias sin la concurrencia del requirente cuando por su objeto no sea necesario; f) no requieren unidad de acto ni de redacción; pueden extenderse simultáneamente o con posterioridad a los hechos que se narran, pero en el mismo día, y pueden separarse en dos o más partes o diligencias, siguiendo el orden cronológico; g) pueden autorizarse aun cuando alguno de los interesados rehúse firmar, de lo cual debe dejarse constancia”.
Y el art. 312 se refiere a su valor probatorio señalando que el mismo “se circunscribe a los hechos que el notario tiene a la vista, a la verificación de su existencia y su estado. En cuanto a las personas, se circunscribe a su identificación si existe, y debe dejarse constancia de las declaraciones y juicios que emiten. Las declaraciones deben referirse como mero hecho y no como contenido negocial”.
Pues bien, descripta así la regulación hay una primera premisa indudable: las actas notariales son instrumentos públicos, una especie de escritura pública que tiene por objeto la comprobación de hechos (art. 310).
El principal problema que se plantea, a su respecto, está vinculado con su eficacia probatoria.
Lo novedoso del tema, y su potencial incidencia en la praxis profesional, amerita reflexionar un poco a su respecto.
Decíamos otrora (23) y con relación al ordenamiento derogado que, en algunos casos, se hubo señalado que el valor probatorio de un acta notarial ha de hallarse en las previsiones de la segunda parte del art. 993, CCiv. (ahora, 296 inc. a), y que para destruir la fideidatio del notario resulta necesaria la redargución de falsedad del acta notarial. (24)
Que en ciertos supuestos se predicó que el acta no tiene la fuerza de los instrumentos públicos cuando no fue extendida en el protocolo del registro notarial del cual es titular el escribano que la labró, sino que fue confeccionada sobre folios sueltos de actuación notarial. (25)
Y que en otros precedentes (corriente mayoritaria), se había relativizado su eficacia por provenir de quien está interesado en producirla en su favor, y porque no se produce por circunstancias casuales, sino intencionalmente, a requerimiento de la parte comprometida en la constitución de esa prueba, y se resaltó además la ausencia de garantías del contradictorio (26) que permitan enervar lo que surge de ellas mediante el aporte de pruebas opuestas. (27)
Memorábamos que, para Bustamante Alsina, el acta notarial no pasaba de ser uno de los tantos medios de prueba de que pueden valerse las partes para preparar y preconstituir la prueba testimonial que debe presentarse en juicio y no goza de las prerrogativas de los arts. 993 a 995, CCiv. (28)
Alvarado Velloso ha sostenido que las constataciones notariales practicadas al solo pedido del requirente y sin la participación del otro interesado carecen de toda eficacia probatoria por cercenamiento del derecho de defensa de la futura parte procesal. (29)
Couture señalaba que estas pruebas unilaterales nunca podrían hacerse valer en contra de quien no ha tenido injerencia en ellas, pero en seguida agregaba que nadie podrá negar que, en el sistema de las pruebas, tales procedimientos valen, en cuanto a instrumentos, como tales; y en cuanto a su contenido demostrativo o representativo, valen como una presunción. (30)
En algún fallo se predicó que para que resulten válidas y oponibles a las partes es necesario que éstas estén enteradas de la realización del acto para poder efectuar las observaciones pertinentes y se expresó que no se trata de dudar de la comprobación notarial, sino de señalar su inoponibilidad a los interesados que no fueron anoticiados de la diligencia que se llevó a cabo.
En el mismo precedente, se hizo alusión a la posibilidad de acudir a la prueba anticipada frente a esos casos en que la producción de sus pruebas pudiera resultar imposible o muy dificultosa en el período de prueba, al par que se señaló que si el interesado, en vez de acudir al camino procesal idóneo, prefiere utilizar otro que le permite eludir el control de la parte contraria, y a causa de ello ve frustradas sus expectativas probatorias, a nadie más que a él mismo se lo debe reprochar. Así, se expresó que cuando se realiza la constatación notarial sin conocimiento de la parte contraria se afecta el valor probatorio que se intentó alcanzar y se comparó el acta notarial con lo que acontecería si se efectuara un reconocimiento judicial sin audiencia de alguna de las partes, al tiempo que se señaló que, en este caso, no se trata de una nulidad procesal, pues la actuación notarial se produjo en forma extrajudicial, de modo que no se aplican estrictamente sus reglas, sino que la carencia de efectos probatorios es el resultado de la falta de respeto de normas y principios. Se concluyó que es un caso de aplicación del llamado principio de la originalidad de la prueba, según el cual ella debe producirse a través del medio que resulte de su propia naturaleza o de las disposiciones legales. (31)
Nosotros, en la obra ya referenciada, hemos coincidido totalmente con esta última postura que permite conciliar las normas fondales (relativas a los instrumentos públicos) con las normas y principios no sólo probatorios sino también constitucionales. Señalábamos allí que el acta notarial no podía ser una forma de evadir la prueba que debe producirse por los medios específicos o un artilugio para obstaculizar el ejercicio pleno del derecho de defensa de alguna de las partes. Agregábamos que, sin lugar a dudas, la solución del tema es casuística y deben tenerse siempre presentes los principios probatorios básicos que desenvuelven la normativa constitucional.
Ahora, el Código Civil y Comercial de la Nación dice que el “acta notarial” tiene por objeto la comprobación de hechos.
Empero hay algo que no debe olvidarse: la comprobación de hechos —cuando la misma debe servir como base para una futura decisión jurisdiccional— es ni más ni menos que lo que se llama prueba; y la misma debe llevarse a cabo conforme lo prevén las leyes de procedimiento (principio de formalidad).
Aquí lo fundamental es que las leyes de procedimiento, cuando se trata de percepción directa por parte del juez de determinados hechos, regulan el tema procurando siempre el resguardo de algo esencial: la garantía de defensa en juicio (art. 18 Const. Nac., 8º Convención Americana sobre Derechos Humanos, y ccdtes.); al respecto basta remitirse a las reglas de los arts. 479 y 480 del CPCCN. Y lo mismo sucede, por ejemplo, cuando se trata de que recabar el conocimiento de las partes (arts. 404 y subsiguientes CPCCN) o de terceros (arts. 426 y siguientes CPCCN).
Pues bien, por más que se pretenda plasmar determinados requisitos al momento de llevarse a cabo la constatación notarial (art. 311 Cód. Civ. y Com. de la Nación), parecería que la garantía de defensa se ve avasallada.
Véase un ejemplo: para llevar a cabo un reconocimiento judicial, el magistrado debería anoticiar a partes y letrados de la fecha y el lugar en que se llevará a cabo (art. 480 CPCCN), incluso si se lo hace como prueba anticipada, obviamente para que los diversos interesados puedan ejercer su defensa.
Paradójicamente, si se procura hacer lo mismo, pero mediante un acta notarial, no es necesario adoptar ninguno de tales recaudos.
Veamos otro supuesto: para obtener la confesión judicial de las partes, el Código disciplina un procedimiento; mientras que la interrogación y respuestas notariales podrían generar una confesión extrajudicial, con la virtualidad del art. 425 del CPCCN y sin olvidar que nos hallaríamos ante un instrumento público.
Incluso habrá que contextualizar las previsiones del Código Civil y Comercial con el principio de especificidad de los medios de prueba ya que, para la acreditación de los hechos en el proceso debe utilizarse el medio procesal específicamente previsto (incluso en la modalidad de prueba anticipada, si fuera necesario) y no sustituirlo por otro (la documentación mediante actas notariales)
Habrá, entonces, que aguardarse para tener la interpretación de los tribunales en cuanto al funcionamiento de estas nuevas previsiones legales; con todo, y a la luz de los antecedentes ya evocados, creemos que el operador jurídico no debería confiarse demasiado en las actas notariales para esquivar la producción de prueba por los medios legalmente regulados (art. 378 CPCCN).
Es que, en este sentido, una decisión incorrecta puede llegar a macular la fuente, frustrar la estrategia probatoria y, en definitiva, el resultado de la contienda; piénsese, por ejemplo, si el abogado confiándose en las nuevas normas del Código acude al acta notarial en lugar de activar un reconocimiento judicial (como prueba anticipada) y, a la postre, recibe del tribunal una respuesta adversa apoyada, quizás, en alguna de las razones que nos hemos ocupado de explicitar (u otra análoga).
iii) Instrumentos particulares
Son varias las previsiones a tener en cuenta; algunas novedosas y otras que mantienen las soluciones ya existentes.
La primera novedad la encontramos en el art. 313.
Anteriormente, según el Código Civil, quien no sabía o no estaba en condiciones de firmar se veía imposibilitado de otorgar instrumentos particulares. La Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires había señalado que en materia civil la firma a ruego sólo resulta admisible en aquellos actos otorgados ante un funcionario público. (32) Con todo, el Código de Comercio sí preveía la firma a ruego (art. 208 inc. 3º). La cuestión de la impresión digital también era controvertida. (33)
Pues bien, el nuevo ordenamiento indica que “si alguno de los firmantes de un instrumento privado no sabe o no puede firmar, puede dejarse constancia de la impresión digital o mediante la presencia de dos testigos que deben suscribir también el instrumento”. Lo que debe correlacionarse con las previsiones del art. 314, parte final, en cuanto edicta que “el documento signado con la impresión digital vale como principio de prueba por escrito y puede ser impugnado en su contenido”.
Veamos, ahora, lo referente a la adveración de este tipo de instrumentos.
Como bien lo sabemos, en el caso del instrumento privado, presentado el mismo ante el juez no existe ninguna presunción de autenticidad —la autenticidad se relaciona con la correspondencia entre el autor aparente y el autor real (34)—.
En tal contexto, cuando un instrumento privado se trae al pleito debe demostrarse al juzgador que su autoría es real o, dicho de otro modo, que coinciden el autor aparente y el verdadero.
Lo que se obtiene mediante el reconocimiento de la firma por su autor o por la comprobación judicial, en caso de que ella sea negada. (35)
El art. 314 del Código Civil y Comercial de la Nación, en su primer párrafo, establece que “todo aquel contra quien se presente un instrumento cuya firma se le atribuye debe manifestar si ésta le pertenece. Los herederos pueden limitarse a manifestar que ignoran si la firma es o no de su causante. La autenticidad de la firma puede probarse por cualquier medio”
La primera parte del artículo reproduce, con algún distingo terminológico, al anterior art. 1031.
La segunda parte, se correlaciona con el art. 1032 pero con una diferencia importante: este último hablaba de los sucesores —art. 3262 Cód. Civ., según ley 340—, mientras que el Código —ahora— limita el alcance de la norma solo a los herederos —ver arts. 400 y 2278 Cód. Civ. y Com. de la Nación—. Es un distingo a tener en cuenta.
La tercera parte ostenta otra diferencia.
Decía el art. 1033 del Código Civil (derogado) que “si el que aparece firmado negare su firma, o los sucesores de él declarasen que no la conocen, se ordenará el cotejo y comparación de letra. Pueden también admitirse otras pruebas sobre la verdad de la firma que lleva el acto”.
Es decir, en principio, el cotejo (prueba pericial caligráfica) era el carril que habría de transitarse, pero nada impedía que la autenticidad de la firma se acreditara por otros medios (cualquiera que fuera). (36)
Ahora, el legislador ha optado —directamente— por dejar a las partes el libertad para probar la autenticidad.
Con todo, pensamos que la situación no debe diferir demasiado de la anterior; es que aunque el legislador determine, ahora, que la autenticidad puede probarse por cualquier medio, ello no incide en el peso convictivo de cada uno de los medios probatorios.
Luego, la prueba específica de acuerdo con el tenor de los hechos a acreditar sigue siendo la pericial caligráfica (por analogía, art. 2339); ciertamente podrá acudirse a otras, porque la ley lo permite, pero su valía dependerá de la intensidad del dato probatorio que puedan aportar.
Así, por ejemplo, si fuera prueba testimonial dependerá de que el testigo hubiera visto el momento puntual de la firma, pues no podría (por aplicación del principio de especificidad de los medios de prueba, art. 378 CPCCN) operar el testigo a modo de perito, refiriéndose a la similitud de letras o a situaciones análogas.
Volvamos al art. 314, ahora en su segundo párrafo.
Allí se indica que “el reconocimiento de la firma importa el reconocimiento del cuerpo del instrumento privado. El instrumento privado reconocido, o declarado auténtico por sentencia, o cuya firma está certificada por escribano, no puede ser impugnado por quienes lo hayan reconocido, excepto por vicios en el acto del reconocimiento. La prueba resultante es indivisible. El documento signado con la impresión digital vale como principio de prueba por escrito y puede ser impugnado en su contenido”.
La primera parte equivale al anterior art. 1028.
La segunda parte se correlaciona con el anterior art. 1026; se incluye, ahora, al instrumento con firma certificada por escribano; se deja de equiparar al instrumento reconocido con el público y se posibilita atacarlo por vicios en el acto de reconocimiento.
La tercera oración del artículo equivale al anterior art. 1029.
Por último, lo referente a la impresión digital es una incorporación novedosa; debe correlacionársela con el artículo 1020.
Siguiendo con el análisis de los instrumentos privados, tenemos al art. 316.
El mismo indica que “las raspaduras, enmiendas o entrelíneas que afectan partes esenciales del acto instrumentado deben ser salvadas con la firma de las partes. De no hacerse así, el juez debe determinar en qué medida el defecto excluye o reduce la fuerza probatoria del instrumento”; se otorgan, así, amplias facultades de ponderación al juez (serán de aplicación las reglas de la sana crítica, art. 386 CPCCN), morigerándose la estrictísima directiva que, anteriormente, contenía en Código de Comercio en su art. 211.
También el nuevo Código introduce considerables modificaciones en materia de fecha cierta.
Debemos memorar que fecha cierta es aquella a partir de la cual no puede dudarse de la existencia del instrumento privado y consiste en un segundo hecho o acto jurídico, subsiguiente, que hace indubitable la existencia del documento privado al cual se refiere. (37)
El sistema del Código anterior se estructuraba en los arts. 1034 y 1035; el primero establecía que “los instrumentos privados, aun después de reconocidos, no prueban contra terceros o contra los sucesores a título singular, la verdad de la fecha expresada en ellos”, el segundo contenía una serie de supuestos en los cuales se consideraba que el instrumento adquiría fecha cierta, enumeración acerca de la cual se llevó a cabo un fecundo laboreo jurisprudencial. (38)
El nuevo Código cambia este sistema, lo cual nos parece razonable, pues la enumeración casuística siempre da lugar a controversias y dificultades hermenéuticas.
Ahora directamente se establece en el art. 317 que “la eficacia probatoria de los instrumentos privados reconocidos se extiende a los terceros desde su fecha cierta” (adviértase que se suprime a los sucesores a título singular) y en seguida se sienta como regla la siguiente: “adquieren fecha cierta el día en que acontece un hecho del que resulta como consecuencia ineludible que el documento ya estaba firmado o no pudo ser firmado después”.
Es decir, debe acreditarse la existencia de un hecho del que resulta como consecuencia ineludible que el documento estaba firmado para esa época; agregándose que “la prueba puede producirse por cualquier medio, y debe ser apreciada rigurosamente por el juez”. Sentándose, de este modo, un criterio estricto de ponderación (en caso de duda, debería estarse por la inexistencia de fecha cierta) conectado directamente con la ineludibilidad de la que nos habla la primer parte de la norma. Para la prueba puede acudirse a cualquier medio, siempre que —claro está— genere suficiente certeza (lo que se determinará a través de las reglas de la sana crítica, art. 386 CPCCN). En cuanto al catálogo de situaciones posibles, creemos que nada impide capitalizar las soluciones que preveía el Código anterior y aquellas que fueron elaborando, en torno al mismo, la doctrina y la jurisprudencia.
Cerramos el punto señalando que las nuevas normas sobre adquisición de fecha cierta serían, a nuestro juicio, de aplicación inmediata a los procesos en trámite; lo que no generaría mácula alguna a la defensa desde que las mismas no hacen más que plasmar legalmente lo que ya venía sosteniéndose en doctrina y jurisprudencia, con lo cual una interpretación que ampliara los alcances del sistema anterior sería francamente previsible.
Una clase específica de instrumentos particulares es la correspondencia, tópico harto sensible en el que converge no solo la protección dispensada constitucionalmente (art. 18 Const. Nac.) sino la otorgada por otras normas del ordenamiento jurídico vigente (ver arts. 153 a 155 Código Penal).
En el Código Civil anterior teníamos el art. 1036 (“las cartas misivas dirigidas a terceros, aunque en ellas se mencione alguna obligación, no serán admitidas para su reconocimiento”); a la correspondencia epistolar y telegráfica, como prueba de los contratos, se refería también el Código de Comercio derogado (arts. 208 inc. 4º y 214).
Veamos el nuevo precepto (art. 318).
El mismo dice que “la correspondencia, cualquiera sea el medio empleado para crearla o transmitirla, puede presentarse como prueba por el destinatario, pero la que es confidencial no puede ser utilizada sin consentimiento del remitente. Los terceros no pueden valerse de la correspondencia sin asentimiento del destinatario, y del remitente si es confidencial”.
Primer punto relevante: el artículo se refiere a la correspondencia en general, y no solo a la epistolar; lo que se reafirma al independizar la aplicación del artículo del medio que se hubiera empleado para crearla o transmitirla —con lo cual quedan incluidos en la norma los más modernos medios de correspondencia; e-mail, SMS (39), etc.—. Se ajusta, así, la ley a la realidad de hogaño.
¿Cuáles son las reglas aplicables a su respecto, según el nuevo artículo?
Pues que la misma puede presentarse por el destinatario, pero la que es confidencial no puede ser utilizada sin el consentimiento del remitente.
Adviértase que la norma no establece ningún distingo con relación a quienes fueran las partes del juicio; con lo cual, aun en juicio entre destinatario y remitente, si la carta fuera confidencial la norma parecería impedir su utilización como prueba si el remitente no presta su consentimiento.
Recordemos que, en vigencia del régimen anterior, si se trataba de carta confidencial la doctrina interpretaba que la misma siempre podía utilizarse en juicio entre remitente y destinatario (40), pues se decía que el secreto sólo rige frente a los terceros y no entre corresponsales (41), por lo que no se las entendía comprendidas en la prohibición del art. 1036 (42), que sólo hablaba de las cartas misivas dirigidas a terceros: resaltando que si las cartas contienen secretos o se refieren a cuestiones íntimas, éstas ya son conocidas entre firmante y destinatario. (43)
Habrá que aguardar a que se presenten casos concretos para ver como se los resuelva; solo advertimos que, en procesos de familia (donde habrá mucha correspondencia confidencial, mas aun ante la abarcadora fórmula del artículo) la aplicación de un criterio restrictivo podría contradecir el principio de amplitud contemplado en el art. 710 del nuevo ordenamiento.
En cuanto al juicio iniciado por terceros, se establece que ellos no pueden valerse de la correspondencia sin el asentimiento del destinatario, a lo que debería agregarse el del remitente si la misma es confidencial.
La norma debería correlacionarse con las previsiones de los Códigos procesales para la incorporación de documental en poder de las partes (arts. 388) y de terceros (arts. 389); aunque no existe un mecanismo procesal pensado, por ejemplo, para que el tercero obtenga el consentimiento del remitente, en el caso de correspondencia confidencial, si el destinatario la hubiera aportado al proceso en los términos del art. 389 del CPCCN.
Con lo cual, y a tenor de lo que llevamos dicho, creemos que si bien la norma es mucho más detallada que las existentes, lleva anidadas potenciales controversias interpretativas; veremos cómo, cuando llegue su momento, se las va zanjando.
Cerrando con las novedades legisladas en materia de instrumentos privados, vemos que en el art. 319 brinda al juez una serie de pautas —o guías— a tener en cuenta en materia de instrumentos particulares.
Se dice que su valor probatorio debe ser apreciado por el juez (con lo cual no se lo predetermina) ponderando, entre otras pautas (la enumeración no es taxativa, y siempre el magistrado operará con el arsenal de la sana crítica —art. 386 CPCCN—):
1) la congruencia entre lo sucedido y narrado (aquí, para conocer “lo sucedido” parecería necesario acudir a otros medios probatorios),
2) la precisión (exactitud, puntualidad, concisión) y claridad técnica del texto,
3) los usos y prácticas del tráfico (correlacionar con el art. 1º in fine del mismo Código),
4) las relaciones precedentes (esto es relevante, porque sitúa al instrumento en un contexto general, claro está en el caso de existir este tipo de relaciones anteriores),
5) y la confiabilidad de los soportes utilizados y de los procedimientos técnicos que se apliquen (pauta de utilidad, mayormente, en materia de documentos electrónicos).
iv) Contabilidad y estados contables
Los arts. 330 y 331 disciplinan la utilización de la contabilidad como prueba en los procesos judiciales, tema del que anteriormente se ocupaban los arts. 63 a 66 del Código de Comercio.
Veamos la nueva norma, en su correlato con el estado de cosas anterior.
Dice el art. 330 que “la contabilidad, obligada o voluntaria, llevada en la forma y con los requisitos prescritos, debe ser admitida en juicio, como medio de prueba.
Sus registros prueban contra quien la lleva o sus sucesores, aunque no estuvieran en forma, sin admitírseles prueba en contrario. El adversario no puede aceptar los asientos que le son favorables y desechar los que le perjudican, sino que habiendo adoptado este medio de prueba, debe estarse a las resultas combinadas que presenten todos los registros relativos al punto cuestionado.
La contabilidad, obligada o voluntaria, prueba en favor de quien la lleva, cuando en litigio contra otro sujeto que tiene contabilidad, obligada o voluntaria, éste no presenta registros contrarios incorporados en una contabilidad regular.
Sin embargo, el juez tiene en tal caso la facultad de apreciar esa prueba, y de exigir, si lo considera necesario, otra supletoria.
Cuando resulta prueba contradictoria de los registros de las partes que litigan, y unos y otros se hallan con todas las formalidades necesarias y sin vicio alguno, el juez debe prescindir de este medio de prueba y proceder por los méritos de las demás probanzas que se presentan.
Si se trata de litigio contra quien no está obligado a llevar contabilidad, ni la lleva voluntariamente, ésta sólo sirve como principio de prueba de acuerdo con las circunstancias del caso.
La prueba que resulta de la contabilidad es indivisible”.
Se condensan, así, las normas anteriores, con algunas modificaciones.
Diremos algunas palabras a su respecto.
Comenzamos con una discrepancia: la contabilidad no es un medio de prueba.
Medios de prueba son, según lo vemos, actuaciones judiciales con las cuales las fuentes se incorporan al proceso. (44)
La contabilidad no es medio, sino fuente.
Y el distingo no es meramente terminológico: la contabilidad ingresará al proceso por alguno de los medios contemplados en los Códigos procesales, generalmente el pericial. (45)
Vamos al artículo.
La primer parte de la norma equivale al primer párrafo del art. 63; con todo, ahora no se hace referencia a los “libros de comercio” sino a la “contabilidad”, incluyéndose tanto la obligada como la voluntaria. El artículo debe correlacionarse con lo prescripto por el art. 320.
La segunda parte disciplina su virtualidad probatoria respecto de quien lleva los registros o sus sucesores. La solución es exactamente la misma que contemplaba el anterior art. 63, en su segundo párrafo.
Vamos al tercer párrafo: establece que la contabilidad, obligada o voluntaria, prueba en favor de quien la lleva, cuando en litigio contra otro sujeto que tiene contabilidad, obligada o voluntaria, éste no presenta registros contrarios incorporados en una contabilidad regular. Equivale al tercer párrafo del art. 63, aunque se suprime la última parte del mismo, que posibilitaba contrarrestar la prueba de libros con otra prueba plena y concluyente. Creemos que sería un exceso interpretar que la única forma de contrarrestar la prueba de libros fuera la prevista ahora por la norma, despreciando cualquier otro tipo de elemento de convicción que se contraponga a ella; ni siquiera la confesión expresa tendría semejante virtualidad (art. 421 CPCCN).
El cuarto párrafo de ambos artículos también es idéntico. Lo propio sucede con el quinto párrafo del nuevo art. 330, respecto del último párrafo del art. 63.
El sexto párrafo del nuevo art. 330 puede correlacionarse con el anterior art. 64, aunque con sus diferencias: el Código de Comercio hablaba de “actos no comerciales”, el Código Civil y Comercial de la Nación alude al litigio contra quien no está obligado a llevar contabilidad, ni la lleva voluntariamente.
El último párrafo del artículo señala que la prueba que resulta de la contabilidad es indivisible; antes la ley no lo decía expresamente —en realidad, se derivaba de los términos del art. 63— pero, igualmente, se venía remarcando que imperaba el principio de indivisibilidad (46), por cierto para las partes pero no para el juzgador (47), quien puede recoger de la irregularidad del libro o de las circunstancias de la causa un convencimiento que lo lleve a dividir el contenido mismo de las partidas conexas. (48)
Por último, el art. 331 establece pautas en cuanto a la exhibición de la contabilidad y el modo de llevar a cabo esta prueba.
Se receptan, así, con algunas modificaciones las soluciones que antes contenían los arts. 57 a 60 del Código de Comercio derogado.
v) Documento electrónico
En el nuevo Código, el legislador procuró hacerse cargo de estas nuevas formas documentales, lo cual es —a no dudarlo— atinado pues se trata de una innegable realidad que requería la condigna regulación normativa, pero lamentablemente —y según lo entendemos— la preceptiva finalmente sancionada no termina de ser feliz.
Hemos visto ya que el art. 286, bajo el título “Expresión escrita” establece que “la expresión escrita puede tener lugar por instrumentos públicos, o por instrumentos particulares firmados o no firmados, excepto en los casos en que determinada instrumentación sea impuesta. Puede hacerse constar en cualquier soporte, siempre que su contenido sea representado con texto inteligible, aunque su lectura exija medios técnicos”.
Con lo cual, va dejando en claro el legislador que el soporte papel ya no es exclusivo y da paso a las nuevas formas documentales.
El art. 287, titulado “Instrumentos privados y particulares no firmados”, edicta que “los instrumentos particulares pueden estar firmados o no. Si lo están, se llaman instrumentos privados. Si no lo están, se los denomina instrumentos particulares no firmados; esta categoría comprende todo escrito no firmado, entre otros, los impresos, los registros visuales o auditivos de cosas o hechos y, cualquiera que sea el medio empleado, los registros de la palabra y de información”.
Hasta aquí estamos de acuerdo.
Pero, seguidamente, el art. 288 se ocupa de la “Firma” y así establece que “la firma prueba la autoría de la declaración de voluntad expresada en el texto al cual corresponde. Debe consistir en el nombre del firmante o en un signo. En los instrumentos generados por medios electrónicos, el requisito de la firma de una persona queda satisfecho si se utiliza una firma digital, que asegure indubitablemente la autoría e integridad del instrumento”.
Más adelante, el art. 319 determina que “el valor probatorio de los instrumentos particulares debe ser apreciado por el juez ponderando, entre otras pautas, la congruencia entre lo sucedido y narrado, la precisión y claridad técnica del texto, los usos y prácticas del tráfico, las relaciones precedentes y la confiabilidad de los soportes utilizados y de los procedimientos técnicos que se apliquen”.
No queremos extendernos demasiado sobre el tema.
Solo destacamos que, en su momento (cuando era Proyecto), el segundo párrafo del art. 288 determinaba que “en los instrumentos generados por medios electrónicos, el requisito de la firma de una persona queda satisfecho si se utiliza un método que asegure razonablemente la autoría e inalterabilidad del instrumento”; vemos, así, una redacción muy similar a la del Proyecto de 1998.
Empero ese no fue el texto que prosperó pues, como ya lo vimos, el último párrafo del art. 288 que fue sancionado establece que “en los instrumentos generados por medios electrónicos, el requisito de la firma de una persona queda satisfecho si se utiliza una firma digital, que asegure indubitablemente la autoría e integridad del instrumento”.
Se cambia la referencia a “un método” por la alusión a “una firma digital” y el “razonablemente” por el “indubitablemente”.
Paralelamente, la ley de 25.506 no ha sido derogada, pero el nuevo Código de fondo ha establecido que el requisito de la firma queda satisfecho si se utiliza una firma digital, que asegure indubitablemente la autoría e integridad del instrumento.
O, dicho de otro modo, parecería —al reemplazar la referencia a “un método” por la alusión a “una firma digital”— haber desterrado a la firma electrónica; y quedaría, entonces, el documento electrónico sin firma digital en la categoría de instrumento particular no firmado (art. 287).
Creemos que, al así legislar, parecen haber quedado elípticamente derogadas, no en forma expresa, las normas de la ley 25.506 relativas a la firma electrónica.
La firma electrónica dejaría, entonces, de ser una firma.
Comentando el artículo 288, la doctrina ha dicho que la parte final del artículo se refiere a la firma digital. (49)
Otros autores han sostenido que la terminología utilizada en la norma deberá interpretarse inclusiva de cualquier procedimiento que se desarrolle en el futuro que asegure autoría e integridad del documento aun cuando sus características técnicas sean diferentes a la firma digital conocida en la actualidad. (50)
Falcon, mientras tanto, explicita el punto: sostiene que aunque el art. 288 está conforme con la ley de firma digital produce un retroceso, pues ancla la cuestión en la ley 25.506 no permitiendo, como hacía el Proyecto, legislar de modo amplio para el futuro. (51)
Desde nuestro punto de vista, diremos que podría pensarse que la referencia a “una” firma digital no ha querido circunscribir la firma solo a “la” firma digital de la ley 25.506; pero a poco que lo meditamos, descartamos la idea: si tenemos una ley vigente definiendo a la firma digital (art. 2º), necesariamente debemos interpretar este nuevo artículo de consuno con ella.
No parecería coherente que el legislador, al utilizar el término firma digital, haya procurado referirse a algo distinto de aquello que la ley específica así califica. Por otro lado, si en el futuro aparecieran otros procedimientos que aseguraran autoría e integridad creemos que, para quedar comprendidos en el art. 288 en análisis, habría que verificar detenidamente su eventual correlato con los conceptos contenidos en el art. 2º de la ley 25.506.
De allí, entonces, nuestra anticipada postulación en cuanto al futuro de la firma electrónica.
En otro orden de ideas, advertimos que los arts. 985, 1106 y 1108 han procurado regular la contratación por medios electrónicos; los arts. 1382, 1391, 1396 y 1403 disciplinan, además, los documentos electrónicos en el contexto de los contratos bancarios.
c) Prueba de informes
Con relación a este medio de prueba, no se registran circunstancias puntuales en el ámbito del Código Civil y Comercial de la Nación que ameriten un análisis particularizado.
d) Prueba de testigos
i) Límites de edad para testimoniar
Sabemos que el art. 426 del CPCCN establece un límite de edad a partir del cual las personas pueden ser llamadas a declarar como testigo: los catorce años.
Ahora bien, en el contexto del Código Civil y Comercial de la Nación, la persona de catorce años es menor de edad, pero entra en la categoría de adolescente (art. 25).
Ocurre que, en el ámbito de este cuerpo normativo, se presume que el hijo adolescente cuenta con suficiente autonomía para intervenir en un proceso conjuntamente con los progenitores, o de manera autónoma con asistencia letrada (art. 677), caso —este último— en el cual los progenitores pueden oponerse y tendrá que decidir el juez (art. 678).
Lo trascendente, según lo vemos y siempre en lo que respecta a la prueba testimonial, es que el límite de catorce años impuesto por la legislación procesal parece ser, ahora, poco razonable; la doctrina también ha advertido esta situación, correlacionándola con el ajuste de los 14 años mencionados por la ley procesal a lo que antes establecía el Código Civil para la entrada a la pubertad. (52)
Tenemos que, ahora, un adolescente podría intervenir por sí en un proceso, con asistencia letrada, empero paralelamente la ley procesal impediría llamarlo a declarar como testigo hasta tanto cumpliera los catorce.
El paradigma de la capacidad progresiva ameritaría, según lo pensamos, desterrar de los Códigos Procesales los límites etáreos rígidos para declarar como testigo, y dejar la decisión del tema a resultas de lo que el juez considere, en la medida en que estime que la persona cuenta con la edad y grado de madurez suficiente para declarar. Estas eran nuestras ideas incluso antes de la reforma (53) y, según lo vemos, es inmejorable la ocasión para avanzar en este sentido.
ii) Los testigos en procesos de familia
Según lo establece el art. 427 del CPCCN “no podrán ser ofrecidos como testigos los consanguíneos o afines en línea directa de las partes, ni el cónyuge, aunque estuviere separado legalmente, salvo si se tratare de reconocimiento de firmas”.
Ahora bien, si de proceso de familia se trata, el art. 711 del Código Civil y Comercial de la Nación contiene una regla específica: “los parientes y allegados a las partes pueden ser ofrecidos como testigos”.
El hecho de que puedan ser ofrecidos como testigos los allegados de las partes no es ninguna novedad.
La duda es respecto de los parientes.
¿Importa este artículo quitar virtualidad, para los procesos de familia, a normas como las del art. 427 del CPCC?
Kielmanovich ha opinado que no se establece, ni con la mayor amplitud con que se lo que mire, que “todos” sino que “los” parientes pueden ser ofrecidos como testigos, con lo que es dable interpretar, máxime cuando la inconsecuencia o falta de previsión del legislador no se suponen, que los redactores del proyecto no han pretendido definir en el Código esta cuestión sino que la han dejado librada a la regulación que adopte o mantenga el legislador local provincial y nacional en punto a la determinación de cuáles de esos parientes, facultad que, por cierto, es de su estricta incumbencia o competencia a tenor de lo que establece el artículo 121 de la Constitución Nacional (art. 75, inc. 12, Const. Nacional) en cuanto indica que “las provincias conservan todo el poder no delegado por esta Constitución al Gobierno federal, y el que expresamente se hayan reservado por pactos especiales al tiempo de su incorporación”, por lo que serán esos ordenamientos los que zanjarán esta cuestión, así estableciendo que podrán ser testigos los consanguíneos o afines en línea directa o solo los colaterales de las partes, sin perder de vista que dicha definición pudo válidamente regularse por los redactores del Proyecto en tanto se hubiese entendido que ello interesaba a la eficacia del proceso de familia que se establece. (54)
Aunque, contrariamente, se ha sostenido que el art. 711 sienta un principio general para los procesos de familia que, al menos en el ámbito de influencia del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, torna inaplicable el mencionado art. 427, al permitir que “parientes” y “allegados” puedan ser ofrecidos como testigos; agregando que cuando se dice inaplicable, se intenta destacar que no se encuentra derogado, sino que en los procesos de familia, el art. 427, CPCCN ya no tendría vigencia, pues esa ha sido claramente la intención del proyectado art. 711 al establecer específicamente las pautas de admisibilidad de un sujeto como testigo en tales procesos, por lo que se la debe considerar ley especial y posterior que prevalece sobre la norma general y anterior, sin que pierda en absoluto su vigencia para los restantes procesos —aunque eventualmente adaptando su interpretación a la terminología y los nuevos vínculos del Código proyectado—. (55)
Falcón es de la idea de que los parientes de los que habla el art. 711 son los mencionados por el art. 427 del CPCCN y concordantes provinciales. (56)
Mabel de los Santos ha opinado que sin perjuicio de no resultar clara la cuestión de la mera lectura del art. 711 del Proyecto, pareciera que la norma se hace cargo de la regla de exclusión que contienen los Códigos procesales y que se fundan en razones de orden público, en cuanto significa mantener la solidaridad y unidad familiar, y que recibe la jurisprudencia elaborada en la materia, consagrando una excepción a la regla de los testigos excluidos en materia de familia. De lo contrario, no tendría fundamento la facultad que consagra, cuando nadie discute que los colaterales de las partes pueden declarar como testigos. Ese mismo criterio de facultar al juez para ajustar la decisión a las circunstancias del caso, es el fundamento del párrafo siguiente, que permite al juzgador no admitir la declaración de personas menores de edad o de parientes que se niegan fundadamente a prestar declaración, valorando circunstanciadamente las razones que se invocaren. (57)
Capitalizadas todas estas ideas, creemos que la incertidumbre debe resolverse acudiendo a la regla del art. 710 del Código Civil y Comercial de la Nación.
Así, si el principio de amplitud es uno de los que rige la materia probatoria en procesos de familia, dicho principio viene a nuestra ayuda al momento de tener que resolver una cuestión dudosa. En tal contexto, pensamos que la solución más acorde con el principio de amplitud es aquella que permita el ingreso del mayor caudal probatorio posible al proceso; y, de acuerdo con ello, debería permitirse que declaren los parientes afectados por la exclusión, genérica, de los Códigos Procesales.
Por estas razones, creemos que la norma del art. 711 hace retroceder las exclusiones procesales.
Advertimos que, sobre el final de este artículo, se faculta, según las circunstancias, al juez para no admitir la declaración de personas menores de edad, o de los parientes que se niegan a prestar declaración por motivos fundados.
Las hipótesis de potencial inadmisión son dos: la de menores de edad o la de los parientes que se niegan a prestar declaración por motivos fundados.
En el primero de tales supuestos, debería tenerse presente todo lo dicho en el punto i) aunque contextualizado con los procesos de familia.
Es que, en muchos casos, la venida al proceso del menor de edad a deponer como testigo puede resultar perjudicial para su persona.
La declaración como testigo del menor vinculado con alguna de las partes por razones de parentesco, no podría admitirse si el acto mismo de la recepción fuera inconveniente, o perjudicial, para el menor; es que resultando insoslayable el resguardo de su interés prevaleciente (art. 3º CIDN, art. 3º ley 26.061), si se llegara a demostrar (o incluso hasta dudar) que el someterse a prestar declaración pudiera perjudicarlo de algún modo (generalmente en el plano psíquico) el ofrecimiento probatorio de quien así quisiera hacerlo declarar debería repelerse. (58)
En el caso de los parientes que se niegan a declarar por motivo fundado, no se disciplina la mecánica de tal negativa (que debería emanar del citado y contar con la respectiva fundamentación), lo que queda —entonces— para el legislador procesal; e ínterin el legislador lo haga, deberán los jueces ocuparse de la tramitación de este tipo de negativas. Memoremos que los Códigos Procesales contemplan, por un lado, la negativa a responder —art. 444 CPCCN— mas no la negativa a prestar declaración y, por otro, la oposición del art. 428, carril que —quizás— es el que analógicamente deba seguirse para tramitar la negativa del citado; claro está, si la formula antes de la audiencia.
A ello se agrega el defecto de redacción que, según lo vemos, afecta al artículo: es que para que el pariente se niegue a declarar, previamente debe haber sido citado como testigo, lo que presupone un juicio previo de admisibilidad (favorable) de parte del juez para convocarlo; luego, la realidad es que la negativa del pariente podría determinar la revocación del auto que lo citó a declarar en lugar de la “no admisión” de la que habla el artículo.
iii) La prueba de testigos y la acreditación de los contratos
Dice, ahora, el art. 1019 del Código Civil y Comercial de la Nación que “los contratos pueden ser probados por todos los medios aptos para llegar a una razonable convicción según las reglas de la sana crítica, y con arreglo a lo que disponen las leyes procesales, excepto disposición legal que establezca un medio especial. Los contratos que sea de uso instrumentar no pueden ser probados exclusivamente por testigos”.
Se mejora, y por mucho, la solución del art. 1193 del ordenamiento derogado; la misma hacía referencia a una cantidad económica determinada, que había quedado totalmente desvirtuada por el paso del tiempo y los sucesivos cambios de moneda.
La solución actual es flexible, razonable y revivifica los alcances de la norma.
e) Prueba confesional
No se detectan aquí normas específicas del Código Civil y Comercial de la Nación que posean incidencia directa en la cuestión.
Con todo, nos parece interesante advertir la problemática que se podrá generar, en materia de prueba confesional, frente a la intervención en el proceso de menores de edad.
En prieta síntesis: en el sistema del nuevo Código no existen límites etáreos rígidos para determinar la capacidad de ejercicio; el art. 24 inc. b establece que será incapaz de ejercicio la persona que no cuenta con la edad y grado de madurez suficiente, con el alcance dispuesto en la Sección 2ª de este Capítulo.
Veamos lo que respecta a su intervención en el proceso.
Según establece el art. 677, en su primera parte, los progenitores pueden estar en juicio por su hijo como actores o demandados (en realidad, representándolos); aquí el sistema es igual que el anterior.
Pero, según lo establece el mismo artículo en su segunda parte, se presume que el hijo adolescente cuenta con suficiente autonomía para intervenir en un proceso conjuntamente con los progenitores, o de manera autónoma con asistencia letrada.
Los progenitores podrían oponerse, mas no está previsto que lo haga la contraparte: el art. 678 determina que si uno o ambos progenitores se oponen a que el hijo adolescente inicie una acción civil contra un tercero, el juez puede autorizarlo a intervenir en el proceso con la debida asistencia letrada, previa audiencia del oponente y del Ministerio Público.
Ahora bien, supongamos que no medió oposición o que, habiendo existido la misma, el juez autorizó al adolescente a intervenir; todo ello para que un adolescente intervenga por sí, y con patrocinio letrado, en un juicio iniciado contra un tercero.
¿Qué pasaría al momento de absolver posiciones?
Pues es claro: debería comparecer este adolescente, que está actuando por derecho propio.
Y debería absolver posiciones.
Pero el problema es que la intervención del letrado —en la cual el art. 677 del Código Civil y Comercial pone especial énfasis— aquí estaría bastante limitada; el abogado no podría —en puridad— asesorarlo, pues el art. 412 del CPCCN es muy claro: para responder el absolvente no puede valerse de consejos.
Así, el adolescente quedaría expuesto a la riesgosa situación de tener que absolver posiciones, con la posibilidad de que sus respuestas adquieran la virtualidad del art. 421 del CPCCN y sin nadie que lo pueda asesorar.
La otra hipótesis novedosamente contemplada por el Código Civil y Comercial de la Nación (que el adolescente intervenga conjuntamente con sus progenitores) no es menos problemática: si se diera esta (atípica) forma de actuación ¿quién debería absolver posiciones?
Vemos así que los nuevos modos de intervención procesal que el Código contempla para las personas menores de edad podrán traer más de un problema en el terreno de la prueba confesional.
f) Prueba pericial
Tampoco aquí se detectan demasiadas normas específicas del Código Civil y Comercial de la Nación que posean incidencia directa en la cuestión.
Algunas a resaltar serían las siguientes.
Las reglas de los arts. 730 y 1255 inciden en la determinación de los honorarios periciales. Mientras tanto, el art. 2558 se refiere a su prescripción. El art. 2339 determina, ahora, a la prueba pericial caligráfica como medio para determinar la autenticidad de la letra y firma del testador en el testamento ológrafo.
Pero, al margen de estos artículos, que carecen de mayor incidencia en lo probatorio en sí, no existen normas ni cuestiones en las que sea menester detenerse.
IV. Otras cuestiones
a. Normas sobre carga de la prueba en el Código Civil y Comercial de la Nación
A modo de ejemplo, podemos reseñar las siguientes
—En materia de alimentos entre parientes:
Art. 545.— Prueba. El pariente que pide alimentos debe probar que le faltan los medios económicos suficientes y la imposibilidad de adquirirlos con su trabajo, cualquiera que sea la causa que haya generado tal estado.
Art. 546.— Existencia de otros obligados. Incumbe al demandado la carga de probar que existe otro pariente de grado más próximo o de igual grado en condición de prestarlos, a fin de ser desplazado o concurrir con él en la prestación. Si se reclama a varios obligados, el demandado puede citar a juicio a todos o parte de los restantes, a fin de que la condena los alcance.
—En materia de procesos de familia:
Art. 710.— Principios relativos a la prueba. Los procesos de familia se rigen por los principios de libertad, amplitud y flexibilidad de la prueba. La carga de la prueba recae, finalmente, en quien está en mejores condiciones de probar.
—En el ámbito de los derechos personales, puntualmente en materia obligacional:
Art. 888.— Eximición. Para eximirse de las consecuencias jurídicas derivadas de la mora, el deudor debe probar que no le es imputable, cualquiera sea el lugar de pago de la obligación.
— Con relación al pago a mejor fortuna:
Art. 890.— Carga de la prueba. El acreedor puede reclamar el cumplimiento de la prestación, y corresponde al deudor demostrar que su estado patrimonial le impide pagar. En caso de condena, el juez puede fijar el pago en cuotas.
—En cuanto a la prueba del pago:
Art. 894.— Carga de la prueba. La carga de la prueba incumbe:
a) en las obligaciones de dar y de hacer, sobre quien invoca el pago;
b) en las obligaciones de no hacer, sobre el acreedor que invoca el incumplimiento.
– En materia de vicios ocultos
Art. 1053.— Exclusiones. La responsabilidad por defectos ocultos no comprende:
a) los defectos del bien que el adquirente conoció, o debió haber conocido mediante un examen adecuado a las circunstancias del caso al momento de la adquisición, excepto que haya hecho reserva expresa respecto de aquéllos. Si reviste características especiales de complejidad, y la posibilidad de conocer el defecto requiere cierta preparación científica o técnica, para determinar esa posibilidad se aplican los usos del lugar de entrega;
b) los defectos del bien que no existían al tiempo de la adquisición. La prueba de su existencia incumbe al adquirente, excepto si el transmitente actúa profesionalmente en la actividad a la que corresponde la transmisión.
– En el contrato de obra
Art. 1273. Obra en ruina o impropia para su destino. El constructor de una obra realizada en inmueble destinada por su naturaleza a tener larga duración responde al comitente y al adquirente de la obra por los daños que comprometen su solidez y por los que la hacen impropia para su destino. El constructor sólo se libera si prueba la incidencia de una causa ajena. No es causa ajena el vicio del suelo, aunque el terreno pertenezca al comitente o a un tercero, ni el vicio de los materiales, aunque no sean provistos por el contratista.
— En el contexto de la Responsabilidad Civil, Función resarcitoria
Art. 1722.— Factor objetivo. El factor de atribución es objetivo cuando la culpa del agente es irrelevante a los efectos de atribuir responsabilidad. En tales casos, el responsable se libera demostrando la causa ajena, excepto disposición legal en contrario.
Art. 1734.— Prueba de los factores de atribución y de las eximentes. Excepto disposición legal, la carga de la prueba de los factores de atribución y de las circunstancias eximentes corresponde a quien los alega.
Art. 1735.— Facultades judiciales. No obstante, el juez puede distribuir la carga de la prueba de la culpa o de haber actuado con la diligencia debida, ponderando cuál de las partes se halla en mejor situación para aportarla. Si el juez lo considera pertinente, durante el proceso debe comunicar a las partes que aplicará este criterio, de modo de permitir a los litigantes ofrecer y producir los elementos de convicción que hagan a su defensa.
Art. 1736.— Prueba de la relación de causalidad. La carga de la prueba de la relación de causalidad corresponde a quien la alega, excepto que la ley la impute o la presuma. La carga de la prueba de la causa ajena, o de la imposibilidad de cumplimiento, recae sobre quien la invoca.
Art. 1744.— Prueba del daño. El daño debe ser acreditado por quien lo invoca, excepto que la ley lo impute o presuma, o que surja notorio de los propios hechos.
Art. 1758.— Sujetos responsables. El dueño y el guardián son responsables concurrentes del daño causado por las cosas. Se considera guardián a quien ejerce, por sí o por terceros, el uso, la dirección y el control de la cosa, o a quien obtiene un provecho de ella. El dueño y el guardián no responden si prueban que la cosa fue usada en contra de su voluntad expresa o presunta.
Quizás la cuestión más novedosa sea la llegada de la doctrina de las cargas probatorias dinámicas a la legislación de fondo, tópico sobre el cual quisiéramos explayarnos un poco.
Del tema vinculado a los arts. 1734 y 1735 nos hemos ocupado con anterioridad, a donde remitimos al lector. (59)
En procesos de familia, a diferencia de lo que acontece con dichos artículos (donde la aplicación de esta concepción depende de las circunstancias del caso), directamente se establece —para todos los supuestos— que la carga de la prueba recae en quien está en mejores condiciones de probar, sin preverse ningún tipo de advertencia como la del art. 1735.
Estos artículos serían de indudable aplicación a los nuevos procesos iniciados.
Creemos que, especialmente en lo que hace al art. 1735 (donde la puesta en funcionamiento depende de las circunstancias del caso), quien pretendiera que el magistrado dinamizara sus previsiones, habría de formular la condigna petición, incluso fundamentando la misma. Para ello bastaría con argumentar, suficientemente, acerca del desnivel probatorio y, por qué, la contraria estaría en mejores condiciones de acreditar el hecho del que se trate.
Con todo, advierta el lector que —dentro de la responsabilidad civil— la norma en cuestión opera solo en el ámbito de los factores de atribución y sus eximentes, no así con relación a la prueba del daño (art. 1744) ni tampoco de la relación de causalidad (art. 1736).
En otro orden de ideas, creemos que —al menos en el ámbito del CPCCN— la advertencia que la norma prevé debería efectuarse en la ocasión de celebrarse la audiencia del art. 360 de dicho Código; momento en el cual el magistrado ya tendrá un panorama acabado de la situación y posibilidades probatorias de cada una de las partes. Es la solución que ya contemplaba el art. 360 inc. 5º del ritual correntino.
Veamos, ahora, qué pasa con los procesos en trámite al momento de entrar en vigencia el nuevo Código.
Por su esencia procedimental, la regla sería que los preceptos vinculados con la distribución de la carga probatoria se apliquen en forma inmediata y a los procesos en trámite. (60)
Kemmelmajer de Carlucci ha sostenido que la norma que establece las cargas probatorias dinámicas en materia de responsabilidad civil sería de aplicación inmediata. (61)
Coincidimos. E incluso no vemos que ello pueda generar sorpresa ni indefensión alguna, pues si el juez aplica el art. 1735 y —de acuerdo con las circunstancias del caso— considera que ha de dinamizar el reparto de la fatiga probatoria de conformidad con dicho precepto, deberá —paralelamente— formular la advertencia que la norma contempla, permitiéndole a las partes los ofrecimientos probatorios a los que el artículo alude.
Quizás sí genere algún problema el otro supuesto (el del art. 710) porque aquí la aplicación de la norma es irrestricta, sin aviso alguno y, fundamentalmente, sin posibilidad de ampliar el ofrecimiento otrora efectuado (seguramente en vigencia de las reglas legales clásicas, arts. 377 CPCCN, 375 CPCCBA). Luego, si se la pusiera en funcionamiento en procesos donde ya transcurrió la etapa de ofrecimiento de prueba, ello podría generar alguna mácula al derecho de defensa. Quedará, entonces, en manos de la jurisdicción el adoptar, en cada caso y ejerciendo los poderes—deberes inherentes a la función (arts. 34-36), las medidas pertinentes para que ello no ocurra.
Por otro lado, y al margen de la aplicación del artículo, si utilizamos la regla del art. 1735 como pauta interpretativa, para los procesos en trámite, y tenemos en cuenta que la misma —para movilizar un reparto diverso de la carga probatoria— exige la realización de una advertencia previa, para permitirle a las partes ofrecer la condigna prueba, esto parece erigir un muy fuerte reparo a la aplicación jurisprudencial, hoy en día, de la teoría de las cargas probatorias dinámicas al momento de sentenciar y sin ningún anuncio previo.
Cerramos el punto advirtiendo que nos sorprender advertir que, en materia de juicio de simulación, no se haya contemplado también la situación de desnivel probatorio (ver, en tal sentido, art. 336) que invariablemente se ha venido reconociendo. (62)
b. Prueba del derecho extranjero
En el nuevo ordenamiento, cuando un derecho extranjero resulta aplicable el juez establece su contenido, y está obligado a interpretarlo como lo harían los jueces del Estado al que ese derecho pertenece, sin perjuicio de que las partes puedan alegar y probar la existencia de la ley invocada. Si el contenido del derecho extranjero no puede ser establecido se aplica el derecho argentino (art. 2595 inc. a). La norma difiere sustancialmente de la anticuada previsión contenida en el art. 13 del ordenamiento derogado y que, con el tiempo, había quedado a la zaga del avance de nuestro derecho convencional, especialmente, ante las previsiones de la Convención Interamericana sobre Normas Generales de Derecho Internacional Privado y Convención Interamericana sobre Prueba e Información acerca del Derecho Extranjero, CIDIP II, siendo que el nuevo art. 2595 es idéntico al art. 2º de la primera de dichas Convenciones.
Además, es resaltable que el Código se haya ocupado de aportar una solución para aquellos casos en que el contenido del derecho extranjero aplicable no pudiera determinarse, temática que había traído más de una controversia en doctrina y jurisprudencia. (63)
c. Prueba en las acciones de filiación
Según lo establece, ahora, el art. 579 del Código Civil y Comercial de la Nación “en las acciones de filiación se admiten toda clase de pruebas, incluidas las genéticas, que pueden ser decretadas de oficio o a petición de parte. Ante la imposibilidad de efectuar la prueba genética a alguna de las partes, los estudios se pueden realizar con material genético de los parientes por naturaleza hasta el segundo grado; debe priorizarse a los más próximos. Si ninguna de estas alternativas es posible, el juez valora la negativa como indicio grave contrario a la posición del renuente”.
El art. 580, mientras tanto, se ocupa de la prueba genética post mortem, indicando que “en caso de fallecimiento del presunto padre, la prueba puede realizarse sobre material genético de los dos progenitores naturales de éste. Ante la negativa o imposibilidad de uno de ellos, puede autorizarse la exhumación del cadáver. El juez puede optar entre estas posibilidades según las circunstancias del caso”.
Estas normas siguen la línea del art. 253 del ordenamiento civil anterior, y el art. 4º de la ley 23.511.
Ahora, se amplían las previsiones, contemplándose expresamente la posibilidad de realizar las pruebas con material genético de parientes y, recién si ninguna alternativa es posible, el juez debe valorar la negativa como indicio grave contrario a la posición del renuente. Creemos que esto último debería reservarse solo para casos extremos, en que la prueba genética no pueda llevarse a cabo, en orden a evitar que algo tan trascendente como la identidad biológica se determine con apoyatura en razonamientos presuncionales cuando existen métodos para hacerlo casi con total certeza.
La otra variante, para cuando el presunto padre fallece, es la posibilidad de trabajar en base a material de parientes y, ante la negativa o imposibilidad, disponer la exhumación del cadáver. Incluso, en tal caso, debería pensarse la posibilidad de requerirlo como prueba anticipada, lo que la jurisprudencia había admitido en vigencia del régimen anterior. (64)
Por cierto, estas normas deberían correlacionarse, luego, con las demás referentes al tema (fundamentalmente, arts. 565, 568, 570, 575, 584 y 585).
d. Disposiciones probatorias específicas de los procesos de familia
Amén de las normas ya reseñadas con relación a los procesos de familia, tenemos el art. 711, primera parte.
El mismo establece que los procesos de familia se rigen por los principios de libertad, amplitud y flexibilidad de la prueba.
Explica Couture que la primera tarea que se le presenta al legislador procesal no es la de redactar el Código sino la de planear principios que —desenvolviendo los grandes mandatos constitucionales— han de regirlo y que luego, al estructurar la ley procesal, deberá referirse a aquellos principios ya elegidos, de los que no puede desentenderse. (65)
De este modo, cada código se definirá por las directivas u orientaciones fundamentales que lo tipifican, las que cobran vida y concreción a través de los principios procesales. (66)
Como dice, en postura que compartimos, Falcón: los principios no derivan de la legislación, sino que la fundan y son una fuente de derecho. (67)
Su utilidad radicará, entonces, en permitirnos una arquitectura más orgánica del derecho y facilitar no sólo su exposición sino también el manejo de las normas pertinentes, posibilitándonos alcanzar nuevas soluciones no previstas. (68)
Es por ello que, mediante los principios, el juez dará solución al caso no previsto, en seguimiento de la orientación que el legislador adoptó. (69)
E incluso los principios tienen una misión correctora frente a interpretaciones exegéticas que no tienen en cuenta el contexto en el cual se encuentra la norma oscura o ambigua. (70)
De este modo, la explicitación de determinados principios propios del derecho probatorio será un recurso de utilidad.
Es que, dadas las infinitas situaciones que podrían presentarse, sería imposible cubrir todo el espectro de posibilidades a las que tuviera que enfrentarse el operador jurídico.
Vamos a referirnos a los principios enunciados por la norma.
En cuanto al de libertad cabe resaltar que al decir de la doctrina, el procedimiento probatorio se realiza en su totalidad bajo la vigencia del principio de libertad que postula, en esencia, que todo hecho puede ser objeto de prueba y ser introducido al proceso por cualquier medio. (71)
La doctrina lo considera, con acierto, un derivado de la garantía de defensa en juicio. (72)
Bien lo dice Sentís Melendo: la prueba es libertad, sin libertad no hay prueba. (73)
Este principio se compone de dos aspectos: libertad de medios de prueba y libertad de objeto. Lo primero significa que la ley no debe limitar los medios admisibles, sino dejar al juez la calificación de si el aducido o solicitado tiene relevancia probatoria. Lo segundo implica que pueda probarse todo hecho que de alguna manera influya en la decisión del proceso y que las partes puedan intervenir en su práctica. (74)
Así nuestros tribunales han dicho que los medios de prueba admisibles no tienen cortapisa legal alguna, obviamente en la medida en que sean útiles al objeto perseguido. (75)
Aunque este principio también tiene sus limitaciones (concretamente: la prueba de hechos inconducentes). Son capitales, en el caso, los arts. 364, 378 y concs., CPCCN.
Pero la vigencia de este principio de libertad no implica la desaparición del de formalidad de la prueba.
Así se señala que la libertad probatoria implica la posibilidad de integrar al proceso la más amplia gama de elementos probatorios, en tanto resulten útiles y convenientes para la parte que los propone, pero ello dentro de las formas y tiempos previstos por la ley. (76)
Vamos, ahora, a los principios de amplitud y flexibilidad.
En derecho probatorio, y al menos en lo que hemos podido rastrear, no suele hacerse referencia a los mismos, al menos con tal denominación.
Con todo, capitalizando el significado de las palabras amplitud y flexibilidad, creemos que las mismas aparecen vinculadas con el principio favor probationes. (77)
En definitiva, cuando se trate de procesos de familia —y máxime en aquellos en los cuales los hechos puedan ser de acreditación algo más compleja (quizás por el ámbito en el que suelen acontecer o por la naturaleza misma de los hechos)— no serán tolerables rigideces, angostamientos ni excesos rituales (estos últimos, en realidad, no son tolerables en ningún proceso). Siempre habrá de estarse en favor del ingreso de mayor caudal probatorio (juicio favorable de admisibilidad) y hacer prevalecer lo sustancial por sobre lo formal.
e. Otras disposiciones vinculadas con lo probatorio
Por último, quisiéramos ofrecer al lector un breve —y probablemente incompleto— catálogo de algunas normas que tienen incidencia en cuestiones probatorias; en tal sentido encontramos las siguientes normas, cuyo contenido solo mencionamos:
— art. 36: prueba en los procesos de restricción a la capacidad
— arts. 96 a 98: prueba del nacimiento y el fallecimiento
— art. 99: prueba de la edad
— arts. 335 y 336: prueba en la acción de simulación, iniciadas entre las partes (art. 335) y por terceros (art. 336)
— art. 423: prueba del matrimonio
— art. 466: prueba del carácter propio o ganancial de los bienes
— art. 506: prueba de la propiedad en el régimen de separación de bienes
— art. 512: prueba de la unión convivencial
— art. 569: prueba de la filiación matrimonial
— art. 584: efectos de la posesión de estado en las acciones de filiación
— art. 589: prueba en las acciones de impugnación de filiación matrimonial
— art. 787: prueba de la existencia de las obligaciones
— art. 895: medios de prueba del pago
— arts. 1019 y 1020: prueba de los contratos
— art. 1415: prueba del contenido de la caja de seguridad
— art. 1767: responsabilidad de los establecimientos educativos, prueba de las eximentes
— art. 1771: actuación calumniosa (factores de atribución y extremos a acreditar)
— art. 2013: prueba del carácter privativo o medianero de los muros
— art. 2243: prueba en las acciones posesorias
— arts. 2256 a 2258: prueba en la reivindicación de inmuebles, muebles registrables y muebles no registrables, respectivamente
— art. 2263: prueba en la acción negatoria
— art. 2265: prueba en la acción confesoria
— art. 2268: prueba en la acción de deslinde
V. A modo de cierre
Fueron las que pasaron unas referencias —elementales por cierto— a diversas normas del Código Civil y Comercial de la Nación que, según lo vemos, tendrán alguna incidencia en materia probatoria.
Hemos querido pasar revista a las mismas y formular breves consideraciones a su respecto solo para ir alertando al lector de su existencia, al par que explicitamos las cuestiones más evidentes que se desprenden de la exégesis del Código.
Hará falta el paso de cierto tiempo para observarlas en funcionamiento, aguardando especialmente la interpretación que, de las mismas, se vaya haciendo en los tribunales. Recién en ese momento, luego de los (inquietos) primeros tiempos, estaremos en condiciones de profundizar en su análisis; cuando las mismas funcionen en la práctica, se pongan en contacto con la vida real, irán apareciendo sus defectos y virtudes. Ciertamente, el material para el análisis se irá acumulando y el panorama ampliando, con situaciones —y tensiones— que quizás hoy no llegamos a advertir.
Será tiempo, entonces, de volver sobre lo dicho aquí; ínterin, esperamos que lo que hemos desarrollado aquí sea de alguna utilidad.

(1) LAZZARONI, Luis J., La aparente inferioridad de los hechos, LL 1975-B-1085.
(2) Taruffo, Michele, Algunas consideraciones sobre la relación entre prueba y verdad, Discusiones (publicaciones periódicas), año III, nro. 3, Alicante, Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, 2002.
(3) Palacio, Lino E., Derecho procesal civil, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1976, t. IV, p. 344
(4) Kielmanovich, Jorge L., Teoría de la prueba y medios probatorios, 2ª ed. Actualizada, Rubinzal—Culzoni, Buenos Aires, 2001, p. 52.
(5) Arazi, Roland, La prueba en el proceso civil. Teoría y práctica, 2ª ed. actualizada y aumentada, La Rocca, Buenos Aires, 1998, p. 62.
(6) Alsina, Hugo, Tratado teórico práctico de Derecho Procesal Civil y Comercial, 2ª ed., Ediar, Buenos Aires, 1961, t. III, p. 244.
(7) Iribarne, Héctor P., De los daños a las personas, Ediar, Buenos Aires, 1993, p. 701.
(8) Véase, sobre el punto, ACCIARRI, Hugo A. Fórmulas y herramientas para cuantificar indemnizaciones por incapacidad en el nuevo Código, LL 15/07/2015, p. 1
(9) QUADRI, Gabriel H., La prueba en el proceso civil y comercial, t. II, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 2011, p. 754.
(10) Diccionario de la Real Academia, 22ª edición online, www.rae.es.
(11) Arazi, Roland — Rojas, Jorge A., Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Comentado, anotado y concordado con los códigos provinciales, t. II, Rubinzal—Culzoni, Santa Fe, 2001, p. 334.
(12) C. Nac. Civ., sala C, 21/11/1978, “Todros, José R. y otros v. Todros Fraser, Jorge”, LL 1979-B-259.
(13) Orelle, José M., en Belluscio, Augusto C. (Dir.) — Zannoni, Eduardo A. (Coord.), Código Civil y leyes complementarias, t. 4, Astrea, Buenos Aires, 1982, p. 550.
(14) QUADRI, Gabriel H., La prueba, cit., T II, p. 772.
(15) QUADRI, Gabriel H., La prueba, cit., T II, p. 786.
(16) Armella, Cristina, en Bueres, Alberto J. (Dir.) — Highton, Elena I. (Coord.), Código Civil y normas complementarias, t. 2C, Hammurabi, Buenos Aires, 1999, p. 62; Fassi, Santiago C. — Maurino, Alberto L., Código Procesal Civil y Comercial comentado, anotado y concordado, 3ª ed. actualizada y ampliada, t. 3, Astrea, Buenos Aires, 2002, p. 480; Llambías, Jorge J., Código Civil anotado, t. II B, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1979, p. 167; C. Nac. Civ., sala A, 21/04/1997, “Serra, Aurelio y otros c. Bauleo, Natalio”, LL 1997-D-176, 03/09/1997, “Asociación Arg. de Aeronavegantes c. Braun, Francisco M.”, LL 1998-A-208, y 06/05/1997, “Furci, Mariana S. y otro c. López, Carlos M. y otro”, LL 1997-D-299.
(17) Rivera, Julio C., Instituciones de derecho civil, Parte general, t. II, 4ª ed., Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 2007, ps. 643 y 647.
(18) C. Nac. Civ., sala C, 14/08/1997, “Cosovi, Jorge C. c. Gudzden, Miguel y otro”, LL 1998-B-15; C. Nac. Civ., sala A, 07/10/2002, “Caperan, Nora E. y otros c. Fontenova, Humberto”, DJ 2003-2-520.
(19) Sobre la posibilidad de anticipar la tutela en acciones declarativas puede verse De Paula Amaral, Júlio R., Tutela antecipatória, Saraiva, São Paulo, 2001, p. 179.
(20) Lessona, Carlos, Teoría general de la prueba en derecho civil, 3ª ed., t. III, trad. Enrique Aguilera de Paz, Reus, Madrid, 1928, cit., p. 345; Orelle, José M., op. cit., p. 551; Rivera, Julio C., Instituciones…, cit., t. II, p. 643; Sup. Corte Bs. As., 24/03/1987, “Casa Paletta SA s/quiebra s/incidente”, AyS 1987-I-443; 01/10/2003, “M., A. A. c. A., A. D. s/filiación”, JUBA, sumario B9365; C. Nac. Com., sala A, 26/10/1989, “Corral, Osvaldo A. y otro c. Perrota, Esteban y otros”, LL 1990-B-114 – DJ 1990-2-471; C. Civ. Com. Minas Paz y Trib. Mendoza, 4ª, 24/09/1991, “Squartini, Luis P. c. Beccaceci, Cayetano R. y otro s/cobro de pesos”, Lexis 33/8370; C. Nac. Com., sala B, 09/04/1992, “Sanatorio Lavalle SRL c. Arzac, Gonzalo”, JA 1992-III-50; C. Civ. y Com. Quilmes, sala 1ª, 03/11/2008, “Productores del Sur SA c. Sociedad de Fomento Barrios Unidos San José San Mauro s/desalojo y daños y perjuicios y su acumulado ‘Sociedad de Fomento Barrios Unidos San José San Mauro c. Productores del Sud SA s/interdicto de retener nulidad de título de propiedad'”, JUBA, sumario B2904171.
(21) Colombo, Carlos J. — Kiper, Claudio M., Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Anotado y comentado, t. IV, La Ley, Buenos Aires, 2006, p. 171; Rodríguez Acquarone, Pilar, Fe pública notarial. La redargución de falsedad, LL 1995-E-365.
(22) Borda, Guillermo A., Tratado de derecho civil, t. II, p. 212; Rivera, Julio C., Instituciones…, cit., t. II, p. 644; C. Civ. Com. y Lab. Rafaela, 21/08/1996, “De Sem, Miriam c. Racionave SRL”, LLL 1997-1154; Civ. Com. Minas Paz y Trib. Mendoza, 3ª, 23/02/1999, “Kogan, Marcos R. c. Quiroga, Yesica J. s/cumplimiento de contrato”, Lexis 33/2000.
(23) QUADRI, Gabriel H., La prueba, cit., t. II, p. 776.
(24) C. 2ª Civ. y Com. La Plata, sala 3ª, 08/02/1994, “Berlusconi, Antonio y otra c. Crespo Furlán, Armando s/desalojo”, Lexis 14/43011, y 12/08/2008, “S. A. A. C. M. (S) c. M. S. SA s/cobro sumario sumas dinero”, JUBA, sumario B354991; C. Civ. y Com. Córdoba, 8ª, 17/03/2009, “Caprara, Liria C. c. INDACOR SA s/ordinario — cobro de pesos — recurso de apelación”, Microjuris MJ-JU-M-43089-AR.
(25) C. Nac. Com., sala D, 12/08/1985, “Luzardo Gil, Rubén c. Colombo, Germinal L.”, LL 1986-A-587.
(26) C. Nac. Com., sala B, 28/03/1988, “Curtarsa Curtiembre Argentina SA c. Ledeitio SA s/ord.”, Lexis 11/16424; C. Nac. Civ., sala K, 20/04/2007, “García Lettieri, Eduardo A. c. Pino, Carlos y otro s/cumplimiento de contrato”, Microjuris MJ-JU-M-12618-AR; C. Nac. Civ., sala M, 15/09/2008, “Libedinsky, Carlos E. c. Fernández, Leonardo M. y otro s/daños y perjuicios”, Microjuris MJ-JU-M-39167-AR.
(27) C. Nac. Civ., sala A, 17/03/1998, “Goldenberg, Gerardo E. y otro c. Roselli, Luis A.”, LL 1999-E-729 – DJ 2000-1-100; C. Nac. Civ., sala E, 08/06/2000, “Casini, Gustavo E. c. Saracca, Enrique O. y otros”, JA 2002-III-síntesis; C. Nac. Civ., sala G, 26/12/2001, “Consorcio Charcas 3485 c. Departra SA”, JA 2002-II-562; C. Nac. Civ., sala K, 15/07/2004, “Asociación Argentina de Intérpretes y Cámara Argentina de Productores e Industriales de Fonovideogramas c. Peluquería y Servicios y otro SRL s/cobro de sumas de dinero”, Lexis 10/9619; C. Civ. Com. Minas Paz y Trib. Mendoza, 12/08/2009, “Aruani, Francisca c. Distribuidora de Gas Cuyana SA — Ecogas s/daños y perjuicios”, Microjuris MJ-JU-M-45881-AR.
(28) Bustamante Alsina, Jorge, La naturaleza jurídica del acta notarial y su valor probatorio, ED 110-516.
(29) Alvarado Velloso, Adolfo, Prueba judicial, Juris, Rosario, 2007, p. 158.
(30) Couture, Eduardo J., Estudios de derecho procesal civil, t. II, Ediar, Buenos Aires, 1978, p. 110.
(31) C. Civ. Com. Lab. y Minas General Pico, 16/09/2008, “Ceresole, Carlos Á. c. Iglesias, Celia E. y otro s/daños y perjuicios”, Microjuris MJ-JU-M-39575-AR; del voto del Dr. Rodríguez — mayoría.
(32) Sup. Corte Bs. As., 10/11/1987, “Lambermont, Roberto J. y otro c. Sucesión de Pura Reynafé y otra s/escrituración y cumplimiento boleto” y 19/10/1993, “Orge Martínez, Jesús y otra c. Martínez, María (suc.) s/escrituración”, JUBA, sumario B10335.
(33) Nos remitimos a lo expuesto, en tal sentido, en QUADRI, Gabriel H., La prueba, cit., t. II, p. 804.
(34) Carnelutti, Francesco, La prueba civil, trad. Niceto Alcalá Zamora y Castillo, 2ª ed., Depalma, Buenos Aires, 2000, p. 169.
(35) Alsina, Hugo, Tratado…, cit., t. III, p. 427; Sup. Corte Just. Mendoza, sala 1ª, 25/08/2003, “Nieto, Damián F. c. Obra Social Conductores, Camioneros y Personal del Transporte Automotor de Cargas”, Lexis 30012277.
(36) QUADRI, Gabriel H., La prueba, cit., t. II, p. 811.
(37) Lavalle Cobo, Jorge, en Bueres, Alberto J. (Dir.) — Highton, Elena I. (Coord.), Código Civil y normas complementarias, t. 2C, Hammurabi, Buenos Aires, 1999, p. 192.
(38) Al tema nos referimos en QUADRI, Gabriel H., La prueba, cit., t. II, p. 821.
(39) QUADRI, Gabriel Hernán, Los mensajes de texto como prueba en el proceso civil, SJA 2015/05/27-36.
(40) Palacio, Lino E., Derecho procesal…, cit., t. IV, p. 461; Arazi, Roland, La prueba en el proceso…, cit., p. 227.
(41) Rivera, Julio C., Instituciones…, cit., t. II, p. 734; Borda, Guillermo A., Tratado…, cit., t. II, p. 192; Lavalle Cobo, cit., t. 2C, p. 204.
(42) Kielmanovich, Jorge L., Teoría…, cit., p. 379.
(43) Colombo, Leonardo A., “Comentarios…”, cit.
(44) Sentís Melendo, Santiago, La prueba. Los grandes temas del derecho probatorio, Ejea, Buenos Aires, 1978, p. 16.
(45) QUADRI, Gabriel H., La prueba, cit., t. II, p. 830.
(46) C. Nac. Com., sala B, 11/11/1988, “Productos Venier SA c. Producfar SA”, LL 1989-C-390; C. Civ. y Com. Morón, sala 2ª, 13/09/1989, “Volkswagen SA c. Muñoz, Felipe s/cobro ordinario”, JUBA, sumario B2350584; C. Nac. Com., sala B, 28/06/2002, “Banco Privado de Inversiones en: Acatex SA s/conc. prev.”, LL 2002-E-681; C. Nac. Com., sala A, 20/10/2007, “Vicente Manzi e Hijos SACIF (su quiebra) c. Volkswagen Argentina SA s/ordinario”, Microjuris MJ-JU-M-19363-AR, 27/12/2007, “Industrias Polet SRL c. Cencosud SA s/ordinario”, Microjuris MJ-JU-M-25866-AR.
(47) Sup. Corte Bs. As., 27/06/1989, “Larraburu, Jorge A. c. Empresa Gastronómica Integral SA s/cobro de pesos”, AyS 1989-II-518 y 14/06/1996, “Ugarte y Compañía SA c. Valente SRL s/cobro ordinario de pesos”, JUBA, sumario B14486; C. 1ª Civ. y Com. La Plata, sala 2ª, 07/09/2000, “Compañía Argentina de Seguros c. Alfa y Omega s/cobro de pesos”, JUBA, sumario B152347.
(48) Lessona, Carlos, Teoría…, cit., t. II, p. 607.
(49) BENAVENTE, María I en AA.VV., Código Civil y Comercial de la Nación comentado, HERRERA, Marisa — CARAMELO, Gustavo — PICASSO, Sebastián (directores), Infojus, Buenos Aires, 2015, t. I, p. 476; COSSOLA, Sebastian J., comentario al art. 288 del Código en AA.VV., Código Civil y Comercial de la Nación. Comentado, RIVERA, Julio C. — MEDINA, Graciela (dir.) — ESPER, Mariano (coord), Buenos Aires, La Ley, 2014, t. I, versión online, Sistema Proview.
(50) D´ALESSIO, Carlos M. en AA.VV. Código Civil y Comercial de la Nación. Comentado, LORENZETTI, Ricardo L. (dir), Rubinzal-Culzoni Editores, Buenos Aires, 2015, t. II, p. 120
(51) FALCON, Enrique M., El derecho procesal en el Código Civil y Comercial de la Nación, Rubinzal-Culzoni Editores, Buenos Aires, 2015, p. 331.
(52) FALCON, Enrique M., El derecho procesal, cit., p. 340.
(53) QUADRI, Gabriel H., La prueba, cit., t. II, p. 1100.
(54) KIELMANOVICH, Jorge L., La prueba testimonial en el proceso de familia en el Proyecto de Código Único, LL 2013-A-919.
(55) GUAHNON, Silvia V. — SELTZER, Martín, Los parientes como testigos en los procesos de familia y el Proyecto de Código, LL 10/04/2014, 1.
(56) FALCON, Enrique M., El derecho procesal, cit., p. 340.
(57) DE LOS SANTOS, Mabel, Los procesos de familia en el Proyecto de Código Civil y Comercial, Revista Derecho Privado. Año II, n. 6. Ediciones Infojus, p. 13.
(58) QUADRI, Gabriel H., La prueba, cit., t. II, p. 1101.
(59) QUADRI, Gabriel H., Las cargas probatorias dinámicas en el Proyecto de Código Civil y Comercial de la Nación (arts.1734 y 1735), JA 2014-III-2014.
(60) Corte Sup., Fallos 200:180, entre otros.
(61) KEMMELMAJER DE CARLUCCI, Aída. La aplicación del Código Civil y Comercial a las relaciones y situaciones jurídicas existentes, Rubinzal-Culzoni Editores, Buenos Aires, 2015, p. 117.
(62) QUADRI, Gabriel H., La prueba, cit., t. II, p. 1578.
(63) QUADRI, Gabriel H., La prueba, cit., t. I, p. 209.
(64) C. Nac. Civ., sala A, 28/02/1994, “Z., R. c. A., A.”, JA 1998-I-síntesis; C. Civ. Com. Familia y Cont. Adm. Villa María, 15/05/2003, “B., M. C. c. A., R.”, LLC 2004 (agosto), p. 687.
(65) Couture, Eduardo J., Estudios de derecho procesal civil, t. III, Depalma, Buenos Aires, 1978, p. 50.
(66) Morello, Augusto M. — Sosa, Gualberto L. — Berizonce, Roberto O., Códigos Procesales en lo Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires y de la Nación, 2ª ed. Reelaborada y ampliada, t. I, Librería Editora Platense — Abeledo-Perrot, La Plata, 1991, p. 568.
(67) Falcón, Enrique M., Tratado de la prueba, t. I, Astrea, Buenos Aires, 2003, p. 210.
(68) Bacre, Aldo, Teoría general del proceso, t. I, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1986, p. 409.
(69) Eisner, Isidoro, Eisner, Isidoro, La prueba en el proceso civil, 2ª ed. actualizada, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1992, p. 120.
(70) Peyrano, Jorge W., El proceso civil. Principios y fundamentos, Astrea, Buenos Aires, 1978, p. 8.
(71) Ferreyra de De la Rúa, Angelina, Admisibilidad de la prueba, RDPyC, 14 (Prueba II), p. 13.
(72) González Castro, Manuel A., “Principios y reglas que rigen la actividad probatoria”, en XX Encuentro Panamericano de Derecho Procesal — Santiago, Chile, 2007, Ponencias, Santiago de Chile, 2007-
(73) Sentís Melendo, Santiago, La prueba. Los grandes temas del derecho probatorio, Ejea, Buenos Aires, 1978, p. 23.
(74) Devis Echandía, Hernando. Teoría general de la prueba judicial, 3ª ed., t. I, Víctor P. de Zavalía, Buenos Aires, 1974, p. 131.
(75) C. 2ª Civ. y Com. La Plata, sala 1ª, 22/02/1996, “L., J. A. c. A., J. J. s/disolución sociedad de hecho”, JUBA, sumario B252121.
(76) C. Civ. Com. Trab. y Familia Villa Dolores, 13/12/2005, “Villarreal, José N. y otros c. Sucesión de Arturo L. Hanisch y otros”, Lexis 1/70022787-2.
(77) QUADRI, Gabriel H., La prueba, cit., t. I, p. 130.