Proyecto de Ley de Revalúo de Activos y de Impuesto Especial

Muguerza, Lucía Mabel

I. Breve reseña de las medidas adoptadas en los impuestos a los réditos y a las ganancias
para neutralizar los efectos de la inflación.— II. Comentarios sobre el proyecto.

I. Breve reseña de las medidas adoptadas en los impuestos a los réditos y a las
ganancias para neutralizar los efectos de la inflación
El proyecto de ley elevado al Congreso de la Nación por el Poder Ejecutivo Nacional a
través del Mensaje Nº 2017-93-APN-PTE de fecha 14 de septiembre pasado y cuyas normas
establecen la aplicación de un mecanismo de revalúo de determinados activos y un impuesto
especial que regirá por única vez, no es una medida novedosa pues, con similar esquema, en
1960 y 1967 se sancionaron, respectivamente, las leyes 15.272 (1) y 17.235 (2).
Estas últimas —al igual que el proyecto sometido a consideración del Parlamento— eran
optativas y contenían también normas destinadas a la revaluación de ciertos activos a la par que
creaban un gravamen especial, argumentando que el incremento del costo de dichos bienes
producto del revalúo incidiría en la determinación de períodos futuros del impuesto a los
réditos, entre otros gravámenes, reduciendo su base imponible. En el ámbito de este último
impuesto, la corrección monetaria no se agotó con la aplicación de las referidas leyes pues la
ley 19.409 (3) estableció la actualización de la cuota de amortización anual de bienes de uso
mediante la aplicación del índice de precios mayoristas no agropecuarios suministrados por el
INDEC.
La historia que vino después puede sintetizare señalando que en el ámbito del impuesto a las
ganancias, hacia fines de la década del 70 se sancionó la ley 21.894 (4) que incorporó a la ley
del gravamen un mecanismo de ajuste integral por inflación de carácter estático que en la
década siguiente fue modificado por la ley 23.260 (5) para transformarlo en dinámico. A fines
de la década del 80 la indexación se había extendido a todo tipo de operaciones, quienes quiera
que fueran las partes intervinientes, como también a las prestaciones de cualquier naturaleza
adeudadas al y/o por el estado, incluidas las de índole tributaria. La hiperinflación que se
desató en esa época destruyó totalmente la moneda de curso legal de entonces y fue superada
temporalmente mediante un régimen de conversión de la moneda estatuido por la Ley 23.928
de Convertibilidad (6), cuyas disposiciones impiden hasta nuestros días —con escasas
excepciones— la aplicación de mecanismos de indexación.
No obstante, en lo que respecta a la corrección del valor de los bienes con fines tributarios
como también los índices indicados en la ley del tributo para el cálculo del ajuste referido, fue
recién la ley 24.073 (7), art. 39, la que estableció que tales actualizaciones serían aplicables
considerando las variaciones operadas hasta el mes de marzo de 1992 momento a partir del
cual, puede decirse, quedaron prohibidas.
El estallido de la convertibilidad hacia fines de 2001 derivó en un significativo incremento
en los precios de los bienes y servicios. Si bien la variación se estabilizó prácticamente de
inmediato, a partir de 2007 comenzó un proceso inflacionario que se extiende hasta el presente
y es el que motiva el proyecto promovido por el PEN y cuyo articulado, en parte, se analiza a
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continuación y como se verá, no se agota en el mecanismo de revalúo y el tributo especial
citados sino que trae importantes novedades, v.gr., respecto de las condiciones en las que será
de aplicación el ajuste por inflación establecido por el Título VI de la ley de impuesto a las
ganancias (8).

II. Comentarios sobre el proyecto
Consta de tres Títulos. El primero regula el revalúo impositivo y la creación del impuesto
especial abarcando los arts. 1º a 15; el segundo se refiere al revalúo contable, arts. 16 a 19 y el
tercero introduce modificaciones en la ley de impuesto a las ganancias, arts. 20 a 22. En su art.
23 se dispone que a los efectos de las normas proyectadas no resulta de aplicación el art. 10 de
la ley de convertibilidad.
II.1. Modificaciones en la Ley de Impuesto a las Ganancias. Supuestos en los que se
rehabilita el procedimiento de actualización
De conformidad a la normativa proyectada, dicha rehabilitación se instrumenta mediante
las disposiciones de los arts. 10 y 20 a 22, estos últimos modifican los arts. 58, 89 y 95 de la ley
de impuesto a las ganancias, modificaciones que se reiteran en la extensa reforma tributaria
mencionada en la nota 8 que, respecto del texto del art. 58 contenido en el proyecto de revalúo,
presenta ciertas variantes a las que nos referimos más adelante.
Veamos en primer lugar las reformas que se incorporarían en la referida ley empezando por
el art. 21 cuyas disposiciones sustituyen el texto de los dos párrafos del arts. 89. Según esa
modificación, el primer párrafo establece que las actualizaciones de la ley del tributo se
practicarán de acuerdo con el art. 39 de la ley 24.073 y el segundo párrafo indica que sin
perjuicio de lo dispuesto en el primer párrafo y siempre que se trate de adquisiciones o
inversiones efectuadas en los ejercicios fiscales que se inicien a partir del 01/01/2018, las
actualizaciones de los artículos que se describen seguidamente. Se realizarán sobre la base de
las variaciones porcentuales del índice de precios internos al por mayor (IPIM) que suministre
el INDEC.
Las adquisiciones e inversiones a que se refiere el párrafo anterior son las comprendidas en
los arts. 52 y 55 —valuación de bienes de cambio— (9); arts. 58 a 62 regulatorios,
respectivamente, del costo computable a los efectos de la determinación de la ganancia bruta
de: 1) bienes muebles amortizables, 2) inmuebles que no tengan el carácter de bienes de
cambio, 3) bienes inmateriales, 4) acciones, cuotas y participaciones sociales y 5) señas o
anticipos que congelen el precio de los bienes de los arts. 58 a 61; art. 67 —venta y
reemplazo— y arts. 75, 83 y 84, referidos, respectivamente, al cálculo del agotamiento de
minas y canteras y a la amortización de inmuebles y de bienes que no lo sean.
Por su parte los arts. 20 y 22 consagran dos medidas que se vinculan con el procedimiento
de ajuste por inflación del Título VI de la ley del impuesto. Mediante el mencionado art. 22 se
incorporan dos párrafos en el art. 95 el primero de los cuales prevé bajo qué requisitos será de
aplicación dicho ajuste y el segundo a partir de qué ejercicios fiscales rige (10).
En cuanto al citado art. 20 —modificatorio del art. 58— destacamos que en el proyecto de
ley de revalúo, su texto exhibe deficiencias tanto en el encabezamiento como en la parte
dispositiva. No obstante, cabe mencionar que en la amplísima reforma tributaria a que se hizo
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mención se corrigieron el encabezamiento y se unificaron los dos párrafos que prevé la norma
proyectada y que para mayor ilustración transcribimos seguidamente.
“ART. 20.- Modifícase el penúltimo párrafo del art. 58 de la ley de Impuesto a las
Ganancias, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones, por el siguiente:
“Las sujetos que deban efectuar el ajuste por inflación establecido en el Título VI, para
determinar el costo computable, actualizarán los costos de adquisición, elaboración, inversión
o afectación hasta la fecha de cierre del ejercicio anterior a aquel en que se realice la
enajenación. Asimismo, cuando enajenen bienes que hubieran adquirido en el mismo ejercicio
al que corresponda la fecha de enajenación, a los efectos de la determinación del costo
computable, no deberán actualizar el valor de compra de los mencionados bienes.
“Estas disposiciones resultarán aplicables en caso de verificarse las condiciones previstas
en los dos últimos párrafos del art. 95 de la presente ley. En caso de no cumplirse tales
condiciones resultarán aplicables las previsiones dispuestas en el párrafo precedente”.
Al respecto, cabe señalar que en atención a que la idea que se desprende del proyecto es que
el procedimiento de ajuste por inflación se aplique cuando se den las condiciones de los dos
párrafos incorporados al art. 95 y en tanto ello no ocurra la ganancia bruta proveniente de la
enajenación de bienes que no posean la calidad de bienes de cambio, deberá calcularse
computando los costos de adquisición corregidos, correspondería que el segundo párrafo que
figura en la modificación de que se trata se ubique en el penúltimo párrafo que se sustituye
inmediatamente a continuación del punto tal como lo contempla la reforma tributaria referida
en la nota 8, agregando las normas que se mencionan en la propuesta alternativa de redacción
que figura a continuación (11):
“Art. 20.- Incorpórase a continuación del segundo párrafo del art. 58, el siguiente:
“Las disposiciones del párrafo precedente serán aplicables cuando se verifiquen las
condiciones previstas en los dos últimos párrafos del art. 95, de lo contrario los sujetos
mencionados aplicarán, según corresponda, las normas del primer párrafo de este artículo o las
de los arts. 59 a 61 referidas a la actualización de costos”.
Ello porque, en nuestra opinión, el hecho de que los artículos mencionados se remitan al
penúltimo párrafo del art. 58 no traería aparejado que en el supuesto de los arts. 59
—enajenación de inmuebles que no sean bienes de cambio— y 61 —enajenación de
intangibles— corresponda actualizar los costos en la forma en ellos prevista. Adviértase en tal
sentido que en la reforma que nos ocupa se establecería que “En caso de no cumplirse tales
condiciones resultan aplicables las previsiones dispuestas en el párrafo precedente”, y, en
consecuencia, la remisión referida, con el agregado de la expresión resaltada, conduciría a la
aplicación de normas que no son las que regulan la actualización de los costos.
En efecto, el art. 59 en su penúltimo párrafo se remite a su homónimo del art. 58 siendo que
el ‘párrafo anterior’ a aquel no prevé la actualización de los costos sino el cómputo de
amortizaciones y en el caso del art. 61 es su último párrafo el que se remite al penúltimo del art.
58 y el anterior a aquel regula que no se computará costo alguno si se transfieren acciones que
posean las características allí descriptas.
En lo que respecta al mencionado art. 10 sus normas establecen, imperativamente (12), que
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los bienes revaluados serán actualizados de conformidad a lo previsto en el segundo párrafo del
citado art. 89, considerando a tales efectos el valor de los bienes que surja con motivo del
mecanismo de revaluación y como fecha de inicio de las actualizaciones el 01/01/2018 o el
primer día del ejercicio fiscal siguiente al de la opción.
En síntesis, a efectos de neutralizar, cierto que de manera parcial, la pérdida del poder
adquisitivo de la moneda, el esquema articulado por el proyecto se basa en tres medidas. La
primera es el revalúo —procedimiento que veremos en el siguiente apartado—, el cual, en
relación a los bienes revaluados, extiende a períodos siguientes al del revalúo la aplicación de
la actualización con arreglo al mencionado art. 89. De ello se deduce que en el caso de tales
bienes, ya sea que se trate de personas humanas, sucesiones indivisas o sujetos comprendidos
en el art. 49, la ganancia bruta habrá de determinarse considerando el costo revaluado —a cuyo
efecto deberá verificarse si resulta de aplicación el art. 8º del proyecto— (13) y, en su caso,
corregido por la variación en el índice de precios que corresponda desde la fecha indicada en el
párrafo precedente hasta el momento de la enajenación, deducidas las amortizaciones
acumuladas.
La segunda surge de las ya circunstanciadas normas del art. 89 de la ley del gravamen que
prevén la actualización de adquisiciones e inversiones realizadas en ejercicios fiscales que se
inicien a partir de la fecha allí mencionada, incluidas las cuotas de agotamiento y amortización
también actualizadas en la forma prevista en los artículos pertinentes siempre que se vinculen a
adquisiciones o inversiones efectuadas desde el momento referido. Este esquema se completa
con las disposiciones incorporadas al art. 95 que en el supuesto de que resulten operativas por
verificarse las condiciones allí contenidas, los sujetos de los incs. a), b) y c) del art. 49,
determinarán el gravamen considerando el ajuste del Título VI en reemplazo de las previsiones
que se agregan al art. 58.
II.2. Revalúo
El art. 1º, primer párrafo, establece que podrán optar por dicho mecanismo “[l]as personas
humanas, las sucesiones indivisas y los sujetos comprendidos en el art. 49 de la ley de
Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones, residentes en el país a
la fecha de entrada en vigencia de la presente ley…”.
Los sujetos del art. 49 siempre revisten la condición de residentes con los efectos que,
respecto de algunos de ellos, prevé el art. 119 de la ley del tributo. No obstante, la norma
proyectada indica que dicha condición deben poseerla a la fecha de entrada en vigencia de la
ley que sancione el referido proyecto la cual se producirá, según lo indica el art. 24, el día
siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial.
Por su parte, el segundo párrafo del art. 2º dispone que podrán ser objeto de revalúo los
bienes que hubieran sido adquiridos, producidos o construidos por los mencionados sujetos
con anterioridad a la referida fecha de entrada en vigencia.
Supóngase, por un lado, que la ley que sanciona el proyecto de revalúo se publica en el
Boletín Oficial el 20 de diciembre y, por otro, el caso de una sociedad que se constituye el 26
de diciembre de 2017, cierra ejercicio en junio de cada año e inmediatamente de constituida
realiza inversiones en bienes muebles amortizables.
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En la hipótesis que estamos planteando, los bienes amortizables adquiridos por la entidad
quedarían excluidos de cualquiera de las correcciones que prevé el proyecto por tres limitantes
contenidas en sus disposiciones. La primera vendría dada porque la sociedad no es residente a
la fecha de entrada en vigencia del régimen de revalúo; la segunda y consecuencia de lo
anterior, porque los bienes no fueron adquiridos con anterioridad a dicha fecha y la tercera es
que los bienes fueron adquiridos en un ejercicio iniciado con anterioridad al 01/01/2018 siendo
que el art. 89 en la versión del proyecto autoriza la actualización para compras e inversiones
efectuadas en los ejercicios fiscales que se inicien a partir de la referida fecha.
Por su parte, el art. 2º detalla los bienes susceptibles de someterse al revalúo entre los cuales,
en su inc. b), incluye a los inmuebles que posean el carácter de bienes de cambio. Repasemos
los fundamentos volcados en el octavo párrafo del mensaje: “[a]tento a que la mentada
revaluación incrementa los costos computables de los bienes que resulten alcanzados por ella,
los cuales incidirán en la determinación del impuesto a las ganancias de futuros períodos
fiscales, se propone la aplicación de un impuesto especial que se aplicará sobre la diferencia
entre el valor de la totalidad de los bienes revaluados y el valor impositivo determinado
conforme las disposiciones de la ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 1997 y sus
modificaciones, al cierre del último período fiscal cerrado con posterioridad a la entrada en
vigencia de la ley que se impulsa, conforme un esquema de alícuotas equivalente al cinco por
ciento (5%), ocho por ciento (8%), diez por ciento (10%) y quince por ciento (15%), de
acuerdo al bien de que se trate”(14).
Conceptualmente las afirmaciones contenidas en el párrafo transcripto son inapelables. No
obstante corresponde poner el acento en que existe una diferencia sustancial entre el revalúo de
bienes amortizables y el de los inmuebles que revisten la condición de bienes de cambio tal
como lo autoriza en el primer párrafo del art. 2º el inc. b). La inclusión de bienes de cambio en
un revalúo impositivo resulta totalmente novedosa. Veamos las regulaciones que sobre el
particular contenían las dos leyes que cita el primer párrafo de esta colaboración.
Las leyes 15.272 y 17.335 excluían expresamente a los bienes que revistieran el carácter de
bienes de cambio, incluidos los inmuebles con tal destino y los loteos. Dado que surge de la
normativa de la reforma tributaria mencionada en el nota 8, comparándola con el texto que
prevé el proyecto de ley de revalúo, que se han eliminado del segundo párrafo del art. 89 los
arts. 52 y 55, referidos a la valuación de bienes de cambio, habrá que esperar el texto que en
definitiva apruebe el Congreso en atención a que la citada eliminación podría sugerir, en
principio, que los bienes comprendidos en el art. 2º del inc. b) —inmuebles afectados a la
compraventa— podrían excluirse del ámbito del revalúo en el curso de su trámite
parlamentario.
II.2.a. Tratamiento del revalúo y del impuesto especial
El art. 11 del proyecto prevé que el importe del revalúo: 1) está exento del impuesto a las
ganancias; 2) neto de amortizaciones y actualizado, de corresponder, es no computable a los
efectos del impuesto de la ganancia mínima presunta; 3) es no computable a los fines del
impuesto de igualación y, además, “[e]sa ganancia no será considerada a los efectos del
procedimiento dispuesto por el art. 117 de la reglamentación de la citada ley (Decreto 1344 del
19/11/1998 y sus modificaciones)”.
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A su vez, el primer párrafo del citado art. 11 dispone que el impuesto especial del art. 9º no
será deducible a los efectos de la determinación del impuesto a las ganancias.
Las leyes 15.272 y 17.335 en sus arts. 14 y 13, respectivamente, preveían que el saldo de
revalúo gozaba de exención en el impuesto a las réditos no obstante esos mismos artículos
establecieron que el impuesto especial resultaba deducible a los fines de la determinación de
dicho gravamen anual. ¿Cuál sería la respuesta si nos preguntaramos por qué estas leyes
previeron expresamente la deducibilidad? En principio, resultaría razonable interpretar que al
estar exento el saldo de revalúo del impuesto a los réditos, el cargo que se originaba con motivo
de ese revalúo no era deducible en atención a tratarse de un gravamen vinculado con una renta
exenta.
Trasladándonos al proyecto bajo examen, en igual línea de interpretación a la esbozada en
el párrafo anterior, cabría entender que teniendo en cuenta que la renta originada en el revalúo
está exenta del impuesto a las ganancias, el tributo especial creado por el citado art. 9º, al
vincularse de manera directa con la generación de una renta con tal tratamiento, encuadraría en
el anteúltimo párrafo del art. 17 cuyas normas impiden la deducción de gastos vinculados con
ganancias exentas y por ende dicho cargo no cumpliría con el principio consagrado en el art. 80
de la ley del tributo para admitir la deducibilidad del gasto que ocasiona.
En atención a que de acuerdo con las normas referidas el impuesto especial no sería
deducible cabría preguntarse si la previsión del primer párrafo del art. 11 del proyecto estaría
destinada a evitar que se pudiera entender que dicho cargo igualmente resultaría computable
por ser aplicable el inc. a) del primer párrafo del art. 82 de la ley del tributo que autoriza la
deducción de “impuestos y tasas que recaen sobre los bienes que produzcan ganancias”.
¿Recae el impuesto especial sobre los bienes que se revalúan? Estrictamente el objeto del
gravamen especial es el importe de revalúo calculado de acuerdo con las normas del art. 6º, es
decir que, en nuestra opinión, no se trata de un impuesto que recae sobre los bienes revaluados.
Ese importe tiene su propia naturaleza y el proyecto de ley lo demuestra en la determinación de
la cuota de amortización del revalúo deducible en los períodos sucesivos al de la opción porque
si bien la forma de establecerla puede coincidir en cuanto a plazos y método a la porción que
corresponda al valor de origen, es dable observar que a esos fines el art. 7º del proyecto prevé
sus propias normas pudiendo darse el caso que se continúe amortizando el importe de revalúo
correspondiente a un bien totalmente amortizado con arreglo a las normas del tributo.
El art. 8º también exhibe un esquema peculiar pues habiendo tributado el gravamen, si la
enajenación del bien se produce antes de los plazos consagrados en dicho artículo, el
contribuyente pierde un porcentaje del importe del revalúo sin derecho a recuperar suma
alguna del tributo abonado. Estas consideraciones nos llevan a interpretar que el impuesto
especial del art. 9º, en términos estrictos no recaería sobre los bienes revaluados y en tal
entendimiento la cláusula del art. 11 que prohíbe su deducción se aprecia más como una norma
que asegura que no se compute como gasto que como una medida que posea fundamentos
técnicos que lleven a interpretar que su inexistencia autorizaría la deducción del impuesto.
En cuanto a las previsiones del segundo párrafo in fine del art. 11 del proyecto, se considera
impropia la mención al procedimiento previsto en art. 117 del reglamento toda vez que este no
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consagra procedimiento alguno sino que es el art. 80 de la ley el que establece la
proporcionalidad de los gastos comunes cuando se hubieran afectado a la producción de
ganancias gravadas y no gravadas. La finalidad del reglamento es aclarar que la expresión
‘ganancias no gravadas’ comprende a las exentas (15).
(1) BO 19/02/1960.
(2) BO 18/07/1967.
(3) BO 03/01/1972. El art. 1º, punto 22 de la ley 19.409 sustituyó el art. 69 de la ley de
impuesto a los réditos, cuyo primer párrafo, apartado 2, previó la aplicación del mencionado
índice a los efectos de la actualización de la amortización anual de bienes muebles, norma a la
que se remitía el art. 62 referido a la amortización de bienes inmuebles.
(4) BO 01/11/1978.
(5) BO 11/10/1985.
(6) BO 27/03/1991.
(7) BO 13/04/1992.
(8) Las reformas que introduce el proyecto de revalúo en la ley de impuesto a las ganancias
se replican con variantes en la extensa reforma tributaria elevada por el PEN al Congreso de la
Nación el 15/11/2017 según MEN-2017-126-APN-PTE.
(9) En la reforma tributaria mencionada en la nota 8, se han eliminado del art. 89, segundo
párrafo, los arts. 52 y 55.
(10) Los dos párrafos que se incorporan en el art. 95 dicen, respectivamente, como sigue:
“El procedimiento dispuesto en el presente artículo resultará aplicable en el ejercicio fiscal en
el cual se verifique un porcentaje de variación del índice de precios a que se refiere el segundo
párrafo del art. 89, acumulado en los treinta y seis (36) meses anteriores al cierre del ejercicio
que se liquida, superior al cien por ciento (100%)” y “Las disposiciones del párrafo precedente
tendrán vigencia para los ejercicios que se inicien a partir del 1º de enero de 2018. Respecto del
primer y segundo ejercicio a partir de su vigencia, ese procedimiento será aplicable en caso que
la variación acumulada de ese índice de precios, calculada desde el inicio del primero de ellos y
hasta el cierre de cada ejercicio, supere un tercio (1/3) o dos tercios (2/3), respectivamente, el
porcentaje indicado en el párrafo anterior”.
(11) El proyecto de reforma tributaria mencionado en el primer párrafo de este apartado,
acertadamente ha unificado los dos párrafos que contiene la modificación del art. 58 según el
texto transcrispto.
(12) “Art. 10.- Los bienes revaluados de acuerdo con lo previsto en el presente Título serán
actualizados conforme lo establecido en el segundo párrafo del art. 89 de la ley de Impuesto a
las Ganancias…”.
(13) “Si la enajenación se produce en el primer ejercicio posterior al del Período de la
Opción, el Importe del Revalúo -neto de las amortizaciones computadas para la determinación
del Impuesto a las Ganancias, calculadas conforme lo establecido en el art. 7º y actualizado, de
corresponder, según lo dispuesto en el art. 10, ambos de la presente ley-, se reducirá en un
sesenta por ciento (60%). Si la enajenación se produce en el segundo ejercicio posterior, tal
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reducción será del treinta por ciento (30%)”.”La reducciones del párrafo precedente no
resultarán aplicables respecto de los inmuebles que revistan el carácter de bienes de cambio”.
(14) El impuesto especial se halla creado en el art. 9º del proyecto.
(15) La reforma tributaria mencionada en la nota 8, modifica el art. 80 incluyendo a las
rentas exentas a los efectos de efectuar la proporción respectiva: “[c]uando los gastos se
efectúen con el objeto de obtener, mantener y conservar ganancias gravadas, exentas y/o no
gravadas, generadas por distintas fuentes productoras, la deducción se hará de las ganancias
brutas que produce cada una de ellas en la parte o proporción respectiva”.

Algunas cuestiones sobre la compensación económica

Autor: Solari, Néstor E.
Publicado en: RCCyC 2017 (marzo), 03/03/2017, 57 – LA LEY 18/12/2017, 18/12/2017, 1
Sumario: I. La incorporación legislativa.— II. Beneficiarios.— III. Otras cuestiones.— IV. A modo de cierre.

Abstract: Las consecuencias del divorcio tienen que quedar reducidas a ciertas protecciones: alimentos, vivienda, pensión y, eventualmente, una compensación económica. En este contexto, no debe perderse de vista el sentido excepcional de esta última institución a los fines de no desnaturalizarla, evitándose una suerte de “indemnización” derivada de la sentencia de divorcio. De lo contrario, se estaría pagando un precio por el divorcio o el cese de la unión convivencial, desvirtuando el sentido de la misma.

I. La incorporación legislativa
La institución de la compensación económica —preferimos la denominación de prestación compensatoria— ha sido incluida en nuestro derecho positivo con la sanción del Código Civil y Comercial, vigente desde el mes de agosto de 2015.
Se ha definido como la cantidad periódica o prestación única que un cónyuge o conviviente debe satisfacer a otro tras el divorcio o la finalización de la convivencia, para compensar el desequilibrio padecido por un cónyuge o conviviente (el acreedor), en relación con el otro cónyuge o conviviente (el deudor), como consecuencia directa del divorcio o finalización de la convivencia, que implique un empeoramiento en relación con su anterior situación en el matrimonio o la convivencia (1).
La prestación compensatoria es la institución mediante la cual el cónyuge o conviviente que ha sufrido un desequilibrio durante el matrimonio o la unión convivencial tiene derecho a exigir al otro una compensación por el empeoramiento padecido, al momento del divorcio o el cese de la convivencia.
Se la ha fundamentado en los siguientes términos: “El Anteproyecto recepta una figura que tiene aceptación en varias legislaciones del derecho comparado, y que es coherente con el régimen incausado de divorcio; en efecto, con fundamento en el principio de solidaridad familiar y en que el matrimonio no es causa-fuente de enriquecimiento o empobrecimiento económico de un cónyuge a costa del otro, se prevé la posibilidad de que, para aminorar un desequilibrio manifiesto los cónyuges acuerden o el juez establezca compensaciones económicas”. Argumento que resulta aplicable a la convivencia de pareja, pues se contempla tanto para el matrimonio como para las uniones convivenciales.
En verdad, la institución de las prestaciones compensatorias permite que luego del cese de la convivencia —fuere en el matrimonio o en las uniones convivenciales— las partes no sufran un desequilibrio como consecuencia de aquél, en atención a las distintas circunstancias intervinientes y a los roles y funciones desempeñados por cada uno de sus integrantes durante la vigencia de la normal convivencia.
De alguna manera, se intenta paliar la situación de desprotección y desequilibrio que genera la ruptura de la convivencia, si se dan determinadas circunstancias.
Como institución específica del derecho de familia, puede decirse que las prestaciones compensatorias —llamadas compensaciones económicas— constituyen una institución sui generis, pues se integran con variados elementos que las diferencian de los alimentos, del enriquecimiento sin causa, de los daños y perjuicios, así como de otras instituciones afines del ordenamiento jurídico. Si bien presentan similitudes y diferencias con cada una de ellas, adquieren autonomía propia.
De acuerdo a lo señalado en el Anteproyecto, la institución encuentra su fundamento en la solidaridad familiar.
Por lo demás, entiendo que la razón de dicha institución se encuentra estructurada en un concepto de equidad.
Los perfiles específicos y concretos son determinados por la legislación y la jurisprudencia de cada país, haciendo jugar las causas por las cuales han sido incluidas y los efectos contemplados en los respectivos Códigos de fondo. De ahí la diferencia existente en las distintas legislaciones sobre aquélla.
Sobre estos lineamientos, será finalmente la jurisprudencia, en la aplicación práctica, quien determinará su viabilidad, alcance, contenido y extensión.

II. Beneficiarios
La compensación económica está prevista tanto para la institución matrimonial como para las uniones convivenciales. En consecuencia, los eventuales beneficiarios de la prestación podrían ser los cónyuges y los convivientes, si se cumplen las condiciones exigidas por la norma.
No obstante que la compensación económica está prevista para el matrimonio y para las uniones convivenciales, se destacan algunas diferencias legales, que veremos a continuación.
i) Casos en que tiene lugar. Una de las diferencias que emerge de las disposiciones legales es respecto a las circunstancias en que pueden ser solicitadas por los cónyuges o, en su caso, por los convivientes.
Respecto del matrimonio, se contempla la posibilidad de pedirlas luego del divorcio (2); mientras que en las uniones convivenciales se habilita a solicitarlas una vez “cesada la convivencia” (conf. art. 524, Cód. Civ. y Com.), lo que significa que comprenden tanto la ruptura en vida como por la muerte de uno de sus integrantes.
En consecuencia, la viabilidad es más restringida en el matrimonio, pues solamente se habilitan como efecto del divorcio —disolución en vida de los cónyuges—, en tanto que en la unión convivencial es más amplia, porque comprende también el cese en caso de muerte de uno de sus integrantes.
Esta disparidad nos lleva a reflexionar si resulta atinada la distinción. Creemos que ésta es arbitraria, porque lo que la ley debe proteger es si hubo o no desequilibrio manifiesto durante la normal convivencia —tanto en el matrimonio como en la unión convivencial—. De donde surge que al momento del “cese” de la convivencia, cualquiera de las partes debería estar en condiciones de plantear la respectiva acción, trátese de cónyuges o de convivientes.
Súmese a ello la circunstancia de que si los cónyuges estaban en trámite de divorcio y uno de ellos fallece antes de la sentencia de divorcio, el supérstite no tendrá derecho a solicitar dicha compensación.
ii) Tiempo y plazos de pagos. Otra de las diferencias que surgen entre el matrimonio y las uniones convivenciales, en aplicación de la compensación económica, es el tiempo y el plazo en que puede pagársela.
En el matrimonio, se dan tres opciones: prestación única; una renta por tiempo determinado; y por un plazo indeterminado (conf. art. 441, Cód. Civ. y Com.).
De la redacción de la norma puede decirse que el principio general es que el pago debe hacerse en una cuota o en cuotas determinadas, según las circunstancias. Entre estas dos opciones no se establecen prioridades, sino que dependerá de las particularidades del caso.
Finalmente, se consagra una forma de pago consistente en cuotas indeterminadas. Aquí sí la ley indica que ésta tiene carácter excepcional, por lo que el juez deberá justificar las razones y causas por las cuales la impone. Esta circunstancia puede darse, por ejemplo, cuando se trata de partes con edad avanzada y resulte pertinente protegerlas en tales circunstancias.
En cambio, en la unión convivencial existen dos posibilidades sobre la forma de pago: prestación única; o una renta por tiempo determinado que no puede exceder de la duración que tuvo la unión convivencial (conf. art. 524, Cód. Civ. y Com.).
De esta manera, solamente coinciden ambas uniones cuando se trata de una prestación única.
Respecto de la posibilidad de que pueda ser una renta por tiempo determinado, se advierte la siguiente diferencia: en el matrimonio no hay límites impuestos en cuanto al número de cuotas. Así, puede tener lugar una cantidad de cuotas que sea superior a la duración del matrimonio. Es decir, el juez determinará, según las circunstancias, el número de cuotas en que puede consistir su pago.
Mientras que en la unión convivencial se fija un límite: aquélla no puede consistir en un número de cuotas mayor a la duración de la unión convivencial. Por caso, si la convivencia se extendió por tres años, el eventual pago de una compensación económica no podría extenderse más allá de los tres años.
A su vez, la compensación económica en la unión convivencial no puede ser por tiempo indeterminado.
Todo ello, sin perjuicio de que la forma y el modo de ser cumplida la prestación serán decididos, en primer lugar, por las partes cónyuges o convivientes, en ejercicio de la autonomía de la voluntad. Ellos son quienes están en mejores condiciones para elegir la forma y el modo de efectivizarla. Ante ello, el juez deberá homologarlo. Solamente a falta de acuerdo de las partes será el juez quien determinará la forma y el modo en que se realizará la respectiva compensación económica (3).
iii) Renuncia. Una de las diferencias sustanciales que surgen entre el matrimonio y las uniones convivenciales, en punto a las compensaciones económicas, es que en el matrimonio resultan irrenunciables previamente, mientras que en las uniones convivenciales se contempla la posibilidad de renuncia previa.
En efecto, en el matrimonio no es posible su renuncia anticipada (4). La imposibilidad de pactar la renuncia a las compensaciones económicas es atinada, porque la protección del cónyuge más débil lleva a que el ordenamiento jurídico no avale semejante eximición, en el entendimiento de que si luego del divorcio se dan las circunstancias que la habilitan, resultaría injusto que se halle impedido de solicitarlo por haber renunciado previamente a ello. Se desvirtuaría el sentido de la institución, pues los roles ejercidos por sus integrantes durante la vigencia del matrimonio son los que habilitarán, eventualmente, a corregir un desequilibrio manifiesto al producirse la ruptura.
Además, no puede dejar de señalarse que el cónyuge que se encuentra en mejores condiciones económicas tendrá la posibilidad de imponer —de alguna manera— las condiciones del matrimonio. Así, podría someterlo al régimen de separación de bienes y, paralelamente, hacerlo renunciar a la compensación económica.
Por ello, la solución legal, al consagrar la irrenunciabilidad de los cónyuges a las compensaciones económicas, garantiza la eventual aplicación, si existe un desequilibrio manifiesto luego del divorcio.
Otra cosa sucede en la unión convivencial. Si bien el Código contempla las compensaciones económicas para dichas uniones, permite que las partes pacten su exclusión. En efecto, la ley contempla un piso mínimo inderogable entre convivientes (5). Entre ellas, no se encuentran las compensaciones económicas, por lo que, en ejercicio de la autonomía de la voluntad, podrían pactar su renuncia (art. 513, Cód. Civ. y Com.).
Por caso, si una unión convivencial se prolonga durante quince años y uno de los integrantes de la pareja desempeña sus roles en el hogar y el otro ejerce una profesión rentable, con su correspondiente desarrollo y crecimiento durante la normal convivencia, al momento del cese de la unión —cualquiera haya sido el que lo hubiere provocado—, ante un pacto previo de exclusión, el conviviente más débil no podría reclamar la compensación económica, fruto de aquella autonomía de la voluntad.
De sostenerse esta diferencia entre el matrimonio y la unión convivencial se estaría reconociendo distinto fundamento de las prestaciones compensatorias. La derivada del matrimonio respondería a la protección y el reconocimiento de la familia, como consecuencia de los derechos constitucionales y convencionales que la integran, por encima de la autonomía de la voluntad. En cambio, la derivada de la unión convivencial respondería a una naturaleza estrictamente contractual, ajena a las normas del derecho de familia. Luego, no se podría sostener, razonablemente, que las uniones convivenciales constituyen una forma de familia protegida por el Estado.
La solución legal es desatinada si confrontamos con normas constitucionales y convencionales que protegen a la familia.
Además, cabe resaltar lo preceptuado en el art. 515, Cód. Civ. y Com.: “Los pactos de convivencia no pueden ser contrarios al orden público, ni al principio de igualdad de los convivientes, ni afectar los derechos fundamentales de cualquiera de los integrantes de la unión convivencial”. Por aplicación de ello, claramente la renuncia a la compensación económica violenta el principio de igualdad y, específicamente, los derechos fundamentales de dichas personas. No obstante ello, aquélla no se encuentra entre las disposiciones que constituyen el piso mínimo inderogable, de donde el legislador entendió que no afectaba dichos principios.
El Código Civil y Comercial exhibe una particular visión de los derechos y garantías constitucionales y convencionales en punto a esta cuestión, pues por aplicación de la autonomía de la voluntad, el que se vio beneficiado a costa del otro podría eximirse de una futura compensación económica, legitimando la desigualdad y el desequilibrio ocurrido durante la normal convivencia. Si se reconoce como forma de familia a la unión convivencial, sería difícil de imaginar la posibilidad de un pacto de exclusión, cuando en el matrimonio —otra forma de familia— resulta imposible.
Además, no sólo se verían alterados los principios constitucionales y convencionales de la familia, sino también otros derechos humanos básicos, que exceden lo estrictamente familiar.
En tal contexto, nos parece que la autonomía de la voluntad imposibilitaría corregir un desequilibrio entre las partes, convalidando una desigualdad surgida de la convivencia. Habilitaría a un derecho a la explotación. Ante ello, entendemos que la declaración de inconstitucionalidad del precepto se impondría, en protección de elementales normas constitucionales y convencionales.
Lo contrario significaría avalar la regresividad de derechos de una norma interna, en detrimento de derechos humanos esenciales.
iv) Plazo de caducidad. La ley fija un plazo de caducidad para solicitar la compensación económica.
En el matrimonio se fija un plazo de seis meses desde el dictado la sentencia de divorcio (conf. último párrafo del art. 442, Cód. Civ. y Com.); en la unión convivencial también es de seis meses, desde que se produjo cualquiera de las causas de finalización de la convivencia (conf. último párrafo del art. 525, Cód. Civ. y Com.).
Nos parece un plazo muy breve el establecido por la ley. Aun cuando es importante poner certidumbre al reclamo judicial para la compensación económica, de modo que no se extienda más allá de un determinado período de haber cesado la convivencia o el vínculo, y por las particulares situaciones y circunstancias que conlleva el inicio de una acción judicial en tal sentido, entendemos que hubiera sido razonable fijar un plazo de un año.
Fuera de ello, el plazo de caducidad de seis meses establecido es tanto para el matrimonio como para la unión convivencial. En ello se asemejan.
Ahora bien, la situación fáctica difiere en ambos casos, pues en el matrimonio se cuenta a partir de la sentencia de divorcio —o, en su caso, la sentencia de nulidad del matrimonio— y no del cese de la convivencia. Esto es, podría suceder que los cónyuges se hallen separados de hecho por un tiempo prolongado y luego inicien la correspondiente acción de divorcio. El plazo transcurrido durante la separación de hecho no alterará su derecho a solicitarla, en cuanto a su caducidad.
La situación de las uniones convivenciales, en cambio, es distinta. El plazo de caducidad comienza a correr desde el cese mismo de la convivencia, pues no hay acción judicial para disolver el vínculo legal. En este sentido, hay que advertir que además del plazo breve consagrado por la ley —seis meses— muchos convivientes van a perder este derecho, en la consideración de que —normalmente— al ser el cese una situación de hecho no requiere de una acción judicial y, por lo tanto, no tienen la debida información legal de sus derechos. Recién luego de un tiempo, los convivientes recurren al debido asesoramiento. En definitiva, el tiempo transcurrido entre el cese y el inicio de la acción judicial debe estar comprendido en los referidos seis meses; dicho período importará que las partes deban actuar rápidamente para no perder la correspondiente compensación económica.
Súmese a ello la dificultad que podría plantearse por la discusión de cuándo, efectivamente, ha cesado la convivencia, para saber a partir de qué momento se cuenta el plazo de los seis meses de caducidad.
III. Otras cuestiones
Muchos y variados son los aspectos que surgen en derredor de la figura, que darán lugar a debates y planteos en la práctica judicial.
Tal como lo determina la ley, su fijación puede ser una entrega única, en cuotas determinadas o en forma indeterminada (para los cónyuges); en una entrega única o en determinadas cuotas (para los convivientes).
Tratándose de una entrega única no habría inconvenientes, pues se resuelve con dicho pago único. La cuestión y las dudas pueden originarse cuando se fija un número de cuotas o, incluso, si son entregas indeterminadas. Aquí puede suceder que se alteren las circunstancias originarias, por distintas razones —voluntarias o ajenas a las partes—. Ante ello, la pregunta consiste en saber si, con posterioridad, puede solicitarse al juez que se cambien o modifiquen los montos o las cuotas fijadas oportunamente.
En el derecho español la cuestión está prevista expresamente, al decirse: “Fijada la pensión y las bases de su actualización en la sentencia de separación o de divorcio, sólo podrá ser modificada por alteraciones sustanciales en la fortuna de uno u otro cónyuge” (art. 100, Cód. Civil de España). De acuerdo a ello, se habilita para que en ciertas circunstancias —por alteraciones sustanciales en la fortuna de alguna de las partes— pueda modificarse la fijación inicial.
La posibilidad de revisión del monto de la compensación económica también está prevista en el derecho francés. En efecto, el art. 275 del Cód. Civil de Francia señala que el deudor podrá solicitar la revisión de las modalidades de pago, en caso de cambios importantes de su situación. En tal caso, el juez podrá, a título excepcional, mediante resolución fundada, autorizar el pago del capital con una duración mayor a la prevista.
Igual posibilidad contempla el Cód. Civil alemán, en su art. 1587, pudiendo modificarse o extinguirse cuando provoque una dureza injusta o resulte gravemente contrario a la equidad.
En el derecho argentino, la cuestión no ha sido prevista expresamente. Si bien del contenido de las normas pareciera que no es posible su modificación, una vez determinada, por las innumerables particularidades que pueden acaecer luego de su fijación, a mi entender, podría modificarse judicialmente en circunstancias excepcionales.
IV. A modo de cierre
En el contexto analizado, puede decirse que las compensaciones económicas previstas en el Código Civil y Comercial constituyen una protección para el integrante más débil de la pareja —tanto en el matrimonio como en la unión convivencial— cuando por el cese de la plena comunidad de vida se ocasiona un desequilibrio a una de las partes.
De ahí que la ruptura origina el derecho a solicitar una compensación económica a quien la hubiere sufrido. Es al cónyuge o conviviente más débil a quien se busca proteger.
La cuestión a determinar, en la práctica, consiste en precisar el alcance y la extensión de dicho desequilibrio, para habilitar el respectivo resarcimiento. Considero que debe ser un desequilibrio importante para que prospere la acción, en el entendimiento de que con dicha institución no se busca equilibrar los patrimonios y la situación de los integrantes de la unión, sino valorar los roles y las circunstancias acaecidas durante la convivencia, con sus respectivas adquisiciones y capacitaciones desarrolladas por ambos, a los fines de determinar si dicha ruptura provoca un notorio desequilibrio de uno a costa del otro.
Se dijo que lo equitativo y razonable no es la búsqueda de una nivelación o igualación patrimonial entre las partes, sino la recomposición del patrimonio correspondiente a uno de ellos por el “empobrecimiento” —generalmente por la frustración o postergación del crecimiento propio, pérdida de chances u oportunidades y ayudas que hubiere brindado— a la par y vinculado al “enriquecimiento” del otro, durante la convivencia (6).
Por lo que no se trata de algo abstracto, sino de un análisis concreto, consistente en la evolución y los roles de cada uno de ellos durante su vigencia.
Esta extensión y valoración será precisada por la jurisprudencia, en los primeros años de aplicación, para darle un contorno y vivencia a dicha institución. Por ello, postulamos como criterio doctrinario que su aplicación debe ser restrictiva, dando respuesta a situaciones en donde, claramente, se produzca un desequilibrio manifiesto (usando la terminología legal), y no por el mero hecho de intentar equilibrar la situación de sus integrantes luego de la ruptura de la unión.
La aplicación debe tener carácter excepcional, pues no debe dejar de señalarse que, en un régimen divorcista, el Estado debe garantizar que las partes tengan la posibilidad de formar o constituir una nueva familia. Tal situación no debe limitarse a lo atinente a la libertad de contraer matrimonio, situación que resulta indiscutida con el renacimiento de la aptitud nupcial luego de la sentencia de divorcio, sino también desde el punto de vista económico o financiero, de modo tal que los efectos previstos para la ruptura matrimonial no desnaturalicen la disolubilidad del vínculo matrimonial. Para ello, el equilibrio de los efectos derivados del divorcio debe ser acorde con la idea del divorcio vincular.
Dicho de otra manera, las consecuencias del divorcio tienen que quedar reducidas a ciertas protecciones: alimentos, vivienda, pensión y, eventualmente, una compensación económica. En este contexto, no debe perderse de vista el sentido excepcional de esta última institución a los fines de no desnaturalizarla, evitándose una suerte de “indemnización” derivada de la sentencia de divorcio.
De lo contrario, se estaría pagando un precio por el divorcio o el cese de la unión convivencial, desvirtuando su sentido.
Por caso, cuando los cónyuges en ejercicio de las facultades brindadas por la ley optan por someterse al régimen de separación de bienes, es indudable que van a existir diferencias patrimoniales entre uno y otro, durante la vigencia del matrimonio. Luego, si al producirse la extinción del régimen patrimonial quisiéramos analizar la situación de dicho matrimonio mediante la compensación económica y pretendiéramos equilibrar los patrimonios, no estaríamos sino aplicando indirectamente el régimen de comunidad, que es lo que garantiza la división por mitades. Es decir, aquello que las partes, en ejercicio de la autonomía de la voluntad, eligieron para su matrimonio, el derecho lo desvirtuaría, al cese de aquél, en un equilibrio, aplicando otra institución (compensación económica). De nada serviría haber optado por el régimen de separación de bienes.
En verdad, su aplicación corresponde cuando, a pesar de haber optado por el régimen de separación de bienes, se produce un notorio desequilibrio entre ellos, de manera que dicha ruptura coloca a uno de ellos en situación claramente desventajosa. Ahí el recurso de la compensación económica tiene sustento y justificación. En tales situaciones, estimamos que su razón se halla en la equidad.
Excepcionalmente, cuando los cónyuges estuvieren sometidos al régimen de comunidad, podría pretenderse su aplicación, cuando ese desequilibrio resulte manifiesto, a pesar de la división por mitades.
Fuera de ello, hay que resaltar que las deficiencias técnicas que presenta su regulación, en varias cuestiones, resaltan más la importancia y trascendencia de la labor judicial, quienes tendrán la tarea de subsanar e interpretar las normas contempladas en el Código de fondo.
 (1) MEDINA, Graciela, “Compensación económica en el Proyecto de Código”, LA LEY, 2013-A, 472.
 (2) Sin perjuicio de la hipótesis de nulidad de matrimonio. En efecto, tratándose de nulidades matrimoniales, el cónyuge de buena fe podrá solicitar dicha prestación (conf. arts. 428 y 429, Cód. Civ. y Com.).
 (3) SOLARI, Néstor E., “Derecho de las familias”, Ed. La Ley, 2015, p. 99.
 (4) Luego de señalar los objetos posibles en convenciones matrimoniales (art. 446), en sus distintos incisos, entre los cuales no se hallan previstas las referidas compensaciones económicas, el art. 447 determina: “Toda convención entre los futuros cónyuges sobre cualquier otro objeto relativo a su patrimonio es de ningún valor”. De ahí que no sería posible entre cónyuges un pacto de exclusión sobre las compensaciones económicas.
 (5) De acuerdo al art. 513, Cód. Civ. y Com., no podrán renunciar a lo contemplado en los arts. 519 a 522 del mismo Cód. Civ. y Com.
 (6) CCiv. y Com. Junín, 25/10/2016, “G., M. A. c. D. F.”.

Tesoro se financia con fondo de Transporte con Letras de $ 3.410 millones

Fuente: http://www.ambito.com/906693-tesoro-se-financia-con-fondo-de-transporte-con-letras-de–3410-millones

El Ministerio de Finanzas dispuso la emisión de una Letra del Tesoro en Pesos a la par, en tres series a 90, 182 y 179 días de plazo, a ser suscripta por el Fondo Fiduciario del Sistema de Infraestuctura de Transporte (FFSIT), por un total de $ 3.410 millones.

La Resolución 255-E, publicada en el Boletín Oficial, establece en su artículo uno la emisión de una letra por un monto nominal de hasta $ 510 millones, con fecha de hoy y vencimiento el 15 de marzo de 2018, que devengará intereses trimestrales a la tasa Badlar (para depósitos de más de un millón de pesos) para bancos públicos. La amortización será integra al vencimiento, aunque el suscriptor podrá disponer su cancelación anticipada en forma total o parcial a partir del 14 de febrero de 2018.
Por su parte, a través del artículo dos se dispone la emisión de una Letra del Tesoro en Pesos a la par por un monto nominal de hasta $ 2.200 millones, con fecha de emisión el 18 de diciembre próximo y vencimiento el 18 de junio de 2018.

También devengará intereses trimestrales a la tasa Badlar para bancos públicos, y la amortización será íntegra al vencimiento aunque el suscriptor podrá disponer la cancelación anticipada en forma total o parcial a partir del 16 de febrero de 2018.

Por último, a través del artículo tres se dispone la emisión de una Letra del Tesoro en Pesos a la par por un monto nominal de hasta $ 700 millones. Este título tendrá fecha de emisión el 22 de diciembre y vencerá el 19 de junio de 2018, devengará intereses trimestrales a la tasa Badlar para bancos públicos y con amortización íntegra al vencimiento, aunque el suscriptor podrá disponer su cancelación anticipada en forma total o parcial a partir del 20 de febrero de 2018.

Aumentaron el 60% emisiones de deuda de empresas en 2017

Fuente: http://www.iprofesional.com/notas/260369-crecimiento-bonos-deuda-adecoagro-pesos-moneda-mercado-obligaciones-negociables-actividad-Aumentaron-el-60-emisiones-de-deuda-de-empresas-en-2017

Las empresas argentinas en 2017 continuaron implementando un agresivo plan de financiamiento colocando bonos por un total de $187.700 M tanto en los mercados locales como también en el exterior. Este endeudamiento representa un crecimiento del 59,8% con respecto al año anterior, impulsado por el refinanciamiento de pasivos y por una creciente necesidad de invertir en la economía argentina.
El mercado internacional de bonos contribuyó con el 86,5% de todo el volumen de deuda colocado por las empresas, arrojando un saldo de u$s7.700 M ($134.750 M).
Dieciséis nombres acudieron al exterior en búsqueda de endeudarse en dólares y peso-linked, liderados por empresas del sector energético.
YPF ocupó la cima del podio de emisores internacionales con u$s2.100 M, seguido de cerca por la debutante Pampa Energía con u$s750 M y por Adecoagro, Tecpetrol y Stoneway capital con u$s500 M colocados cada una.
La moneda elegida por aquellos que salieron a colocar deuda en los mercados transfronterizos fue el dólar (u$s6.200 M), seguida de lejos por el peso-linked (u$s1.500). En 2017, no hubo emisiones de deuda corporativa en francos suizos como sí ocurrió en 2016.
En el ámbito doméstico, las empresas argentinas emitieron Obligaciones Negociables por $53.100 M o 13,5% del total de deuda emitida a nivel nacional e internacional. $31.600 M corresponden a colocaciones denominadas en pesos y $21.500 a títulos denominados en dólares sujetos a ley argentina. Este nivel de endeudamiento en el mercado doméstico creció 32,4% con respecto al año anterior.
En 2018, se anticipan colocaciones corporativas a nivel internacional por un monto que no bajará de los u$s4.300 M, impulsado una vez más por vencimiento de capital e intereses y por necesidades de expansión de la economía argentina. No existen estimaciones concretas sobre la actividad esperada en el mercado local.

Reducirán el impuesto a las Ganancias a quienes ahorren en fondos de retiro

Fuente: https://www.cronista.com/finanzasmercados/Reduciran-el-impuesto-a-las-Ganancias-a-quienes-ahorren-en-fondos-de-retiro-20171215-0020.html

El martes tratarán en Comisión del Senado la Ley de Mercado de Capitales, aggiornada ahora como Ley de Financiamiento Productivo (nombre más marketinero que la otra, que estuvo cajoneada durante un año), para aprobarse el próximo miércoles 27.

Tanto en esta ley como en la Reforma Tributaria incluirán (iban a hacerlo ayer, pero al suspender la sesión se pasó para la semana que viene) que se podrán deducir de ganancias las inversiones en seguros de vida y fondos de retiro.

La iniciativa, que tiene como objetivo incentivar el mercado de capitales y la inversión a largo plazo, se va a reglamentar en 2018, donde se verá la parte operativa y cuál será con exactitud el monto a deducir de ganancias. Pero, por lo pronto, toda persona que pague ganancias va a poder poner como deducción un seguro de vida o un fondo de inversión en retiro.

Los bancos, por su parte, podrán empaquetar las hipotecas y ofrecerlas a fondos que inviertan en estos fondos jubilatorios de largo plazo. Lo que genera para el banco es que sea más solvente su crédito de largo plazo para las viviendas.

La premisa es imitar el concepto de 401k que se utiliza en los Estados Unidos: si se retiran los fondos antes de la edad jubilatoria hay que pagar el impuesto, pero si las inversiones se mantienen en el tiempo no.

Por ahora la deducción del seguro de vida son $ 996 anuales, pero la idea es que lo aumenten, aunque el tema del monto quedará a potestad del Poder Ejecutivo.

La lectura que hacen en la City es que representará una baja del impuesto a las ganancia para los asalariados, porque aumentará la deducción para ahorro de largo plazo. Por lo tanto, se podrá deducir lo que hoy se destina al ahorro.

En vez de tenerlo en Lebac, bonos o plazo fijo que empezarán a pagar impuestos, se lo destinará a estos fondos de largo plazo donde no se pagará.

Beneficia a 1,2 millón
En consecuencia, beneficiará a 1,2 millón de asalariados con capacidad de ahorro que hoy tienen depósitos. Son los alcanzados por el impuesto a los plazos fijos, bonos y Lebac que ganan por encima del mínimo no imponible de ganancia.

A su vez, el sistema está pensado para conquistar a los milennials que recién empiezan su carrera laboral y puede ahorrar a largo plazo. Esto favorece a todo el sistema de crédito, porque con fondeo de largo plazo los trabajadores que ahorren podrán financiar la vivienda de otros asalariados mediante el mercado hipotecario.

También para el financiamiento de empresas y estados a largo plazo, ya que con esto se crea las condiciones para el fondeo nacional de largo plazo sin depender del fondeo externo.

Además, es una forma para que el sistema UVA de indexación se masifique, ya que el banco podrá prestar sin depender tanto de factores externos, por lo que terminará siendo muy superador del seguro de retiro privado actual.

La ventaja es que no está hecho sólo para aseguradoras, sino que abre el juego también a gestoras, por eso es que lo denominan en la jerga el “401k argentino”.

La clave reside en que baja la tasa efectiva de ganancia al salario, ya que la deducción es clave. Un camionero o conductor de colectivo que puede ahorrar en vez de perder íntegramente esa parte del salario en impuestos difiere el ingreso en ahorro para su casa, el estudio de los hijos o su propia jubilación. Lo ideal sería que la deducción se actualice por un indexador de salario, algo a lo que la industria de fondos estará muy atenta.

En el mercado entienden que lo importante es que se crea la opción voluntaria de invertir a largo plazo en un fondo que podrán ofrecer bancos, aseguradoras y gestoras de fondos, por lo que habrá mucha competencia y variada oferta para el ahorro privado. Los ganadores serán las desarrolladoras que construyen viviendas como IRSA y TGLT. Y los bancos que más deuda emiten para financiar hipotecas, como Supervielle.