Díaz Ceccon, Mariano

I. ¿Cuáles son las ganancias incluidas en el artículo 79?— II. ¿Cuál es el problema entonces?— III. ¿Cómo se solucionaría?— IV. ¿Cuál es la propuesta?— V. ¿Cómo queda el panorama?

El proyecto de reforma tributaria, cuyos ejes presentó el Ministerio de Hacienda en el marco la agenda de “consensos básicos” que expuso el Presidente de la Republica, incluiría cambios en la cuarta categoría del impuesto a las ganancias.
En los últimos años la inflación ha distorsionado varios de los principios del impuesto, aumentando la asimetría entre los trabajadores autónomos y el personal en relación de dependencia, que lo pagan mediante un agente de retención (el empleador).
Esto significa que, ante igual monto de ganancia bruta, el impuesto a pagar no es el mismo porque las deducciones que admite la ley son diferentes. Si sumamos a los monotributistas (si bien el régimen simplificado también incluye el impuesto al valor agregado y al sistema previsional) veremos que la carga tributaria también es diferente.
En definitiva, estamos frente sujetos distintos que percibiendo el mismo nivel de ingresos pagan anualmente montos distintos de impuesto a las ganancias. Si bien hace tiempo se viene discutiendo la necesidad de equipararlos, hasta el momento no hubo resultados.
El problema, entre otros, está en la redacción del art. 23 de la ley del impuesto a las ganancias, que establece las deducciones personales que los contribuyentes pueden computar. El inc. c) establece: “en concepto de deducción especial, hasta la suma de pesos cincuenta y un mil novecientos sesenta y siete ($ 51.967), cuando se trate de ganancias netas comprendidas en el art. 49, siempre que trabajen personalmente en la actividad o empresa y de ganancias netas incluidas en el art. 79”.
I. ¿Cuáles son las ganancias incluidas en el artículo 79?
Son las ganancias de cuarta categoría. En los primeros incisos indica que son aquellas provenientes de:
“a) Del desempeño de cargos públicos nacionales, provinciales, municipales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sin excepción, incluidos los cargos electivos de los Poderes Ejecutivos y Legislativos. En el caso de los Magistrados, Funcionarios y Empleados del Poder Judicial de la Nación y de las provincias y del Ministerio Público de la Nación cuando su nombramiento hubiera ocurrido a partir de 2017, inclusive.
“b) Del trabajo personal ejecutado en relación de dependencia.
“c) De las jubilaciones, pensiones, retiros o subsidios de cualquier especie en cuanto tengan su origen en el trabajo personal y en la medida que hayan estado sujeto al pago del impuesto, y de los consejeros de las sociedades cooperativas”.
Y luego en el resto de los incisos se enumera a todos aquellos que no estén incluidos en los primeros tres, como los servicios de los socios de sociedades, el ejercicio de profesiones liberales, corredores, viajante de comercio, entre otros.
II. ¿Cuál es el problema entonces?
El art. 23 de la ley permite elevar la deducción especial (monto similar al mínimo no imponible) tres coma ocho (3,8) veces cuando se trate de las ganancias de los incs. a), b) y c) del art. 79 de la ley, mientras que al resto de los sujetos del artículo Ahí es donde se produce la diferencia. Imaginemos el caso de abogados, psicólogos, profesores, por ejemplo, que ejercen la profesión en forma independiente (podríamos incluirlo en el inciso “del ejercicio de profesiones liberales u oficios”) y aquellos que se encuentran en relación de dependencia. A igual ganancia bruta (antes de los descuentos) el impuesto a pagar es distinto.
III. ¿Cómo se solucionaría?
Básicamente modificando la redacción del art. 23 y permitir el incremento de la deducción especial para todos los contribuyentes del art. 79. O eliminando el concepto de deducción especial incrementada y aumentando el monto de la deducción especial. Es decir, que sea directamente 4,8 veces el monto del mínimo no imponible.
IV. ¿Cuál es la propuesta?
El borrador del proyecto menciona la necesidad de un aumento de la deducción especial para trabajadores autónomos y la necesidad de un tratamiento más equitativo que reduzca la diferencia con los trabajadores dependientes. No se habla de igualar deducciones, sino de achicar diferencias. Y propone duplicar el importe de la deducción especial que podrán computar los autónomos.

Si bien el incremento (en caso de ser en estos valores) otorgará mejores condiciones tributarias a estos sujetos, la propuesta está lejos de otorgar un tratamiento equitativo en relación a los trabajadores dependientes.
V. ¿Cómo queda el panorama?
Analicemos brevemente con algunos ejemplos. Por supuesto, la situación cambia según cada contribuyente y las deducciones que este compute. Es posible que estemos frente a contribuyentes que tengan mayor ganancia bruta que otros pero que paguen menos impuesto por poder computar mayores deducciones (hijos, medicina prepaga, intereses de crédito hipotecario, alquileres, entre otros).
Tomemos un ejemplo bien básico: un soltero que solo computa las deducciones admitidas por el art. 23 y analicemos los distintos escenarios según niveles de renta bruta (antes de descuentos) y tipo de contribuyente (autónomo o trabajador dependiente).
Pensemos en tres contribuyentes A, B y C con ingresos anuales totales de $400.000, $500.000 y $750.000 respectivamente.
El impacto del impuesto a las ganancias en cada uno es el siguiente:

Para el cálculo utilizamos los montos de deducciones previstos para el periodo fiscal 2017. Tengamos en cuenta que, de aplicarse esta reforma, tendrá efectos a partir año próximo. La ley de ganancias prevé que los montos de deducciones personales y la escala del art. 90 se actualizarán anualmente por la variación del RIPTE (Remuneración imponible promedio de los trabajadores dependientes), de octubre al año anterior al ajuste respecto del mismo mes de un año antes (octubre 2016-octubre 2017). Según los valores difundidos por el Ministerio de Trabajo al mes de agosto, el ajuste debería ser superior al 20%. Es esperable que la AFIP emita una resolución con los valores que corresponda aplicar.
En el caso del sujeto A vemos que podría pagar $16.327 menos de impuestos al año (actualmente pagaría más de $73.000, bajando a $56.979). Pero está muy lejos de equipararse con el pago del trabajador en relación de dependencia, que pagaría $8686. Sobre la renta bruta (lo que factura, antes de los descuentos), el peso del impuesto bajaría al 14,24%.
Lo mismo vemos con el sujeto B, hay un alivio respecto de la situación actual de alrededor de $18.000. Pero la diferencia del peso del impuesto en comparación a la situación actual es apenas 3,6%.
Las distorsiones persisten, si bien son menores. Es cierto que para los primeros dos niveles de ingresos los contribuyentes podrían optar por el monotributo, con una carga tributaria menor. Sin embargo, el sujeto C supera el límite máximo de ingresos brutos que admite el monotributo (para prestaciones y locaciones de servicios), y está obligado a tributar ganancias como trabajador autónomo.

Otro problema que enfrentan estos trabajadores es la falta de actualización de los montos de las categorías. Sería deseable que la propuesta de reforma también incluya esto.