Indemnización por fallecimiento del trabajador

La sentencia admitió el pago de la indemnización prevista en el art. 248 de la Ley 20.744 a la hija del trabajador fallecido. La demandada se agravió sosteniendo que el derecho de aquella solo alcanzaba al 50% de la indemnización porque el otro 50% ya había sido percibido por la conviviente del causante. La Cámara rechazó ese planteo y confirmó lo decidido.

Sumario

Cuando se debe abonar la indemnización establecida en el art. 248 de la Ley 20.744, es la parte empresaria quien debe informarse fehacientemente sobre el “status familiar” del trabajador fallecido —en el caso, realizó un pago a la conviviente sin sustento probatorio alguno— y, ante la duda, acudir al remedio de la consignación judicial de lo debido, para desobligarse del pago de las obligaciones personales —art. 757 inc. 4, Código Civil—.

Fallo

Sentencia Definitiva N° 103.112

Causa N° 11627/2014

2ª Instancia.- Buenos Aires, agosto 31 de 2017.

El doctor Guisado dijo:

I. Contra la sentencia de primera instancia (fs. 248/252) que admitió la acción se alzan las partes actora y demandada a tenor de los memoriales obrantes a fs. 263/265 y 257/262 que recibieron réplicas de las contrarias. A su vez, la representación letrada de la demandada y la perito contadora apelan los honorarios regulados a su favor por reputarlos exiguos, mientras que la demandada cuestiona la totalidad de los estipendios fijados por considerarlos elevados.

II. Se agravian las actoras por la base de cálculo adoptada por la Sra. Jueza de grado y la fecha desde la que habrán de correr los intereses. A su vez, la demandada se queja que la sentenciante a quo admitió la acción incoada y desconoció el carácter de derechohabiente de la Sra. B. Asimismo, se alza por la condena de hacer entrega de los certificados previstos en el artículo 80 L.C.T y porque el pago realizado fue imputado a intereses.

III. Razones de orden metodológico imponen analizar, preliminarmente, el agravio deducido por la demandada en cuanto cuestiona que la Sra. Jueza de grado admitió la acción incoada. Arguye sobre los alcances probatorios de la información sumaria acompañada a la causa y la prueba informativa proveniente del SECLO.

Adelanto que el agravio no debería tener favorable acogida. Hago esta afirmación por las siguientes consideraciones.

En primer lugar, es dable señalar que no resulta controvertida en autos la legitimación de M. B. L. C. —hija del causante— para percibir la indemnización prevista en el artículo 248 L.C.T. Así, lo que se discute —de acuerdo con las defensas deducidas por la demandada— es el porcentaje que le corresponde de dicha indemnización. Ello es así por cuanto, la empleadora sostuvo que su derecho sólo alcanza al 50% de la indemnización en orden a que el otro 50% ya fue percibido por la “conviviente” del causante I. A. B.

Sentado ello, de conformidad con las reglas del onus probandi se encontraba en cabeza de la demandada la acreditación de los extremos sobre los que fundó sus defensas (art. 377 del Cód. Proc. Civ. y Com. de la Nación), carga esta que no encuentro cumplida en la especie.

En efecto, de la prueba informativa proveniente del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (v. fs. 212/237) surge que la demandada celebró un acuerdo conciliatorio con I. A. B. en su calidad de “conviviente” de F. G. L. (v. fs. 225) por el que le abonó la suma de $63.934,33 en concepto de indemnización por fallecimiento (art. 248 L.C.T) y demás rubros salariales. Dicho acuerdo fue homologado por dicha cartera el día 4 de julio de 2013 (v. fs. 234) mediante resolución N° 28.297.

Cabe poner de relieve sobre que, la asesoría técnico legal que evaluó los alcances del acuerdo dejó “constancia” que “los efectos de la homologación aconsejada quedarán circunscriptos a los reclamos económicos del acuerdo en análisis”, sin que haya mediado valoración alguna respecto del carácter reconocido a la Sra. B.

A su vez, la demandada sostuvo en la etapa procesal prevista en el artículo 71 L.O que la calidad de “conviviente” de aquella se encontraba acreditada con la “información sumaria N° 18.022” (v. fs. 80), la que fue acompañada a la causa en copia simple y desconocida por la parte actora a fs. 92. Sin embargo, ningún elemento de prueba fue ofrecido —y menos aún producido— que acredite la autenticidad de dicha “información sumaria”. Repárese que la empleadora ni siquiera ofreció prueba informativa dirigida al “Juzgado de Paz Letrado de Tigre” a efectos de acreditar la existencia de tal instrumento público.

Tampoco la mencionada prueba informativa proveniente del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social permite acreditar dicho extremo. Digo ello por cuanto de las piezas acompañadas por la cartera laboral en dicho medio de prueba sólo constan a fs. 227vta/228 un pequeño extracto de la alegada “información sumaria” en la que ni siquiera se menciona a la Sra. B.

Aun así, y desde una postura beneficiosa a las defensas argüidas por la demandada, el contenido de la “información sumaria” acompañada en copia simple al contestar la acción presenta contradicciones sustanciales. Ello es así en tanto que, según lo que surge de la pieza obrante a fs. 80/81, se habría presentado I. B. con domicilio …, del partido de Tigre, Provincia de Buenos Aires, quien habría manifestado que convivió con el causante “en el domicilio denunciado durante ocho años”, circunstancia supuestamente ratificada por los testigos U. y R.

Empero, tanto del “acuerdo transaccional” (v. fs. 82) como del acta de defunción (v. fs. 78) surge que el domicilio del causante era en la … de esta ciudad, extremo que enerva la alegada convivencia de B. con el causante en el domicilio denunciado en el partido de Tigre.

Por otra parte, y lo que desde mi perspectiva adquiere vital relevancia para la resolución del tópico en estudio, si bien la demandada ofreció como testigo en la causa a B. —tal como señaló la Sra. Jueza de grado— dicho medio de prueba fue desistido (v. fs. 237 y 250vta.) elemento concluyente para merituar cuál habría sido la invocada relación y con qué alcances, más allá de la sola manifestación de la empleadora en este aspecto de la que no encuentro sustento probatorio alguno.

Tal apresuramiento resulta reprochable, pues, conforme pacífica jurisprudencia, cuando se debe abonar la indemnización establecida en el art. 248 de la LCT, es la parte empresaria quien debe informarse fehacientemente sobre el “status familiar” del trabajador fallecido; y ante la duda acudir al remedio de la consignación judicial de lo debido, para desobligarse del pago de las obligaciones personales —art. 757 inc. 4° del Cód. Civil— (CNAT, Sala II, 07/10/2003, Cohen, Teresa y otro c. All Clean SA”, LNL 2004-2-106; íd., Sala III, 29/10/2003, “Capdevila, Pía D. c. Rojo, Juan C.”; íd., Sala V, 22/02/2002, S.D. 65.319 “Muddolon, Daniela y otros c. Telefónica de Argentina SA s/ ind. por fallecimiento”; íd., Sala X, 15/02/2007, “Caloni, Elsa H. c. Transporte Río Grande SA”, RDLSS 2007-8-696, JA, 2007-II-135).

Por todo lo expuesto, propongo confirmar el fallo de grado en todo cuanto así resuelve.

IV. Considero que cabe admitir el agravio deducido por la actora en cuanto cuestiona la base remuneratoria adoptada por la Sra. Jueza de grado para el cálculo de los rubros de condena. Hago esta afirmación por cuanto la Dra. González dispuso que “corresponde tomar en consideración la remuneración del mes de octubre de 2012 que asciende a $8.001,89” (v. fs. 251).

Sin embargo, fue la propia demandada la que al iniciar la acción por consignación —acumulada a la presente causa— afirmó que “la última y mejor remuneración mensual bruta” del causante ascendió a $9.236,83 (v. fs. 113) y sobre dicho monto realizó el pago —parcial— de la indemnización prevista en el artículo 248 L.C.T.

Robustece lo expuesto que en el “acuerdo transaccional” celebrado con I. B. (v. fs. 82), también consignó dicha suma y le abonó a aquella las cantidades que entendió corresponde en tal concepto sobre dicha base.

Por todo lo expuesto, propongo modificar el fallo de grado y adoptar como base remuneratoria para el cálculo de los rubros de condena la suma de $9.236,83.

V. Así también, considero que cabe modificar el fallo de grado en cuanto condenó a la demandada a la entrega de los certificados previstos en el artículo 80 L.C.T. Ello es así por cuanto, se advierte una clara contradicción entre los argumentos expuestos por la sentenciante a quo en tanto que el fallo que cita en su decisorio (v. fs. 251 vta., primer párrafo) como fundamento desestimatorio para la sanción prevista en el artículo 45 de la ley N° 25.345 considera que “los derechohabientes carecen de legitimación para exigir los certificados reconocidos al trabajador”. Sin embargo, a renglón seguido condenó a la empleadora a la entrega de los certificados previstos en el mencionado artículo 80 L.C.T.

Aun así, carece de interés la hija del causante —al presente mayor de edad— para solicitar dichos certificados, en tanto que el “certificado de trabajo” previsto en dicha norma le sirve al trabajador para conseguirse otro empleo, mientras que el segundo se utiliza para gestionar un reconocimiento de servicios o la obtención de un beneficio previsional que queda archivado en las oficinas de la ANSES” (v. entre tantas otras, S.D. N° 90.947, 21/11/2005, “González, Claudia Roxana c. Cargos SRL s/ certificados de trabajo”, S.D. N° 95.314 del 18/04/2011, “Velázquez, María Luisa c. Confecciones Manuquin SA y otro”; í.S.D. 95.810 del 13/10/2011, “Monzón César Jeremías c. Callobre SA”; S.D. N° 97.447, 31/10/2013, “Berte María Sandra c. Leguisamon, Héctor Eduardo s/ despido”) extremos estos que ninguna relación guardan con la hija del causante.

Por todo lo expuesto, propongo dejar sin efecto la condena de hacer entrega de los certificados previstos en el artículo 80 L.C.T.

VI. De conformidad con la solución aquí propuesta, la presente acción debería progresar por los siguientes montos:

1) Ind. Art. 248 L.C.T (9.236,83 x 27 años / 2): $124.697,20

2) Días trabajados Abril/13: $3.072,27

3) Vac. Prop. 2012 + S.A.C: $3.993,93

4) S.A.C 2013: $2.506,22

Ello asciende a la suma de $134.269,62.

VII. En cuanto a la fecha desde la que habrán de correr los intereses, aspecto que es objeto de cuestionamiento por parte del actor, considero que deben computarse desde el 16 de abril de 2013 (4 días hábiles después del fallecimiento del causante. conf. art. 255 bis L.C.T), pues la deudora, a fin de evitar el curso de los intereses debió realizar el pago de la indemnización mediante consignación judicial ya que este medio produce los efectos generales propios del verdadero pago. Si bien es cierto que dicho procedimiento no es obligatorio, resulta ser el único acertado cuando el deudor intenta realmente liberarse de la mencionada obligación a fin de evitar incurrir en mora y, cuando, como en el presente caso, no se tiene certeza absoluta respecto de quién es el verdadero acreedor (CNAT, Sala VIII, 14/05/1997, “Figueredo, Estela M. c. Bellomo, Mario A.”, DT, 1997-B-2492).

Como la demandada no procedió a efectuar la referida consignación judicial de lo debido, ni tampoco se avino a depositar el monto que adeudaba en las presentes actuaciones, nada autoriza a eximirla de las consecuencias derivadas de su estado de mora (CNAT, Sala X, 15/02/2007, “Caloni, Elsa H. c. Transporte Río Grande SA”, RDLSS 2007-8-696 y JA, 2007-II-135).

De este modo, cabe confirmar el fallo de grado en cuanto dispuso que cabe considerar que la suma oportunamente abonada a la actora fue como pago a cuenta del total adeudado, imputado primero a intereses moratorios y luego a capital (arts. 260 de la LCT y 777 del Cód. Civil). En consecuencia, corresponde, en primer lugar, sumarle al monto total de condena ($134.269,62) los intereses desde el 16 de abril del 2013 hasta la fecha del pago parcial (20 de mayo de 2015 —v. fs. 168—) y descontar lo percibido en ese momento por el actor ($66.059,08) que se imputará primero a intereses y luego a capital (art. 777 Cód. Civil). A partir de esta última fecha y hasta el efectivo pago, se seguirán calculando los intereses sobre el saldo de capital adeudado, todo ello a la tasa dispuesta en origen, aspecto que arriba firme a esta alzada (art. 116 L.O).

VIII. La representación letrada de la demandada y la perito contadora apelan los honorarios regulados a su favor por reputarlos exiguos, mientras que la demandada cuestiona la totalidad de los estipendios fijados por considerarlos elevados.

En atención al mérito e importancia de los trabajos realizados, los honorarios regulados a los profesionales intervinientes lucen adecuados, por lo que sugiero confirmarlos (arts. 6, 7, 8, 9 y conc. ley 21.839, 38 L.O. y 3° y conc. dec. ley 16.638/57).

De conformidad con el resultado de los recursos impetrados, no encuentro fundamento para apartarme del principio general del vencimiento previsto en el artículo 68 del Cód. Proc. Civ. y Com. de la Nación. En consecuencia, propongo imponer las costas de alzada a cargo de la parte demandada y regular los honorarios de los profesionales intervinientes en el 25% de lo que les corresponde percibir por su actuación en la instancia anterior.

IX. En síntesis, voto por: 1) Modificar el fallo de grado elevando el monto final de condena a la suma de $134.269,62 con el descuento y los intereses dispuestos en el considerando VII del presente. 2) Dejar sin efecto la condena de hacer entrega de los certificados previstos en el artículo 80 L.C.T. 3) Imponer las costas de alzada a cargo de la parte demandada. 4) Regular los honorarios de los profesionales intervinientes en el 25% de lo que les corresponde percibir por su actuación en la instancia anterior. La doctora Silvia E. Pinto Varela dijo:

Por análogos fundamentos adhiero al voto del doctor Héctor Guisado.

Por ello, el Tribunal resuelve: 1) Modificar el fallo de grado elevando el monto final de condena a la suma de $134.269,62 con el descuento y los intereses dispuestos en el considerando VII del presente. 2) Dejar sin efecto la condena de hacer entrega de los certificados previstos en el artículo 80 L.C.T. 3) Imponer las costas de alzada a cargo de la parte demandada. 4) Regular los honorarios de los profesionales intervinientes en el 25% de lo que les corresponde percibir por su actuación en la instancia anterior. Cópiese, regístrese, notifíquese, y oportunamente devuélvase. — Silvia E. Pinto Varela. — Héctor C. Guisado.

Sanción a un abogado que renunció a la defensa de su cliente en la feria judicial mientras estaba corriendo el plazo para apelar un auto de procesamiento

Fuente: http://www.diariojudicial.com/nota/79631/contencioso-administrativo/no-me-dejes-solo-en-la-feria.html

La Justicia ratificó una sanción a un abogado que renunció a la defensa de su cliente en plena feria judicial y mientras estaba corriendo el plazo para apelar un auto de procesamiento. El fallo considera que el letrado expuso a su cliente “a las consecuencias de su inactividad”.

S.J.M. c/ Colegio Público de Abogados de Capital Federal s/ ejercicio de la abogacía

Un abogado recibió una sanción de multa del 15% de la retribución mensual de un Juez Nacional de Primera Instancia en lo Civil por “el abandono” de la defensa de un cliente “de modo intempestivo”, y para peor, durante la feria judicial y mientras corría el plazo de apelación del auto de procesamiento.

Al rechazar la apelación presentada por el letrado, la Sala I de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal convalidó la sanción aplicada por el Tribunal de Disciplina del colegio Público de Abogados de la Capital Federal (CPACF) en la causa “S.J.M. c/ Colegio Público de Abogados de Capital Federal s/ ejercicio de la abogacía”.

Según revela el fallo, que cuenta con las firmas de los jueces Rodolfo Eduardo Facio, Clara María do Pico y Carlos Manuel Grecco, del abogado había aceptado el cargo de defensor en septiembre de 2015,  en enero de 2016 le decretaron el procesamiento de su cliente mientras que a fines de ese mes el abogado renunció a la defensa técnica, lo que fue reiterado en febrero de 2016, solicitando además que el Defensor Oficial “tuviese intervención”.

La titular del Juzgado donde tramitó la causa, al observar la situación, remitió testimonios al CPACF y se le abrió una causa al letrado, que concluyó endilgándole una falta ética. Invocando el proyecto de Código de Ética Profesional de la Abogacía Iberoamericana (Declaración de Mar del Plata), el Tribunal de disciplina recalcó que “la renuncia a la defensa no debe ser intempestiva ni perjudicial para el cliente”

Pese a que el abogado consideró que no dejó “indefenso” a su cliente, pues en la causa asumió el Defensor Oficial, y manifestó que la renuncia se debió a que no podía tomar contacto con su cliente- algo que, según el Tribunal, no estaba probado en el expediente-, la Cámara rechazó su defenda.

“El abogado sancionado renunció a la defensa tras alegar una supuesta falta de comunicación con su cliente —que no probó— mientras corría el plazo para interponer el recurso de apelación contra el auto de procesamiento de aquél. Y renunció por segunda vez, pese a que la primera había sido desestimada para evitar un caso de abandono”, sintetizaron los jueces de la Cámara de Apelaciones.

Los magistrados, finalmente, concluyeron en q el abogado sancionado “no actuó de forma diligente en defensa de los intereses de su cliente” sino que por el contrario “lo expuso a las consecuencias de su inactividad”

Un letrado apoderado no inscripto en la matrícula local tiene legitimación procesal para ejercer la representación voluntaria de una SRL

Fuente: http://www.diariojudicial.com/nota/79632/superior-tribunal-provincial/apoderado-sin-matricula-local.html

El STJ de San Luis determinó que un letrado apoderado no inscripto en la matricula local tiene legitimación procesal para ejercer la representación voluntaria de una SRL. El profesional deberá invocar el carácter de apoderado y el patrocinio letrado de un abogado local de la matrícula.

STJSL-S.J. – S.D. Nº 113/17.-

El STJ de San Luis revocó la sentencia interlocutoria de Alzada y resolvió que un letrado apoderado no inscripto en la matricula local tiene legitimación procesal para ejercer la representación voluntaria de una SRL, siempre que el mismo se presente sin invocar carácter de “abogado” en ejercicio profesional sino como apoderado, y con el patrocinio letrado de un abogado local de la matrícula.

En el caso, el Tribunal de Alzada rechazó el recurso de apelación contra la decisión del juez de primera instancia que dio por perdido el derecho a contestar demanda por no encontrarse el abogado apoderado matriculado debidamente al momento de las contestaciones.

La parte interesada expresó que el profesional se presentó sin invocar carácter de “abogado” sino como apoderado, y con el patrocinio letrado de otro abogado local de la matrícula. Además destacó que “no invocó su título, ni matrícula, ni siquiera la foránea”.

También afirmó, que su calidad de apoderado de la firma, resulta “perfectamente válida conforme las reglas del mandato”, sin otras prohibiciones que las establecidas en los artículos 1869, 1870 y concordantes del Código Civil, vigente a la fecha de presentación y apoderamiento.

Y agregó que como apoderado, el presentante “podría haber sido ingeniero, martillero, escribano o no denunciar profesión alguna y el mandato para representar -en juicio- a la accionada, hubiera resultado igualmente válido”.

En los autos “C., R. M. c/ C. H. S.R.L. y Otros s/ Acción de Nulidad – Recurso de Casación”, el Superior Tribunal de Justicia de San Luis analizó, en el caso puntual, si es necesario ser abogado y estar matriculado para ejercer representación procesal voluntaria.

Los jueces señalaron que “en atención a las normas del mandato y de la representación voluntaria contenidas en el código común, se impone la respuesta negativa”, pero destacaron que hay jurisdicciones provinciales “que regulan y especifican el derecho de representación procesal voluntaria, y exijen para su ejercicio, que el apoderado revista determinada calidad profesional, y haya obtenido la pertinente matriculación exigida para el ejercicio de la profesión”.

“Así en algunas provincias, para todos los procesos o para algunos de ellos, se exige que la representación procesal voluntaria sea ejercida necesariamente por abogados matriculados. En otras palabras el apoderado debe revestir la calidad de abogado matriculado, sin desmedro de la exigencia procesal de que toda presentación judicial, deberá acompañarse con el patrocinio letrado”, explicó el fallo.

Tras analizar las leyes provinciales vinculadas con la materia, los magistrados concluyeron que “no resulta que la representación procesal voluntaria deba ser ejercitada necesariamente por un abogado matriculado, sino que de acuerdo con los principios generales de la materia, bastaría que el representado fuese capaz de otorgar el acto al momento del apoderamiento”.

Lesa humanidad: perpetua para dos ex represores por crímenes en Atlético, Banco y Olimpo

Fuente: https://www.clarin.com/politica/lesa-humanidad-dan-conocer-sentencias-juicio-oral-crimenes-atletico-banco-olimpo_0_HJ0T4P4Wf.html#cxrecs_s

Diputado de Cambiemos no descarta el regreso de las AFJP

Fuente: http://www.iprofesional.com/notas/259864-congreso-diputados-jubilacion-ejecutivo-afjp-cambiemos-Diputado-de-Cambiemos-no-descarta-el-regreso-de-las-AFJP

El cordobés Javier Pretto aseguró que si se aprueba el proyecto de reforma del sistema previsional, el escenario cambiará “drásticamente”
El diputado nacional de Cambiemos por Córdoba Javier Pretto dijo este martes que el sistema de seguridad social vigente cambiará drásticamente de escenario de aquí a los próximos dos años, y no descartó un proyecto de ley, antes de 2019, que incorpore nuevamente el régimen de las aseguradoras de fondos de jubilaciones y pensiones (AFJP).

“Sí, es posible. Se están analizando todas las posibilidades, las alternativas. Lo que sí se requiere es que sea una apuesta de todas las fuerzas políticas“, dijo el legislador provincial sobre un posible regreso de la AFJP, el sistema privado de administración de aportes previsionales que rigió hasta el 9 de diciembre de 2008.

El legislador oficialista agregó al medio local Comercio y Justicia que “el sistema de seguridad social debe ser mirado en forma integral y así deben ser las soluciones”.

“Está en crisis en todo el mundo, necesita nuevas soluciones y en un plazo de dos años esperamos lograr el consenso para que se den”, precisó Pretto.

Y profundizó: “Lo que se está planteando es repensar el sistema previsional a fondo. Nos debemos un debate de cómo vamos a hacer para incorporar a los trabajadores en negro, pero, además, cómo hacer para tener un régimen sustentable en el tiempo, sostenible”.

Pretto afirmó: “Si logramos que otros contribuyan al sistema, esa solución llegará antes“, en referencia a la porción de trabajadores “en negro“, que no tiene aportes y -se estima- son el 38% de la población económicamente activa del país.

El proyecto de ley de reforma previsional logró la aprobación del Senado nacional la semana pasada, y el Gobierno espera que la Cámara de Diputados la trate en sesiones extraordinarias.

Pretto puntualizó: “En el Congreso hay una comisión bicameral para analizar este tema“, y anticipó además que “el Ejecutivo ya lo tiene en la mesa de las negociaciones con los gobernadores, ya que la idea es que sea un acuerdo de todos”.