La Cámara de Casación, por mayoría, entendió que un destornillador no es un arma en los términos del art. 166, inc. 2 del Código Penal y, en consecuencia, descartó la agravante, encuadró el hecho en el delito de robo simple tentado y disminuyó la pena. Asimismo, por unanimidad, modificó la pena impuesta al coimputado, una persona en situación de calle que había sustraído dos camperas.

Sumarios

La pena de un año de prisión por la sustracción de dos camperas por parte de una persona que se encuentra por debajo de la línea de indigencia y en situación de calle debe modificarse y, en su lugar, corresponde fijar la pena de tres meses de prisión, pues la escasa gravedad del injusto cometido y el grado de culpabilidad del autor remiten, a la hora de la determinación de la pena, a un punto cercano al mínimo establecido legalmente para los delitos imputados.

El destornillador utilizado por el imputado en el hecho es un objeto que pertenece a la categoría de las herramientas y no un arma en los términos del art. 166, inc. 2 del Código Penal, pues si el legislador hubiera pretendido incluir a objetos que no son armas en sentido estricto dentro del tipo penal nada le habría impedido efectuar tal asimilación en forma expresa.

Un destornillador no queda comprendido dentro de la noción de arma en los términos del art. 166, inc. 2 primer párrafo del Código Penal, con lo cual la mayor gravedad que el hecho reconoce debe ser valorada al momento de fijar la pena (del voto del Dr. Sarrabayrouse).

Si el imputado, para amedrentar a la víctima, apoyó sobre esta un destornillador de punta de apreciables dimensiones, poniéndola en riesgo, corresponde aplicar la agravante del art. 166, inc. 2 del Código Penal, pues el instrumento utilizado llevó implícito un concreto peligro objetivo para la integridad física del sujeto pasivo, dadas las episódicas circunstancias de realización, la estructura de ese elemento y la forma de empleo que materializó el sujeto activo (del voto en disidencia parcial del Dr. Días).

Fallo

2ª Instancia.- Buenos Aires, agosto 23 de 2017.

Resulta: I. El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 23 de esta ciudad, con fecha 27 de junio de 2016, resolvió, en lo que aquí interesa: “I.- Condenar a J. E. M. (…) a la pena de tres años y tres meses de prisión, accesorias legales y costas del proceso, por resultar autor del delito de robo agravado por el uso de armas en grado de tentativa (hecho de la causa N° 4904) (arts. 12; 29, inc. 3°; 42; 44; 45; 166 inc. 2, primer párrafo, del Código Penal; y arts. 403, 530 y 531 del Código Procesal Penal de la Nación). II.- Condenar a R. J. E. (…) a la pena de un año de prisión de efectivo cumplimiento y costas del proceso, por resultar autor de los delitos de hurto, en concurso real con hurto en grado de tentativa (hechos de la causa N° 4946) (arts. 29, inc. 3°; 42, 44, 45, 55 y 162 del Código Penal; y arts. 403, 530 y 531 del Código Procesal Penal de la Nación). III.- No hacer lugar a la declaración de inconstitucionalidad del art. 50 del código Penal, planteada por la defensa. IV.- Declarar reincidente a (…) R. J. E. (art. 50 del Código Penal)” (cfr. fs. 600/601). Sus fundamentos fueron dados a conocer el 4 de julio de 2016 (cfr. fs. 603/634).

II. Contra dicha decisión, el defensor oficial N. P. D’O., a cargo de la asistencia técnica de E. y M., interpuso recursos de casación (cfr. fs. 658/668 y 669/678, respectivamente), los que fueron concedidos por el a quo (cfr. fs. 679/682) y debidamente mantenidos ante esta instancia (cfr. fs. 682).

III. Posteriormente, se reunió en acuerdo la Sala de Turno de esta Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal y sus integrantes decidieron otorgarle al recurso interpuesto el trámite del art. 465, CPPN (cfr. fs. 695).

IV. Durante el término de oficina, previsto en los arts. 465, cuarto párrafo y 466, CPPN, se presentó el defensor oficial M. A. K. (cfr. fs. 698/703 vta.).

V. Superada la etapa prevista en el art. 465, en función del 468, CPPN (cfr. fs. 704), el recurrente acompañó escrito de “breves notas” (cfr. fs. 709/709 vta. y 710).

VI. Se tomó conocimiento personal de E. y M. (cfr. fs. 717 y 723, respectivamente), de conformidad con lo previsto en el art. 41, CP.

Efectuada la deliberación establecida en el art. 469, CPPN, se arribó a un acuerdo en los términos que a continuación se exponen.

El doctor Morin dijo:

1.- Tal como se adelantó, el tribunal oral resolvió condenar a J. E. M. a la pena de tres años y tres meses de prisión por resultar autor del delito de robo agravado por el uso de armas en grado de tentativa; y condenar a R. J. E. a la pena de un año de prisión de efectivo cumplimiento por resultar autor de los delitos de hurto en concurso real con hurto en grado de tentativa, rechazar la solicitud de declaración de inconstitucionalidad del art. 50, CP efectuada por la defensa de E. y declararlo reincidente.

2.- Para un desarrollo más claro de las cuestiones sometidas a jurisdicción de esta Cámara, se abordarán por separado los recursos interpuestos por la defensa.

3.- Recurso interpuesto en favor de R. J. E.:

3.1.- Hechos que se tuvieron por probados en la sentencia

(cfr. fs. 606 vta./607):

Hecho 1: Que “el día 10 de mayo de 2015, alrededor de las 9.20 hs. en el comedor de la Parroquia Corazón de María sita en la intersección de Lima y Constitución de esta ciudad, se apoderó ilegítimamente de una campera que contenía en los bolsillos el teléfono celular marca Nokia, abonado N° …, un juego de llaves y la suma de $2000 en efectivo, propiedad de E. d. V. R., siendo dichos element(o)s secuestrados en poder del imputado en la Estación Plaza Constitución (aclárese que solo se incautó la suma de $164 en efectivo y un billete de un dólar estadounidense, no así el resto de los $1836 faltantes)”.

Hecho 2: Que “el día 1 de agosto de 2015, alrededor de las 12.20hs. en el interior de la plaza ubicada en Avda. Donato Álvarez y Bogotá de esta ciudad, intentó apoderarse ilegítimamente de una campera color verde con capucha, propiedad de G. L. C., en momentos en que dicha vestimenta estaba apoyada en la escalinata del lugar, no lográndolo por circunstancias ajenas a su voluntad.

En efecto, tras el accionar mencionado, el imputado se dio a la fuga corriendo por Avda. Donato Álvarez hacia el sur y al comenzar a gritar la damnificada y las mujeres que la acompañaban, un ocasional transeúnte —C. M. C.— que estaba con su motovehículo comenzó a perseguirlo, notando que E. arrojaba la citada campera al suelo en Avda. Donato Álvarez y Bogotá, dándole finalmente alcance en Avda. …, donde el incuso se cayó al piso, lesionándose el rostro, logrando reducirlo hasta el arribo del personal policial Inspector J. S. de la Seccional 13° de la Policía Federal Argentina, quien procedió a aprehenderlo y labrar las actas pertinentes”.

3.2.- En su recurso de casación, la defensa de E. adujo las siguientes críticas a la sentencia: a) la errónea aplicación de los arts. 40 y 41, CP, porque la pena impuesta a su asistido se alejó arbitrariamente del mínimo legal aplicable en el caso concreto, b) la inconstitucionalidad del art. 50, CP.

Luego, durante el término de oficina, agregó como nuevo agravio la inaplicabilidad del art. 50, CP a su defendido.

3.3.- Al formular el reproche vinculado a la arbitrariedad del monto de pena impuesto, el recurrente consideró que aquél resultaba injustificado y carente de fundamentación porque se impuso uno equivalente a doce veces el mínimo legal, que era de un mes de prisión.

Señaló que el tiempo que llevaba en detención E. al momento de la condena y el tipo de delitos por los que fue condenado, constituían parámetros suficientes para imponerle una pena sustancialmente menor, acorde a su situación personal y los fines de la pena.

Expuso que el a quo valoró como agravantes extremos expresamente contemplados en el tipo penal y criticó que en la división tripartita utilizada por el a quo se incluyeran los sucesos endilgados a su defendido dentro de una “gravedad media”, sin brindar explicaciones de por qué lo entendieron así.

En este punto, resaltó que se lo condenó por dos hechos de hurto, uno tentado y otro consumado, y que, de no haber sido por un hecho por el que finalmente resultó absuelto, la causa habría tramitado en el fuero correccional.

En el marco del “Hecho 1”, esbozó que el hurto consiste en un desapoderamiento sin violencia en las personas ni fuerza en las cosas y que su propia naturaleza radica en un descuido del sujeto pasivo, por lo que la alusión al sexo de la víctima como agravante no resultaba atinada.

Añadió que lo mismo debía concluirse respecto de la “particular malicia” a la que hizo referencia el a quo al considerar que su asistido se aprovechó de una persona que brindaba servicios en un centro comunitario, dado que según el testimonio de la propia damnificada, E. estaba desayunando en ese comedor y al pasar junto a una silla observó que había una campera apoyada y la tomó, el hecho acaeció en época invernal, a las 9.30 horas de la mañana, y al momento de su detención, ese mismo día a las 13.30 horas dentro de una formación ferroviaria en la Estación Constitución, E. la tenía puesta. Así, resaltó que casi cuatro horas después de haberla tomado se encontraba a solo 200 metros del lugar del hecho con la campera puesta y todos los elementos que tenía en su interior, resultando entonces claro que la tomó para abrigarse de las bajas temperaturas, porque en ese lapso bien podría haber vendido el teléfono celular, la campera y arrojar las llaves.

En relación con el “Hecho 2”, criticó nuevamente que se tomara como agravante que la víctima era una mujer, y también que el a quo considerara que la tentativa llegó hasta “el último grado previo a la consumación”, pues la propia damnificada señaló que el objeto sustraído fue arrojado a escasos metros de donde ella se encontraba y que la aprehensión se produjo a unos 150 m. del lugar del hecho, lo que demostraba que lejos estuvo de consumarlo; además E. no tuvo un poder de disposición real sobre el objeto hurtado y los hechos solo pueden ser tentados o consumados, no existiendo una tercera vía posible.

Por último, se quejó porque si bien los jueces hicieron referencia a ciertas atenuantes, ellas no tuvieron un efectivo correlato en la sanción dictada; no valoraron debidamente su confesión sobre su autoría en ambos hechos, que revelaban arrepentimiento y colaboración con la justicia, ni que es padre de una niña de cinco (5) años y cómo impactaron negativamente en él y en su entorno los distintos encierros carcelarios que sufrió antes de estos hechos.

3.4.- Al fundamentar la pena de un año de prisión de efectivo cumplimiento impuesta a E., los jueces del a quo consideraron conveniente dividir en tres la escala sancionatoria “de suerte que en el primer tramo se incluyan los hechos de menor gravedad, en el segundo los de gravedad media y en el último los de gravedad extrema”.

Indicaron que si bien la escala penal aplicable por el delito atribuido al nombrado era de un mes a tres años y cuatro meses de prisión, sus conductas eran de “gravedad media”, por lo que dicha escala era entonces de un año y dos meses a dos años y tres meses de prisión.

Apuntaron que se trataba de dos hechos en concurso real.

Luego, en el marco del “Hecho 1” computaron como agravante “la circunstancia de que la víctima haya sido una mujer, que fue desposeída de sus pertenencias cuando estaba brindando un servicio comunitario en un comedor parroquial, lo cual revela en el autor una particular malicia, cual es la de aprovecharse del descuido de quien se dispone a ayudar a personas indigentes” y “el significativo perjuicio patrimonial provocado, porque más allá de que E. fue finalmente detenido, la víctima fue desapoderada en forma definitiva de la suma de $1836”.

En el marco del “Hecho 2”, consideraron como agravante que “la víctima ha sido una mujer”, puntualizando que si bien “el delito se cometió sin violencia en las personas —y por eso ha sido calificado como hurto— resulta claro que el acusado ha elegido una víctima que, en su caso, podría haber opuesto una resistencia insignificante, dada la natural diferencia de envergadura y fuerza física entre una mujer y un hombre”. Asimismo, destacaron que “la tentativa ha llegado hasta el último grado previo a la consumación, toda vez que el acusado concretó el desapoderamiento y huyó velozmente a lo largo de 150 metros, y sólo pudo ser alcanzado por un tercero que lo persiguió en motocicleta, de manera que a punto estuvo de concretar el ilícito accionar y obtener su impunidad”.

Ponderaron, por otra parte, que se trata de “un hombre adulto, que ha recibido educación primaria incompleta, que vivía en situación de calle y carecía de trabajo, que proviene de una familia desintegrada por la ausencia de su padre —al que no conoció— que se ha volcado al consumo de sustancias adictivas desde temprana edad y que pertenece a un sector social de bajos recursos y de alta vulnerabilidad”, como también su confesión de los dos hechos y su arrepentimiento puesto de manifiesto al expresar que se trataba de “un nuevo error en su vida”.

Sobre esa base, concluyeron que pese a que por las circunstancias agravantes de carácter objetivo no podía imponerse una pena inferior a un año y dos meses de prisión, debido “a las circunstancias atenuantes de carácter personal” era justo sancionarlo con una pena de un año de prisión, la que no podía ser dejada en suspenso en razón de sus antecedentes condenatorios.

3.5.- En cuanto a las pautas que deben considerarse al determinar las penas en los casos concretos, en la causa “Soplán” (1) sostuve que el precedente “Maldonado” (2) de la Corte Suprema es clarísimo en el sentido de que su límite máximo estará dado por la culpabilidad del autor a raíz del injusto cometido (3).

En el caso bajo examen, los jueces del tribunal a quo han establecido que el grado de culpabilidad por los dos sucesos atribuidos a E.—un hurto consumado y otro tentado— revelaban una “gravedad media” dentro de una división en tres partes de la escala penal prevista por el Código Penal, cuyo origen y fundamento sólo responde a la voluntad de los jueces que dictaron la sentencia bajo examen.

Sobre esta base, entendieron que, más allá de lo establecido en la ley, que fija el mínimo de la escala penal atribuible a los delitos por los que E. fuera condenado en un mes de prisión, el mínimo penal aplicable debía ser fijado en un año y dos meses del mismo tipo de pena.

Siguiendo con esa línea de trabajo sostuvieron, entonces, que la sustracción de dos camperas, llevada a cabo en días distintos —pero que tenían en común las bajas temperaturas características de nuestra ciudad durante el otoño y el invierno— cometida por una persona que de acuerdo al informe socioambiental se encuentra por debajo de la línea de indigencia (cfr. fs. 25 del legajo de personalidad), merecía dada la “gravedad media” del injusto un piso de pena que comenzaba en los ya referidos un año y dos meses.

Eso sí, teniendo en cuenta las condiciones personales del acusado, decidieron perforar el mínimo de la escala penal por ellos establecido y decidieron fijar una pena de un año de prisión.

La sola enunciación de la línea de razonamiento desarrollada por el a quo permite advertir la ausencia de consistencia de la formulación normativa que proponen.

El injusto consistente en sustraer un abrigo por parte de un sujeto que carece de ingresos económicos, por encontrarse desocupado; que subsiste con la colaboración económica de los transeúntes ocasionales y que se encontraba en situación de calle desde hacía al menos dos años se asemeja más al hurto famélico que a un delito que podría ser calificado como de gravedad media.

Las condiciones personales apuntadas, a las que cabe sumar la ausencia de una figura paterna desde su nacimiento, la ausencia de una figura materna desde la adolescencia, la vivencia de una dinámica intrafamiliar con conductas conflictivas y hostiles, la interrupción de la educación formal sin completar el nivel primario, el inicio en el consumo de sustancias psicoactivas con pernocte y permanencia en espacios públicos desde temprana edad hasta la actualidad, la ausencia de una red de contención afectiva durante la adultez; en suma, una situación de ostensible vulnerabilidad, repercute, a su vez, en su capacidad de adaptación a las reglas que configuran la convivencia en sociedad.

La escasa gravedad del injusto cometido y el grado de culpabilidad del autor remiten, a la hora de la determinación de la pena, a un punto cercano al mínimo establecido legalmente para los delitos imputados.

La sentencia bajo estudio, empero, refiere a dos elementos de juicio valederos a los efectos de su graduación.

En primer lugar, la circunstancia de que nos encontramos ante la comisión de dos hechos delictivos y ello debe tener reflejo en el monto de pena a imponer. En segundo término, que resulta plausible el tomar como circunstancia agravante el hecho de que la víctima de uno de los hechos ilícitos fuera precisamente una persona que estaba prestando servicio en el comedor parroquial en el que E. se encontraba comiendo.

Por todo lo expuesto, a partir de las pautas señaladas en este apartado y después de haber conocido personalmente al nombrado en la audiencia celebrada en virtud de lo establecido en el art. 41, CP, propongo al acuerdo hacer lugar a la crítica dirigida por el recurrente y, en consecuencia, casar la resolución impugnada en lo que al quantum de pena impuesta se refiere, debiendo modificarse la pena de un (1) año de efectivo cumplimiento dictada por el a quo y fijarla, de conformidad con las pautas ut supra brindadas, en tres (3) meses de prisión de efectivo cumplimiento, sin costas.

3.6.- El recurrente planteó, además, la inconstitucionalidad del art. 50, CP por considerarlo contrario a diversos principios y garantías constitucionales —en particular, al principio de culpabilidad y al ne bis in idem— y por fundarse en criterios peligrosistas.

Se observa que este planteo ya fue introducido durante el debate por el recurrente y el a quo lo rechazó sobre la base de diversos fallos de la Corte Suprema de Justicia.

Tal como sostuve en los precedentes “Sarno” (4), “Medina” (5) y “García” (6) —entre otros—, nuestro máximo tribunal ya se ha pronunciado sobre la cuestión jurídica a resolver en este asunto, pues en el fallo “Arévalo” ratificó la constitucionalidad de la reincidencia por remisión a la doctrina permanente de ese tribunal, explicitada en “Gómez Dávalos” (Fallos: 308:1938), “L’ Eveque” (Fallos: 311:1451) y “Gramajo” (Fallos: 329:3680), aún después de que adquirieran rango constitucional las reglas establecidas en el art. 5.6 de la CADH y 10.3 del PIDCyP.

Por lo tanto, las objeciones introducidas por el impugnante ya han sido materia de análisis de nuestro más Alto Tribunal, que como intérprete supremo de la Constitución Nacional y de las leyes subordinadas a aquélla, ha sostenido que su contenido en nada vulnera las garantías constitucionales alegadas por la parte.

3.7.- Durante el término de oficina el defensor oficial esbozó, además, que el instituto de la reincidencia no resultaba aplicable al caso de E. porque según lo comunicado por el Área de Progresividad de Criminología del Servicio Penitenciario Federal, su asistido egresó de prisión el 18/06/2013 por agotamiento de pena, mientras transitaba la fase de socialización; por lo que en función de los precedentes de esta Cámara —entre ellos “Salto”—, debía casarse y revocarse su declaración de reincidencia porque no ingresó a la etapa de prueba.

Al declararlo reincidente, el a quo expuso que E. registraba “numerosas condenas, debidamente certificadas en su legajo de personalidad. Entre ellas, el 7 de diciembre de 2011, fue condenado por el Tribunal Oral en lo Criminal N° 29, en la causa N° 3636, a la pena de un año y diez meses de prisión de efectivo cumplimiento y costas, por ser autor del delito de robo calificado por haber sido cometido con un arma de utilería en grado de tentativa, y declarado reincidente”.

Especificó que en dicha condena “permaneció detenido en calidad de condenado, bajo la supervisión del Juzgado Nacional de Ejecución N° 3 de esta ciudad, y recuperó su libertad por agotamiento de la sanción el día 18 de junio de 2013, por lo que desde esa fecha hasta la comisión de los hechos de la presente causa, no transcurrió el término del art. 50 del Código Penal”.

Este agravio vinculado a la inaplicabilidad del instituto de la reincidencia, como se indicó, fue introducido por la defensa recién durante el término de oficina, razón por la cual no debe ser tratado.

Tal como lo vengo sosteniendo, a este tribunal le corresponde limitarse al estudio de los motivos expuestos al interponerse el recurso de que se trate, salvo que el asunto traído a revisión una vez expirada esa oportunidad procesal verse sobre una cuestión federal dirimente o cuestione la validez de algún acto del proceso pasible de ser declarado de nulidad absoluta.

En este sentido, resulta claro que la utilización de los verbos desarrollar y ampliar, contenidos en el art. 466, CPPN, reconoce la voluntad del legislador de brindar al recurrente una oportunidad para extender o profundizar los motivos introducidos en la oportunidad del art. 463, CPPN; lo que sin lugar a dudas contempla la posibilidad de completarlos o perfeccionarlos, pero de ningún modo la de incorporar o adicionar otros no vertidos en el recurso respectivo.

Por este motivo, considero que resulta inadmisible la cuestión tardíamente introducida por la defensa.

3.8.- En virtud de las consideraciones expuestas, entiendo que corresponde hacer lugar parcialmente al recurso de casación interpuesto por la defensa de E., casar la resolución impugnada en lo que al quantum de pena impuesta se refiere, debiendo modificarse la pena de un año de efectivo cumplimiento dictada por el a quo e imponer a E., de conformidad con las pautas ut supra brindadas, una pena de tres meses de prisión de efectivo cumplimiento; rechazar el planteo de inconstitucionalidad del art. 50, CP y declarar inadmisible el agravio de inaplicabilidad de dicho precepto legal, sin costas.

4.- Recurso interpuesto en favor de J. E. M.:

4.1.- Hecho que se tuvo por probado en la sentencia (cfr. fs. 603 vta.):

Que “intent(ó) apoderarse ilegítimamente y mediante la utilización de un destornillador, de un teléfono celular marca “motorola”, modelo “moto g”, IMEI N° … de la empresa “Movistar”, propiedad de L. G. C.. El evento tuvo lugar el 8 de agosto de 2015, alrededor de las 21.20 hs., en la parada de colectivos de la línea 56, ubicada en la intersección de Pedro Goyena y Del Barco Centenera.

En esa oportunidad, la damnificada y su amiga N. A. B., aguardaban el arribo del autobús, cuando fueron sorprendidas por el acusado, quien amenazantemente colocó un destornillador sobre el cuerpo de G. C. y les dijo ‘Quédense calladas, denme todo’. Acto seguido, arribó un interno de la línea 56 y la denunciante corrió hacia el mismo, para intentar evadir al acusado, no obstante ello, tropezó y dejó caer su teléfono celular al piso, circunstancia que fue aprovechada por el encartado para apoderarse del bien.

Y. J. E., pasajero de la línea 56, presenció la secuencia y descendió del ómnibus para socorrer a la víctima. Tras un breve forcejeo y con la colaboración de otros pasajeros, logró aprehender a M….”.

A continuación, se constituyó en el lugar el Cabo 1° J. V. de la P.F.A., quien formalizó la detención del imputado. En presencia de testigos, requiso al endilgado e incautó del bolsillo izquierdo de su campera, el celular de la damnificada y el destornillador que empleó para amedrentarla”.

4.2.- La defensa de M. se agravió por las siguientes razones: a) la errónea aplicación de la ley sustantiva en lo que respecta a la significación jurídica del hecho subsumido en el art. 166, inc. 2°, primer párrafo, CP, b) la falta de fundamentación de la pena impuesta.

Al justificar la errónea aplicación de la ley sustantiva, el recurrente alegó que la utilización de un destornillador no constituye “arma” en los términos del art. 166 inc. 2, primer párrafo, CP porque dicho objeto no es técnicamente un arma en los términos que requiere la norma, dado que se trata de un elemento que, utilizado de la manera en que se lo hizo en el caso bajo análisis, le otorga al agresor una mayor capacidad ofensiva pero no puede incluirse en el concepto de “arma”.

Sobre esta base, consideró que la calificación dada al suceso en la sentencia excedió los alcances de una interpretación extensiva, ubicándose en el plano de la interpretación analógica in malam partem, razón por la cual solicitó que se case parcialmente la sentencia impugnada y se modifique la calificación legal de robo con armas tentado por la de robo simple tentado y, consecuentemente, se reduzca sensiblemente la sanción impuesta.

4.2.1.- Al encuadrar el hecho endilgado a M. en la figura del art. 166 inc. 2, primer párrafo, CP, el a quo estimó que “la utilización de un destornillador acompañado de palabras conminatorias como ser ‘demen todo’ posee suficiente capacidad intimidatoria para dar por configurada la violencia propia del robo. Asimismo, el forcejeo con un tercero que intervino para impedir la ejecución del delito también integra la violencia típica”.

Los jueces explicaron que “(l)a definición de ‘arma’ contenida en el Diccionario de la Real Academia Española, reza así:

‘Instrumento, medio o máquina destinados a atacar o a defenderse’. Un objeto punzante es, sin lugar a dudas, un instrumento o un medio.

‘Destinado a atacar’ puede ser un giro que suscite equívocos. ¿Se trata de instrumentos o medios específicamente destinados a atacar, o el destino puede estar dado por la utilización concreta que de ese elemento hace su portador? En ese sentido, el filoso cuchillo que un carnicero utiliza para despostar reses ¿no se convertirá en una peligrosísima arma blanca si aquél decide utilizarlo para atacar o defenderse? El ‘destino’, como puede apreciarse, no es sólo aquél que ha determinado metafísicamente el fabricante del elemento, sino también el que le confiere quien utiliza el elemento, conforme a la modalidad y a las circunstancias en las que este uso se verifica”.

Apuntaron que “dentro del concepto de arma deben incluirse no sólo aquéllas construidas y diseñadas con la finalidad específica de herir o dañar, sino también las armas impropias, cuya caracterización como tal se definirá en cada caso por el concreto empleo del elemento, en tanto revele la existencia de un incremento del poder ofensivo del autor objetivamente constatable”.

Así, tras afirmar que “(e)n este caso se ha probado que el imputado utilizó un destornillador de aproximadamente 15 cms. de largo, con punta aguzada, que aplicó sobre el cuerpo de L. G. C.”, entendieron que “(l)a observación del elemento detallado en la fotografía de fs. 182, sumada a la descripción que la víctima ha realizado de esa acción, al señalar que fue apoyado sobre su cuerpo, permite concluir que, por sus características y por la forma en el que fue utilizado, el destornillador ha sido apto no sólo para aumentar el poder ofensivo del agresor, sino también para colocar en peligro, al menos, la integridad corporal de la víctima, motivo por el cual debe ser incluido dentro del concepto de arma, en los términos del art. 166, inc. 2°, primer párrafo, del Código Penal”.

4.2.2.- En este punto, corresponde hacer lugar al planteo del recurrente, pues luce desacertada la calificación adoptada por el a quo.

La base sobre la cual se funda la aplicación de la figura prevista en el art. 166 inc. 2°, primer párrafo, CP descansa sobre la concepción de las denominadas “armas impropias”, que podrían definirse como aquéllas que, sin adecuarse estrictamente al concepto de armas, son equiparadas a éstas por el mayor poder ofensivo que mediante su utilización obtiene el sujeto activo respecto a la víctima.

Arma, sin embargo, es aquel objeto construido específicamente para el ataque o defensa, por lo que mal podría extenderse ese concepto a objetos que no encuadran en esa categoría sin recaer en una interpretación analógica in malam partem vedada por el principio de legalidad (art. 18, CN).

En este sentido, cabe resaltar que si el legislador hubiera pretendido incluir a objetos que no son armas en sentido estricto dentro del tipo penal que nos ocupa, nada le habría impedido efectuar tal asimilación en forma expresa, tal como lo hace el Código Penal español en su artículo 242, el que reprime con una pena especial el robo cometido mediante el uso de armas u otros medios igualmente peligrosos.

En el caso bajo análisis, el destornillador utilizado en el hecho —a diferencia, por ejemplo, de los cuchillos, que son pasibles de ser encuadrados en la doble categoría de arma blanca y de utensillo destinado a comer— es, claramente, un objeto que pertenece a la categoría de las herramientas, lo cual implica, en el razonamiento que aquí se sigue, que no se trata del arma al que hace referencia el tipo penal.

Ciertamente la utilización del destornillador por parte de M. implicó un aumento del poder ofensivo del agente, creó un peligro mayor para la víctima y menguó su capacidad de oposición o defensa.

Esta circunstancia, empero, deberá ser valorada exclusivamente en el momento de la determinación de la pena de acuerdo a lo establecido en el artículo 41, inciso 1°, CP y no ya en la adecuación del supuesto de hecho en el tipo penal del robo agravado por el uso de armas.

Por estos motivos, corresponde casar la resolución en este punto, descartar la aplicación de la agravante de uso de armas y encuadrar este hecho en el delito de robo simple tentado.

4.3.- En segundo lugar, el impugnante planteó la falta de fundamentación de la pena aplicada.

Así, cuestionó la imposición de una pena de efectivo cumplimiento a un sujeto sin antecedentes condenatorios, alegando que el a quo no brindó una fundamentación suficiente al proceder en tal sentido.

Por otra parte, impugnó que el tribunal valorara como agravante el hecho de que M. colocara el destornillador sobre el cuerpo de la víctima y el daño que un ataque de estas características produce sobre el psiquismo de una mujer joven, destacando que su declaración policial había sido incorporada por lectura y no se le practicó ningún examen psicológico que permitiera confirmar la existencia de un daño psicológico originado en el hecho aquí juzgado. En este punto, resaltó que había elementos que permitían refutar tal circunstancia, en tanto la víctima después de que M. le apoyara el destornillador sobre su cuerpo, corrió hacia un colectivo para evadir la situación.

Añadió que además se desconoce el lugar preciso del cuerpo sobre el que M. apoyó el destornillador y la forma en que ese instrumento fue apoyado, pudiendo incluso haberlo hecho de canto.

Por último, refirió que las atenuantes consideradas no tuvieron un efectivo correlato en la sanción finalmente impuesta.

4.3.1.- Al graduar la pena impuesta a M., los jueces del tribunal, tras hacer los mismos reparos que en el caso de E. en cuanto a la división tripartita de la escala penal aplicable en el caso concreto, precisaron que M. fue condenado por el delito de robo agravado por su comisión con arma en grado de tentativa, en calidad de autor, que la escala prevista era de dos años y seis meses a diez años de prisión y que su conducta podía incluirse en el rango de “menor gravedad”, dentro del primer tercio de la escala, pero por encima del término medio de esa categoría, siendo entonces el mínimo de tres años y nueve meses.

Evaluaron como agravante “la circunstancia de que la damnificada haya sido una mujer” porque “ha elegido una víctima que no podría —ni pudo— oponerle resistencia alguna, por la natural diferencia de fuerza física entre una mujer y un hombre, lo que en este caso se ve potenciado por la juventud y la envergadura de M.”; también, que “aprovechó la oscuridad de la noche para cometer el delito, circunstancia que le otorgaba mayores posibilidades de concretar la acción ilícita y obtener su impunidad” y que “no se limitó a esgrimir el arma impropia delante de la damnificada —lo que habría bastado para calificar el hecho como robo con armas— sino que además colocó el punzante destornillador sobre (su) cuerpo”, con lo que “no sólo aumentó el riesgo de provocarle un daño físico, sino que incrementó exponencialmente la intimidación y el natural e innegable daño que un ataque de estas características produce sobre el psiquismo de una joven mujer”.

Luego, tuvieron en cuenta que “es un hombre joven, que sólo ha recibido educación primaria, que comenzó el consumo ininterrumpido de sustancias psicoactivas desde la corta edad de once años, que proviene de una familia desintegrada por la prisión sufrida por ambos progenitores cuando (…) contaba con cinco años de edad, de modo que careció de cualquier tipo de contención afectiva, que pertenece a un sector social de bajos recursos, que no ha tenido jamás un trabajo formal, y cuya historia vital lo ha puesto en una situación de alta vulnerabilidad”, que carece de antecedentes penales y su confesión del hecho.

Así, señalaron que si bien “las circunstancias agravantes de carácter objetivo conducían a imponerle una pena superior a los tres años y nueve meses de prisión, en atención a “las circunstancias atenuantes de carácter personal” era justo imponerle una de tres años y tres meses de prisión.

4.3.2.- Aunque el agravio vinculado a la mensuración de la pena fue planteado de un modo subsidiario al relativo a la calificación legal, razones de economía procesal aconsejan que este tribunal —a partir del cambio de calificación propuesto en el punto anterior— asuma la competencia positiva y resuelva la pena que corresponde imponer en el caso concreto.

Tal solución es posible en virtud de que obran en el expediente elementos suficientes para fijar dicha pena, máxime considerando que ello se encuentra abarcado por la pretensión del recurrente, que las partes han contado con la posibilidad de alegar sobre esta cuestión ante el tribunal de la anterior instancia y que hemos conocido personalmente al imputado, por lo que no se encuentran comprometidos el derecho de defensa y el debido proceso.

Al abordar la crítica relacionada con el monto de la sanción impuesta a E. se han expuesto las pautas que resultan atendibles al establecer las penas en los casos concretos.

Antes de exponer los motivos por los cuales considero que el tribunal omitió tener en consideración dichos parámetros, debo señalar que al acudir a la “división tripartita” y fijar la pena de M. en tres (3) años y tres (3) meses de prisión, los jueces obviaron analizar una circunstancia de suma relevancia, que era la posibilidad de imponer una pena en suspenso, toda vez que se estaba juzgando a una persona sin antecedentes condenatorios y por un hecho cuya real escala penal —prescindiendo de la infundada división a la que acudieron— partía de dos años y seis meses de prisión.

En lo que a este asunto se refiere, en el precedente “Guanca” (7) sostuve, a partir del análisis de la jurisprudencia de la Corte Suprema, que “si bien el texto de la ley parece ajustarse a un criterio conforme al cual sólo se requiere una fundamentación específica cuando lo que se decide es dejar en suspenso el cumplimiento de la pena (art. 26, CP), el máximo tribunal ha establecido que también la imposición de una pena de efectivo cumplimiento —en casos en los que, en principio, procedería una de ejecución condicional— debe ser fundada. Tal doctrina tiene por sustento el derecho de defensa en juicio”.

Asimismo, afirmé que “la necesidad de fundamentación no ha sido (…) el único lineamiento fijado por la Corte” pues “también ha delimitado los parámetros a los que ésta debe ajustarse. Concretamente, se deberá atender a los criterios derivados del fin de prevención especial positiva al que la Corte ha asignado rango constitucional”.

Es claro que el a quo de ningún modo se ha hecho cargo de cumplir con esta carga de fundamentación impuesta por el máximo tribunal, pues ha soslayado tal obligación a través de la construcción pretoriana de una nueva escala penal.

Aunque dicha omisión alcanzaría para invalidar el monto de pena impuesto, la modificación de la calificación a la que se hizo referencia en el punto anterior torna innecesario expedirse en profundidad sobre las críticas que merece la ausencia de fundamentación apuntada, ya que en función del cambio de calificación aludido la nueva escala penal aplicable al caso es muy inferior a la propugnada por el a quo.

En efecto, el mínimo legal previsto para el delito de robo simple tentado es de quince días de prisión; y su máximo, de cuatro años de prisión.

Para determinar el nivel de reproche en el caso concreto, cabe atenerse tanto a la gravedad del injusto cometido como al grado de culpabilidad del agente.

En este sentido, surge que las circunstancias destacadas por el tribunal de grado —que la víctima era mujer, que el hecho se cometió de noche y que el destornillador fue colocado sobre el cuerpo de la damnificada— resultan plausibles, y la parte, más allá de esbozar distintas hipótesis para contrarrestar la incidencia que aquéllas podrían tener en la pena, no ha brindado una fundamentación suficiente que permita desvirtuarlas.

Por otra parte cabe destacar que, según lo tuvo en cuenta el propio tribunal, se trata de “un hombre joven, que sólo ha recibido educación primaria, que comenzó el consumo ininterrumpido de sustancias psicoactivas desde la corta edad de once años, que proviene de una familia desintegrada por la prisión sufrida por ambos progenitores cuando (…) contaba con cinco años de edad, de modo que careció de cualquier tipo de contención afectiva, que pertenece a un sector social de bajos recursos, que no ha tenido jamás un trabajo formal, y cuya historia vital lo ha puesto en una situación de alta vulnerabilidad”, que carece de antecedentes penales y que ha confesado la materialidad y su intervención en el hecho endilgado.

A partir de estas consideraciones, entiendo que resulta adecuada la imposición de una pena de un año y tres meses de prisión a M. en suspenso, en tanto no se advierten razones plausibles que aconsejen una pena de efectivo cumplimiento.

Por ello, propongo al acuerdo hacer lugar al recurso de casación interpuesto por la defensa de M., casar la resolución impugnada en lo que a la calificación legal se refiere, descartar la aplicación de la agravante de uso de armas, encuadrar el hecho atribuido al nombrado en el delito de robo simple tentado e imponerle la pena de un año y tres meses de prisión en suspenso, sin costas.

5.- En función de las consideraciones realizadas, propongo al acuerdo:

I. Hacer lugar parcialmente al recurso de casación interpuesto por la defensa de R. J. E., casar la resolución impugnada en lo que al quantum de pena impuesta se refiere, debiendo modificarse la pena de un año de efectivo cumplimiento dictada por el a quo y fijarla, de conformidad con las pautas ut supra brindadas, en tres meses de prisión de efectivo cumplimiento; rechazar el planteo de inconstitucionalidad del art. 50, CP y declarar inadmisible el agravio de inaplicabilidad de dicho precepto legal, sin costas (arts. 40, 41 y 50, CP y 456, 465, 468, 469, 470, 471, 530 y 531, CPPN).

II. Hacer lugar al recurso de casación interpuesto por la defensa de J. E. M., casar la resolución impugnada en lo que a la calificación legal aplicada se refiere, descartar la aplicación de la agravante de uso de armas, encuadrar el hecho atribuido al nombrado en el delito de robo simple tentado, imponerle la pena de un año y tres meses de prisión en suspenso, y disponer su inmediata libertad en la presente causa, la que deberá hacer efectiva el a quo, practicando las certificaciones correspondientes y eventualmente el acta de rigor, sin costas (arts. 26, 40, 41, 164, CP y 456, 465, 468, 469, 470, 471, 473, 530 y 531, CPPN).

El doctor Sarrabayrouse dijo:

1. Según el modo de examen propuesto en el voto que lidera el acuerdo (punto 2), se analizará en primer lugar el recurso interpuesto en favor de E. y, luego, el introducido en favor de M..

2. En cuanto al primer agravio esgrimido en torno a la arbitrariedad del monto de pena impuesto a E., se adhiere al análisis que efectúa el juez Morin y a la solución que propone (punto 3.5), en tanto coincide con los parámetros desarrollados en los precedentes “Medina” (8), “Ceballos” (9) y “Verde Alva” (10) (entre otros).

Por ende, corresponde casar la sentencia cuestionada en lo que respecta a la sanción impuesta al nombrado y fijar la pena en la de tres meses de prisión de efectivo cumplimiento, atento a que razones de economía procesal y el conocimiento del imputado aconsejan que el caso sea resuelto en esta instancia (arts. 40 y 41, CP; 456 inc. 2°, CPPN).

3. Con relación al planteo de inconstitucionalidad del art. 50, CP, cabe remitirse a los argumentos sostenidos en las causas “Giménez” (11), “Salto” (12) y “Medina” ya citada, entre muchas otras.

Allí se concluyó que la cuestión se encuentra provisoriamente saldada en el ámbito judicial por diversas sentencias de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que en lo sustancial se han referido, de manera invariable, a este tema: “Gómez Dávalos” (Fallos: 308:1938, del 16 de octubre de 1986), “Gelabert” (Fallos: 311: 1209, del 7 de julio de 1987), “Valdez” (Fallos: 311:522, del 21 de abril de 1988), “L’Eveque” (Fallos: 311:1451, del 16 de agosto de 1988), “Gramajo” (Fallos: 329:3680) y fundamentalmente “Arévalo” (causa A.558.XLVI, del 27 de mayo de 2014). Éstos muestran que la Corte Suprema ha mantenido desde 1986 hasta mayo de 2014 una línea constante, en donde se ha pronunciado por la constitucionalidad del instituto, rechazando que afecte el principio de culpabilidad, el ne bis in ídem y la igualdad ante la ley.

Razones de economía procesal aconsejan seguir esta jurisprudencia, pese a nuestra opinión contraria al instituto, principalmente por el etiquetamiento que genera, sin ser necesario aquí ampliar otros fundamentos (13).

Por tal razón, debe rechazarse este planteo, en consonancia con lo propuesto por el colega que votó en primer término.

4. En lo atinente al agravio introducido durante el término de oficina, relativo a la inaplicabilidad de tal instituto en el caso de E., corresponde su tratamiento de acuerdo con lo señalado en los casos “Castañeda Chávez” (14) y “Briones” (15), entre otros.

Asiste razón al recurrente en cuanto a que en el precedente “Salto”16 se dijo, de acuerdo con las etapas en que se divide el régimen penitenciario según la ley 24.660, que el período de prueba aparece como aquél en el que el condenado evidencia un avance en su tratamiento.

Sin embargo, en este caso la defensa no ha introducido la cuestión de forma adecuada y oportuna.

En efecto, y en primer lugar, el defensor alude en su escrito a una comunicación telefónica con personal del Servicio Penitenciario Federal a través de la cual se le habría informado la fase alcanzada por su pupilo al agotar la pena anterior que cumplió (fs. 702); pero en realidad la parte omitió aportar al tribunal las debidas constancias para acreditar la información alegada y no indicó si ella constaba en el legajo de ejecución de E..

Pero además, y más importante aún, la doctrina de la causa “Salto” cuya aplicación reclama el recurrente fue resuelta con anterioridad al dictado de la sentencia recaída en estas actuaciones, con lo cual no se aprecia —ni la defensa explica— la razón por la cual el planteo no fue introducido con anterioridad, ante el tribunal del juicio, quien se encontraba en mejores condiciones para evaluar el pedido efectuado.

En distintos precedentes se ha señalado que en el recurso de casación deben revisarse todos los agravios que resulten verosímiles (17); pero que ello no significa transformar al tribunal que examina la condena en una jurisdicción de consulta. Como se dijo en la causa “Prado” (18), la competencia de esta cámara es apelada y revisora, lo cual implica que en todos los casos únicamente pueden escrutarse los agravios oportuna y concretamente planteados, según los términos del art. 463, CPPN.

Aquí, no puede pasarse por alto que la cuestión introducida en el recurso no surgió por primera vez, o de modo sorpresivo, en la sentencia del tribunal a quo. Así, y como ya se dijo, no se advierte ni ha sido alegado algún motivo que dispense de la carga del planteamiento oportuno del asunto, con lo cual este agravio debe ser rechazado.

5. Ya con respecto al recurso interpuesto en favor de M., se comparte la conclusión a la que arriba el juez Morin en el punto 4.2.2 de su voto en cuanto a la errónea aplicación del art. 166 inc. 2°, primer párrafo, CP. Lo cierto es que un destornillador como el empleado en el caso no queda comprendido dentro de la noción de arma en los términos expuestos en el precedente “Cordero” (19), donde se desechó el concepto extensivo de arma impropia y se indicó que la mayor gravedad que el hecho reconoce debe ser valorada al momento de fijar la pena.

6. Finalmente, el cambio de calificación legal del hecho determina la necesidad de fijar una nueva sanción a M..

En tal sentido, más allá de las críticas que la defensa formula hacia la fundamentación de la pena escogida y de acuerdo con los parámetros expuestos por el juez Morin en su voto con respecto a las atenuantes y agravantes del caso, dada la impresión y el conocimiento personal de M. en la audiencia celebrada en esta instancia en los términos del art. 41, CP (fs. 723) y la nueva escala penal, se considera adecuado imponer la pena de un año y tres meses de prisión en suspenso. En definitiva, se concuerda también aquí con la solución del juez que sufragó en primer término.

7. En consecuencia, corresponde hacer lugar parcialmente al recurso interpuesto en favor de E., casar la sentencia impugnada en lo que a la sanción respecta, imponer al nombrado la pena de tres meses de prisión de efectivo cumplimiento, y rechazar el agravio relativo a la constitucionalidad y aplicación del art. 50, CP; sin costas. Asimismo, corresponde hacer lugar al recurso interpuesto en favor de M., casar la sentencia cuestionada en lo que a la calificación legal se refiere, encuadrar el hecho endilgado al mencionado en el delito de robo simple en grado de tentativa, e imponerle la pena de un año y tres meses de prisión en suspenso; sin costas (arts. 26, 40, 41, 42, 44, 50 y 164, CP; 456 inc. 1° y 2°, 465, 468, 469, 470, 471, 530 y 531, CPPN).

El doctor Días dijo:

En lo concerniente al tratamiento del recurso presentado por E. adhiero a la solución propuesta por el juez Morin especialmente en los puntos 3.3, 3.4 y 3.5, toda vez que comparto su argumentación relativa a que los hechos que se tuvieron por acreditados en el juicio, mal pueden ser considerados de una gravedad media. Ello así, en la medida que este juicio penal ha versado sobre dos apoderamientos ilegítimos de dos camperas, cometidos en circunstancias temporales que el frío se hace sentir y que tuvieron como sujeto activo a una persona inmersa en una marcada situación de vulnerabilidad. Dichas circunstancias, observadas objetivamente tanto desde el disvalor de resultado, como desde el disvalor de acto que integran el injusto típico, carecen de entidad suficiente para superar la caracterización de criminalidad leve, a lo que cabe adicionar la debida reducción punitiva que corresponde hacer en este caso, dado el escaso o nulo reproche de culpabilidad que el agente revela en razón de sus difíciles condiciones de vida. Por todo ello, resulta adecuado al juicio de culpabilidad por el hecho la propuesta del juez Morin de fijar la pena a imponer al encartado en tres meses de prisión de cumplimiento efectivo, a lo que adhiero por compartir sus fundamentos y en razón de mis consideraciones aquí vertidas.

En cuanto al planteo de inconstitucionalidad del Art. 50 del CP, adhiero al voto del citado juez, que lo rechaza, por compartir los argumentos desarrollados por el colega en el punto 3.6 de sus considerandos, con remisión a la jurisprudencia que allí se cita.

Finalmente, en respuesta al agravio relativo a la improcedencia de la declaración de reincidencia en este caso, a mi modo de ver corresponde su rechazo ante el relevamiento que el causante al momento de la comisión del hecho había cumplido pena de efectivo encierro, en calidad de penado, con independencia de su duración, lo que resulta indiferente.

De otro lado, y abordando el tratamiento del recurso del consorte de causa M., habré de disentir con las propuestas de mis colegas de sala en lo concerniente a la correcta calificación legal de los hechos probados en la causa. En particular, y encontrándose sellada la cuestión, diré brevemente que tengo opinión formada en cuanto a que el vocablo “arma” constituye un elemento valorativo, también denominado empírico cultural, del tipo objetivo del Art. 166.2 del CP; de manera tal que su aplicación a los casos penales se resuelve de manera tópica, atendiendo al fundamento de la agravante, consistente en que el empleo del instrumento utilizado para llevar a cabo el atentado a la propiedad ajena lleve implícito un concreto peligro objetivo para la integridad física del sujeto pasivo, dadas las episódicas circunstancias de realización, la estructura de dicho instrumento y la forma de empleo que materializó el sujeto activo. Llevada esa conceptualización a este caso, advierto que aquí se trata de un sujeto que para amedrentar a la víctima, apoya sobre su humanidad un destornillador de punta de apreciables dimensiones, poniéndola en riesgo; con lo que a mi ver se da la caracterización antes señalada, y la agravante resulta aplicable.

Así las cosas, resulta abstracto que me expida sobre la pena a imponer, con lo que aquí doy por finalizado mi voto, en el sentido antes expresado.

En función del acuerdo que antecede, la Sala II de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, resuelve: I. Por unanimidad, Hacer lugar parcialmente al recurso de casación interpuesto por la defensa de R. J. E., Casar la sentencia impugnada en lo que a la sanción impuesta se refiere, Imponer al nombrado la pena de tres meses de prisión de efectivo cumplimiento; Rechazar el planteo de inconstitucionalidad del art. 50, CP; y, por mayoría, Rechazar el agravio de inaplicabilidad del art. 50, CP efectuado; sin costas (arts. 40, 41 y 50, CP; 456, 465, 468, 469, 470 y 471, 530 y 531, CPPN).

II. Por mayoría, Hacer lugar al recurso de casación interpuesto por la defensa de J. E. M., Casar la sentencia cuestionada en lo que a la calificación legal aplicada se refiere, Calificar el hecho endilgado al nombrado en el delito de robo simple en grado de tentativa, Imponerle la pena de un año y tres meses de prisión en suspenso, y Disponer su inmediata libertad en la presente causa, la que deberá hacer efectiva el a quo, practicando las certificaciones correspondientes y eventualmente el acta de rigor, sin costas (arts. 26, 40, 41, 50 y 164, CP; 456, 465, 468, 469, 470, 471, 473, 530 y 531, CPPN). Regístrese, notifíquese, oportunamente comuníquese (Acordada 15/13 CSJN; Lex 100), y remítase al tribunal de procedencia, sirviendo la presente de atenta nota. — Daniel Morin. — Eugenio C. Sarrabayrouse. — Horacio Días.

(1) Causa N° 23135/2014, rta. el 17/10/2016, reg. N° 820/16.

(2) CSJN, Fallos: 328:4343.

(3) Cfr. Ziffer, Patricia, Lineamientos de la determinación de la pena, AdHoc, 2° ed., Buenos Aires, 2013, p. 155/158. Esta autora propone valorar, bajo ciertas condiciones, la existencia de antecedentes condenatorios como atenuante.

(4) Causa N° 49723/13, rta. el 08/10/2015, reg. N° 535/15.

(5) Causa N° 17733/12, rta. el0 3/09/2015, reg. N° 406/15.

(6) Causa N° 19797/08, rta. el 18/09/2015, reg. N° 471/15.

(7) Causa N° 31036/2011, rta. el 20/02/2017, reg. N° 87/2017.

(8) Sentencia del 03/09/2015, Sala II, jueces Bruzzone, Sarrabayrouse y Morin, registro N° 406/15.

(9) Sentencia del 03/09/2015, Sala I, jueces García, Días y Sarrabayrouse, registro N° 407/15.

(10) Sentencia del 22/05/2017, Sala II, jueces Niño, Sarrabayrouse y Morin, registro N° 399/17.

(11) Sentencia del 10/07/2015, Sala I, jueces García, Días y Sarrabayrouse, registro N° 238/15.

(12) Sentencia del 27/08/2015, Sala II, jueces Bruzzone, Sarrabayrouse y Morin, registro N° 374/15.

(13) Cfr. Maier, Julio B. J., Derecho procesal penal. Parte General, T. 1, 2ª ed., Buenos Aires, 1996, ps. 640 – 647, en particular, ps. 644 y sigs. Con anterioridad al fallo “Arévalo” citado, se resolvió esta cuestión en los casos “Sandoval” del 15/11/2004 y “Miranda Díaz” del 27/08/2013 como integrante del Tribunal de Juicio en lo Criminal del Distrito Judicial Norte, provincia de Tierra del Fuego. En el último caso mencionado, se compartió una posición diferente a la sustentada por la Corte Suprema.

(14) Sentencia del 18/11/2015, Sala II, jueces Bruzzone, Sarrabayrouse y Morin, registro N° 670/15.

(15) Sentencia del 23/10/2015, Sala III, jueces Jantus, Garrigós de Rébori y Sarrabayrouse, registro N° 580/15.

(16) Sentencia del 27/08/2015, Sala II, jueces Bruzzone, Morin y Sarrabay rouse, registro N° 374/15.

(17) Sentencia del caso “Briones” ya citada, entre otras.

(18) Sentencia del 01/12/2016, Sala II, jueces Sarrabayrouse, Niño y Morin, registro N° 965/16.

(19) Sentencia del 30/10/2015, Sala I, jueces García, Días y Sarrabayrouse, registro N° 605/15.