La sentencia admitió una demanda intentada por un banco contra la sociedad deudora y su representante, quien se había obligado en calidad de fiador por todas las obligaciones que asumiera aquella. Apelado el decisorio, la Cámara lo confirmó.

Sumarios

La condena impuesta al representante de una sociedad, quien se obligó ante una entidad bancaria en calidad de fiador por todas las obligaciones asumidas por su representada, debe confirmarse, más allá de que la expresión consignada por aquel sobre la firma inserta en la primera hoja del contrato haya constituido un error, pues la simple literalidad del instrumento no deja margen de duda en orden a que se comprometió de manera personal por las obligaciones de aquella.

La fianza general contratada entre las partes no viola el principio de especialidad, no solo porque, en el caso, las obligaciones se encuentran determinadas en función de los sujetos, lo cual constituye una pauta válida de sujeción, sino también porque no se advierte ninguna circunstancia que haga suponer que el fiador no hubiese comprendido los términos en los que se obligaba o que hubiese existido algún tipo de abuso de parte de la entidad actora.

En las fianzas generales la validez no puede predicarse en abstracto sino que debe considerarse cada caso en concreto procurando cerciorarse no se verifiquen ilícitos.

Fallo

Expediente N° 1355075

2ª Instancia.- Río Cuarto, julio 4 de 2017.

1ª ¿Procede el recurso de apelación planteado por los demandados? 2ª En su caso, ¿Que pronunciamiento corresponde dictar?

1ª cuestión. — El doctor Lescano Zurro, dijo:

I.) El pronunciamiento recurrido cuya parte resolutiva fue antes transcripta posee una adecuada relación de causa que satisface las exigencias establecidas en el art. 329 del Cód. Proc. Civ. y Comercial razón por la cual y a los fines de evitar repeticiones a ella me remito.

II.) Contra dicho decisorio se alzan los accionados desarrollando los agravios que pueden ser condensados de la siguiente forma:

2.1. Primeramente, Walter Santiago Pauluzzi cuestiona que se hubiese desestimado la defensa de falta de acción y reedita lo dicho al oponer la excepción de falta de acción. En este sentido expresa que no asumió obligación alguna con la entidad actora, ello toda vez que en la rúbrica inserta en la primera hoja del contrato de fianza consignó la leyenda “P/Tranman SRL – Walter Pauluzzi Socio Gerente” pretendiendo así patentizar que no firmó de manera personal sino en representación de la sociedad, lo que hace coincidir obligado principal con el fiador y lleva a invalidar el contrato.

Adita que aun cuando al final del instrumento firmó solo con su nombre y documento, ello genera una disparidad que tiñe de nulidad el mismo debido a que se contradicen las firmas y genera una confusión entre obligado y fiador.

2.2. También censura el decisorio argumentando que la fianza viola el principio de especialidad en cuanto al crédito y que nada dijo el a quo en relación a los alcances del art. 1989 del Cód. Civil que impone que el contrato tenga un objeto determinado.

Refiere que el contrato no enumera como incluido en la garantía al descubierto en cuenta corriente por lo que entiende estaría excluida del afianzamiento.

A su vez también cuestiona que la juez hubiese considerado también las normas del nuevo Cód. Civil y Comercial (arts. 1577 y 1578) lo cual implica violar el principio de irretroactividad de la ley (art. 7 Cód. Civil y Comercial).

2.3. En tercer lugar cuestiona que no se hubiese considerado la defensa esgrimida con relación a que la entidad actora no había restituido los cheques de terceros descontados, que al ser rechazados por el banco girado llevaron a generar los débitos en la cuenta corriente que ahora integran parte del saldo deudor que se reclama.

Sostiene que dicha actitud evidencia mala fe por parte de la actora debido a que por un lado carga en la cuenta los importes de los cheques y por otro le impide intentar recuperarlos en contra del librador, que vendría a ser el principal obligado por los títulos.

2.4. Por último también se queja por los intereses que cobra la entidad financiera actora expresando que los mismos implican un abuso de derecho y atentan contra la moral y las buenas costumbres y pide se morigeren los mismos a valores compatibles con dichos principios.

Los agravios reseñados recibieron la condigna refutación por parte de la entidad actora quién solicito el rechazo de los mismos y la confirmación del pronunciamiento.

III.) Adelanto que a mi juicio no le asiste razón al recurrente en las críticas que ensaya razón por la cual he de proponer la confirmación de pronunciamiento.

3.1.) Previo adentrarme en lo que sería el primer cuestionamiento de Walter Santiago Pauluzzi, que trasunta por el rechazo de la defensa de falta de acción, debo decir que en realidad el recurrente no concreta ninguna crítica sobre dicho punto ello toda vez que simplemente expone los hechos y reedita lo expresado al oponer excepciones lo que a la sazón se traduce solo en una mera disconformidad con lo decido por la juez y dista de constituir un agravio en strico sensu.

Sin perjuicio de lo señalado, para mayor satisfacción del recurrente, y por aquello de que tratándose la apelación de un recurso de carácter ordinario, toda interpretación en relación a su admisibilidad debe ser flexible y en el sentido más favorable al apelante en resguardo del derecho de defensa (conf. Sentencia 62/2016 in re “Canale”) he de procurar dar respuesta al desacuerdo que postula.

En esta faena y conforme resulta del escrito de agravios el recurrente pretende desobligarse de la fianza acordada sobre las obligaciones asumidas o que asumiese en un futuro de la sociedad Tranman S.R.L., de la cual a su vez era gerente, argumentando que el contrato sería nulo debido a que en la primera hoja, de las dos que posee, antes de la firma consigno la leyenda “P/Tranman S.R.L.” y que como consecuencia de ello coinciden las personas de obligado principal y el fiador.

Al margen de que se advierte que la expresión consignada sobre la firma inserta en la primera hoja del contrato constituyo un claro error, que inclusive y como bien señala la iudex quedó purgado cuando luego al final del contrato firmo nuevamente, ya sin ninguna leyenda, y consignando simplemente su nombre y documento. Lo cierto es que dicho error resulta de ninguna significación pues los términos de la obligación resultan del contenido del contrato y no de la firma. Vale decir que si del tenor del contrato surge que se obligó de manera personal, tal como efectivamente ocurre, no puede pretender desconocer la obligación con tal fútil argumento.

En este caso el contrato resulta por demás de elocuente ello toda vez que en el mismo se consigna “Por el presente instrumento Pauluzzi Walter Santiago – DNI. …, en adelante el Fiador, nos constituimos en fiadores solidiarios, lisos, llanos y principales pagadores, renunciando al beneficio de excusión, división, interpelación y demás que la ley acuerda a los fiadores, de todas y cada una de las obligaciones que Tranman SRL – CUIT …, en adelante Deudor, tiene contraídas y/o contraigan en el futuro con el Banco de la Provincia de Córdoba SA…”

La simple literalidad del instrumento no deja margen de duda en orden a que el codemandado Walter Santiago Pauluzzi se obligaba de manera personal garantizando los compromisos de la sociedad que representaba, consecuentemente la firma inserta no hace más que exteriorizar la intención de obligarse en los términos que resultan del instrumento (art. 1028 CC).

Una interpretación en sentido contrario implicaría violentar lo que las partes verosímilmente entendieron o pudieron entender obrando con cuidado y previsión, pues si el objeto del contrato era afianzar las obligaciones de la sociedad que representaba va de suyo que obraba de manera personal.

En función de lo reseñado no podrá tener acogida dicho agravio.

3.2. Por otro costado el mismo accionado —fiador— se agravia argumentando que la fianza viola el principio de especialidad y determinación en cuanto al crédito consagrados en los arts. 1989 del Cód. Civil y 478 del Código de Comercio.

Sobre dicho tópico estimo oportuno comenzar señalando que el art. 1988 del Cód. Civil expresamente autoriza a afianzar obligaciones futuras y así establece que “La obligación puede preceder a la obligación principal, y ser dada para seguridad de obligaciones futuras, sin que sea necesario que su importe se limite a una suma fija…”. Ahora bien, la condición para que dicha fianza sea válida surgen del art. 1989 y justamente consiste en que “… debe tener un objeto determinado, aunque el crédito futuro sea incierto y su cifra indeterminada”.

Demás está decir que la escasa claridad y la amplitud de las disposiciones citadas generan dudas en torno a cuando se considera cumplido este requisito. Es de allí que se ha debatido doctrinaria y jurisprudencialmente si los contratos con cláusulas abiertas, como el que nos ocupa, resultan válidos y satisfacen la exigencia legal que dimana de la norma. Así existe una posición más cerrada que considera que dichos contratos cuando no indican alguna limite de género —origen causal— en relación a las obligaciones a las que acceden no cumplen dicho recaudo (vide: Borda, Guillermo “Tratado de Derecho Civil – Contratos”, T. II, pág. 450, 7° Edición, Editorial Perrot. En igual sentido Lorenzetti, Ricardo Luis “Tratado de los Contratos”, T. III, pág. 501, Ed. Rubinzal – Culzoni). Paralelamente otra corriente doctrinaria, en una interpretación más flexible, entiende que la exigencia se cumple siempre que pueda determinarse razonablemente el objeto, dicho en otros términos vincular la obligación nacida con la fianza (vide: Lavalle Cobo, Jorge E., en obra colectiva dirigida por Bellusio, A. y Zannoni, E. “Código Civil y leyes complementarias, comentado, anotado y concordado” T. 9, pág. 469, Ed. Astrea; Wayar, Ernesto, “Contratos”, p. 45 – Ed. Zavalia; Fargosi, Horacio “Fianza general de obligaciones futuras e indetermindas” LA LEY 1984-C-1181; entre otros).

La jurisprudencia mayoritariamente se inclina por esta última posición y así ha entendido que “…cuando en la fianza se establece el criterio en base al cual se determina el compromiso del fiador, aun si es otorgada respecto a todas las obligaciones futuras que el afianzado contraiga con determinada persona, se cumple el requisito de determinación del objeto estatuido por el art. 1989 CCiv.” (CNac. Com. Sala D, 27/02/2013 “HSBC Bank Argentina SA c. La Radial SRL y otro” La Ley Online AP/JUR/658/2013). De igual forma también ha sostenido “…la inclusión en el ámbito del contrato de todas las obligaciones que el afianzado contraiga con determinado tercero —en el caso, el banco— no resulta violatoria de aquella previsión legal (refiriéndose al art. 1989 CC)” (lo consignado en paréntesis me pertenece) (CNCom. Sala E, 21/08/1998 “Banco Los Tilos SA c. Lideres en Tecnología SA y Otros” La Ley Online 30003208).

Personalmente me inclino por una posición intermedia pues si bien comparto la opinión de quienes sostienen que cuando en la fianza se ha establecido con un criterio en base al cual se puede determinar el compromiso asumido por el fiador, aun así es otorgada respecto a todas las obligaciones futuras que el afianzado contraiga con determinada persona, cumple las exigencias del art. 1989 del Cód. Civil (conf. CNCom. Sala D, 30/06/2008 “Vigna, Juan J. A., c. Lloyds Bank (BLSA) Ltda.” La Ley Online 35024348), empero considero también que su validez se encuentra sujeta a que no se advierta una situación de abuso y no medie una lesión subjetiva o un vicio en la voluntad.

Lo dicho implica que en las fianzas generales, como las que nos ocupa, la validez no puede predicarse en abstracto sino que debe considerarse cada caso en concreto procurando cerciorarse no se verifiquen ilícitos.

Partiendo de dichos señalamientos y subsumiéndolos al sub examine tengo que conforme resulta del contrato obrante a fs. 10/11, la fianza comprende todos las obligaciones que la sociedad afianzada contraiga con la entidad financiera actora. Vale decir que en principio las obligaciones se encuentran determinadas en función de los sujetos, lo cual como ya he dicho constituye una pauta valida de sujeción.

Paralelamente no advierto ninguna circunstancia, que a la sazón tampoco habría sido invocada, que me haga suponer que el fiador no hubiese tomado dimensión o comprendido los términos en que se obligaba, o de lo contrario que hubiese existido algún tipo de abuso de parte de la entidad actora.

Muy por el contrario tengo que las situaciones que podrían llevar a descalificar la fianza general se encuentran absolutamente atenuadas debido a que el fiador era a la vez el gerente de la sociedad y por ende el único que la representaba, de manera tal que no podría verse comprometido de manera personal en ninguna obligación a la que previamente no haya prestado su anuencia como representante de la sociedad, lo que indudablemente lleva a descalificar las críticas.

En efecto, el principal riesgo que exhiben las fianzas globales, u ómnibus como también se las llama, y que las pone en tela de juicio, es que pueden llevar a un sobreendeudamiento del garante que se obliga a ciegas sin tener conocimiento y debida información de los compromisos que podría asumir el afianzado, empero ello en este caso no resulta posible debido a que no hay ninguna obligación que pudiese asumir la sociedad sin su conocimiento, debido a que reitero era el gerente y por ende el único que la podía obligar (arts. 58 LSC).

Destaco, a mayor abundamiento que está discusión, si se tratase de una operación actual, estaría ya superada pues el nuevo ordenamiento Civil y Comercial, —que para tranquilidad del recurrente aclaro no resulta aplicable en función de lo dispuesto en el art. 7 y debido a que se trata de una relación nacida con anterioridad a su entrada en vigencia— asumiendo la problemática señalada ha ampliado el espectro de obligaciones afianzables incluyendo a las obligaciones “indeterminadas”, empero estableciendo como condición para ellas la fijación de un monto máximo (art. 1578 CCC), neutralizando así los riesgos que las mismas suponían.

En función de lo reseñado considero que no pueden ser recibido el agravio en tratamiento, y en consecuencia he de proponer al acuerdo la confirmación del pronunciamiento en dicho punto.

3.3. Por otra parte el recurrente censura el decisorio por no haber considerado sus alegaciones respecto a que no le fueron restituidos los cheques de terceros que habían sido descontados en la entidad financiera actora y cuyo importe, al ser rechazado los valores, fueron debitados de la cuenta corriente e integran el saldo que ahora se reclama.

Sobre dicho aspecto cuadra señalar que la deuda por los cheques descontados aún existe y el hecho que se hubiese generado un débito sobre la cuenta corriente por dicha obligación no le hace perder su individualidad y mucho menos su causa (conf. Alonso, Daniel Fernando y Gotilieb, Veronica, en obra colectiva dirigida por Adolfo N. Ruillon “Código de Comercio Comentado y Anotado”, T. II, pag. 264, Edit. LA LEY. En igual sentido Giraldi, Pedro Mario “Cuenta corriente bancaria y cheque” pag. 55, Edit. Astrea). Vale decir que al no haberse cancelado el saldo de la cuenta corriente la deuda aún subsiste y reputa el mismo origen.

Paralelamente, va de suyo también que es facultad del banco perseguir el cobro de manera conjunta e indistinta en contra del librador de los títulos descontados, consecuentemente mal puede pretender la demandada se le restituyan los valores que constituyen el soporte de su crédito si aún no han sido cancelados. Consecuentemente tampoco puede tener cabida este agravio.

Aclaro que lo dicho es sin perjuicio de los eventuales daños que pudiese sufrir él cuentacorrentista y ser objeto de reclamo si luego la entidad que genero el débito y no restituyo los valores deja prescribir la acción en contra del librador para perseguir el cobro.

3.4. Por último y conforme resulta de los agravios antes transcriptos los recurrentes se quejan por los intereses que cobraba el banco, es decir anteriores a la sentencia.

Adelanto que dicho tópico no fue materia de controversia en el grado por ende no puede ser objeto de tratamiento en esta instancia por estar expresamente vedado (art. 332 Cód. Proc. Civ. y Comercial). En este sentido los accionados al ser citados de remate y oponer excepciones nada dijeron respecto a los accesorios del crédito, por lógica consecuencia ello no formó parte de la litis y su invocación en esta instancia constituye una reflexión tardía que no puede ser considerada.

Los argumentos expuestos implican traer al debate aspectos que no se corresponden con las antes esgrimidas, lo que derechamente modifica el material de conocimiento originario (conf. Fontaine, Julio en obra colectiva dirigida por Ferrer Martínez “Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba”, T. I, pág. 657) que conlleva un alejamiento de lo que constituye la función del órgano de apelación, que no es otra, en principio, que verificar el acierto o error de la sentencia impugnada confrontando su contenido con el material fáctico y jurídico ya incorporado en la instancia anterior (conf. Azpelicueta – Tessone: “La Alzada – Poderes y deberes”, LEP, págs. 87 y 163), ya que en virtud del principio de congruencia se le exige a la Alzada prestar especialísima atención a dos estadios procedimentales, cuales son el de la traba de la litis, y el de interposición y fundamentación del recurso de apelación (art. 332 ib), pues las potestades decisorias sufren una doble restricción: la que resulta de la relación procesal y la que el apelante voluntariamente imponga a través del escrito de interposición del recurso y de la pieza que contiene el desarrollo de los agravios.

Consecuentemente tratándose de un cambio en la causa de la defensa que modifica sustancialmente el material propuesto al fundarse los agravios con relación a aquello que fuera la base de la contestación de la demanda, aquel no puede integrar el campo de conocimiento del juez del recurso, por lo que este agravio debe ser declarado desierto, ello toda vez que no constituye una queja sobre los fundamentos del fallo, pues obviamente dicho argumento no fue tratado.

Destaco que esta ha sido la línea de pensamiento reiteradamente expresada por este tribunal con distinta integración, pero en criterio que comparto (entre otros “Scianca c. Caja de Seguros de Vida SA”, Sent. 13/2009; “Perez c. González y otro”, Sent. 46/2013), teniendo que ver la cuestión con el principio de congruencia por el que se fijan los límites a la competencia funcional de la alzada que la ley establece en los preceptos del rito antes citados (sobre el punto véase Vénica: “Código Procesal Civ. y Com. de la Pcia. de Cba. – Ley 8465. Comentado. Anotado. Concordancias. Jurisprudencia”, Lerner, T. III, pág. 190 y ss., pág. 209 y ss., y pág. 220 y ss.; Azpelicueta – Tessone, citada, pág. 161 y sgtes.).

En función de todo lo expuesto considero que debe rechazarse el recurso de apelación articulado por los accionados, razón por la cual a la primera cuestión planteada voto por la negativa.

Los doctores Mola y Herran dijeron:

Adhieren a las conclusiones a los que arriba el señor Vocal preopinante, estimando se debe resolver conforme lo propone.

2ª cuestión. — El doctor Lescano Zurro dijo:

En función de las conclusiones arribadas propongo: I.) Rechazar el recurso de apelación articulado por los demandados y confirmar la sentencia atacada.

II.) Imponer las costas a los recurrentes vencidos (art. 130 Cód. Proc. Civ. y Comercial). Consecuentemente teniendo en consideración las pautas cualitativas que establece el art. 39 de la Ley 9459 tales como el valor y eficacia de la defensa, la complejidad del asunto y la cuantía del mismo se regulan los honorarios del Dr. L. H. A. en el cuarenta por ciento (40%) de dos puntos más del mínimo de la escala del art. 36 ib, sobre el monto actualizado de sentencia (art. 40 ib). Efectuados los cálculos respectivos ello representa la suma de pesos … ($…). No se regulan honorarios al Dr. E. H. C. en función de lo dispuesto en el art. 26 ib y sin perjuicio de su derecho. Así voto.

Los doctores Mola y Herran dijeron: A

dhieren a las conclusiones a los que arriba el señor Vocal preopinante, estimando se debe resolver conforme lo propone.

Por ello y disposiciones citadas, por unanimidad se resuelve: I.) Rechazar el recurso de apelación articulado por los demandados y confirmar la sentencia atacada. II.) Imponer las costas a los recurrentes vencidos (art. 130 Cód. Proc. Civ. y Comercial). Consecuentemente se regulan los honorarios del Dr. L. H. A. en la suma de pesos … ($…) (art. 40 Ley 9459). No se regulan honorarios al Dr. E. H. C. en función de lo dispuesto en el art. 26 ib y sin perjuicio de su derecho. Protocolícese y bajen. — Carlos A. Lescano Zurro. — Daniel G. Mola. — José M. Herrán.