Tribunal: Corte Suprema de Justicia de la Nación(CS)
Fecha: 03/10/2017
Partes: El Fundador SRL c. AFIP-DGI s/ acción contencioso administrativa
Publicado en: LA LEY 13/11/2017, 13/11/2017, 10 – LA LEY 04/12/2017, 04/12/2017, 12

Una SRL interpuso una medida cautelar tendiente a que la AFIP-DGI se abstuviera de iniciar acciones judiciales, administrativas o de aplicarle sanción alguna con sustento en la resolución 246/12 (DI RTUC), determinativa de sus obligaciones en relación con el impuesto a las ganancias. En ambas instancias se hizo lugar a la medida. Venido a conocimiento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el Máximo Tribunal revocó la sentencia apelada.

Sumarios

La sentencia que concedió una cautelar tendiente a que la AFIP-DGI se abstuviera de iniciar acciones judiciales, administrativas o de aplicarle sanción alguna con sustento en la resolución 246/12 (DI RTUC), determinativa de las obligaciones de una SRL en relación con el impuesto a las ganancias, debe ser revocada, pues fue otorgada con el solo respaldo de las afirmaciones del contribuyente que carecen del necesario apoyo probatorio (del dictamen de la procuradora fiscal que la Corte hace suyo).

La ley 11.683 establece que los actos que impongan sanciones o determinen tributos son susceptibles de recurso de reconsideración por ante el funcionario superior del organismo recaudador o bien de recurso de apelación por ante el Tribunal Fiscal de la Nación —art. 76, incs. a) y b)—, razón por la cual, si el contribuyente optó por la primera de las vías mencionadas, ello obsta a que luego pueda acudir al mencionado tribunal, ya que los referidos medios impugnatorios son excluyentes entre sí (de la doctrina de la Corte sentada en “Compañía de Circuitos Cerrados” —Fallos: 333:161; AR/JUR/6500/2010— a la cual remite).

Texto Completo: Dictamen de la Procuradora Fiscal
– I –
A fs. 172/174 vta. de los autos principales (que corren agregados ‘por cuerda a este recurso de hecho), el Juez Federal de Santiago del Estero hizo lugar a la medida cautelar solicitada por El Fundador SRL y, en consecuencia, ordenó a la AFIP-DGI que se abstuviera de iniciar acciones judiciales, administrativas o de aplicar sanción alguna a la actora con sustento en la resolución 246/12 (DI RTUC), del 05/09/2012. Asimismo, ordenó que el Fisco se abstenga de iniciar el cobro compulsivo de la deuda intimada en dicha resolución, y de tomar cualquier medida que en forma directa o indirecta afecte su derecho de propiedad, en especial el embargo en cuentas bancarias, hasta tanto se dicte sentencia en cuanto al fondo.
Para así decidir, tuvo en consideración que la AFIP había determinado de oficio el impuesto a las ganancias, en el rubro “salidas no documentadas”, por los períodos 9/2007 a 12/2008, mediante la resolución DO 33/2012 (DV RTUC). Y que, posteriormente, la empresa contribuyente interpuso el recurso jerárquico previsto en el art. 76, inc. a), de la ley 11.683 (t.o. en 1998 y sus modificaciones), el que fue resuelto con la mencionada resolución 246/2012, confirmatoria de la anterior. En tales condiciones, inició la demanda contenciosa en los términos de los arts. 23, 25 y cc. de la ley 19.459. En síntesis, la actora cuestionó el acto de la AFIP en cuanto éste observó ciertos gastos que, en su momento, habían sido aprobados y reconocidos por ella.
Sostuvo dicho magistrado que, en cuanto a la verosimilitud del derecho invocado, ella está acreditada en las actuaciones, y lo mismo con relación al requisito del peligro en la demora, dado por la posibilidad de que se inicie el proceso para el cobro compulsivo de la acreencia determinada de oficio, circunstancia que generaría en la actora un menoscabo patrimonial grave, que le impediría seguir operando en el mercado.
– II –
La Cámara Federal de Tucumán confirmó la decisión de la instancia anterior en la resolución que luce a fs. 204/205 vta. del incidente de apelación (que también corre agregado por cuerda a esta queja).
Sostuvo, en síntesis, que está demostrada la verosimilitud del derecho alegada, teniendo en cuenta el plexo normativo aplicable y que la propia resolución impugnada menciona que el achaque que realiza el Fisco no se debe a falencias o incumplimiento en las formalidades relativas a las facturas emitidas por los proveedores de la actora, sino a que éstos no habrían sido los auténticos prestadores de los servicios cuyos gastos descontó para el cálculo de su impuesto a las ganancias.
Por otro lado, sostuvo, al igual que el juez anterior, que está presente el peligro de un daño irreparable en caso de no otorgarse la cautela requerida.
– III –
Disconforme, la AFIP interpuso el recurso extraordinario de fs. 213/236, cuya denegación obrante a fs. 244 (todas del incidente mencionado) dio origen a esta presentación directa.
En primer lugar, indicó que el pronunciamiento apelado no ha estudiado correctamente la concurrencia en la especie de la apariencia de buen derecho. Agregó que las consecuencias que se derivan de la decisión tomada por la Cámara exceden el mero interés de las partes, al afectar de manera directa el de la comunidad, en razón de que se está impidiendo la normal percepción de la renta pública.
Destacó, en síntesis, que la sentencia recurrida tampoco verificó de manera adecuada la existencia del peligro en la demora, tal como es exigido para la concesión y subsistencia de las cautelares.
– IV –
Tiene dicho la Corte que las resoluciones que se refieren a medidas precautorias, ya sea que las ordenen, modifiquen o extingan, no autorizan el otorgamiento del recurso extraordinario ya que no revisten, en principio, el carácter de sentencias definitivas (Fallos: 300:1036; 308:2006, entre otros). Sin embargo, cabe hacer excepción a dicha regla en los casos en que lo resuelto excede el interés individual de las partes y atañe también a la comunidad toda, en razón de su aptitud para perturbar la oportuna y tempestiva percepción de las rentas públicas (arg. Fallos: 268:126; 297:227; 298:626; 312:1010; 313:1420; 318:2431; 319:1317, entre otros).
Adelanto que, a mi entender, las referidas circunstancias excepcionales se verifican en la especie y que, además, los agravios de la quejosa suscitan cuestión federal suficiente para habilitar la vía extraordinaria, toda vez que lo resuelto no constituye derivación razonada del derecho vigente con particular y pormenorizada aplicación a las circunstancias de la causa (Fallos: 318:2431).
La viabilidad de las medidas precautorias, es sabido, se halla supeditada a que se demuestre tanto la verosimilitud del derecho invocado como el peligro en la demora (art. 230 del Cód. Proc. Civ. y Com. de la Nación) y, dentro de aquéllas, la innovativa es una decisión excepcional porque altera el estado de hecho o de derecho existente al tiempo de su dictado, habida cuenta de que configura un anticipo de jurisdicción favorable respecto del fallo final de la causa, lo que justifica una mayor prudencia al apreciar los recaudos que hacen a su admisibilidad (Fallos: 316:1833; 320:1633; 325:2347, entre muchos otros). Los aludidos recaudos son análogos a los establecidos en la ley 26.854.
En lo que respecta al sub examine, a mi modo de ver, la medida cautelar en crisis fue otorgada con el solo respaldo de las afirmaciones de la parte actora, las cuales, a su vez, carecen del necesario apoyo probatorio.
Por una parte, en lo que hace al requisito del peligro en la demora, observo que la sentencia apelada no tiene más basamento que los meros dichos del contribuyente referidos a que la ejecución del acto impugnado le generaría un menoscabo o perjuicio de tal gravedad que no le permitiría operar en el mercado, y que implicaría el cierre de la fuente de trabajo de un número importante de familias (ver fs. 174 del cuerpo principal y fs. 204 bis vta. del incidente de apelación). Sin embargo, tales asertos de las sentencias recaídas en autos no halla respaldo en elemento probatorio alguno aportado por el particular, quien no intentó demostrar los fundamentos de su dichos en este sentido. De allí se desprende la falta de este elemento esencial para el otorgamiento de una medida precautoria como la solicitada (arg. Fallos: 325:2347 y 327:2330).
Y, por otra parte, y sin que ello implique avanzar opinión respecto del fondo del asunto, estimo que, contrariamente a lo afirmado por las instancias de grado, la posición de la actora no está cobijada por la apariencia de buen derecho. En efecto, con respecto al instituto del art. 37 de la Ley del Impuesto a las Ganancias, tiene dicho V.E. en Fallos: 326:2987 y en la causa 1135, L.XLV, “Interbaires SA (TF 15.828-I) c. DGI”, del 27/09/2010, que debe interpretarse que una salida de dinero carece de documentación tanto cuando no hay documento alguno referente a ella, como en el supuesto en que si bien lo hay, el instrumento carece de aptitud para demostrar la causa de la erogación e individualizar —al tratarse de actos carentes de sinceridad— a su verdadero beneficiario.
Ello remite, necesariamente, a una cuestión de hecho y prueba que habrá de determinarse en cada caso, sin que parezca suficiente, en mi opinión y ni siquiera dentro del estrecho marco de conocimiento de una medida cautelar, que la apariencia de buen derecho pueda surgir, como lo sostuvieron las instancias anteriores, “teniendo en cuenta las disposiciones legales en juego, y las actuaciones que sirvieron de base al dictado de los actos administrativos (…)” (ver fs. 173 vta. del cuerpo principal), o bien “teniendo en cuenta el plexo normativo en cuestión y la propia resolución en crisis” (ver fs. 204 bis, in fine, del incidente de apelación). En efecto, estimo que estos elementos resultan harto insuficientes como para respaldar la tesitura adoptada, la que no comparto.
Como conclusión de lo hasta aquí dicho, entiendo que la decisión apelada resulta descalificable como acto judicial válido, a la luz de la conocida doctrina de la Corte elaborada en torno a las sentencias arbitrarias (Fallos: 312:1150; 314:740; 318:643; 324:2009, entre otros).
Por último, debo recordar que el criterio de amplitud en la concesión de medidas como la solicitada en autos dista del utilizado por la Corte, que ha dicho con firmeza, en reiteradas oportunidades, que el examen de la procedencia de tales cautelas ha de efectuarse con particular estrictez, atento a la afectación que producen sobre el erario público (Fallos: 313:1420; 318:2431, entre muchos otros), pues la percepción de las rentas del Tesoro —en el tiempo y modo dispuestos legalmente— es condición indispensable para el regular funcionamiento del Estado (Fallos: 235:787; 312:1010).
– V –
En virtud de lo aquí dicho, opino que corresponde declarar admisible la queja, hacer lugar al recurso extraordinario deducido y dejar sin efecto la sentencia apelada. Buenos Aires, 29 de mayo de 2015. – Laura M. Monti.
Buenos Aires, octubre 3 de 2017.
Considerando:
Que las cuestiones planteadas han sido correctamente examinadas en el dictamen de la señora Procuradora Fiscal, a cuyos fundamentos corresponde remitir, por razones de brevedad.
A lo expresado en el referido dictamen, cabe agregar que, desde el punto de vista procesal en la presente causa se plantea una cuestión análoga a la considerada por esta Corte en la causa “Compañía de Circuitos Cerrados” (Fallos: 333:161), en la medida en que en ambos casos las demandas fueron deducidas contra resoluciones dictadas por la AFIP a raíz de recursos de reconsideración interpuestos por los contribuyentes, en los términos del art. 76, inc. a), de la ley 11.683 contra resoluciones determinativas de sus respectivas obligaciones tributarias. Al ser ello así, la doctrina establecida en el citado precedente obsta —en el ámbito provisional propio de esta etapa liminar del pleito— a que pueda tenerse por configurado el recaudo de la verosimilitud del derecho, exigible para la procedencia de la medida cautelar.
Por ello, de conformidad con lo dictaminado por la señora Procuradora Fiscal, se hace lugar a la queja, se declara procedente el recurso extraordinario y se revoca la sentencia apelada. Con costas. Agréguese la presentación directa a los autos principales, notifíquese y devuélvanse las actuaciones al tribunal de origen. —Elena I. Highton de Nolasco. — Juan C. Maqueda. — Carlos F. Rosenkrantz. — Horacio D. Rosatti.