Reformas: ya negocian nuevo “plus” a jubilados

Fuente: http://www.ambito.com/904151-reformas-ya-negocian-nuevo-plus-a-jubilados

Mauricio Macri dio la orden final: las reformas que considera clave para 2018 deben ser aprobadas por el Congreso y, para lograrlo los legisladores del oficialismo están autorizados a negociar algunos puntos clave. Dos capítulos podrán modificarse, siempre que los cambios no alteren la meta final de déficit fiscal de 3,2% del PBI para 2018 (entre $120.000 y $130.000 millones); o que, al menos, puedan garantizar que si se pierde recaudación por un lado, se garantice por el otro. Por ahora, en la autorización presidencial hay dos capítulos: terminar de clarificar qué sucede con la suba de los impuestos internos y el tributo al cheque en Diputados y con el “plus” por PBI con el que se modificaría la “movilidad jubilatoria”. En el primer caso, se discutirá el tributo a las gaseosas azucaradas. En el segundo, el “plus” debería ser más generoso que el escueto y amarrete 5% sobre el crecimiento que propuso el Gobierno. Según se aclaró desde el Ministerio de Hacienda de Nicolás Dujovne, los legisladores tienen margen de negociación fiscal, pero se recomienda que los cambios sean monitoreados permanentemente con el Ejecutivo.

Macri quiere que las leyes estén a disposición del Ejecutivo a fin de año, y que las extraordinarias se utilicen para cerrar las reformas, incluyendo la conflictiva nueva ley previsional. Y que a comienzos de 2018 la atención esté puesta en la rapidez de la puesta a punto y reglamentación de las nuevas leyes, y la confección de las reformas de “segunda generación” las que , se promete, serían aún más profundas (y burocráticas) que los cambios que quiere generar el Gobierno con las normas que antes de Navidad debería aprobar el Congreso. Los que siguen son los lineamientos de los primeros cambios que están en estudio sobre los textos originales:

* Impuestos Internos. El Gobierno sabe que la suerte de la reforma impositiva está casi cerrada y positivamente para los intereses del oficialismo. Casi no hay oposición a los cambios en Ganancias para empresas y la modificación de la ley penal tributaria. También la aplicación del IVA a ciertos servicios informáticos y la ampliación en la presión de Ganancias para particulares podría tener votos positivos. Pero donde aún no hay acuerdo es en la aplicación del impuesto interno a las gaseosas azucaradas, ya que contaría con la negativa de los legisladores de provincias mesopotámicas, Tucumán y Santiago del Estero. Hasta el correntino oficialista Ricardo Colombi anunció que, al menos en particular, sus legisladores votarán en contra. La habilitación desde el oficialismo libera a que en el momento de votar en comisión o en el recinto se acepte la caída de este impuesto si ayuda al éxito final de la norma. El mismo análisis se aplica a la posibilidad de tomar el impuesto al cheque a cuenta de Ganancias. La intención del Gobierno es limitar al máximo este beneficio, otorgándoselo únicamente a las empresas. Se sabe que en Diputados el massismo y parte del justicialismo presionarán para que la alternativa alcance también a los contribuyentes particulares. El macrismo no tendría problemas en admitirlo pero siempre y cuando la pérdida de recaudación se traslade a 2019.

* Jubilaciones. El Gobierno no negociará que la reforma jubilatoria pase por el cambio en la indexación anual eliminando la “movilidad” por el cálculo sobre la base del PBI, más un plus. La base del éxito del mecano fiscal armado por Dujovne se asienta en que los gastos previsionales bajen sustancialmente. Si además se tiene en cuenta que de los 130.000 millones de pesos que Dujovne debe reducir de déficit, unos 100.000 parten de la eliminación de la “movilidad”, las posibilidades de negociación se limitan. Sin embargo hay margen para negociar el “plus” sobre el PBI. Se reconoce puertas adentro que el primer clima cosechado entre la oposición legislativa es de rechazo absoluto. Y que la idea de un 5% del crecimiento no fue tomada muy en serio por los senadores y legisladores de los partidos que necesariamente deben aportar votos. Los números son lapidarios. Si la Argentina creciera un 4% el próximo año, el aumento mensual por el “plus” sería de unos 20 pesos, lo que comparado con los casi 300 que perderán los jubilados si se aplicara la “movilidad”, hacen imposible la comparación. Lo que hará el Gobierno es mejorar la oferta porcentual del “plus”. Como máximo, se podría estirar hasta los 50 pesos (15% aproximadamente), lo que aún no garantizaría el indispensable aval opositor.

Nueva ley de alquiler, mercado de capitales, compre argentino, Defensa de la Competencia: el Gobierno va por todo en el Congreso

Fuente: http://www.iprofesional.com/notas/258997-alquileres-congreso-prueba-multa-consumidor-senado-competencia-sociedades-tesoro-nacional-responsabilidad-responsabilidad-fiscal-unidades-moviles-conductas-anticompetitivas-concentraciones-economicas-clemencia-Nueva-ley-de-alquiler-mercado-de-capitales-compre-argentino-Defensa-de-la-Competencia-el-Gobierno-va-por-todo-en-el-Congreso

El gobierno de Mauricio Macri sigue de festejo. Primero, la alegría provino de las urnas; luego, de la reunión con empresarios y sindicalistas. Y también del Congreso, ya que pudo destrabar varios proyectos de ley que estaban cajoneados.

Tras su triunfo en las elecciones de medio término, “pisó el acelerador” para impulsar el debate de varias iniciativas que cree indispensables para su gestión.

El recambio legislativo juega a su favor: a partir del 10 de diciembre, el oficialismo aumentará su representación en ambas cámaras. Pese a ello, considera imprescindible dar una señal de “consenso”.

La “foto” actual muestra a un Gobierno que pudo empujar una batería de proyectos: cambios en el Código Civil y Comercial (en lo que refiere a un tema sensible como es el de alquileres de vivienda), la reforma del mercado de capitales, una nueva ley para Defensa de la Competencia y para el Compre Nacional.

Sin embargo, sólo logró juntar las firmas necesarias para apurar el debate, pero no mucho más. Traducido en lenguaje político, significa que podrían sufrir modificaciones, no en la esencia pero sí en la “letra chica”.

El oficialismo buscará que todas estas iniciativas sean aprobadas en Diputados en maratónica sesión (a lo sumo en dos). Luego, serán giradas al Senado de modo tal que, superada esa instancia, sean convertidas en ley hacia fines de noviembre.

Quedará para diciembre -en sesiones extraordinarias- el tratamiento del paquete de reformas clave que impulsa el Ejecutivo:

– Cambios en los contratos laborales

– Modificaciones en el sistema tributario

– Ley de Movilidad Jubilatoria

– El Presupuesto 2018, que ingresó en septiembre

“Supermiércoles” en el Congreso
A juzgar por los últimos encuentros en el Parlamento, se anticipa una jornada intensa, fuego cruzado entre oficialismo y oposición y discursos acalorados que acompañarán el tratamiento de estas iniciativas:

1.- Defensa de la competencia
El Gobierno logró darle impulso al proyecto orientado a castigar la cartelización y a dar “señales positivas” contra la inflación.

De convertirse en ley, quedarán prohibidos todos los actos o conductas que puedan distorsionar las condiciones naturales de mercado.

En particular, serán tratados aquellos casos en los que se compruebe la existencia de posición dominante por parte de una empresa, cartelización con otras y concentración de compañías que den lugar a prácticas anticompetitivas.

Será obligatorio notificarle a la autoridad de aplicación todas aquellas operaciones de fusión que superen los $2.250 millones (150 millones de Unidades Móviles) a fin de que el ente autorice -o no- la operación.

Se creará la Autoridad Nacional de la Competencia, organismo descentralizado e independiente que funcionará en el ámbito del Poder Ejecutivo.

Estará conformada por el Tribunal de Defensa de la Competencia, por el titular de la Secretaría de Instrucción de Conductas Anticompetitivas y el de la Secretaria de Concentraciones Económicas.

Sus integrantes serán designados por el Poder Ejecutivo, previo concurso público de antecedentes y oposición.

Se prevén dos tipos de sanciones disuasivas: el cese de actos o conductas que impliquen acuerdos prohibidos o el abuso de posición dominante, y la aplicación de sanciones según tres criterios:

1) Beneficio ilícito: multas de hasta el doble del monto obtenido ilícitamente como resultado de la conducta anticompetitiva

2) Porcentual: hasta 30% del volumen de negocios multiplicado por el número de años en los que se desarrolló la actividad; y hasta el 30% (del volumen de negocios) consolidado a nivel nacional del grupo económico durante el último ejercicio

3) Monetario: multas de hasta 200 millones de Unidades Móviles (poco más de $3.000 millones, ajustada por IPC). Las penas bajo la ley actual no pueden superar los $150 millones (inicialmente, cada unidad móvil valdrá $15 y se actualizará según inflación)

También se contempla un “Programa de Clemencia”, con beneficios de exención o reducción de sanciones para empresas que adhieran, “en la medida en que aporten pruebas para sancionar a los miembros del cartel”.

2. – Nueva ley de mercado de capitales
El proyecto elimina el artículo 20 de la actual normativa, que habilita a la Comisión Nacional de Valores (CNV) a tener injerencia sobre cualquier empresa cotizante.

Asimismo, crea las condiciones legales para el funcionamiento de fondos cerrados de inversión, incluyendo la eliminación de impuestos.

El macrismo entiende que la ley vigente le otorga a la CNV facultades exorbitantes, que “atentan contra la seguridad jurídica y confianza de los participantes en el mercado de valores”.

También introduce otros cambios:

– La des-mutualización de los agentes de valores

– La obligación de interconexión de los sistemas de negociación en distintos mercados

– Nuevas categorías de agentes

– El debut de un régimen de calificación de riesgo

– Un mayor control sobre las sociedades emisoras

– Medidas adicionales de protección al inversor

– El fortalecimiento del rol de la Comisión

La CNV tendrá la facultad de fijar aranceles máximos a percibir de los mercados, cámaras compensadoras, entidades de registro de operaciones de derivados y agentes registrados.

Esto, luego de haber tenido en cuenta la competitividad del mercado de capitales de la región y en situaciones especiales que así lo requieran.

En cuanto a las multas, se actualizan los montos. La mínima se elevará de $5.000 a $100.000 y la máxima, de $20 millones a $100 millones.

Habrá una instancia de defensa en la audiencia previa a un sumario. También se eliminará el recurso al fuero Contencioso Administrativo que, para abrirle juego al Comercial.

3) Compre Argentino
Ya hubo dictamen favorable a la iniciativa que apunta a incrementar los porcentajes de compras en industrias nacionales en las contrataciones del Estado.

La propuesta sufrió cambios respecto a la versión original. Entre ellos, la preferencia por productos fabricados internamente. Para las Pyme, pasó del 7% al 15%.

Una de las principales incorporaciones se vincula al “piso de reserva” de mercado: 20% para bienes nacionales.

El régimen impone sanciones a empresas que incumplan las obligaciones, que comprenden desde el apercibimiento, multas de entre el 5% y hasta el 50% del monto del convenio hasta la suspensión (3 a 10 años) para ser adjudicatario de futuros contratos, concesiones o licencias.

A diferencia del proyecto original, el dictamen aprobado incorpora un “Programa Nacional de Desarrollo de Proveedores”.

Su objeto es el de desarrollar proveedores nacionales en sectores estratégicos, para así darle impulso a la industria, la diversificación de la matriz productiva y promoción de la competitividad”.

La última del año
Para el miércoles 29 y al filo del plazo de sesiones ordinarias, el Gobierno intentará tratar la nueva ley de alquileres y la creación de una serie de Parques Nacionales.

Tres de los grandes temas en carpeta ya ingresaron en Diputados: Presupuesto 2018, proyecto de revalúo fiscal y reforma tributaria.

En paralelo, el Senado espera la reforma laboral y el Pacto Fiscal suscripto por los gobernadores.

En esa cámara ya se encuentra la iniciativa de Responsabilidad Fiscal, tras el compromiso asumido por los mandatarios provinciales. Junto con ella, el Ejecutivo enviará el cambio en la fórmula de ajuste previsional.

En relación con los alquileres, la Comisión de Legislación General de Diputados avanzó en el debate del proyecto de ley -que cuenta con media sanción del Senado- que modifica el Código Civil y Comercial respecto de las locaciones de viviendas.

Los legisladores oficialistas -con algunos aliados- firmaron el dictamen de mayoría que tuvo varios cambios respecto del texto recibido del Senado. Tras ser votado en el recinto, deberá volver a la Cámara alta.

No obstante, hay coincidencias entre Diputados y Senadores en un par de aspectos: fijar un límite a las comisiones inmobiliarias y que se obligue a los propietarios a devolver el depósito actualizado al finalizar el contrato. Es decir, en base al último mes abonado.

La propuesta con media sanción prevé que la renovación de los acuerdos se extienda a tres años. El oficialismo busca que se mantengan como en la actualidad, cada veinticuatro meses.

El Senado aprobó que el canon se ajuste una vez por año y de acuerdo con un promedio entre la inflación y los aumentos salariales.

Sin embargo, el dictamen mayoritario de Diputados contempla que esa cláusula de actualización anual sólo sea operativa cuando índice de precios, según INDEC, supere el 6% anual.

En otro orden, no plantea un tope de aumento sino que lo deja a criterio de las partes.

Al igual que en el Senado, el dictamen mayoritario determina que se reintegre el monto abonado al momento de entregar la llave, actualizado a un valor equivalente al último mes de alquiler.

Además, contempla que las expensas extraordinarias siempre corran por cuenta del dueño y no del inquilino.

En otro orden, se incorporó una ampliación de instrumentos de garantía que le servirán a quien renta una vivienda: garantía real, aval bancario, seguro de caución, garantía personal del locatario o del fiador, que se documentará con recibo de sueldo, certificado de ingresos o cualquier otro medio fehaciente.

En todos los casos, dicha garantía debe cubrir al menos cinco meses del canon locativo.

La iniciativa especifica que, en caso de destino habitacional, al inquilino no se le podrá pedir un depósito mayor a un mes. Y cuando se proceda a renovar el contrato, “las comisiones u honorarios no podrán superar el valor de medio mes de alquiler”.

El Gobierno va por todas estas iniciativas y muchas más, tras el espaldarazo recibido en las urnas. La oposición, en tanto, solo atina a poder reagrupar sus filas pero la dispersión es grande.

Por lo pronto, Macri aprovecha la “grieta” legislativa que, lejos de cerrarse, se irá ampliando con la llegada de Cristina Kirchner al Congreso.

¿Qué hay que saber para la contratación de trabajadores extranjeros?

Fuente: http://www.iprofesional.com/notas/259133-multa-competencia-empleado-tribunales-extranjero-empleador-residencia-Que-hay-que-saber-para-la-contratacion-de-trabajadores-extranjeros

Un tema que suele ser motivo de duda y de consulta es respecto del ingreso de trabajadores extranjeros que vivan en el país, o que se encuentren en el exterior y pretendan radicarse en el país, es qué requisitos requieren para ser dados de alta como trabajadores en relación de dependencia en la AFIP y qué consecuencias puede acarrear tomar como empleado en forma irregular a un extranjero sin la documentación correspondiente.

En este sentido, según explican desde Arizmendi, conforme dispone el artículo 53 de la ley 25.871, los extranjeros que residan irregularmente en el país no pueden trabajar o realizar tareas remuneradas o lucrativas, ya sea por cuenta propia o ajena, con o sin relación de dependencia, ya que ello iría en contra del ordenamiento legal migratorio del país.

Por lo cual, para que un extranjero pueda prestar tareas remuneradas en relación de dependencia y ser correctamente registrado deberá obtener una residencia legal, mediante la cual pueda obtener el CUIL y así ser dado de alta en el sistema de la AFIP “Mi Simplificación”.

La ley Nº 25.871 define en cierta medida la Política Migratoria Argentina como así también en el decreto 616/2010, de esta forma, todas aquellas personas que deseen radicarse en la República Argentina deberán encuadrar en alguno de los criterios de admisión enumerados en los artículos 22 (residencia permanente), 23 (residencia temporaria) y 24 (residencia transitoria) de la ley 25.871.

Sin este requisito, el extranjero no puede ser contratado bajo relación de dependencia, disponiéndose en la ley severas sanciones para quienes infringieran dicha obligación.

A fin de poder obtener la residencia necesaria para la contratación, el trabajador extranjero debe presentarse en la Dirección Nacional de Migraciones en donde debe acreditar tanto documentación personal, como aquella documentación que sea probatoria de la adecuación de cada persona al criterio de admisión bajo el cual se solicita la residencia, es decir deberá presentar la documentación que justifique el tipo y motivo de residencia que está solicitando.

A los efectos prácticos, los modos y requisitos para obtener una residencia observan diferencias de acuerdo a si el solicitante es ciudadano nativo de los países miembros y estados asociados al Mercosur (Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela) o si es No-Mercosur, en cuyo caso la documentación y el costo de la tramitación varían con respecto de un extranjero proveniente del bloque.

La ley 25.871 define los diferentes tipos de residencias los cuales enunciamos a continuación:

– Extranjeros con residencia permanente: los extranjeros admitidos o autorizados como “residentes permanentes”, pueden desarrollar toda tarea o actividad remunerada o lucrativa, por cuenta propia o en relación de dependencia, gozando de la protección de las leyes que rigen la materia. (Ver ley 25.871, art. 22 y art. 53)

– Extranjeros con residencia temporaria: los extranjeros admitidos o autorizados como “residentes temporarios” podrán desarrollar, solamente durante el período de su permanencia autorizada, tareas o actividades remuneradas o lucrativas, por cuenta propia o en relación de dependencia, gozando de la protección de las leyes que rigen la materia. (Ley 25.871, art. 23)

– Extranjeros con residencia transitoria: los extranjeros admitidos o autorizados como “residentes transitorios”, no podrán realizar tareas remuneradas o lucrativas, ya sea por cuenta propia o en relación de dependencia, salvo que fueran expresamente autorizados por la autoridad de migración (Res. D.N.M. 1.846/93. Ley 25.871, Art. 24, Art. 25 y Art. 52).

– Extranjeros con residencia precaria: los extranjeros que gestionan la regulación de su permanencia en el país, podrán recibir una autorización de “residencia precaria”. Excepcionalmente podrán ser habilitados para trabajar, por el plazo de residencia concedido, en los lugares y modalidades que establezca la autoridad de migración (ver ley 25.871, art. 20 y art. 69)

Este requisito de la ley, a la hora de contratar a una trabajador extranjero, es importante tenerlo en cuenta, en virtud que aquel empleador que contrate a un trabajador sin reunir los requisitos legales de residencia puede ser sancionados solidariamente con una elevada multa cuyo monto ascenderá a 50 Salarios Mínimo Vital y Móvil (SMVM) por cada extranjero, carente de habilitación migratoria para trabajar.

Por lo cual, teniendo en cuenta que al día de hoy el Salario Mínimo Vital y Móvil se encuentra en la suma de $8.860, la multa de 50 SMVM podría ascender hasta la suma de $443.000 para el que empleador que proporcione trabajo u ocupación remunerada conforme lo dispone el artículo 59 de la ley 25.871, a un trabajador sin la documentación o residencia correspondiente.

Asimismo, la ley prevé también que el monto de la sanción a imponer será de cien (100) Salarios Mínimo Vital y Móvil cuando se proporcione trabajo u ocupación remunerada a extranjeros no emancipados o menores de 14 años.

Y para el caso de que el empleador reincidiera en contratar trabajadores que residan irregularmente en el país, dicha situación se considerará agravante de la infracción y elevará el monto de la multa impuesta hasta 50%.

Frente a estas multas, la ley 25.871 y la disposición 2201/10 Mi-DNM establecen que la Dirección Nacional de Migraciones –mediando petición del infractor que acredite falta de medios suficientes– podrá excepcionalmente, mediante disposición fundada, disponer para el caso concreto una disminución del monto de la multa a imponer o autorizar su pago en cuotas. A tal efecto, se merituará la capacidad económica del infractor y la posible reincidencia que pudiera registrar en la materia. Pero en ningún caso, la multa que se imponga será inferior a dos salarios mínimos vital y móvil.

Registración de un trabajador con residencia
Una vez que el trabajador obtenga una residencia precaria, temporaria o permanente puede concurrir a la ANSES a tramitar el CUIL mediante el cual podrá ser dado de alta por el empleador en el sistema de Registral, y a partir de allí seguirá el mismo trámite que cualquier otra trabajador en relación de dependencia.

Para tramitar el CUIL, el trabajador debe presentar la siguiente documentación:

Para extranjeros con residencia permanente en el país:

– DNI, LC o LE

– Como excepción, y en caso de pérdida del documento mencionado, la constancia de documento en trámite y otra documentación donde surja el nombre, apellido, la fecha de nacimiento y Número de documento (ejemplo cédula de identidad, licencia de conducir, Pasaporte)

Para extranjeros con residencia no permanente en el país:

– Certificado de la Dirección Nacional de Población y Migraciones, o

– Pasaporte (en el que conste tipo de residencia, ésta no debe ser turista o permanente), o

– Permiso de Ingreso al País expedido por Consulados o en virtud de Convenios Internacionales, para el caso de extranjeros que no cuenten con documentación argentina.

Para extranjeros con residencia permanente en el exterior y que tienen derecho a una prestación de la Ley 24.241:

– Documento del país de origen, o

– Formulario de solicitud de aplicación de Convenio, debidamente certificado en caso de existir un Convenio Internacional.

En caso que el documento corresponda a un país cuyo alfabeto contenga signos (por ejemplo, China o Japón), los datos identificatorios mencionados, deberán estar traducidos y legalizados por el Consulado Argentino o Representación Diplomática Argentina en ese país.

Por más que la prestación de tareas fuera por un corto lapso de tiempo la registración del trabajador que realice tareas en relación de dependencia remuneradas será necesaria, y la falta de registración implicará el pago de las multas antes mencionadas.

Solo los casos previstos en el artículo 4 de la ley 24.241, quedan exceptuados de ingresar aportes y contribuciones, si no es ninguno de los casos que describe el artículo, o viene a buscar una residencia permanente en el país debería realizar el total de aportes y contribuciones igual que cualquier otro trabajador de nacionalidad argentina. Como así también darle el alta en la AFIP y todos los requisitos de cualquier relación de dependencia.

La excepción del artículo 4 de la ley 24.241 solo se aplica a “los profesionales, investigadores, científicos y técnicos contratados en el extranjero para prestar servicios en el país por un plazo no mayor de DOS (2) años y por una sola vez, a condición que no tengan residencia permanente en la República y estén amparados contra las contingencias de vejez, invalidez y muerte por las leyes del país de su nacionalidad o residencia permanente”.

Con lo cual es importante verificar esta situación a fin de determinar si se ingresarán o no aportes a la seguridad social.

La única excepción para no ingresar aportes ni contribuciones es la dispuesta en el artículo 4 de la ley 24.241. De lo contrario, si no es el caso por más que no fuera a jubilarse en el país, si presta tareas debe estar registrado y aportar y contribuir a los distintos organismos de seguridad social como cualquier trabajador nacionalizado.

Uno por uno, los cambios impositivos que deberán afrontar las provincias y los municipios

Fuente: http://www.iprofesional.com/notas/259090-afip-renta-financiera-reforma-tributaria-reforma-laboral-ajuste-por-inflacion-alberto-abad-cesar-halladjian-Pacto-fiscal-uno-por-uno-los-cambios-impositivos-que-deberan-afrontar-las-provincias-y-los-municipios

 

César Halladjian, consultor tributario, explica detalladamente a iProfesional las modificaciones en Ingresos Brutos, Sellos, impuestos sobre la nómina salarial y tributos específicos que deberán adaptar las provincias y los municipios para cumplir con el pacto fiscal firmado la semana pasada.

Impuesto sobre los Ingresos Brutos 

– Eliminar inmediatamente tratamientos diferenciales basados en el lugar de radicación o la ubicación del establecimiento del contribuyente o el lugar de producción del bien.

– Desgravar inmediatamente los ingresos provenientes de las actividades de exportación de bienes, excepto las vinculadas con actividades mineras o hidrocarburíferas y sus servicios complementarios.

– Desgravar los ingresos provenientes de prestaciones de servicios cuya utilización o explotación efectiva se lleve a cabo en el exterior del país. 

– Establecer exenciones y aplicar alícuotas del impuesto no superiores a las que para cada actividad y período se detallan a continuación:

 

 

 

 

– Adecuar el funcionamiento de los regímenes de retención, percepción y recaudación del gravamen, de manera tal de respetar el límite territorial de la potestad tributaria de las jurisdicciones, según lo previsto en el Convenio Multilateral, y evitar la generación de saldos a favor inadecuados o permanentes, que tornen más gravosa la actuación interjurisdiccional del contribuyente respecto de su actuación pura en el ámbito local.

– Establecer un mecanismo de devolución automática al contribuyente del saldo a favor generado por retenciones y percepciones, acumulado durante un plazo razonable, que en ningún caso podrá exceder los 6 meses desde la presentación de la solicitud efectuada por el contribuyente, siempre que se encuentren cumplidas las condiciones y el procedimiento establecido por las jurisdicciones locales para esa devolución.

Impuesto a los Sellos

– Eliminar inmediatamente tratamientos diferenciales basados en el domicilio de las partes, en el lugar del cumplimiento de las obligaciones o en el funcionario interviniente.

– No incrementar las alícuotas del Impuesto a los Sellos correspondientes a la transferencia de inmuebles y automotores y a actividades hidrocarburíferas y sus servicios complementarios.

– Establecer, para el resto de los actos y contratos, una alícuota máxima de Impuesto a los Sellos del 0,75% a partir del 1 de enero de 2019, 0,50 a partir del 1º de enero de 2020, 0,25% a partir del 1 de enero de 2021 y eliminarlo a partir del 1 de enero de 2022.

Tributos específicos

– Derogar inmediatamente los tributos específicos que graven la transferencia de combustible, gas, energía eléctrica –incluso los que recaen sobre la autogenerada– y servicios sanitarios, excepto que se trate de transferencias destinadas a consumidores finales.

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Consenso Fiscal

– Ley de Revalúo Impositivo

– Aprobar antes del 31 de diciembre de 2017 el proyecto de Ley de Revalúo Impositivo y Contable que fuera enviado por el Poder Ejecutivo Nacional al Congreso de la Nación Argentina, previendo la coparticipación de lo recaudado.

– Impuestos patrimoniales / compromiso Estado Nacional

– Disponer de un organismo federal que cuente con la participación de las provincias y de la CABA, que determine los procedimientos y metodologías de aplicación para todas las jurisdicciones con el objeto de lograr que las valuaciones fiscales de los inmuebles tiendan a reflejar la realidad del mercado inmobiliario y la dinámica territorial.

– No crear nuevos impuestos nacionales sobre el patrimonio ni incrementar la alícuota del Impuesto sobre los Bienes Personales.

Impuesto inmobiliario provincial

– Fijar alícuotas del Impuesto Inmobiliario en un rango entre 0,50% y 2% del valor fiscal.

Tributos sobre la nómina salarial que cobran las provincias

– Eliminar inmediatamente tratamientos diferenciales basados en atributos del trabajador tales como lugar de nacimiento, radicación o domicilio, sin perjuicio de admitir tratamientos diferenciales fundados en el lugar donde se desarrolla el trabajo, tal como una zona desfavorable.

– Derogar todo tributo sobre la nómina salarial.

Tributación a municipios

– Establecer un régimen legal de coparticipación de recursos provinciales con los municipios.

– Establecer un régimen legal de responsabilidad fiscal, similar al nacional, para sus municipios, impulsar que éstos adhieran y controlar su cumplimiento.

– Promover la adecuación de las tasas municipales aplicables en las respectivas jurisdicciones de manera tal que se correspondan con la concreta, efectiva e individualizada prestación de un servicio y sus importes guarden una razonable proporcionalidad con el costo de este último, de acuerdo con lo previsto en la Constitución Nacional.

– Crear una base pública, por provincia, en la que consten las tasas aplicables en cada municipalidad (hechos imponibles, bases imponibles, sujetos alcanzados, alícuotas y otros datos relevantes) y su normativa.

– Impulsar un sistema único de liquidación y pago de tasas municipales aplicable a cada provincia y a la CABA.