Recursos contra los actos que imponen sanciones o determinan tributos

Tribunal: Corte Suprema de Justicia de la Nación(CS)
Fecha: 03/10/2017
Partes: El Fundador SRL c. AFIP-DGI s/ acción contencioso administrativa
Publicado en: LA LEY 13/11/2017, 13/11/2017, 10 – LA LEY 04/12/2017, 04/12/2017, 12

Una SRL interpuso una medida cautelar tendiente a que la AFIP-DGI se abstuviera de iniciar acciones judiciales, administrativas o de aplicarle sanción alguna con sustento en la resolución 246/12 (DI RTUC), determinativa de sus obligaciones en relación con el impuesto a las ganancias. En ambas instancias se hizo lugar a la medida. Venido a conocimiento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el Máximo Tribunal revocó la sentencia apelada.

Sumarios

La sentencia que concedió una cautelar tendiente a que la AFIP-DGI se abstuviera de iniciar acciones judiciales, administrativas o de aplicarle sanción alguna con sustento en la resolución 246/12 (DI RTUC), determinativa de las obligaciones de una SRL en relación con el impuesto a las ganancias, debe ser revocada, pues fue otorgada con el solo respaldo de las afirmaciones del contribuyente que carecen del necesario apoyo probatorio (del dictamen de la procuradora fiscal que la Corte hace suyo).

La ley 11.683 establece que los actos que impongan sanciones o determinen tributos son susceptibles de recurso de reconsideración por ante el funcionario superior del organismo recaudador o bien de recurso de apelación por ante el Tribunal Fiscal de la Nación —art. 76, incs. a) y b)—, razón por la cual, si el contribuyente optó por la primera de las vías mencionadas, ello obsta a que luego pueda acudir al mencionado tribunal, ya que los referidos medios impugnatorios son excluyentes entre sí (de la doctrina de la Corte sentada en “Compañía de Circuitos Cerrados” —Fallos: 333:161; AR/JUR/6500/2010— a la cual remite).

Texto Completo: Dictamen de la Procuradora Fiscal
– I –
A fs. 172/174 vta. de los autos principales (que corren agregados ‘por cuerda a este recurso de hecho), el Juez Federal de Santiago del Estero hizo lugar a la medida cautelar solicitada por El Fundador SRL y, en consecuencia, ordenó a la AFIP-DGI que se abstuviera de iniciar acciones judiciales, administrativas o de aplicar sanción alguna a la actora con sustento en la resolución 246/12 (DI RTUC), del 05/09/2012. Asimismo, ordenó que el Fisco se abstenga de iniciar el cobro compulsivo de la deuda intimada en dicha resolución, y de tomar cualquier medida que en forma directa o indirecta afecte su derecho de propiedad, en especial el embargo en cuentas bancarias, hasta tanto se dicte sentencia en cuanto al fondo.
Para así decidir, tuvo en consideración que la AFIP había determinado de oficio el impuesto a las ganancias, en el rubro “salidas no documentadas”, por los períodos 9/2007 a 12/2008, mediante la resolución DO 33/2012 (DV RTUC). Y que, posteriormente, la empresa contribuyente interpuso el recurso jerárquico previsto en el art. 76, inc. a), de la ley 11.683 (t.o. en 1998 y sus modificaciones), el que fue resuelto con la mencionada resolución 246/2012, confirmatoria de la anterior. En tales condiciones, inició la demanda contenciosa en los términos de los arts. 23, 25 y cc. de la ley 19.459. En síntesis, la actora cuestionó el acto de la AFIP en cuanto éste observó ciertos gastos que, en su momento, habían sido aprobados y reconocidos por ella.
Sostuvo dicho magistrado que, en cuanto a la verosimilitud del derecho invocado, ella está acreditada en las actuaciones, y lo mismo con relación al requisito del peligro en la demora, dado por la posibilidad de que se inicie el proceso para el cobro compulsivo de la acreencia determinada de oficio, circunstancia que generaría en la actora un menoscabo patrimonial grave, que le impediría seguir operando en el mercado.
– II –
La Cámara Federal de Tucumán confirmó la decisión de la instancia anterior en la resolución que luce a fs. 204/205 vta. del incidente de apelación (que también corre agregado por cuerda a esta queja).
Sostuvo, en síntesis, que está demostrada la verosimilitud del derecho alegada, teniendo en cuenta el plexo normativo aplicable y que la propia resolución impugnada menciona que el achaque que realiza el Fisco no se debe a falencias o incumplimiento en las formalidades relativas a las facturas emitidas por los proveedores de la actora, sino a que éstos no habrían sido los auténticos prestadores de los servicios cuyos gastos descontó para el cálculo de su impuesto a las ganancias.
Por otro lado, sostuvo, al igual que el juez anterior, que está presente el peligro de un daño irreparable en caso de no otorgarse la cautela requerida.
– III –
Disconforme, la AFIP interpuso el recurso extraordinario de fs. 213/236, cuya denegación obrante a fs. 244 (todas del incidente mencionado) dio origen a esta presentación directa.
En primer lugar, indicó que el pronunciamiento apelado no ha estudiado correctamente la concurrencia en la especie de la apariencia de buen derecho. Agregó que las consecuencias que se derivan de la decisión tomada por la Cámara exceden el mero interés de las partes, al afectar de manera directa el de la comunidad, en razón de que se está impidiendo la normal percepción de la renta pública.
Destacó, en síntesis, que la sentencia recurrida tampoco verificó de manera adecuada la existencia del peligro en la demora, tal como es exigido para la concesión y subsistencia de las cautelares.
– IV –
Tiene dicho la Corte que las resoluciones que se refieren a medidas precautorias, ya sea que las ordenen, modifiquen o extingan, no autorizan el otorgamiento del recurso extraordinario ya que no revisten, en principio, el carácter de sentencias definitivas (Fallos: 300:1036; 308:2006, entre otros). Sin embargo, cabe hacer excepción a dicha regla en los casos en que lo resuelto excede el interés individual de las partes y atañe también a la comunidad toda, en razón de su aptitud para perturbar la oportuna y tempestiva percepción de las rentas públicas (arg. Fallos: 268:126; 297:227; 298:626; 312:1010; 313:1420; 318:2431; 319:1317, entre otros).
Adelanto que, a mi entender, las referidas circunstancias excepcionales se verifican en la especie y que, además, los agravios de la quejosa suscitan cuestión federal suficiente para habilitar la vía extraordinaria, toda vez que lo resuelto no constituye derivación razonada del derecho vigente con particular y pormenorizada aplicación a las circunstancias de la causa (Fallos: 318:2431).
La viabilidad de las medidas precautorias, es sabido, se halla supeditada a que se demuestre tanto la verosimilitud del derecho invocado como el peligro en la demora (art. 230 del Cód. Proc. Civ. y Com. de la Nación) y, dentro de aquéllas, la innovativa es una decisión excepcional porque altera el estado de hecho o de derecho existente al tiempo de su dictado, habida cuenta de que configura un anticipo de jurisdicción favorable respecto del fallo final de la causa, lo que justifica una mayor prudencia al apreciar los recaudos que hacen a su admisibilidad (Fallos: 316:1833; 320:1633; 325:2347, entre muchos otros). Los aludidos recaudos son análogos a los establecidos en la ley 26.854.
En lo que respecta al sub examine, a mi modo de ver, la medida cautelar en crisis fue otorgada con el solo respaldo de las afirmaciones de la parte actora, las cuales, a su vez, carecen del necesario apoyo probatorio.
Por una parte, en lo que hace al requisito del peligro en la demora, observo que la sentencia apelada no tiene más basamento que los meros dichos del contribuyente referidos a que la ejecución del acto impugnado le generaría un menoscabo o perjuicio de tal gravedad que no le permitiría operar en el mercado, y que implicaría el cierre de la fuente de trabajo de un número importante de familias (ver fs. 174 del cuerpo principal y fs. 204 bis vta. del incidente de apelación). Sin embargo, tales asertos de las sentencias recaídas en autos no halla respaldo en elemento probatorio alguno aportado por el particular, quien no intentó demostrar los fundamentos de su dichos en este sentido. De allí se desprende la falta de este elemento esencial para el otorgamiento de una medida precautoria como la solicitada (arg. Fallos: 325:2347 y 327:2330).
Y, por otra parte, y sin que ello implique avanzar opinión respecto del fondo del asunto, estimo que, contrariamente a lo afirmado por las instancias de grado, la posición de la actora no está cobijada por la apariencia de buen derecho. En efecto, con respecto al instituto del art. 37 de la Ley del Impuesto a las Ganancias, tiene dicho V.E. en Fallos: 326:2987 y en la causa 1135, L.XLV, “Interbaires SA (TF 15.828-I) c. DGI”, del 27/09/2010, que debe interpretarse que una salida de dinero carece de documentación tanto cuando no hay documento alguno referente a ella, como en el supuesto en que si bien lo hay, el instrumento carece de aptitud para demostrar la causa de la erogación e individualizar —al tratarse de actos carentes de sinceridad— a su verdadero beneficiario.
Ello remite, necesariamente, a una cuestión de hecho y prueba que habrá de determinarse en cada caso, sin que parezca suficiente, en mi opinión y ni siquiera dentro del estrecho marco de conocimiento de una medida cautelar, que la apariencia de buen derecho pueda surgir, como lo sostuvieron las instancias anteriores, “teniendo en cuenta las disposiciones legales en juego, y las actuaciones que sirvieron de base al dictado de los actos administrativos (…)” (ver fs. 173 vta. del cuerpo principal), o bien “teniendo en cuenta el plexo normativo en cuestión y la propia resolución en crisis” (ver fs. 204 bis, in fine, del incidente de apelación). En efecto, estimo que estos elementos resultan harto insuficientes como para respaldar la tesitura adoptada, la que no comparto.
Como conclusión de lo hasta aquí dicho, entiendo que la decisión apelada resulta descalificable como acto judicial válido, a la luz de la conocida doctrina de la Corte elaborada en torno a las sentencias arbitrarias (Fallos: 312:1150; 314:740; 318:643; 324:2009, entre otros).
Por último, debo recordar que el criterio de amplitud en la concesión de medidas como la solicitada en autos dista del utilizado por la Corte, que ha dicho con firmeza, en reiteradas oportunidades, que el examen de la procedencia de tales cautelas ha de efectuarse con particular estrictez, atento a la afectación que producen sobre el erario público (Fallos: 313:1420; 318:2431, entre muchos otros), pues la percepción de las rentas del Tesoro —en el tiempo y modo dispuestos legalmente— es condición indispensable para el regular funcionamiento del Estado (Fallos: 235:787; 312:1010).
– V –
En virtud de lo aquí dicho, opino que corresponde declarar admisible la queja, hacer lugar al recurso extraordinario deducido y dejar sin efecto la sentencia apelada. Buenos Aires, 29 de mayo de 2015. – Laura M. Monti.
Buenos Aires, octubre 3 de 2017.
Considerando:
Que las cuestiones planteadas han sido correctamente examinadas en el dictamen de la señora Procuradora Fiscal, a cuyos fundamentos corresponde remitir, por razones de brevedad.
A lo expresado en el referido dictamen, cabe agregar que, desde el punto de vista procesal en la presente causa se plantea una cuestión análoga a la considerada por esta Corte en la causa “Compañía de Circuitos Cerrados” (Fallos: 333:161), en la medida en que en ambos casos las demandas fueron deducidas contra resoluciones dictadas por la AFIP a raíz de recursos de reconsideración interpuestos por los contribuyentes, en los términos del art. 76, inc. a), de la ley 11.683 contra resoluciones determinativas de sus respectivas obligaciones tributarias. Al ser ello así, la doctrina establecida en el citado precedente obsta —en el ámbito provisional propio de esta etapa liminar del pleito— a que pueda tenerse por configurado el recaudo de la verosimilitud del derecho, exigible para la procedencia de la medida cautelar.
Por ello, de conformidad con lo dictaminado por la señora Procuradora Fiscal, se hace lugar a la queja, se declara procedente el recurso extraordinario y se revoca la sentencia apelada. Con costas. Agréguese la presentación directa a los autos principales, notifíquese y devuélvanse las actuaciones al tribunal de origen. —Elena I. Highton de Nolasco. — Juan C. Maqueda. — Carlos F. Rosenkrantz. — Horacio D. Rosatti.

La AFIP informa que los empleadores podrán seguir online el pago de aportes y contribuciones

Fuente: http://www.iprofesional.com/notas/259768-afip-cargas-sociales-aportes-contribuciones-alberto-abad-La-AFIP-de-Abad-informa-que-los-empleadores-podran-seguir-online-el-pago-de-aportes-y-contribuciones

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) creará el sistema “Mis Alertas” para que los empleadores verifiquen “online” las posibles inconsistencias que puedan ocurrir en las declaraciones juradas y pagos de aportes y contribuciones a la seguridad social.
El nuevo servicio está disponible en la página web de la AFIP, ingresando con Clave Fiscal. De este modo, los empleadores no necesitarán ir personalmente a las dependencias de la AFIP para acceder a esta información.
El sistema “Mis Alertas” brindará datos sobre:
– Declaraciones juradas de la seguridad social presentadas con errores (por ejemplo: con Código Único de Identificación Laboral (CUIL) inexistente o sin nómina).
– Pagos de aportes a la seguridad social pendientes de distribución a los distintos subsistemas de la seguridad social.

– Inconsistencias en la registración de contratos con Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART).
– Archivos históricos referidos a las consultas realizadas en el servicio “Mis Alertas”.

Con esta información la AFIP le advierte al ciudadano sobre situaciones que puedan requerir una revisión de su parte antes de llegar a un proceso de intimación formal.
Cabe recordar que hasta el momento, los empleadores debían presentarse en la agencia para corregir posibles errores o inconsistencias detectadas entre los datos de las declaraciones juradas.
El sistema se creará mediante la Resolución General 4160 que se publicará este martes en el Boletín Oficial.

Quiere dar el ejemplo: Gobierno reduce en un 20% los cargos políticos jerárquicos

Fuente: http://www.iprofesional.com/notas/259744-macri-salario-mauricio-macri-presupuesto-ministerio-cortes-ajuste-aumento-gobierno-elecciones-estrategia-discurso-presidente-casa-rosada-aportes-subsidio-jubilaciones-gobernador-Quiere-dar-el-ejemplo-Gobierno-reduce-en-un-20-los-cargos-politicos-jerarquicos

“Hay que bajar el costo de la política”, es uno de los lemas que plantea el Gobierno en los últimos tiempos.
En esta línea la Casa Rosada avanza con un gesto, el recorte de un 20% de los cargos “políticos” de la categoría de los jerárquicos, como coordinadores, subsecretarios y directores. En total serían dados de baja unos 600 puestos, con salarios brutos promedio de entre $40.000 y $130.000. Se trata de funcionarios que fueron nombrados durante actual gestión.
El plan de ajuste es liderado por dos de los hombres de máxima confianza del presidente Mauricio Macri, el ministro de Modernización Andrés Ibarra y el vicejefe de Gabinete Mario Quintana.

Los funcionarios ya se reunieron con todos los ministros para explicarles los detalles del programa y en breve los titulares de las carteras deberán plantear cuáles serán los recortes. Por el momento no está previsto que haya una reducción de ministerios.
El plan de recorte de la política se produce en medio de las fuertes críticas al Gobierno por el cambio en la fórmula de actualización de las jubilaciones y Asignación Universal por Hijo (AUH) -que redundará en subas menores a la de las del sistema actual- y de la fuerte reducción de subsidios a la luz y al gas, que se traducirá en fuertes aumentos en los servicios públicos.
El Gobierno apunta además contra las jubilaciones de privilegio, que le cuestan unos $80 mil millones anuales por los beneficiarios que las perciben por estar dentro de regímenes previsionales especiales, consigna Clarín. Se trata de personas que se retiran con una edad menor al promedio o que lo hacen con una menor cantidad de años de aportes.
La gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal fue una de las primeras en poner en práctica esta medida, con un programa para bajar el presupuesto tanto con la Legislatura provincial como con las jubilaciones de exfuncionarios. Los gobernadores peronistas Juan Manuel Urtubey (Salta) y Gustavo Bordet (Entre Ríos) imitaron el gesto de la mandataria bonaerense.

Facturas apócrifas electrónicas: la AFIP desactiva otra asociación ilícita fiscal

Fuente: http://www.iprofesional.com/notas/259792-afip-impuestos-reforma-tributaria-alberto-abad-Facturas-apocrifas-electronicas-la-AFIP-de-Abad-desactiva-otra-asociacion-ilicita-fiscal

A partir de una investigación generada por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) se detectó un complejo entramado societario dedicado a la emisión, colocación y venta de facturas electrónicas apócrifas por un total cercano a los $4.100 millones en poco más de dos años.
La organización delictiva abasteció de comprobantes apócrifos a más de 5.000 usuarios con el propósito de reducir la carga tributaria. Durante el transcurso de la investigación se comprobó la emisión, cuanto menos, de unas 45.000 facturas apócrifas.

Habiendo dado intervención a la justicia, el Juzgado Nacional en lo Penal Económico 9 a cargo de Javier López Biscayart ordenó –por pedido del Fiscal de la causa, Pablo Turano- la realización de 70 allanamientos en la ciudad de Buenos Aires, conurbano bonaerense y localidades del interior del país, tales como Comodoro Rivadavia, Bragado, Bahía Blanca, Mar del Plata, Resistencia, Córdoba y Rosario.
Con estas acciones se busca obtener y resguardar los elementos probatorios que confirman la existencia y dimensión de la estructura ilícita denunciada, desenmascarar a sus jefes y organizadores, como así también facilitar las tareas de fiscalización dirigidas a determinar la real evasión de los sujetos que adquirieron los comprobantes apócrifos.
Participaron de los operativos más de 350 agentes de AFIP y personal de Gendarmería Nacional y se secuestró de importante cantidad de documentación y material informático que comprobaría los hechos ilícitos denunciados.

Los bancos extranjeros elogiaron las reformas del Gobierno, pero criticaron los beneficios fiscales de las fintech

Fuente: http://www.iprofesional.com/notas/259797-crecimiento-bancos-impuesto-a-las-ganancias-aba-consumidor-competitividad-competencia-reforma-tributaria-reforma-laboral-fintech-Los-bancos-extranjeros-elogiaron-las-reformas-del-Gobierno-pero-criticaron-los-beneficios-fiscales-de-las-fintech

El presidente de la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA), Claudio Cesario, encabezó este lunes el agasajo de fin de año para la prensa especializada, donde lanzó un doble mensaje para el Gobierno.

Por un lado, elogió la política económica, por el otro, apuntó contra los beneficios que poseen las empresas financieras del sector tecnológico (fintech) y que –estima– derivan en una competencia sin equidad.

En este sentido, el directivo criticó que “existe divergencia” con las fintech “que operan medios de pago, con determinados beneficios fiscales, y con las que otorgan créditos sin tener las mismas condiciones ni regulaciones que rigen para los bancos”.

Según Cesario, el reclamo del sector es que puedan “competir en un plano de igualdad y no contra empresas con beneficios fiscales”, pues pagan la mitad de ingresos brutos y las radicadas en el polo tecnológico de la ciudad de Buenos Aires están exentas por diez años; además de tener menos costos laborales, ya que acceden a 70% del crédito fiscal en las contribuciones patronales.

“Paradójicamente, no trasladan dichos beneficios al consumidor y tienen un costo financiero total superior al de cualquier entidad bancaria”, subrayó remarcó Cesario, quien exigió que “la vigencia de reglas de juego claras e iguales debe ser un foco central de la competitividad”.

Más allá de esto, el titular de ABA elogió el actual rumbo económico y remarcó: “Es necesario que el sendero marcado por el Gobierno de reducción del déficit fiscal tenga el más amplio consenso ya que todos sabemos los efectos del mismo y de la inflación como generadores de pobreza y exclusión”.

Además, aseguró que “el discurso del Presidente (Macri) post-elecciones significó un punto de inflexión en la política argentina”.

En este sentido, precisó: “Los bancos de ABA consideramos que estamos frente a la gran oportunidad de avanzar seriamente en normalizar el conjunto de la economía y tener un país más respetado y moderno”.

El banquero explicó que las reformas fiscal, laboral y previsional son claves para el cambio de rumbo de la economía nacional, si bien admitió que “la situación social justifica que se apliquen de manera gradual, progresiva y coordinada”.

De este punto de vista, Cesario saludó el apoyo de los gobernadores provinciales al pacto fiscal, subrayando que esos mandatarios conocen “el efecto nocivo y regresivo que tiene Ingresos Brutos y que en algunas actividades impacta más que el Impuesto a las Ganancias”.

En lo que hace a la reforma laboral, la estimó “necesaria para mejorar las condiciones de competitividad y la relación que debe regir entre la producción y el trabajo, de los trabajadores y las empresas, en un esquema en el que las partes se vean beneficiadas”.

Cesario también apoyó el conjunto de las medidas que ha venido impulsando el Gobierno nacional en el campo económico, mencionando el “abaratamiento del crédito internacional para obras de infraestructura, la reducción progresiva de la inflación”, al tiempo que destacó la reunión de la Organización Mundial de Comercio (OMC) la próxima semana en Buenos Aires y la del G-20 el año próximo bajo la presidencia de Argentina.

Al referirse al sector financiero, el titular de ABA dijo que “el sistema está encarando su transformación” y que lo está haciendo manteniendo su solidez y fortaleza, con la expectativa de un crecimiento del 3% anual en los años venideros.

Abordó, asimismo, el desarrollo de la banca electrónica, de las sucursales inteligentes y de otro tipo de acciones que permitan hacer llegar los servicios bancarios a lujares lejanos o poco poblados.