Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico, sala B(CNPenalEconomico)(SalaB)

Fecha: 30/05/2017

Partes: Emporio Gastronómico Argentino S.A. y otro s/ infracción ley 24.769

Publicado en: La Ley Online;

En una causa en la cual se investigaba la retención y posterior omisión de ingreso en término de las sumas retenidas en concepto de impuesto a las ganancias, la defensa del imputado solicitó la extinción de la acción penal en los términos de la ley 27.260. El juez a quo rechazó in limine la presentación. Deducido recurso de apelación, la Cámara lo admitió y revocó la resolución cuestionada.

Sumarios

Como derivación del art. 19 de la Resolución General 3920, corresponde a la AFIP la determinación de la existencia o de la ausencia de las causales de exclusión del art. 84 de la ley 27.260 a fin de establecer, de manera definitiva en el ámbito administrativo, que quien se haya acogido a las disposiciones del citado ordenamiento se encuentra en condiciones de ser destinatario de los beneficios de aquel cuerpo normativo.

El último párrafo del art. 18 de la Resolución General 3920, en cuanto prevé la extinción de la acción penal en los casos en los cuales se hubieren cancelado deudas con el organismo recaudador con anterioridad a la entrada en vigencia de la ley 27.260, es acorde al espíritu de aquella ley y resulta razonable, pues, sostener lo contrario, implicaría dejar a quien saldó sus deudas con el organismo recaudador con anterioridad y sin las reducciones ni planes de facilidades de pago previstas por las normas de que se trata en peor situación que quienes incumplieron sus deudas hasta el dictado del régimen de regularización cuestionado.

Fallo

Texto Completo: Causa N° CPE 569/2016/1/CA1.

2ª Instancia.- Buenos Aires, mayo 30 de 2017.

Considerando: 1°) Que, en los autos principales correspondientes al presente incidente se investiga la retención y posterior omisión de ingreso, dentro de los diez días hábiles administrativos de vencido el plazo de ingreso, del Impuesto a las Ganancias retenido por Emporio Gastronómico Argentino S.A. correspondiente a los períodos fiscales 12/2015, 01/2016, 02/2016 y 04/2016 por montos de $86.444,70, $84.583,91, $87.687,13 y $117.381,25 respectivamente (1/7 vta., 9/10, 87/87 vta. y 89/89 vta.).

2°) Que, a fs. 158/160 vta. del legajo principal, la defensa de M.G.W. y de Emporio Gastronómico Argentino S.A. efectuó una presentación por la cual solicitó la extinción de la acción penal en los términos de la ley 27.260, con relación a los hechos relativos a los períodos fiscales 12/2015, 01/2016 y 02/2016, pues “…el capital en cuestión fue pagado íntegramente con anterioridad a la entrada en vigencia de esa ley de modo que resulta de aplicación el beneficio de extinción de la acción por aplicación del artículo 54 de la ley de consumo con el artículo 18 de la resolución general (AFIP) 3920 reglamentario de la primera” y, respecto del hecho correspondiente al período 04/2016, pues el monto presuntamente retenido y no depositado por aquel período habría sido regularizado mediante la moratoria implementada por la ley 27.260.

3°) Que, por el auto de fs. 161 del legajo principal, el señor juez a cargo del juzgado “a quo” dispuso “…(c)on relación a la retención y posterior omisión de ingreso de los montos retenidos respecto del Impuesto a las Ganancias correspondiente a los períodos fiscales 12/2015, 01/2016 y 02/2016, toda vez que la petición realizada no encuadra dentro de las previsiones de los artículos 52, 53, 54 y sig., del Libro II, Título II, de la Ley 27.260; y si se tiene presente que el régimen de regularización previsto por aquella normativa es de carácter excepcional y que en consecuencia debe ser interpretado restrictivamente; y que la Resolución General N° 3920 de la A.F.I.P. no puede extender el régimen de carácter excepcional a situaciones que la ley no contempla; corresponde: Rechazar in limine el planteo efectuado a su respecto”.

Por el mismo auto, con relación a la retención y omisión de ingreso en término posterior del monto retenido respecto del Impuesto a las Ganancias del período fiscal 04/2016, se dispuso suspender la acción penal en los términos del art. 54 de la ley 27.260 y formar un incidente a fin de sustanciar y resolver respecto de la solicitud efectuada.

4°) Que, con relación al agravio de la defensa de M.G.W. y de Emporio Gastronómico Argentino S.A. que descalifica como acto jurisdiccional válido el auto cuestionado por sustentarse en fundamentación aparente, corresponde poner de resalto que por el mismo no se hace más que reformular la posición de la defensa respecto de su desacuerdo con lo resuelto, pues aquél se elabora sobre los mismos argumentos utilizados para dar sustento al recurso de apelación interpuesto.

Al respecto, según ha establecido este Tribunal en numerosas oportunidades, el postulado rector en lo que hace al sistema de las nulidades es el de la conservación de los actos. La interpretación de la existencia de aquéllas es restrictiva (confr. art. 2° del C.P.P.N.) y sólo procede la declaración cuando por la violación de las formalidades resulta un perjuicio real, actual y concreto para la parte que las invoca, y no cuando se plantean en el único interés de la ley o para satisfacer formalidades desprovistas de aquel efecto perjudicial (confr. Regs. Nos. 367/00, 671/00, 682/00, 1170/00 y 533/07, entre muchos otros, de esta Sala “B”).

5°) Que, para que la nulidad de un auto se produzca por causa de vicios de la fundamentación, aquél debe mostrar omisiones sustanciales de motivación, o resultar autocontradictorio, o arbitrario por apartamiento de las reglas de la sana crítica, de la lógica, de la experiencia o del sentido común, o estar basado en apreciaciones meramente dogmáticas.

Estos defectos no se advierten en el auto recurrido, que ofrece una motivación suficiente de lo decidido, independientemente de la coincidencia, o no, que se pueda tener con aquellas conclusiones.

Los doctores Grabivker y Robiglio dijeron:

6°) Que, por el art. 54 de la ley 27.260 se prevé (en lo que interesa): “El acogimiento al presente régimen producirá la suspensión de las acciones penales tributarias y aduaneras en curso y la interrupción del curso de la prescripción penal, aun cuando no se hubiera efectuado la denuncia penal a ese momento o cualquiera sea la etapa del proceso en que se encuentre la causa, siempre y cuando la misma no tuviere sentencia firme.

La cancelación total de la deuda en las condiciones previstas en el presente régimen —de contado o mediante plan de facilidades de pago— producirá la extinción de la acción penal, en la medida que no exista sentencia firme a la fecha de cancelación…”.

Es decir, por los párrafos primero y segundo del art. 54 de la ley 27.260 se dispone que el acogimiento al régimen de regularización establecido por aquella ley produce la suspensión de la acción penal y que la cancelación total de la deuda produce la extinción de la misma.

7°) Que, por el art. 93 de la ley 27.260 se dispuso que la A.F.I.P. reglamentará el régimen de sinceramiento fiscal previsto por el Libro II de aquel ordenamiento.

El organismo mencionado dio cumplimiento a aquella disposición legal mediante la Resolución General N° 3920 de 2016, por cuyo párrafo último de los considerandos de aquella resolución se especificó, de modo expreso, que la resolución mencionada se dictó en virtud de las facultades conferidas por la norma citada al inicio de este considerando y por las otorgadas por el art. 7 del dec. N° 618/1997 (referente a las facultades reglamentarias de la A.F.I.P.), modificatorios y complementarios.

8°) Que por el art. 18 de la Resolución General N° 3920 citada por el considerando anterior, dentro del título “Reglamentación de Artículo 54 de la Ley N° 27.260 – Suspensión de acciones penales e interrupción de la prescripción”, se dispone: “La suspensión de las acciones penales en curso y la interrupción del curso de la prescripción de la acción penal previstas en el Artículo 54 de la Ley N° 27.260, se producirán a partir de la fecha de acogimiento al régimen.

El nuevo plazo de prescripción comenzará a contarse a partir del día siguiente a aquel en que haya operado la caducidad del plan de facilidades de pago. A los efectos de la suspensión de las acciones penales tributarias y aduaneras en curso y de la interrupción del curso de la prescripción penal a que se refiere el Artículo 54 de la Ley N° 27.260, se entenderá que la causa posee sentencia firme cuando a la fecha de entrada en vigencia de la citada ley, la misma se hallare consentida o pasada en autoridad de cosa juzgada, de conformidad con las normas del Código Procesal Penal de la Nación.

El capital cancelado con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley N° 27.260, producirá la extinción de la acción penal, en la medida que no exista sentencia firme a la fecha de cancelación”.

9°) Que, no se encuentra controvertido que los montos correspondientes a las retenciones efectuadas por Emporio Gastronómico Argentino S.A. en concepto de Impuesto a las Ganancias por los períodos 12/2015, 01/2016 y 02/2016 se habrían ingresado al organismo recaudador con fecha 29/04/2016 (confr. fs. 22 y 23/24 y constancias aportadas por la defensa a fs. 134, 140 y 148 del legajo principal) y que, al día de la fecha, no existe una sentencia condenatoria firme vinculada con los hechos aludidos precedentemente.

10°) Que, por otra parte, por el art. 19 de la Resolución General N° 3920 citada por el considerando 7°, se dispone: “En caso de rechazo del acogimiento al régimen por incumplimiento de los requisitos fijados en la Ley N° 27.260 y/o en las normas reglamentarias o complementarias respectivas, la reanudación de las acciones penales y el inicio del cómputo de la prescripción de la acción penal en curso —conforme a lo previsto por el artículo 54 de la citada ley— se producirán a partir de la notificación de la resolución administrativa que disponga el referido rechazo…”.

En consecuencia, conforme se expresó por pronunciamientos anteriores (confr. Regs. CPE 1173/2014/3/CA1, res. del 17/03/2017, Reg. Interno N° 141/2017, CPE 189/2011/9/CA3, res. del 21/04/2017, Reg. Interno N° 232/17, entre otros) cabe considerar que, como derivación del art. 19 de la Resolución General N° 3920, correspondería a la A.F.I.P. la determinación de la existencia o de la ausencia de las causales de exclusión del art. 84 de la ley 27.260 a fin de establecer, de manera definitiva en el ámbito administrativo, que quien se haya acogido a las disposiciones del ordenamiento que se acaba de citar se encontraba en condiciones de ser destinatario de los beneficios de aquel cuerpo normativo.

11°) Que este Tribunal ha establecido, con una integración parcialmente diferente de la actual, que las resoluciones de la A.F.I.P. no resultarían vinculantes para el Poder Judicial de la Nación en una situación concreta, por lo que no aplicó una de aquellas disposiciones (confr. Regs. Nos. 562/11, 591/11, 641/11, 637/11, 62/12 y CPE 469/2013/CA1, res. del 27/03/2015, Reg. Interno N° 99/15; y CPE 650/2015/CA1, res. del 19/02/2016, Reg. Interno N° 44/16, entre otros de esta Sala “B”), como también que en un caso existió un exceso en las facultades reglamentarias de aquel organismo, por lo que dejó sin efecto la validez de la normativa dictada de este modo (confr. Regs. Nos. 335/04, 430/04 y 246/10, de esta Sala “B”).

Asimismo, en el asunto “sub examine” cabe considerar particularmente la especificidad de la materia excepcional regida por la ley 27.260, la atribución (vale reiterar) conferida puntualmente a la A.F.I.P. por el art. 93 de la ley mencionada (confr. el considerando 7° anterior), como también que mediante la reglamentación de la Resolución General N° 3920 “prima facie” no se advertiría que se haya incurrido en alguna de las situaciones por las cuales se imponga la ausencia de aplicación judicial o la descalificación, también judicial, recordadas por el párrafo anterior.

12°) Que, por lo demás, el último párrafo del art. 18 de la Resolución General N° 3920, citado por el considerando 8° precedente, en cuanto prevé la extinción de la acción penal en los casos en los cuales se hubieren cancelado deudas con el organismo recaudador con anterioridad a la entrada en vigencia de la ley 27.260, en principio, es acorde al espíritu de aquella ley y resulta razonable pues, sostener lo contrario, implicaría dejar a quien saldó sus deudas con el organismo recaudador con anterioridad y sin las reducciones ni planes de facilidades de pago previstas por la norma de que se trata en peor situación que quienes incumplieron sus deudas hasta el dictado del régimen de regularización en cuestión.

13°) Que, en consecuencia, no se ajusta a derecho el rechazo “in limine” de lo pretendido por la defensa de M.G.W. y Emporio Gastronómico Argentino S.A., en cuanto solicita el acogimiento a la ley 27.260 con relación a los montos y períodos de que se trata dentro del plazo previsto por aquella ley para hacerlo y, teniendo en cuenta que por la norma por la cual se reglamentó aquella ley se incluyó expresamente el caso en que el total de la deuda fue cancelado con anterioridad al dictado de la ley 27.260.

Por lo tanto, por todo lo establecido con anterioridad, corresponde revocar el rechazo “in limine” del planteo efectuado por la defensa de M.G.W. y de Emporio Gastronómico Argentino S.A. en los términos de la ley 27.260 con relación a la retención y posterior omisión de ingreso de los montos retenidos respecto del Impuesto a las Ganancias correspondiente a los períodos 12/2015, 01/2016 y 02/2016 y remitir este incidente al juzgado “a quo” a fin de que, previo la sustanciación que fuera menester y de conformidad con lo establecido por la presente, resuelva si corresponde declarar judicialmente la extinción de la acción penal con respecto a aquéllos, o no.

El doctor Hornos dijo:

6°) Que, por la ley 27.260, se estableció un Programa Nacional de Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados (Libro I, Título I), se creó el Consejo de Sustentabilidad Previsional en el ámbito del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (Libro I, Título II), se instituyó la Pensión Universal para el Adulto Mayor (Libro I, Título III), se estableció un Régimen de Sinceramiento Fiscal (Libro II), el cual incluyó el Sistema Voluntario y Excepcional de Declaración de Tenencia de Moneda Nacional, Extranjera y Demás Bienes en el País y en el Exterior (Libro II, Título I), y un régimen de Regularización Excepcional de Obligaciones Tributarias, de la Seguridad Social y Aduaneras (Libro II, Título II), un programa de Beneficios Para Contribuyentes Cumplidores (Libro II, Título III), una Modificación del Impuesto Sobre los Bienes Personales (Libro II, Título IV), una Modificación del Impuesto a las Ganancias y Derogación del Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta (Libro II, Título V), se creó una Comisión Bicameral para la Reforma Tributaria (Libro II, Título VI), y como si esto fuera poco se modificó la ley que rige el funcionamiento de la U.I.F. (arts. 87, 88, 91 y 92 de la ley 27.260).

7°) Que, asimismo, por la ley mencionada, del mismo modo que se había hecho anteriormente por la ley 26.476, se introdujeron disposiciones que son de un significado importante en el marco del derecho penal sustantivo y del proceso penal, en relación a las cuales se advierten imprecisiones terminológicas, oscuridades conceptuales y un rigor dogmático-penal relativo que hacen necesario que quienes tienen que interpretar y aplicar aquellas leyes a los casos concretos que se presentan deban extremar los esfuerzos para la exégesis legal y para compatibilizar las disposiciones incorporadas con otras normas dictadas con anterioridad y que mantienen vigencia.

8°) Que, en este sentido, por el primer párrafo del artículo 54 de la ley 27.260, con una redacción similar a la del artículo 3° de la ley 26.476, se consagró un supuesto de suspensión del ejercicio de la acción penal, de carácter excepcional, que se aparta de las reglas derivadas del principio de legalidad en el ejercicio de la acción penal pública previsto por los artículos 71 del Código Penal, 5 del Código Procesal Penal de la Nación y 25 inc. c. de la ley 24.946, y se estableció, ampliando el marco restrictivo previsto por la redacción otorgada al art. 67 del Código Penal por la ley 25.188, también de manera excepcional, un supuesto nuevo de interrupción de la prescripción de la acción penal.

Por su parte, por el párrafo segundo de la misma disposición legal, también con una redacción similar a la del artículo 3° de la ley 26.476, se estableció una nueva, y también excepcional, causa de extinción de la acción penal, diferente de las genéricamente previstas por los arts. 59 y 76 ter del Código Penal y de la específicamente contemplada anteriormente para algunos de los delitos previstos en la Ley Penal Tributaria por el artículo 16 de la ley 24.769, actualmente sustituido por el art. 14 de la ley 26.735.

9°) Que, la excepcionalidad a la que se ha hecho mención precedentemente también se encuentra referida a la naturaleza de los hechos en relación a los cuales podrían tener aplicación las disposiciones incorporadas legalmente y al plazo con el cual se limita por la ley 27.260 la aplicación de la normativa introducida con relación a aquellos hechos (arts. 52 y 54 de la ley citada).

10°) Que, por el art. 54 de la ley 27.260 se establece (en cuanto interesa): “El acogimiento al presente régimen producirá la suspensión de las acciones penales tributarias y aduaneras en curso y la interrupción del curso de la prescripción penal, aun cuando no se hubiera efectuado la denuncia penal a ese momento o cualquiera sea la etapa del proceso en que se encuentre la causa, siempre y cuando la misma no tuviere sentencia firme.

La cancelación total de la deuda en las condiciones previstas en el presente régimen —de contado o mediante plan de facilidades de pago— producirá la extinción de la acción penal, en la medida que no exista sentencia firme a la fecha de cancelación”.

11°) Que, por el art. 93 de la ley 27.260 se dispuso que la A.F.I.P. reglamentará el régimen de sinceramiento fiscal previsto por el Libro II de aquel ordenamiento.

El organismo mencionado dio cumplimiento a aquella disposición legal mediante la Resolución General N° 3920 de 2016, por cuyo artículo 18, dentro del título “Reglamentación de Artículo 54 de la Ley N° 27.260 – Suspensión de acciones penales e interrupción de la prescripción”, se dispone:

“La suspensión de las acciones penales en curso y la interrupción del curso de la prescripción de la acción penal previstas en el Artículo 54 de la Ley N° 27.260, se producirán a partir de la fecha de acogimiento al régimen.

El nuevo plazo de prescripción comenzará a contarse a partir del día siguiente a aquel en que haya operado la caducidad del plan de facilidades de pago. A los efectos de la suspensión de las acciones penales tributarias y aduaneras en curso y de la interrupción del curso de la prescripción penal a que se refiere el Artículo 54 de la Ley N° 27.260, se entenderá que la causa posee sentencia firme cuando a la fecha de entrada en vigencia de la citada ley, la misma se hallare consentida o pasada en autoridad de cosa juzgada, de conformidad con las normas del Código Procesal Penal de la Nación.

El capital cancelado con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley N° 27.260, producirá la extinción de la acción penal, en la medida que no exista sentencia firme a la fecha de cancelación”.

12°) Que, no se encuentra controvertido que los montos correspondientes a las retenciones efectuadas por Emporio Gastronómico Argentino S.A. en concepto de Impuesto a las Ganancias por los períodos 12/2015, 01/2016 y 02/2016 se habrían ingresado al organismo recaudador con fecha 29/04/2016 (confr. fs. 22 y 23/24 y constancias aportadas por la defensa a fs. 134, 140 y 148 del legajo principal) y que, al día de la fecha, no existe una sentencia condenatoria firme vinculada con los hechos aludidos precedentemente.

13°) Que, por lo demás, el último párrafo del art. 18 de la Resolución General N° 3920, citada por el considerando 11° precedente, en cuanto prevé la extinción de la acción penal en los casos en los cuales se hubieren cancelado deudas con el organismo recaudador con anterioridad a la entrada en vigencia de la ley 27.260, en principio, es acorde al espíritu de aquella ley y resulta razonable pues, sostener lo contrario, implicaría dejar a quien saldó sus deudas con el organismo recaudador con anterioridad y sin las reducciones ni los planes de facilidades de pago previstos por la norma de que se trata en una situación peor que la de quienes incumplieron sus deudas hasta el dictado del régimen de regularización en cuestión.

14°) Que, en consecuencia, no se ajusta a derecho el rechazo “in limine” de lo pretendido por la defensa de M.G.W. y Emporio Gastronómico Argentino S.A., en cuanto solicita el acogimiento a la ley 27.260 con relación a los montos y períodos de que se trata dentro del plazo previsto por aquella ley para hacerlo.

Por lo tanto, por todo lo establecido con anterioridad, corresponde revocar el rechazo “in limine” del planteo efectuado por la defensa de M.G.W. y de Emporio Gastronómico Argentino S.A. en los términos de la ley 27.260 con relación a la retención y posterior omisión de ingreso en término de los montos retenidos respecto del Impuesto a las Ganancias correspondiente a los períodos 12/2015, 01/2016 y 02/2016 y remitir este incidente al juzgado “a quo” a fin de que, previo la sustanciación que fuera menester y de conformidad con lo establecido por la presente, resuelva si corresponde declarar judicialmente la extinción de la acción penal con relación a aquellos períodos, o no.

Por ello, se resuelve: I. Revocar el auto de fs. 161 del legajo principal en cuanto por aquél se dispuso rechazar “in limine” el planteo efectuado por la defensa de

M.G.W. y de Emporio Gastronómico Argentino S.A. en los términos de la ley 27.260 con relación a la retención y posterior omisión de ingreso en término de los montos retenidos respecto del Impuesto a las Ganancias correspondiente a los períodos 12/2015, 01/2016 y 02/2016 y remitir este incidente al juzgado “a quo” para que se expida en los términos expresados por el considerando 13° del voto conjunto de la Dra. Carolina Laura Inés Robiglio y del Dr. Marcos Arnoldo Grabivker, y el considerando 14° del voto del Dr. Roberto Enrique Hornos. II. Sin costas (arts. 530, 531 y ccs. del C.P.P.N.). Regístrese, notifíquese, y oportunamente comuníquese de conformidad con lo dispuesto por la resolución N° 96/2013 de Superintendencia de esta Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico. — Marcos A. Grabivker. — Roberto E. Hornos. — Carolina Robiglio.