Se impugnó la oficialización de la precandidatura a senador nacional en un proceso de elecciones primarias de un ex presidente de la República Argentina condenado por el delito de contrabando agravado. El juez no hizo lugar a la pretensión por entender que estaban vencidos los plazos legales para realizar la impugnación. La Cámara revocó lo decidido.

Sumarios

La oficialización de la precandidatura a senador nacional en un proceso de elecciones primarias de un ex Presidente de la República Argentina condenado por el delito de contrabando debe dejarse sin efecto, pues el requisito de idoneidad —art. 16, Constitución Nacional— estriba en carecer de antecedentes penales, en tanto cuanto mayor sea la jerarquía del empleo o de la función mayor debe ser el grado de moralidad a exigirse [1]

[1] Cámara Nacional Electoral, 09/12/2003, “Partido Nuevo distrito Corrientes”, LA LEY 2004-B, 996.

Debe dejarse sin efecto la oficialización de la precandidatura a senador nacional de un ex Presidente de la República Argentina condenado por el delito de contrabando aun cuando la sentencia penal no esté firme, pues, más allá de la presunción de inocencia, la condena goza de la presunción de certeza y legitimidad que le asiste como tal en virtud de haber sido dictada por un tribunal competente, conforme a derecho y con todas las garantías del debido proceso legal.

Corresponde dejar sin efecto la oficialización de la precandidatura a senador nacional de un ex Presidente de la República Argentina condenado por el delito de contrabando, pues limitarse a verificar los requisitos formales específicos —art. 55, Constitución Nacional— cuando lo que se pretende es la obtención de un cargo público electivo de tan alta jerarquía institucional importa el incumplimiento de preceptos constitucionales, legales y doctrinarios vigentes y contribuye a permitir que se devalúe la confianza que deben inspirar los representantes.

Dejar sin efecto la oficialización de la precandidatura a senador nacional de un ex Presidente de la República Argentina por estar condenado por el delito de contrabando no importa desconocer las altas responsabilidades institucionales que aquel desempeñó ni prescinde de la presunción de inocencia de la que goza mientras no devenga firme la condena dictada a su respecto.

La oficialización de la precandidatura impugnada —en el caso, a senador nacional respecto de quien fue condenado por el delito de contrabando— debe dejarse sin efecto, en tanto las circunstancias de la causa encuadran cabalmente en los aspectos relevantes del caso “Partido Nuevo distrito Corrientes” de la Cámara Nacional Electoral —09/12/2003, LA LEY 2004-B, 996— y no existen elementos valorativos que permitan apartarse del criterio que resulta de ese precedente de aplicación.

Fallo

Poder Judicial de la Nación

CÁMARA NACIONAL ELECTORAL

CAUSA: “Acosta, Leonel

Ignacio s/impugnación de

precandidatos elecciones

primarias – Frente

Justicialista Riojano”

(Expte. Nº CNE

6781/2017/CA1)

LA RIOJA

///nos Aires, 7 de agosto de 2017.-

Y VISTOS: Los autos “Acosta, Leonel Ignacio

s/impugnación de precandidatos elecciones primarias –

Frente Justicialista Riojano” (Expte. Nº CNE

6781/2017/CA1), venidos del juzgado federal con

competencia electoral de La Rioja, en virtud del recurso

de apelación deducido y fundado a fs. 16/20 contra la

resolución de fs. 15, obrando su contestación a fs.

23/28, el dictamen del señor fiscal actuante en la

instancia a fs. 39/54, y

CONSIDERANDO:

1°) Que a fs. 15 el señor juez de

primera instancia resuelve no hacer lugar a la

impugnación deducida por el señor Leonel Ignacio Acosta

respecto de la oficialización de la precandidatura a

senador nacional del señor Carlos S. Menem para las

elecciones primarias del próximo 13 de agosto.-

///

Fecha de firma: 07/08/2017

Firmado por: SANTIAGO H. CORCUERA,

Firmado por: ALBERTO RICARDO DALLA VIA,

Firmado(ante mi) por: HERNÁN GONÇALVES FIGUEIREDO, Secretario de Actuación Judicial

#30189063#185033957#20170807142323770

/// 2

Para así decidir, el a quo entiende

que “se han vencido con exceso […] los plazos legales

previstos” para formular la impugnación que se

pretende.-

Contra esta decisión, el actor apela

y expresa agravios a fs. 16/20.-

Sostiene que la sentencia apelada

incurre en un excesivo rigor formal “que profundiza la

lesión a [las] instituciones” (fs. 18) al impedir

resolver “sobre el fondo de una cuestión sumamente

sensible y de trascendencia pública” (fs. 19).-

Reitera lo dicho en su escrito de

inicio respecto de que el señor Carlos Saúl Menem no

reúne la condición de idoneidad suficiente para acceder

al cargo público que pretende, por encontrarse condenado

en proceso penal, por la comisión de delito doloso (fs.

17).-

A fs. 23/28 el señor apoderado de la

Lista “Rioja Federal” contesta los agravios. Afirma que

la instancia de impugnación se encuentra precluida y que

“es contradictorio afirmar que cualquier inhabilidad que

no haya adquirido […] carácter de definitivo […] puede

ser antepuesta al [p]rincipio de [i]nocencia que regula

la Constitución Nacional” (cf. fs. 26/vta.).-

A fs. 39/54 emite dictamen el señor

fiscal actuante en la instancia, quien considera que

debe rechazarse el recurso interpuesto.-

///

Fecha de firma: 07/08/2017

Firmado por: SANTIAGO H. CORCUERA,

Firmado por: ALBERTO RICARDO DALLA VIA,

Firmado(ante mi) por: HERNÁN GONÇALVES FIGUEIREDO, Secretario de Actuación Judicial

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Poder Judicial de la Nación

CÁMARA NACIONAL ELECTORAL

/// 3

2º) Que la naturaleza de la cuestión

planteada exige, en primer término, recordar un

principio básico según el cual “asegurar la legalidad de

la composición de las listas presentadas es un deber

ineludible de la justicia electoral” (cf. Fallos CNE

1567/93; 1568/93; 1836/95; 1863/95; 2918/01; 2921/01;

2951/01; 3196/03; 3303/04; 3741/06; 4195/09; Ac. 32/09 y

sus citas, entre otros).-

En efecto, en numerosas ocasiones el

Tribunal ha explicado –refiriéndose a la instancia del

art. 60 y cc. del Código Electoral Nacional- que el

proceso previsto para el registro de las candidaturas

reviste especial trascendencia dentro del sistema

electoral, pues tiene como finalidad comprobar que

quienes se postulan para acceder a un cargo público

reúnen las calidades constitucionales y legales

necesarias para la función que pretenden (cf. Fallos CNE

751/89; 1045/91; 1062/91; 1128/91; 2338/97; 2961/01;

3196/03 y 3303/04).-

Al respecto, se añadió que el

sistema está articulado teniendo como finalidad última y

suprema, resguardar la manifestación segura e

indubitable de la voluntad del elector (cf. Fallos CNE

2321/97; 3196/03 y 3303/04).-

Con relación al proceso de

elecciones primarias –como es el caso- si bien es cierto

que la ley 26.571 no prevé la oficialización judicial de

///

Fecha de firma: 07/08/2017

Firmado por: SANTIAGO H. CORCUERA,

Firmado por: ALBERTO RICARDO DALLA VIA,

Firmado(ante mi) por: HERNÁN GONÇALVES FIGUEIREDO, Secretario de Actuación Judicial

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/// 4

las listas de precandidatos, sino que la encomienda a

las autoridades electorales partidarias (arts. 27 a 30

de la ley cit.), no lo es menos que, planteada una

impugnación por un elector habilitado respecto de un

requisito constitucional –como el de la idoneidad (cf.

art. 16 de la Constitución Nacional)- resulta aplicable

el criterio sentado en los precedentes reseñados. Ello,

pues el carácter abierto y obligatorio de dichas

elecciones impone equiparar las condiciones exigibles

respecto de los comicios generales, para que el cuerpo

electoral exprese libremente su preferencia entre la

distintas nóminas oficializadas (cf. arg. Fallos CNE

5080/13 y Expte. N° CNE 6033/2017/CA1, sentencia del 21

de julio de 2017).-

En tales condiciones, y como se ha

puesto de manifiesto en otras ocasiones, “no es difícil

advertir las graves consecuencias que resultarían de una

falta de pronunciamiento en esta instancia respecto de

la viabilidad de la participación que se impugna, toda

vez que se estaría admitiendo que se presentara al

electorado una opción política cuestionada que podría

luego ser dejada sin efecto. Y el Tribunal no puede en

modo alguno crear una situación que origine tal

posibilidad, pues frente al interés particular de las

partes debe priorizar el interés político general (cf.

arg. Fallos CNE 227/85, 1059/91, 1908/95, 3194/03 y

entre otros)” (cf. Fallos CNE 3571/05 y Expte. N° CNE

6033/2017/CA1, sentencia del 21 de julio de 2017).-

///

Fecha de firma: 07/08/2017

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CÁMARA NACIONAL ELECTORAL

/// 5

3º) Que ello sentado, se impone

recordar que en el precedente de Fallos CNE 3275/03 esta

Cámara dio tratamiento a una cuestión sustancialmente

análoga a la planteada en el caso, revocando la

oficialización de la candidatura a senador nacional de

un ciudadano respecto del cual se había dictado condena

en proceso penal, aun cuando ésta no se encontraba

firme.-

En dicha ocasión, se señaló que el

derecho de sufragio pasivo o derecho a ser elegido

aparece estrechamente ligado a una determinada

concepción de la representación; precisamente, porque se

espera de los elegidos cualidades singulares, se les

exigen condiciones distintas y más estrictas que las que

se requieren para el ejercicio del sufragio activo, ya

que no es solamente un derecho, sino también constituye

la oferta electoral (cf. Fallos cit., consid. 3°).-

Destacó el Tribunal en tal sentido,

que el artículo 16 de la Constitución Nacional establece

que todos los habitantes son iguales ante la ley, y

“admisibles en los empleos sin otra condición que la

idoneidad”, y que el artículo 55 determina que “son

requisitos para ser elegido senador; tener la edad de

treinta años, haber sido seis años ciudadano de la

Nación, […] y ser natural de la provincia que lo elija,

o con dos años de residencia inmediata en ella”.-

///

Fecha de firma: 07/08/2017

Firmado por: SANTIAGO H. CORCUERA,

Firmado por: ALBERTO RICARDO DALLA VIA,

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/// 6

Resaltó asimismo, lo señalado por la

Corte Suprema de Justicia de la Nación cuando en

relación al art. 16 de la Constitución Nacional sostuvo

que “la declaración de que todos los habitantes son

admisibles en los empleos sin otra condición que la

idoneidad no excluye la imposición de requisitos éticos,

como son los atinentes a la integridad de la conducta”

(cf. Fallos 238:183) y supone un conjunto de condiciones

de distinta naturaleza. Así, incluye -por ejemplo- la

aptitud técnica, la física y la moral (cf. Fallos

321:194).-

Por ello, explicó la Cámara que para

admitirse una candidatura a senador nacional se requiere

poseer dos clases de requisitos, uno de carácter

general, el de la idoneidad, y los de carácter

particular del artículo 55 anteriormente citado (cf.

Fallos cit., consid. 5°).-

Concluyó, luego, que limitarse a

verificar el cumplimiento de requisitos formales

específicos, especialmente cuando lo que se pretende es

la obtención de un cargo público electivo de tan alta

jerarquía institucional, importa el incumplimiento de

los preceptos constitucionales, legales y doctrinarios

vigentes. Asimismo, tal accionar contribuiría a permitir

que se devalúe la confianza que deben inspirar nuestros

representantes, y el cuerpo que integrarán, en

definitiva a mellar la confianza en el sistema

democrático (cf. Fallos cit., consid. 7°).-

///

Fecha de firma: 07/08/2017

Firmado por: SANTIAGO H. CORCUERA,

Firmado por: ALBERTO RICARDO DALLA VIA,

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/// 7

4°) Que en base a lo expresado, el

Tribunal refirió que el requisito de idoneidad “estriba

[…] en carecer de antecedentes penales […][en tanto]

cuanto mayor sea la jerarquía del empleo o de la

función, mayor debe ser el grado de moralidad a

exigirse” (cf. Nestor Pedro Sagües, “Sobre la

reglamentación del principio constitucional de

idoneidad”, Revista Jurídica Argentina La Ley, 1980-C,

Sec. Doctrina págs. 1216/1223).-

Así, concluyó que el candidato

entonces impugnado no reunía la condición de idoneidad

para postularse a senador nacional, pues “se trata de un

ciudadano sobre el que pesan dos sentencias

condenatorias de primera instancia por la comisión de

delitos tipificados y penados en el título XI del Código

Penal, “Delitos contra la administración pública”, y que

incluyen la accesoria de inhabilitación especial

perpetua -la que específica e inexorablemente se

relaciona con el ejercicio de cargos públicos-” (cf.

Fallos CNE 3275/03, consid. 8°).-

Con relación a la circunstancia de

que las condenas no estuvieran firmes, se destacó que

más allá de la presunción de inocencia, “ello no enerva

el criterio del tribunal en tanto […] dichas condenas

gozan de la presunción de certeza y legitimidad que le

asisten como tales en virtud de haber sido dictadas por

///

Fecha de firma: 07/08/2017

Firmado por: SANTIAGO H. CORCUERA,

Firmado por: ALBERTO RICARDO DALLA VIA,

Firmado(ante mi) por: HERNÁN GONÇALVES FIGUEIREDO, Secretario de Actuación Judicial

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/// 8

un tribunal competente, conforme a derecho y con todas

las garantías del debido proceso legal” (cf. cit.).-

5°) Que la similitud de condiciones

que reviste el caso de autos respecto del precedente de

mención –que no fue modificado por la Corte Suprema de

Justicia al intervenir en la instancia extraordinaria

(cf. Fallos 332:1190)- resulta incontrovertible.-

En efecto, de acuerdo a lo informado

por la Cámara Federal de Casación Penal, el ciudadano

Carlos S. Menem, ha sido condenado (05/03/2013) por la

Sala I de ese Tribunal como coautor del delito de

contrabando agravado. El Tribunal Oral en lo Penal

Económico Nº 3 resolvió –el 13 de junio de 2013- fijar

la pena de siete años de prisión e inhabilitación

especial de catorce años “para desempeñarse como

funcionario o empleado público”. A su vez, la mencionada

Cámara rechazó –con fecha 21 de junio de 2017- el

recurso de casación deducido contra esta última

resolución.-

En tales condiciones, toda vez que

en el sub examine no existen nuevas circunstancias ni

elementos valorativos que permitan apartarse del

criterio que resulta del precedente de aplicación, se

impone concluir que no corresponde la oficialización de

la precandidatura del nombrado.-

Cabe, a todo evento, señalar que en

nada obsta a lo expresado, la circunstancia de que la

ley 26.571, al incorporar al art. 33 de la ley 23.298

///

Fecha de firma: 07/08/2017

Firmado por: SANTIAGO H. CORCUERA,

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/// 9

supuestos de inhabilitación por razón de “procesamiento”

(cf. inciso “f”) o condena que “no fuere susceptible de

ejecución” (cf. inciso “g”), se refiera a un determinado

tipo de delitos.-

Antes bien, mediante tales

disposiciones el legislador no hizo más que plasmar el

criterio –que sustenta el Fallo CNE 3275/03- con arreglo

al cual el ejercicio del sufragio pasivo puede

restringirse por existencia de condena no firme, más

allá de la presunción de inocencia de la que goza una

persona sometida a proceso penal.-

6º) Que el pronunciamiento que aquí

se emite no importa desconocer las altas

responsabilidades institucionales que el señor ex

Presidente de la Nación ha desempeñado, ni prescinde de

la presunción de inocencia de la que goza –como se dijo-

mientras no devenga firme la condena dictada a su

respecto.-

Como se ha explicado recientemente,

apartarse de un precedente siempre exige una “especial

justificación” (cf. “Dickerson v. United States”, 530

U.S. 428, 429 [2000]) y debe ser visto como la última

ratio, cuando el juez, al considerar inconvenientes los

criterios disponibles, no pueda eludir su aplicación”

(cf. Sodero Eduardo, “Sobre el cambio de los

precedentes”, Isonomía, Nº 21, octubre 2004, p. 230)

///

Fecha de firma: 07/08/2017

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/// 10

(cf. Expte. N° CNE 6647/2017/CA1, sentencia del 01 de

agosto de 2017).-

En afín orden de ideas, se ha

señalado que “según ‘[l]a doctrina del precedente, […]

la regla general que se explicita de un caso particular

anterior (el precedente) es considerada obligatoria

(stare decisis) en un caso subsiguiente que es igual,

similar o análogo a aquél’ (cf. Jones, Harry W.,

Kernochan, John M. y Murphy, Arthur, “Legal method.

Cases and Materials”, Ed. The Foundation Press Inc.,

Mineola – New York, 1980, p. 7; Ginsburg, Jane, “Legal

methods”, The Foundation Press Inc., Westbury, New York,

1996, p. 4; en Alberto F. Garay, “Los precedentes de la

Corte y la importancia de los hechos de cada caso”,

Abeledo Perrot N° 0003/015517, del 3/08/2011)” (cf.

Fallo CNE 5043/13).-

De conformidad con lo expresado en

los considerandos que anteceden, las circunstancias de

la presente causa encuadran cabalmente en los aspectos

relevantes del caso resuelto mediante el Fallo CNE

3275/03 –cuya doctrina, entonces, se impone aplicar- por

lo que debe dejarse sin efecto la oficialización de la

precandidatura impugnada, debiendo en consecuencia la

lista “La Rioja Federal” del Frente Justicialista

Riojano, proceder a su adecuación (cf. art. 10, decreto

443/11). Ello, sin perjuicio de la validez de los medios

instrumentales hasta aquí aprobados y que a esta altura

del cronograma electoral no resulte materialmente

///

Fecha de firma: 07/08/2017

Firmado por: SANTIAGO H. CORCUERA,

Firmado por: ALBERTO RICARDO DALLA VIA,

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/// 11

posible modificar, en resguardo de los derechos de los

electores.-

En mérito de lo expuesto, la Cámara

Nacional Electoral RESUELVE: Revocar la resolución

apelada en los términos del considerando 6° de la

presente.-

Regístrese, notifíquese con carácter

urgente, comuníquese vía facsímil y, oportunamente,

vuelvan los autos al juzgado de origen.-

Firman dos jueces del Tribunal por

encontrarse vacante el restante cargo de Juez de Cámara

(cf. artículo 109 del Reglamento para la Justicia

Nacional).-

///

Fecha de firma: 07/08/2017

Firmado por: SANTIAGO H. CORCUERA,

Firmado por: ALBERTO RICARDO DALLA VIA,

Firmado(ante mi) por: HERNÁN GONÇALVES FIGUEIREDO, Secretario de Actuación Judicial