El juez de grado dispuso no aceptar el poder especial otorgado por la actora en una acción de daños por entender que debía otorgarse en escritura pública. La Cámara revocó el decisorio.

Sumarios

El poder especial conferido por la actora resulta suficiente a fin de que el letrado la represente sin ser necesario su otorgamiento por escritura pública, pues, a pesar de lo normado por el art. 47 del Código Procesal Civil y Comercial, tal exigencia no encuentra sustento en el art. 1017, inc. d del Código Civil y Comercial, en consonancia con el art. 362 del mismo ordenamiento, máxime cuando una ley procesal no puede crear para actos jurídicos formas instrumentales que la ley sustancial no prevé.

Fallo

“B. O. A. C/ R. F. H. y otros S/ DAÑOS

Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE

(EXC.ESTADO)”

Expte.: SI-35192-2016 (J. 8)

Registro Nº 286

1

San Isidro, 27 de Junio de 2017.

I. Al iniciar la presente acción la actora confirió, en

el mismo escrito de inicio, poder especial a favor del letrado

C. M. G. para que la represente en este juicio (fs. 26/27).

El Juez de Primera Instancia dispuso no aceptar el

poder en tales términos por entender que debe otorgarse por

escritura pública (fs. 28).

Lo resuelto fue apelado por la actora por vía

subsidiaria de la revocatoria denegada a fs. 32, fundando su

recurso en el escrito de interposición (fs. 29/31).

Manifiesta que el Código Civil y Comercial consagra el

principio de libertad de formas, por lo cual para la

acreditación del mandato para intervenir en juicio no resulta

necesario el otorgamiento mediante instrumento público.

Expresa, asimismo, que tampoco podrá exigirse la

ratificación del mandato presentado, ya que ello no se

encuentra sustentado en normativa legal alguna.

II. En primer término, debe destacarse que el artículo

1015 del Código Civil y Comercial de la Nación prevé, respecto

a los contratos, la libertad de formas (Causas de esta Sala

nº 12098/2008 “F. M. del P. c/ Ocupantes de P. s/ acciones

posesorias” sent. de 6-12-2016 y nº 9392/2010 “G., G. M. c/

F. M. E. s/ petición de herencia” sent. de 6-12-2016).

En efecto, para otorgar validez a un acuerdo no resulta

necesario cumplir con formalidad alguna, bastando la sola

manifestación de voluntades con los requisitos establecidos

para la formación del consentimiento. La categoría de los

contratos formales es la excepción, debiendo sujetarse al

cumplimiento de solemnidades cuando éstas fueron impuestas

legalmente o asumidas por acuerdo de las partes (Lorenzetti,

2

Ricardo Luis, “Código Civil y Comercial de la Nación,

comentado”, Rubinzal Culzoni Editores, T° V, pág. 762).

En consonancia con la vigencia del principio de

autonomía de la voluntad, la regla es que para la validez de

un acuerdo no resulta necesario cumplir con formalidad

alguna, bastando la sola manifestación de voluntades con los

requisitos establecidos para la formación del

consentimiento. Por ello, el criterio general del

ordenamiento jurídico es que los contratos son no formales

como regla y sólo deben cumplir exigencias de forma por

excepción, cuando ellas provienen impuestas por ley o por el

acuerdo de las partes (Lorenzetti, Ricardo Luis, “Código

Civil y Comercial de la Nación, comentado”, Rubinzal Culzoni

Editores, T° V, pág. 763).

En cuanto al mandato judicial, siendo su objeto la

representación en juicio, ya sea por poder general o especial

y al sólo efecto de ejercer los actos procesales necesarios,

resultaría suficiente con la manifestación de voluntad de la

parte otorgante de ser representada por el letrado que señale

(CACC, Dolores, Causa “F.,T. s/ Sucesión” sent. de 4-4-2016).

Por otra parte, debe resaltarse que las Provincias han

delegado la facultad de dictar el Código Civil y Comercial

al Congreso de la Nación y teniendo en cuenta el carácter

netamente procesal de las reglas que sobre la acreditación

del mandato establece el artículo 47 del CPCC (que fuera

redactado en consonancia con el articulado del anterior Cód.

Civ., art. 1184, inc. 7), no resulta admisible que la

legislación local limite el alcance establecido por la

normativa de fondo (arts. 31 y 75, inc. 12, de la C.N.; CACC,

La Plata, causa “Sciatore c/ Rossini s/ Ds. y Ps.” sent. de

16-6-2016).

3

No puede entenderse de la prescripción del artículo 47

del CPCC, que ha sido dictado con anterioridad y no ha sido

reformado desde la sanción del CCCN, que el modo de acreditar

la personería sea a través de la presentación de la pertinente

escritura pública, lo que actualmente no encuentra sustento

en el artículo 1017, inc. “d”, del Código Civil y Comercial

de la Nación, coordinado con el artículo 362 del mismo cuerpo

legal. Ello pues, una ley procesal no puede crear para actos

jurídicos, formas instrumentales que la ley sustancial no

prevé (arts. 5, 31, 75 –inc. 12-, 121 y 126 C.N.). Es decir,

la Provincia no puede imponer las formas a los contratos,

cuando ellas no están previstas en la ley nacional que regula

sobre la materia delegada. Por ello se juzga inadmisible

exigir que se formalice un poder judicial en escritura

pública (CACC, La Plata, causa “S. c/ R. s/ Ds. y Ps.” sent.

de 16-6-2016).

Tampoco podrá exigirse la ratificación del mandato

presentado, ya que ello no se encuentra sustentado en

normativa legal alguna que lo imponga, tal como fuera

resuelto por esta Sala (causa nº 20532/2016, “L. c/ A. s/ Ds.

y Ps.”, sent. del 20-9-2016).

De acuerdo a todo lo expresado, el poder especial

conferido en el escrito obrante a fs. 26/27 resulta

suficiente a fin de que el letrado de la actora la represente

en juicio, sin ser necesario su otorgamiento por escritura

pública.

En consecuencia, deberá revocarse en este sentido la

resolución apelada.

Cabe destacar que igual pronunciamiento tuvo esta Sala

al momento de expedirse sobre idéntica cuestión en los autos

entre las mismas partes, sobre beneficio de litigar sin

4

gastos (causa nº 35.192/2016 “B., O. c/ R., F. H. s/ Beneficio

de litigar sin gastos” sent. del 11-5-2017).

No se impondrán costas dado a la naturaleza de la

cuestión resuelta (art. 68 del C.P.C.C.).

III. Por lo expuesto, este Tribunal Resuelve:

a. Revocar la resolución apelada, aceptando el poder

otorgado en el escrito de fs. 26/27.

b. No imponer costas.

Regístrese y devuélvase.

Carlos Enrique Ribera Hugo O. H. Llobera

Juez Juez

Santiago Lucero Saa

Auxiliar Letrado