Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contenciosoadministrativo Federal, sala I(CNFedContenciosoadministrativo)(SalaI)

Fecha: 08/06/2017

Partes: AFIP-DGI c. OIL MYS SA s/ medida cautelar AFIP

El juez de primera instancia decretó la inhibición general de bienes de un contribuyente solicitada por el fisco en los términos del art. 111 de la ley 11.683. Deducido recurso de apelación, la Cámara confirmó la cautelar.

Sumarios

La inhibición general de bienes decretada por el juez debe ser confirmada, pues si bien el contribuyente cuestionó el certificado de deuda presunta, debe tenerse en cuenta que la precautoria fue solicitada en los términos del art. 111 de la ley 11.683, sin que de dicha norma se derive la necesidad de que exista una determinación de oficio de la deuda, máxime cuando a partir de la regularización efectuada en los términos de la ley 27.260, la deuda ya no puede considerarse presunta, sino que constituye un crédito a favor del fisco.

El hecho de que el contribuyente se presente a regularizar la deuda presunta en los términos de la ley 27.260 no modifica el resguardo que intenta efectuar el fisco a través de la inhibición general de bienes para asegurar el eventual pago de las deudas fiscales —art. 33 RG 3920/2016—, ante la alegación del actor que hacen presumir una conducta del contribuyente tendiente a eludir sus obligaciones.

Texto Completo: Causa N° 4937/2016

2ª Instancia.- Buenos Aires, junio 8 de 2017.

Considerando: I. Que la señora jueza titular del Juzgado Federal de Ejecuciones Fiscales y Tributarias n° 3 decretó en los términos del art. 111 de la ley 11.683 la inhibición general de bienes de Oil Mys SA por la suma de pesos un millón treinta y seis mil cincuenta y dos con cinco centavos ($1.036.052,05) bajo responsabilidad del solicitante, en los Registros de

la Propiedad Inmueble de la ciudad y de la provincia de Buenos Aires, de la provincia de Santa Fe, de San Francisco —provincia de Córdoba— y la provincia de Córdoba; en el Registro de la Propiedad Automotor y en el Registro Nacional de Aeronaves (fs. 9,12, 14, 24, 51 y 63).

II. Que, disconforme, la parte demandada interpone recurso de apelación —subsidiariamente al de reposición que fue rechazada a fs. 56—, que fue concedido a fs. 263.

Sostiene que “el art. 111 de la ley 11.683 no resulta aplicable al caso de OIL puesto que como señala el mismo Fisco Nacional se encuentra en etapa de fiscalización, durante la cual los fiscalizadores sólo tienen la función de recabar y verificar las operaciones y declaraciones juradas de los contribuyentes”.

Manifiesta que “el certificado de deuda presunta no goza de presunción de legitimidad alguna por no ser acto administrativo” e indica que “la AFIP debe acreditar la verosimilitud del derecho al solicitar una cautelar en los términos del art. 111 de la ley 11.683 al igual que cualquier litigante”.

Destaca que “en ningún momento la AFIP demostró la existencia de circunstancias e indicios concretos que hicieran presumir una conducta del contribuyentes tendiente a eludir sus obligaciones tributarias, ni comprobó que la pretensión fiscal se volvería ineficaz con el transcurso del tiempo”.

Subsidiariamente, solicita la reducción de la medida decretada y trabada.

III. Que en el art. 111 de la ley 11.683 —en cuanto establece que “(e)n cualquier momento la Administración Federal de Ingresos Públicos podrá solicitar embargo preventivo, o en su defecto, inhibición general de bienes por la cantidad que presumiblemente adeuden los contribuyentes o responsables (…), y los jueces deberán decretarlo en el término de veinticuatro horas, ante el sólo pedido del fisco y bajo la responsabilidad de éste”— no se otorga al Fisco Nacional un mayor derecho que el que el Cód. Proc. Civ. y Comercial, bajo ciertas condiciones, acuerda a cualquier litigante o persona que vaya a litigar (esta sala, causa n° 58.708/2012, “AFIP (DGI) AG 51 CD 30002/01/12 —inc. med. c. Mochon César Raúl s/ medida cautelar”, pronunciamiento del 23 de abril de 2013).

IV. Que, a la luz de lo expuesto, teniendo en cuenta que la medida cautelar fue ordenada bajo la responsabilidad de la parte actora (artículo 111, primer párrafo, de la ley 11.683) y no causa estado (en tanto el interesado podrá solicitar su levantamiento de manera debidamente fundada, ofreciendo el depósito de las sumas presuntamente adeudadas, el embargo de bienes o seguro de caución que resulten suficientes para cubrir el crédito), deben desestimarse los agravios, pues la apelante no refuta idóneamente que se encuentran acreditados prima facie los requisitos necesarios para la concesión de dicha medida cautelar (en el mismo sentido, esta sala, causa “AFIP-DGI c. Montanari”, pronunciamiento del 7 de abril del 2015).

En efecto:

(i) En cuanto a los agravios relativos al certificado de deuda presunta, debe decirse que, justamente, la medida cautelar fue solicitada en los términos del artículo 111 de la ley 11.683, sin que de dicha norma se derive la necesidad de que exista una determinación de oficio de la deuda.

Máxime que a partir de la regularización efectuada en los términos de la ley 27.260, la deuda ya no puede ser considerada presunta, sino que constituye un crédito a favor del fisco.

(ii) Con relación a los restantes agravios cabe advertir que la recurrente omite referirse a las deudas debidas y, por otra parte, tampoco denunció un bien a fin de sustituir la inhibición general de bienes por un embargo. Ello sin perjuicio, de lo que oportunamente se resuelva en la instancia de grado respecto de la póliza de caución ofrecida a los efectos de la sustitución requerida.

V. Que la presentación efectuada por la recurrente a los efectos de regularizar —en los términos de la ley 27.260— la deuda presunta que dio inicio a estas actuaciones, no torna abstracta la presente acción.

En efecto, el hecho de que la demandada se presente a regularizar la deuda presunta, no modifica el resguardo que intenta efectuar el fisco con esta acción para asegurar el eventual pago de las deudas fiscales —art. 33 RG. 3920/16—, ante la alegación que formula la actora que hacen presumir una conducta del contribuyente tendiente a eludir sus obligaciones tributarias —fs. 265—.

En virtud de lo expuesto, y en concordancia con la doctrina sentada por la Corte Suprema en las causa “Trebas” y “Firestone” (Fallos: 321:1010 y 313:1420), este tribunal resuelve: confirmar el pronunciamiento apelado. Con costas a cargo de la demandada vencida (art. 68, segundo párrafo, del código procesal). Regístrese, notifíquese y devuélvase. El doctor Carlos Manuel Grecco interviene en el presente pronunciamiento en los términos de la acordada n° 16/2011 de esta cámara. — Clara Do Pico. — Manuel Grecco. — Rodolfo E. Facio.