Autores: Duprat, Diego A. J. Hadad, Lisandro A.

Publicado en: LA LEY 28/08/2017, 28/08/2017, 1

Abstract: Se debe evitar que el trámite express de inscripción registral, en caso de adoptarse el instrumento constitutivo y el edicto modelos, no opere como una suerte de incentivo peligroso y restrictivo para desalentar el camino de la libertad en la búsqueda del diseño estatutario que más se adapte a las necesidades de los socios y del emprendimiento en sí.

Luego de la sanción de la ley 27.349, denominada Ley de Apoyo al Capital Emprendedor, que creó la Sociedad por Acciones Simplificadas —en adelante SAS— como nuevo tipo societario por fuera de la Ley General de Sociedades, la Inspección General de Justicia —en adelante IGJ— dictó, en fecha 26/07/2017 (BO 27/07/2017), la resolución general 6/2017 —de ahora en más RG 6/2017—, como norma complementaria del tít. III de la ley 27.349.

Que al ser ésta la primera sociedad de nuestro derecho positivo que podrá ser constituida y registrada por medios digitales, con utilización de firma digital y notificación electrónica, requiere, a dicho fin —y conforme lo establece la ley—, de una reglamentación por parte de la autoridad a cargo del Registro Público.

Previo a ingresar a su estudio particularizado, es importante detenernos en algunos puntos centrales de los considerandos de la RG 6/2017, que nos brindan un panorama más general.

El primero de ellos es la afirmación, por la propia autoridad, que “la ley 27.349 no requiere la conformidad administrativa del instrumento constitutivo de la SAS y su contralor durante su funcionamiento, disolución y liquidación, por cuya razón las normas reglamentarias que se dictan se fundan únicamente en la competencia de este Organismo como Autoridad a cargo del Registro Público local.”

Consecuentemente, podemos afirmar que nos encontramos frente a una sociedad por acciones que no estará sujeta a la fiscalización de la IGJ, limitándose el organismo de contralor societario al ejercicio de las funciones registrales a efectos de inscribirla en el Registro Público.

Otro punto a destacar refiere a la aplicación supletoria de la Ley General de Sociedades 19.550, y el rol de la autonomía de la voluntad contractual en el diseño del instrumento constitutivo de la SAS.

En este sentido, el art. 33 de la ley 27.349 estipula que la SAS se rige, en primer lugar, por dicha ley y, supletoriamente, y en cuanto se concilie con dicha normativa, por la Ley General de Sociedades.

Por su parte, la RG 6/2017 especifica que las SAS “estarán regidas por las normas establecidas en dicha ley, por las disposiciones previstas en el instrumento constitutivo sobre la base de la autonomía de la voluntad y, supletoriamente, por la ley General de Sociedades, en cuanto se concilien con la ley 27.349”.

En este sentido, entendemos que la prelación normativa es la siguiente (1):

1º Las normas imperativas de la ley 27.349 (como, p. ej., la del art. 41 que impone el porcentaje de integración mínima de los aportes en dinero).

2º Las normas imperativas de la ley 19.550 que fueren compatibles con el tipo SAS y que no se refieran a aspectos que la ley 27.349 reserva a la autonomía de la voluntad de los socios (como podría ser la del art. 18 sobre nulidad de la sociedad con objeto ilícito);

3º Las normas pactadas por las partes en el instrumento constitutivo de la SAS, cuando así lo permita la ley 27.349 y en los supuestos no regulados, regulados por normas supletorias o no prohibidos.

4º Las normas supletorias de la ley 27.349.

5º Las normas de la ley 19.550 aplicadas supletoriamente “en cuanto se concilien con la ley 27.349”.

Las normas del Cód. Civ. y Com. serán de aplicación en la forma y modo que dispone su art. 150.

De esta manera las pautas contractuales que fijen los socios en el instrumento constitutivo adquieren fundamental importancia y vigencia y sólo tendrán a las normas de la ley 19.550 como pautas de aplicación subsidiaria, en los reenvíos que expresamente disponga la ley 27.349 (ver arts. 49, 52, etc.) o en los aspectos específicos que no hayan sido regulados por dicha ley ni por las partes, y siempre que las soluciones dispuestas por la Ley General de Sociedades sean compatibles con el régimen de la SAS (2).

A renglón seguido, la RG 6/2017 consagra, por primera vez, el cambio de paradigma que la doctrina (3) viene sosteniendo con la aparición de este nuevo tipo social al afirmar: “en atención al cambio de paradigma que importa este nuevo tipo societario, será de aplicación la presente resolución y, supletoriamente la resolución IGJ 7/2015 en todo aquello que no se encuentre contemplado, siempre ajustando su interpretación a las finalidades de la ley 27.349”. Consecuentemente, y admitiendo que el espíritu y finalidad del tipo social SAS es distinto a los de los tipos regulados por la LGS, aplica supletoriamente la resolución general 7/2015 —norma complementaria de la ley 19.550— pero ajustando su interpretación al propósito de la ley de apoyo al capital emprendedor.

La subsidiariedad de la aplicación de la ley 19.550 implica dejar de lado el modelo imperativo de sociedad regulado por dicha ley, para evolucionar hacia un tipo societario más democrático y con mayor libertad de acción por parte de sus socios, mediante el ejercicio de la autonomía de la voluntad en la redacción y modificación del contrato social.

Es justamente a lo que adscribe la RG 6/2017, cuando establece que las SAS se regirán en primer lugar por la ley 27.349 y luego por las disposiciones del instrumento constitutivo; y, ahora sí, y de manera supletoria, por la Ley General de Sociedades en cuanto se concilie con la ley 27.349.

Creemos que este es un punto central para continuar con la evolución que ha iniciado la ley 27.349 y evitar por parte de los agentes del derecho una aplicación automática de la ley 19.550, imbuida de un espíritu diametralmente opuesto.

Un punto a considerar, entonces, es la conciliación de la normativa de ley 27.349 con la ley 19.550. A dicho fin, deberemos localizar los principios tenidos en cuenta por el legislador en ambas normas y ver si se concilian. La ardua tarea consistiría en identificar los puntos de partida sobre los cuales fue organizada cada ley y analizar su compatibilidad para luego poder afirmar si pueden aplicarse supletoriamente.

La ley 19.550 tiene una fuerte impronta imperativa, propia de su época y del afán regulatorio del Estado; evita distinguir entre sociedades abiertas y cerradas, así como pretende imponerle al “usuario” un régimen acabado y cerrado, y, lo peor, es que su aplicación e interpretación ha generado dogmas, tanto por parte de la doctrina, como de la jurisprudencia. Cuando hablamos de dogma nos referimos, repitiendo la conceptualización dada por Le Pera, a un principio carente de función. “El ‘principio’ de una ley responde a veces a la necesidad de adecuación de un determinado orden jurídico y, a veces, a una moda académica, un hallazgo retórico o un particular sentimiento de armonía o belleza del orden jurídico” (4). “Una vez admitido, es transmitido por profesores a alumnos y por éstos, a su debido tiempo, a los propios, de manera no analizada, esto es, como axioma. Por lo tanto, si el trasvasamiento generacional se produce como artículo de fe, el principio se convierte en dogma. Un dogma no es nunca contrastado con la realidad, no se espera de él que sea práctico y en todo caso su practicidad nunca es medida, el dogma vale porque ‘debe’ valer” (5).

Del otro lado, tenemos la reciente ley 27.349, sustentada en principios jurídicos de libertad, autonomía normativa y eficiencia, que impone un tipo societario de trama abierta, cuyo diseño normativo queda en manos de los socios (6).

Difícil será la tarea de conciliar una ley de corte imperativo (7), regulatoria al detalle de los tipos societarios y con poco margen a la libertad contractual, con una ley flexible, en la que predomina la subsidiariedad de las normas, junto con una mayor libertad de las partes para auto-regularse (8).

Consideramos que este es el desafío de continuar con la evolución que ha iniciado nuestro derecho corporativo: entender cuáles son los principios de las SAS y alejarlas de los principios jurídicos de la ley 19.550.

Vayamos ahora a la RG 6/2017, que consta en su parte resolutiva de cinco artículos que aprueban los Anexos que contienen las disposiciones generales sobre las SAS, el modelo de instrumento constitutivo y el modelo de edicto.

Disposiciones generales. El Anexo A regula con especificidad a las Sociedades por Acciones Simplificadas estableciendo en su art. 1º la aplicación supletoria de la resolución general 7/2015 de la IGJ en los casos no expresamente previstos; y siempre y cuando se concilien con la ley 27.349.

El art. 2º ratifica lo ya expresado en los considerandos sobre las funciones de la IGJ sobre las SAS, afirmando que dicha autoridad sólo tiene el control registral, careciendo de funciones de fiscalización.

Forma de tramitación. Como novedad, y supliendo la falta de reglamentación por parte de la ley en este aspecto, el art. 3º regula el mecanismo de gestión documental electrónica, conforme al cual los actos que requieran inscripción ante el Registro Público serán tramitados a través del Sistema de Gestión Documental Electrónica. Dicho sistema, administrado por la Secretaría de Modernización Administrativa del Ministerio de Modernización de la Nación, es un sistema integrado de caratulación, numeración, seguimiento y registración de movimientos de todas las actuaciones y expedientes del Sector Público Nacional y actúa como plataforma para la implementación de gestión de expedientes electrónicos.

Este sistema de gestión se utiliza desde la plataforma de Trámites a Distancia, también implementado mediante la Secretaría de Modernización.

Como reflexión podemos afirmar que de este modo el Estado está eliminando vetustos trámites burocráticos para la inscripción de una sociedad (9), demostrando que no sólo tiene la capacidad de hacerlo con un exclusivo fin recaudatorio.

Inscripciones. El art. 7º de la RG 6/2017 permite que el instrumento constitutivo se realice mediante escritura pública o instrumento privado con firma certificada —nada nuevo hasta aquí—. Luego, y como una tercera modalidad —en este caso innovadora—, admite el documento electrónico con firma digital de todos sus otorgantes. Consecuentemente, esto no es ni más ni menos que la posibilidad de realizar el contrato social de la SAS de manera informática y desde cualquier lugar del mundo; situación impensada en nuestro país hace algunos años.

Registro de Sociedades por Acciones Simplificadas. Como primera medida la RG 6/2017 estipula que la registración de las SAS será realizada exclusivamente en forma electrónica para lo cual crea el Registro Digital de Sociedades por Acciones Simplificadas (art. 8º), registro en el cual se deberá inscribir, también, la cancelación de la inscripción societaria.

Una vez efectuada la inscripción, en lugar de contar con el legajo de la sociedad con el sello del tomo y folio, tendremos una constancia de inscripción de la SAS, que se notificará a la casilla del sistema de Trámites a Distancia del solicitante con firma digital de la IGJ.

Publicaciones. Y sí, increíblemente llegó el día en que dejamos de ir personalmente a realizar la publicación en el Boletín Oficial mientras reflexionamos en el trayecto si alguien realmente lee dicho Boletín.

Aunque lamentablemente el legislador mantuvo la ficción de la publicación, nos da ahora la posibilidad de realizarla en forma automática desde la aplicación de Trámites a Distancia, que lo remite al Boletín Oficial (art. 13º). Sin dudas, un gran avance en la materia para simplificar los trámites y agilizar la inscripción de actos societarios.

Registro preventivo de denominación social. La RG 6/2017 otorga la posibilidad de registrar la denominación social con carácter previo a la constitución de la SAS y, de este modo, lograr la reserva de la denominación por un plazo de treinta días corridos.

Cambio de denominación social. En lo que respecta al cambio de denominación social, el art. 20º de la RG 6/2017 exige “establecer el nexo de continuidad jurídica entre la denominación social anterior y la nueva adoptada”, aunque se trate de una misma persona jurídica.

Capital social. El art. 23º de la RG 6/2017, en forma clara y precisa, prohíbe exigir a la SAS un capital social mayor al mínimo establecido por la ley 23.749 (equivalente a dos veces el salario mínimo, vital y móvil), invocando la exorbitante imposición de mantener una adecuada relación entre éste y el objeto.

En este sentido el artículo citado dispone que “En ningún caso, cualquiera sea la naturaleza o diversidad del objeto social, se exigirá la acreditación de un capital que supere el capital mínimo previsto por el art. 40 de la ley 27.349”.

Sin dudas es un gran avance y reconoce que el capital de trabajo de las sociedades no se nutre solamente del capital social inicial, sino que puede apelar a fondos de terceros; se entiende que las SAS como entidades propicias para el desarrollo de proyectos en el marco de una ley de apoyo a los emprendedores tienen un crecimiento gradual que reconoce varias fases en su evolución (10).

Órgano de administración y fiscalización. Representación. Si nos remitimos a un análisis literal de la ley 27.349 se podría concluir que el representante legal de la SAS podría ser una persona distinta (al administrador social o) a los administradores sociales, y que no necesariamente una misma persona tenía que revestir ambas facultades.

Habría que ver si este primer escenario legislativo fue voluntario o si en realidad fue un error de redacción. Ciertamente pensar en un error es subestimar al legislador, por lo que consideramos que la separación en la figura del representante legal de la sociedad del administrador fue voluntaria.

Lo cierto es que la RG 6/2017 borra dicha posibilidad conforme a su art. 29, al expresar que “el representante legal de la sociedad debe revestir el carácter de administrador de la misma”.

Incluso va más allá; e incorpora una norma supletoria para el caso de silencio del contrato social, conforme al cual frente a la no regulación contractual todos los administradores representan a la SAS en forma individual e indistinta.

Con respecto al órgano de fiscalización, la RG 6/2017 no hace más que aclarar lo regulado por la ley en cuanto a que ésta otorga la posibilidad de incorporar el órgano de fiscalización —la ley lo regula como un derecho de la sociedad de incorporación—, y estipula que no estará obligada a establecer un órgano de control, sin perjuicio de la aplicación del art. 55 de LGS. En definitiva, tanto la ley como la resolución establecen que las SAS pueden tener órgano de fiscalización; y, en caso de que no lo tuvieran, el derecho de información y control estará en cabeza de los socios conforme el art. 55, LGS.

Adopción del contrato modelo. Como ya expusimos, la RG 6/2017 trae consigo en su Anexo A2 un modelo de contrato social de SAS, al que haremos mención más adelante, y en su Anexo A3 un modelo de edicto.

Luego de ello, el art. 32 inc. 1º, regula que “la inscripción del instrumento constitutivo modelo, en instrumento privado, con suscripción de capital social mínimo, se realizará en forma automática sin más trámite” en caso de que los socios sean personas físicas y/o personas jurídicas no comprendidas dentro del art. 299, LGS.

En aquellos casos en que se adopte el instrumento modelo y que los otorgantes no se encuentren dentro del inc. 1º del artículo citado, la inscripción será realizada en el plazo de 24 horas contado desde el día hábil siguiente a la presentación de la documentación correspondiente.

La diferencia entre el primer y el segundo inciso se encuentra en la frase “en forma automática y sin más trámite”, que evidentemente es mucho más que la inscripción en el plazo de 24 horas.

La cuestión a debatir será si “automática y sin más trámite” significa que si adoptamos el instrumento modelo y los otorgantes encuadran dentro del inc. 1º, el Registro Público pierde facultades de control. De nuestra parte entendemos que así podría ser, dado la clara diferenciación que realizada la resolución en uno y otro caso.

Dicho art. 32 exime también de dictamen profesional en aquellos casos en que se opte por el instrumento constitutivo modelo previsto en la RG 6/2017.

Administrador, aceptación del cargo, domicilio especial y poder. La RG 6/2017 introduce como novedad en su art. 36 la aceptación tácita de la designación de los administradores con su mera presencia en el acto de designación, lo que no se encontraba previsto, al exigirse una aceptación expresa por parte de ellos. El presente es un avance más en la línea de la eficiencia.

Con respecto al representante que deberá ser designado por aquellos administradores que se domicilien fuera del país, la RG 6/2017 viene a traer claridad al respecto, dado que, como bien sabemos, la función de administrador es indelegable y lo legislado por el art. 51 de la ley 23.749 hacía algo de ruido al no definir la amplitud del poder.

Consecuentemente, la RG 6/2017 estipula los límites del poder, limitándolos a la recepción de las notificaciones para el administrador y a la realización de los trámites ante los organismos públicos.

Aportes irrevocables a cuenta de futuros aumentos de capital. Como primera medida la RG 6/2017 manda a aplicar la resolución general 7/2015 —en lo pertinente—, a excepción del plazo de 24 meses durante el cual los aportes pueden permanecer en dicho carácter desde la aceptación por parte del órgano de administración.

Luego de ello regula la registración contable de los aportes irrevocables, manifestando que integrarán el patrimonio neto desde el momento de la aceptación por parte del órgano de administración; y, mientras que allí permanezcan, deberán ser contabilizados a todos los efectos de las normas que fijan límites o relaciones entre las participaciones y el capital social y las relativas a la pérdida o reducción del capital social (art. 44). Esta disposición busca evitar que mediante la ingeniería de los aportes irrevocables a cuenta de futuros aumentos de capital se violen disposiciones normativas tuitivas de los terceros contratantes y de la seguridad en el tráfico comercial.

Por último, la RG 6/2017 reglamenta la modalidad en que debe realizarse el aporte irrevocable, estipulando que el mismo debe ser en efectivo o a través de disponibilidades de poder cancelatorio o liquidez análogos, excluidos créditos (art. 44).

Estados contables. Coincidentemente con la falta de control y fiscalización de parte de la IGJ, y a pesar de ser la SAS una sociedad por acciones, es que el art. 46 de la RG 6/2017 las exime de la presentación de los estados contables ante dicho organismo, aunque, por supuesto, deben llevar la contabilidad y confeccionar sus estados contables de acuerdo a las normas vigentes.

Transformación por la imposibilidad de mantenerse como SAS. El art. 39 de la ley 27.349 establece la imposibilidad de determinadas sociedades de constituirse o mantenerse como SAS en aquellos supuestos de adquisición del control o vinculación en más de un 30 por ciento, de las sociedades a las cuales se les limita adoptar dicho tipo legal.

Consecuentemente, la RG 6/2017 identifica el acto jurídico —acto societario de adquisición de acciones— a partir del cual se computa el plazo otorgado por la ley para su transformación.

La RG 6/2017 (Anexo A2) impone, como ya se adelantó y lo exige la ley 27.349, un modelo tipo de instrumento constitutivo de SAS (Anexo A2) y un edicto modelo (Anexo A3).

Antes de efectuar algunos comentarios generales sobre los estatutos sociales estándar, una referencia concreta al art. 11 del instrumento constitutivo modelo impone la distribución de dividendos por el total del remanente de las utilidades sociales del ejercicio, luego de completarse la reserva legal, de deducirse los honorarios para directores y síndicos, los dividendos que correspondan a las acciones preferidas, en su caso, y de “cualquier otra reserva” constituida por la asamblea. Así, el artículo propuesto resta poder a la asamblea de accionistas para decidir el destino y aplicación de las utilidades, previas deducciones legales. No sólo se diluye la posibilidad de mantener resultados sin asignación específica, sino que todo fondo retenido debe ser afectado a reservas facultativas.

Esta exigencia cercena la libertad de los socios y reduce el poder del órgano de gobierno, para resolver la aplicación de los resultados, y puede afectar el desarrollo de los proyectos corporativos. Téngase en cuenta que la SAS está diseñada como parte de un programa más amplio de apoyo a los emprendedores y como instrumento de desarrollo de la actividad emprendedora. Esto implica que mientras una idea inicial se termine de desarrollar, se efectúen los prototipos necesarios según el caso, se tengan los productos para su comercialización, etc. es posible que se requiera la retención de eventuales utilidades sociales hasta lograr su inserción en el mercado (11). La redacción del art. 11º limita esta posibilidad y exige la constitución de reservas como único vehículo para la no distribución —obligatoria— de dividendos.

Cuestión opinable y para debatir. De todas maneras, entendemos que al tratarse de un modelo tipo, estandarizado, las partes no están obligadas a aceptarlo, siempre y cuando tal decisión no lleve a sensibles e importantes demoras en el trámite de registración.

La imposición de un modelo tipo de instrumento constitutivo tiene ventajas y desventajas.

Dentro de las primeras se encuentra la posibilidad de contar con una estructura normativa prediseñada y que el Estado ofrece sin ningún costo para los fundadores. Se supone que esta regulación toma en cuenta las exigencias de la ley específica y los avances del derecho regulatorio y registral societario.

También la existencia de un modelo tipo garantiza cierta homogeneidad en la estructura normativa de las SAS, lo que suele redundar en beneficio de la seguridad jurídica.

Por el contrario, la existencia de un instrumento estandarizado podría atentar contra la propia flexibilidad y amplitud de la SAS, al ir imponiendo un estatuto mínimo que no contemple las distintas posibilidades de autorregulación que reconoce la ley específica.

Esta desventaja podría minimizarse, si el registrador mercantil mantuviera una amplitud de criterio tal que aceptara instrumentos constitutivos hechos a medida de los intereses de los socios y no los demoraran mas allá de lo razonable.

Téngase en cuenta que una de las principales virtudes de la SAS, en tanto tipo societario con cierta autonomía y flexibilidad, es la posibilidad que le brinda a sus fundadores de diseñar un estatuto social a medida, sustituyendo el principio de imperatividad normativa por el de la libertad contractual y subsidiariedad del plexo legal.

En este sentido, la ley 27.349 permite que los socios pacten, entre otras cosas, la forma de suscripción e integración del capital; los derechos y obligaciones de los socios entre sí y respecto de terceros; las cláusulas atinentes al funcionamiento orgánico de la sociedad; convenir el contenido, alcance y valor de las prestaciones accesorias; la forma de negociar y transferir las acciones; la forma y recaudos que deberán tomarse en caso de operaciones del socio único con la sociedad (auto-contratación); así como otras cuestiones tales como la posibilidad y los requisitos para la exclusión o separación del socio u otros pactos de salida; los procedimientos para resolver conflictos; las normas para prevenir y sancionar eventuales conflictos de intereses; etc.

Esperemos que la adopción del instrumento constitutivo modelo no se convierta en una exigencia excluyente para la inscripción en el Registro Público, ni le impongan a las sociedades —haciendo uso de todas las posibilidades que brinda la ley 27.349 en cuanto a la libertad de contratación— demoras, dilaciones, y dificultades en el proceso de inscripción registral de la S.A.S.; se debe evitar que el trámite express de inscripción registral, en caso de adoptarse el instrumento constitutivo y el edicto modelos, no opere como una suerte de incentivo peligroso y restrictivo para desalentar el camino de la libertad en la búsqueda del diseño estatutario que más se adapte a las necesidades de los socios y del emprendimiento en sí.

Es fundamental garantizar el principio de la autonomía de la voluntad en el diseño de los estatutos societarios, y así lo impone la ley 27.349, y evitar restringirlo mediante la aplicación de demoras o cortapisas injustificadas por parte del registrador público.

(1) Aunque reconocemos que es una cuestión compleja. Ver al respecto SUÁREZ, Sergio P., “La sociedad por acciones simplificada frente al universo societario”, RDCO, 285-907, AP/DOC/604/2017; MOLINA SANDOVAL, Carlos A., “Sociedad por Acciones Simplificada (SAS)”, LA LEY, 2017-B, 991, AR/DOC/1012/2017; DUPRAT, Diego A. J., “Sociedades por Acciones Simplificadas”, LA LEY, 2017-B, 979.

(2) FAVIER DUBOIS, Eduardo M., “La ‘sociedad por acciones simplificada’ y el sistema societario Cuatro preguntas y el ‘miedo a la libertad'”, LA LEY 28/06/2017, 1, AR/DOC/1529/2017 (“De esto resulta que nos encontramos ante un microsistema jurídico donde, como regla, deben aplicarse: En primer lugar la ley 27.349; en segundo lugar las previsiones estatutarias, y en tercer lugar la ley 19.550; pero sólo en las disposiciones que se “concilien” con las características de las SAS. Ello reconoce sólo dos excepciones. Por la primera, cualquiera sea lo pactado, siempre se aplica el art. 157 de la ley de sociedades para juzgar los deberes, obligaciones y responsabilidades de los administradores, y de los fiscalizadores, si se los prevé [art. 52]; y en la liquidación se aplican las normas de la Ley General de Sociedades [art. 56]. Como segunda excepción, a falta de pacto, para el funcionamiento de la administración, gobierno y fiscalización, se aplican las normas de la SRL [art. 49]”).

(3) MARZORATI, Osvaldo J., “La Sociedad Anónima Simplificada. ¿Será una realidad?”, LA LEY, 2016-F, 990, AR/DOC/3617/2016; DUPRAT, Diego A. J., “Sociedades…”, cit.; ROVIRA, Alfredo, “Necesaria reforma integral de la ley General de Sociedades. Régimen de sociedad anónima simplificada”, LA LEY, 2016-F, 515, AR/DOC/3074/2016; HADAD, Lisandro A., “La Sociedad por Acciones Simplificada y la llegada de la modernidad”, LA LEY 27/07/2017, 1, AR/DOC/1387/2017; CRACOGNA, Dante, “Importante novedad en el campo societario: la sociedad por acciones simplificada (SAS)”, RDCO, 285-849, AP/DOC/546/2017; VERÓN, Alberto V., “La sociedad por acciones simplificadas de la ley 27.349”, RDCO, 285-877, AP/DOC/592/2017; PRONO, Patricio M., “Capital, aportes y acciones en la sociedad por acciones simplificada”, RDCO, 285-915, AP/DOC/573/2017.

(4) LE PERA, Sergio, “Principio y dogma en la ley de Sociedades Comerciales”, LA LEY, 1980-A, 745, AR/DOC/5298/2001.

(5) LE PERA, Sergio, “Principios…”, cit.

(6) SCHNEIDER, Lorena R., “Comentario a la ley nacional 27.349”, ADLA 2017-5-26, AR/DOC/1304/2017.

(7) Van THIENEN, Pablo A., “Sociedad anónima simplificada y autonomía de la voluntad, pacto comisorio o nulidad societaria”, LA LEY, 2017-C, 983, AR/DOC/1648/2017; ABDALA, Martín E., “Análisis del proyecto de ley de Sociedad por Acciones Simplificada”, LA LEY, 2017-A, 948, AR/DOC/265/2017.

(8) DUPRAT, Diego A. J., “Sociedades…”, cit.

(9) Se ha sugerido que estas facilidades y simplificación de trámites se hagan extensivas al resto de los tipos Societarios. Ver BERGER, Mariana, “Sociedades por Acciones Simplificadas. La Reglamentación”, ElDial, 01/08/2017 – Año XVIII, nro. 4781.

(10) Teniendo presente la advertencia sobre un capital exiguo en cuanto a los riesgos frente a terceros señalada por VÍTOLO, Daniel R., “La sociedad anónima simplificada (SAS)”, LA LEY, 2016-E, 1134, AR/DOC/3076/2016.

(11) Si bien es cierto que durante los primeros tiempos sólo se necesita invertir y que no se registren ganancias.