Se concedió una medida de no innovar tendiente a que una empresa de medicina prepaga cese en el cobro del adicional por edad de un afiliado a partir de los 61 años. La Cámara confirmó el decisorio.

 

Sumarios

 

La medida de no innovar tendiente a que una empresa de medicina prepaga cese en el cobro del adicional por edad que generó a partir de los 61 años del peticionario, quien contaba con una afiliación de más de 10  años debe admitirse, en tanto la demandada no acreditó que esos incrementos no se vincularan con el rango etario y/o se encontraran autorizados por el Ministerio de Salud, máxime cuando se encuentra en juego la tutela preferencial que cabe dispensar a la salud de las personas.

En los casos en que se cuestionan decisiones relacionadas con la salud de las personas resulta suficiente para tener por acreditado el peligro en la demora, la incertidumbre y la preocupación que ellas generan.

En tanto la actividad que asumen tiende a proteger las garantías constitucionales a la vida, salud, seguridad e integridad de las personas, los entes de medicina prepaga adquieren un relevante compromiso social con sus usuarios que deben trascender las cuestiones mercantiles derivadas de su constitución como empresas y su afán de lucro.

 

Fallo

Poder Judicial de la Nación

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial – Sala F

“FERRAI, DANIEL ANIBAL C/SWISS MEDICAL S.A. s/SUMARISIMO

S/INCIDENTE DE APELACION”

EXPEDIENTE COM N° 23544/2016/1

Buenos Aires, 1 de agosto de 2017.

Y Vistos:

1. Apeló subsidiariamente la demandada la resolución copiada

en fs. 30/32 -sostenida en fs. 35/40- mediante la cual se concedió una

medida de no innovar tendiente a que Swiss Medical SA cese en el cobro del

adicional por edad al afiliado Daniel Anibal Ferrari.

Los agravios de fs. 33/35 fueron contestados a fs. 36/7.

2.a. Las medidas cautelares no constituyen un fin en sí mismas,

sino que están ineludiblemente vinculadas con el reconocimiento de un

derecho ulterior, cuyo resultado práctico aseguran preventivamente. Esto es,

nacen al servicio de una providencia definitiva con el oficio de preparar el

terreno y de aprontar los medios más aptos para su éxito, constituyendo

instrumentos jurisdiccionales tendientes a asegurar el resultado práctico de

un proceso (cfr. Morello, “Códigos…”, Ed. 1971, T. III, p. 60, parág. C).

Puede afirmarse en consonancia, que la medida innovativa es

una decisión excepcional dentro del género cautelar porque altera el estado

de hecho o de derecho existente al tiempo de su dictado y ya que se

configura un anticipo de jurisdicción favorable respecto del fallo final de la

causa mas no implica prejuzgamiento (Fallos: 316:1833, 320:1633, 329:2532,

entre muchos otros).

Es oportuno reconocer que la esencia de tales medidas

excepcionales es enfocar sus proyecciones sobre el fondo mismo de la

controversia -en tanto dure el litigio- ya sea para impedir un acto o para

llevarlo a cabo. La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha indicado que

para que sean receptadas deben estar enderezadas a evitar la producción de

 

 

 

situaciones que podrían tornarse de muy dificultosa o imposible reparación

en la oportunidad del dictado de la sentencia definitiva (Fallos 320:1633; 327:

5111).

b. El derecho a la salud, desde el punto de vista normativo, está

reconocido en los Tratados internacionales con rango constitucional (art. 75,

inc. 22) entre ellos: el art. 12 inc. c del Pacto Internacional de Derechos

Económicos, Sociales y Culturales, inc. 1 arts. 4 y 5 de la Convención

Americana sobre Derechos Humanos -Pacto de San José de Costa Rica-, art.

11 de la Declaración de Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y

el art. 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (Fallos

323:1339;326:4931).

Conviene recordar también que la prestación del servicio de

salud está comprendida en el concepto de relación de consumo protegida

por el art. 1 y 2 de la ley 24.240 y el art. 42 de nuestra Constitución Nacional,

otorgándosele así la máxima jerarquía de rango normativo.

c. Sentadas precedentemente las pautas a las que responden

los pedidos precautorios, la interpretación de tales premisas conceptuales no

debe desatender la particular actividad que desarrollan las organizadoras del

sistema médico, el cual excede el marco puramente negocial, adquiriendo

matices sociales y fuertemente humanitarios que lo impregnan (conf.

Gregorini Clusellas, “Los servicios de medicina prepaga. La extensión

contractual y legal de la cobertura” LL 2005-A, p. 335). Obsérvese que se

trata de proteger garantías constitucionales prevalecientes, como la salud;

vinculada estrecha y directamente con el derecho primordial a la vida; sin el

cual todos los demás carecen de virtualidad y eficacia.

Así, en tanto la actividad que asumen tiende a proteger las

garantías constitucionales a la vida, salud, seguridad e integridad de las

personas, los entes de medicina prepaga adquieren un relevante compromiso

 

 

 

social con sus usuarios que deben trascender las cuestiones mercantiles

derivadas de su constitución como empresas y su afán de lucro (doctrina de

Fallos 330:3725; Fallos 328:4747, disidencia de los jueces Fayt y Maqueda;

mutatis mutandi, Fallos 324:677).

Desde esta particular concepción, podría afirmarse que son una

suerte de colaboradores del Estado en una de sus funciones primordiales: la

prestación del servicio de salud (cfr. Catalano, Mariana, Sobre el reparto de

cargas en materia de salud pública en RCyS2008-439) y por ello, es deber de

los jueces hacer operativa la garantía de la protección de la salud humana,

aún ante la ausencia de reglamentación (conf. art. 31 CN, art. 21, Ley 48, y

doctrina de la Corte Suprema de Justicia desde el caso “Siri”; esta Sala,

15/3/2013, “Gallego Beatriz c/Galeno Argentina SA s/amparo”).

3. Adentrándonos desde esta perspectiva a la cuestión que

suscita el análisis en esta instancia y dentro del preliminar análisis que

autoriza este cauce procesal, podría aventurarse que la cuestión de fondo

versará sobre la operatividad o no de las disposiciones de la Ley 26.682 de

Regulación de la Medicina Prepaga y Reglamentaciones de la

Superintendencia de Servicios de Salud, específicamente para Entidades de

Medicina Prepaga (Res. 419/2012) para el supuesto de afiliados de

determinado rango etario y antigüedad en la afiliación.

Así las cosas, ha sido invocado que el incremento en la cuota se

generó a partir de los 61 años del peticionario, quien contaba con una

afiliación al plan de salud de más de 10 años (v. 35vta., ap. III, primeros dos

párrafos). Y se estima dirimente para sellar la suerte del recurso el hecho que

la demandada no ha dado razón suficiente -y menos acreditado

sumariamente- que aquellos aumentos que traducen las facturas aportadas

en fs. 3/10 no se vincularan con el rango etario y/o se encontraran

autorizados por el Ministerio de Salud.

 

 

Ciertamente, de la documentación glosada en el expediente

surge que en abril/16 la empresa de medicina prepaga cobraba $4.826,22 (fs.

9) y en julio-agosto/2016 (esto es, con posterioridad al cumpleaños n°61 del

actor) el costo trepó a $7.677,98 (fs. 5/6). Este sencillo confronte numérico,

otorga verosimilitud al derecho del asociado en tanto, reitérase, no ha

mediado explicación plausible de la accionada que permita conocer las

razones de tal proceder, como tampoco ha abundado sobre el concepto

“SUG- Descuento Especial” por $804.

Ha sido dicho en este cauce que en los casos en que se

cuestionan decisiones relacionadas con la salud de las personas, resulta

suficiente para tener por acreditado el peligro en la demora, la incertidumbre

y la preocupación que ellas generan (CNCom. Sala C, 7/05/2010, “Havandjian

Jorge c/Consolidar Salud SA s/ordinario s/incidente de apelación”, en sentido

similar, Sala B, 18/11/2008 “Desiderato Salvador c/Galeno SA s/amparo

s/incidente de apelación”).

Por lo anterior y con la precariedad propia de este ceñido marco

cognitivo, encontrándose en juego la tutela preferencial que cabe dispensar a

la salud de las personas, durante el trámite que demande esta acción y hasta

tanto se adopte decisión definitiva, habrá de cesarse en el cobro del adicional

por edad, autorizándose los incrementos que obedezcan las directivas de las

resoluciones del Ministerio de Salud, debiendo ofrecerse la continuidad del

servicio con las prestaciones del plan contratado por el grupo familiar del Sr.

Ferrai (cfr. esta Sala, 4/3/2010, “Judkovsky Alberto Moises c/Federación

Médica Gremial de la Capital Federal s/sumarísimo s/incidente de apelación-

art. 250 CPCC”, íd. 8/7/2014, “Firstenfeld Mariana Lidia c/Swiss Medical SA

s/medida precautoria”).

Respecto de la contracautela, estímase acorde al caso la

prestación de la caución juratoria (art. 199 CPCC), tal como refirió la a quo.

 

4. Por ello, se resuelve: rechazar en lo sustancial el recurso de

apelación deducido y confirmar el pronunciamiento de fs. 30/32, en los

términos que surgen del decurso de la presente. Con costas de Alzada al

recurrente vencido (art. 68/9 CPCC).

Notifíquese (Ley N° 26.685, Ac. CSJN N° 31/2011 art. 1° y N°

3/2015). Fecho, devuélvase a la instancia de grado.

Hágase saber la presente decisión a la Secretaría de

Comunicación y Gobierno Abierto (cfr. Ley n° 26.856, art. 1; Ac. CSJN n°

15/13, n° 24/13 y n° 42/15).

Firman solo los suscriptos por encontrarse vacante la vocalía n°

17 (art. 109 RJN).

Alejandra N. Tevez

Rafael F. Barreiro

María Florencia Estevarena

Secretaria de Cámara

Fecha de firma: 01/08/2017

Alta en sistema: 02/08/2017

Firmado por: ALEJANDRA N. TEVEZ, PRESIDENTA DE LA SALA F

Firmado por: RAFAEL FRANCISCO BARREIRO, JUEZ DE CAMARA

Firmado(ante mi) por: MARIA FLORENCIA ESTEVARENA, SECRETARIA DE CAMARA

 

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