Autores: Botteri (h.), José D. Coste, Diego

Publicado en: RCCyC 2017 (febrero), 03/02/2017, 203 – RCyS2017-VI, 52 – LA LEY 28/07/2017, 28/07/2017, 1

Sumario: I. Introducción.— II. La posición mayoritaria en nuestro país y sus matices.— III. Las voces disidentes.— IV. Los cambios del Código Civil y Comercial.— V. Epílogo: sensatez y sentimientos.

Abstract: Lo asimilable al concepto de daño moral para las personas jurídicas en el nuevo Código resulta reparable y cuantificable en dinero, desde el punto de vista extrapatrimonial a través de una condena a hacer y, además, el reflejo patrimonial del daño debe hallarse a título de pérdida de chances y lucro cesante en el Código Civil y Comercial.

I. Introducción

Según la corriente tradicional de pensamiento en esta materia, las personas jurídicas carecen de sentimientos y por eso no pueden ser resarcidas por daños que no tengan un impacto directo en su patrimonio contabilizado. Ese principio general se ha sostenido en dos factores: la carga emotiva de la palabra moral y toda una concepción acerca de los efectos de la personificación jurídica que vincula, de cierto modo, su objeto preciso y determinado con el ente que lo desarrolla.
Sobre esas bases, durante la vigencia del Código de Vélez Sarsfield y con mayor alcance luego de su reforma por ley 17.711, se generaron posiciones divergentes acerca del alcance de los austeros arts. 33, 35 y 1078, párr. 2º, de la vieja ley civil. La dimensión del problema revestía cierta complejidad interpretativa, toda vez que estaban involucrados tanto el difuso concepto de daño moral como el concepto de persona jurídica, también caracterizado por la abundancia de elucubraciones, análogos y límites imprecisos.
Las discusiones readquieren relevancia desde la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial según la ley 26.994, que reformó de manera integral el sistema de responsabilidad civil, omitió toda consideración al término moral en cuanto a los daños extrapatrimoniales se refiere y precisó todo un régimen en materia de personas jurídicas. Estas circunstancias obligan a replantear el tópico de los daños que puede sufrir una persona jurídica, debiendo evitarse que algunas ideas, términos y posiciones controversiales sostenidas en los viejos textos condicionen la interpretación de las nuevas normas que tienen la posibilidad de lograr mejores resultados en su aplicación concreta y material.
Se trata de una cuestión que tampoco resulta pacífica en el derecho comparado. En un rápido recorrido puede verificarse que la Corte Suprema de Chile admitió la reparación del daño moral en el año 2003, aunque dos años más tarde modificó su postura adoptando la tesis negativa (1) que había sido trazada desde antiguo en el Reino Unido y en los Estados Unidos (2). España también osciló entre ambas tesituras, a través de los fallos divergentes de dos salas del Tribunal Supremo. Una acepta la reparación del daño moral desde 1995, mientras que otra la rechazó, diez años más tarde (3). Por su parte, la Sala Civil y Comercial de la Corte Suprema de Paraguay admitió el resarcimiento por concepto de daño moral de una persona jurídica en su sentencia dictada el 27/4/2007 en autos “G. R. SA y E. M. R. F. v. Banco d. P. SA s/indemnización de daño moral”.
En nuestro país la cuestión despertó verdadero interés a partir de las II Jornadas Sanjuaninas de Derecho Civil, realizadas entre agosto y septiembre de 1984. En esa oportunidad afloraron marcadas diferencias que aún permanecen vigentes, tal como lo recuerdan los Dres. Benjamín Moisá y Luis Moisset de Espanés (4). No pretendemos en esta entrega agotar el problema, pero sí señalaremos hacia dónde conduce, en nuestra consideración, el Código Civil y Comercial en la procedencia o no de este rubro en los juicios por responsabilidad civil.

II. La posición mayoritaria en nuestro país y sus matices

Durante la vigencia del Código Civil de Dalmacio Vélez Sarsfield, a partir de la reforma de la ley 17.711, se impuso por mayoría abrumadora la tesis según la cual las personas jurídicas no pueden sufrir daños morales —o, si se prefiere— extrapatrimoniales.
El precedente que marcó la tendencia negatoria corresponde a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, dictado en autos “Kasdorf SA v. Provincia de Jujuy y otro s/daños y perjuicios” el 22/3/1990 (Fallos: 313-284), cuya doctrina es repetición de otro caso de responsabilidad del Estado resuelto por la misma Corte en 1977, en el expediente “Industria Maderera Lanin SRL v. Estado nacional” (Fallos: 298:223) (5).
Los hechos —necesario es recordarlo, debido a la importancia que tienen— fueron los siguientes: una empresa transportista llevó 110 latas de productos lácteos “Bonalac” de la empresa Kasdorf SA al hospital público jujeño ‘Pablo Soria’. Durante el transporte contaminó los lácteos, por negligencia de sus operarios, con un insecticida llamado Parathion. El insecticida era transportado en el mismo camión y sus envases se rompieron durante el trayecto, derramándose el contenido sobre la carga láctea. Pese al fuerte olor a insecticida que tenían los envases de los lácteos, el personal del hospital suministró a bebés la leche contaminada, lo cual provocó la muerte de varios de ellos. La intoxicación fue atribuida en primer término a Kasdorf SA y la provincia de Jujuy prohibió la comercialización de “Bonalac” en todo su territorio. Dicha medida se extendió a otras provincias. Cuando se supo la verdad, ya era tarde, pues Kasdorf SA había caído en un gran desprestigio con serias repercusiones en sus ventas.
La Corte Suprema resolvió que la provincia de Jujuy debía reparar los perjuicios derivados de la falta y disminución de ventas del producto que fabricaba Kasdorf, tanto por la conducta negligente de sus dependientes, como por haber traspasado los límites razonables de ejercicio del poder de policía al haber prohibido comercializar el producto. Sobre la base de un peritaje contable, la Corte sostuvo que el impacto económico soportado por Kasdorf SA, a raíz de la caída de las ventas, provocó una detracción de sus ingresos cuantificada en $ 365.096,67, de aquella época.
Simultáneamente, la mayoría de integrantes de la Corte Suprema rechazó el reclamo por daño moral, afirmado que una sociedad comercial tiene capacidad jurídica limitada por el principio de especialidad (arts. 35, Cód. Civil, y 2º1, ley 19.550 —Ley de Sociedades—), siendo su finalidad la obtención de ganancias (art. 1ª, Ley de Sociedades). Sostuvo la Corte que todo aquello que pueda afectar el prestigio o su buen nombre comercial de una sociedad debe provocar necesariamente una disminución de sus beneficios; de lo contrario carece de trascendencia a los fines indemnizatorios, ya que se trata de entes que no son susceptibles de sufrir padecimientos espirituales. No hay, en esa posición de la mayoría, posibilidad alguna de reclamos extrapatrimoniales a favor de personas jurídicas.
El voto disidente fue el del memorable juez Dr. Jorge A. Bacqué, quien sostuvo la procedencia del reclamo por daño moral argumentando que las personas jurídicas, provistas de subjetividad jurídica poseen atributos de naturaleza extrapatrimonial (prestigio, crédito comercial, derecho al nombre) que les son reconocidos para el logro de sus fines específicos. Dichos atributos son valorizados por la comunidad en que se desenvuelven y su menoscabo genera un daño de características similares a la lesión de los bienes extrapatrimoniales característicos de las personas de existencia visible y que deben ser objeto de tutela, aun al margen de la existencia de un perjuicio patrimonial actual y cierto.
Las conclusiones de la mayoría en este fallo de la Corte Suprema fueron reiteradas en casos posteriores por el mismo tribunal, en su composición de los años ’90. El caso “De la Mata, Manuel Horacio y otro v. Gas del Estado y otros s/daños y perjuicios” (Fallos 315:2607), del 3/11/1992, es una muestra de ello. Es una doctrina legal que se replicó en todo el país, pero con matices bastante curiosos.
Por ejemplo, las cámaras civiles de la Capital siguieron esa doctrina (caso “Bira SA v. Consorcio Av. Pueyrredón 923” (6), dictado por la sala G el 19/3/1999). Pero la sala H, con voto del Dr. Claudio Kiper, agregó además como fundamento que las personas jurídicas, habida cuenta su naturaleza, no entienden ni sienten (“Free Way SRL v. IATA Internacional s/daños” del 9/4/2002). Estás ideas fueron reiteradas por la sala K en autos “Galardón SA v. Clarín AGEA SA y otro s/ordinario”, con voto del Dr. Moreno Hueyo; íd., la sala A en autos “Consorcio de Propietarios French 3044/48 v. Cardozo, Carlos F. s/daños”. La sala H negó ese derecho a The Walt Disney Company en el fallo “The Walt Disney v. Video Editores SA s/propiedad intelectual — ley 11.723”, en un fallo dictado el 19/8/1998. Finalmente, la sala M sostuvo idéntica doctrina en “Marcelo Torcuato de Alvear 2302 SA v. Avellaneda, Andrés L. y otros/sumario”, con fecha 27/2/1992.
Las distintas salas de la Cámara Nacional de Comercio también fueron refractarias al daño moral para personas jurídicas, con algunas excepciones muy particulares que mencionaremos oportunamente. En ese sentido, podemos citar el precedente “Neuromédica SA v. Banco Francés del Río de la Plata SA” (7) de la sala A, de fecha 13/9/1996. Por su parte, la sala D a través del voto del Dr. Marcelo Alberti en autos “Establecimiento Campana SA v. Aquiles Pepe SA”, el 28/6/1985, dispuso que la clausura del establecimiento y el alegado desprestigio comercial no dañan moralmente a una sociedad comercial, sino que darían lugar, en todo caso, a quizás imprecisos pero ciertos daños patrimoniales (pérdida de clientela, disminución de las ventas, necesidad de bajar el precio, etc.), citando como antecedente los fallos “Banco de Crédito Rural Arg. SA s/quiebra v. Aceros s/quiebra s/inc. de revisión”, de la sala E, del 7/9/1993 y “Suñé, Eduardo v. Basso, Lorenzo s/sum.”, también de la sala E, del 6/10/1998.
La sala C, de la misma Cámara Comercial, resolvió en el caso “Peralta Hnos. SA v. Citroën Argentina SA”, a través del voto de los Dres. Caviglione Fraga, Quintana Terán y Jaime L. Anaya, el día 23/4/1984, afirmando que “…la apreciación de la procedencia del daño moral en el incumplimiento de los contratos debe juzgarse con marcado rigor y en términos restrictivos, restricción que se acrecienta cuando quien reclama daño moral es una persona jurídica —sociedad anónima— que obviamente se halla imposibilitada de aducir lesión en los sentimientos o afecciones legítimas de la personalidad o sufrimientos físicos o espirituales propios de los seres humanos, pero no de un ente de razón….” (en igual sentido el fallo de sala A, del 12/9/2006, “Urre Lauquen SA v. Lloyds Bank Ltd. s/sumario”).
A su vez, la sala B sostuvo una posición más moderada en la sentencia dictada el 24/7/1989 en el expediente caratulado “Ediciones Arani SRL v. Nop SRL”, afirmando que no es admisible que una entidad mercantil pueda alegar la presencia de una lesión espiritual para obtener un beneficio económico en concepto de daño moral, por cuanto las personas jurídicas, que carecen de subjetividad sólo pueden invocarlo cuando han sufrido ofensas a su reputación o crédito del que son merecedoras en la confianza del público (citando en igual sentido, el fallo de sala A, del 24/3/2000, “Gagliardo, Osvaldo E. y otro v. Moiguer, Fernando y otro s/sum.”). Pero el voto de la Dra. Piaggi en autos “Casa Hutton SA v. Resmacon SRL s/ordinario” (8), de fecha 11/2/2000, abandona esa moderación y no deja dudas en cuanto a su adhesión a la posición mayoritaria. Dijo en esa ocasión que: “…las personas ideales no pueden sufrir daño moral directo, porque no tienen bienes extrapatrimoniales que se puedan ver afectados, porque están formados por prestaciones de capital (obligaciones de dar o hacer), porque tienen un fin lucrativo, y porque su buen nombre está íntimamente relacionado con las ganancias; de modo tal que carecen de cualquier otro interés al margen del económico, material y tangible…”.
La sala E de la Cámara Comercial, en su sentencia del 11/4/205 dictada en “Taller Imagen y Sonido SRL v. Cantera Producciones de M. E. Goldberg y Alaniz J. M. s/ordinario” (9), siguió la misma doctrina de la Corte Suprema en “Kasdorf”; también siguió una posición más moderada, ya que sostuvo que las personas jurídicas o de existencia ideal pueden ser sujetos pasivos de perjuicios indirectos si son vulnerados sus derechos extrapatrimoniales como el buen nombre, la probidad comercial y su buena reputación, pero ello solamente si repercuten desfavorablemente en su patrimonio (10). Veremos después que en otro fallo se acentuó esta moderación, llegando a considerar la admisibilidad del reclamo en un caso de responsabilidad bancaria.
La sala D de la Cámara Nacional de Comercio, en una nueva composición, sostuvo el mismo criterio de la Corte resolviendo que “…el daño moral ‘puro’ es concebido como el perjuicio a las afecciones íntimas, resultando evidente que por carecer de toda subjetividad, las personas jurídicas no pueden sufrirlo…” (11).
La sala A, también con renovada composición, siguió el mismo criterio de la Corte Sup., en autos “BVR SA v. Banco Itaú Buen Ayre SA s/ordinario”, con voto de los Dres. Kölliker Frers y Uzal, el día 12/12/2006, pero con el voto disidente de la Dra. Míguez, que veremos más adelante.
Años más tarde, la sala B volvió a ratificar la doctrina “Kasdorf” argumentando, además, que las personas jurídicas o de existencia ideal pueden ser sujetos pasivos de perjuicios indirectos si son vulnerados sus derechos extrapatrimoniales como el buen nombre, la probidad comercial y su buena reputación, pero sólo si repercuten desfavorablemente en su patrimonio (“Altman Construcciones SA v. Muresco SA s/ordinario”, de fecha 14/2/2011, con el voto de los Dres. Ballerini, Piaggi y Díaz Cordero).
La sala F siguió el mismo criterio de la Corte Suprema como puede verse en el caso “Repuestos Furlan Hnos. SA v. BankBoston NA s/ordinario”, con el voto de los Dres. Barreiro, Tévez y Ojea Quintana del día 28/5/2013, agregando que: “…cierto es también que los socios de una sociedad pueden contar con legitimación para accionar por daño moral como damnificados indirectos, cuando, como en el caso, su nombre está comprendido en la razón social y de ello podría derivarse un perjuicio a su persona, y que en materia de daño moral el perjuicio suele presumirse…”.
La línea de doctrina negatoria de la Corte nacional estaba presente en las Cámaras en lo Criminal, incluso antes de “Kasdorf”. Se había dicho en ese fuero, por ejemplo, que “…no corresponde, en delitos como los de defraudación por apropiación indebida y falsificación, indemnizar por daño moral a personas jurídicas, por cuanto esa lesión no patrimonial consiste en un sufrimiento o dolor psíquico, que, por grave que sea, una persona jurídica es incapaz de padecer (caso ‘Scilingo, Roberto’, fallado por la C. Nac. Crim., sala 3ª, Dres. García Torres y Gómez Sent.: c. 13.060 de fecha: 6/6/1980; y el caso ‘Arcenio de Zas’, fallado por la sala 5ª, de los Dres. Scimé, Madueño y Almeyra c. 13.703, del 7/7/1980)”.
En la provincia de Buenos Aires se siguió idéntica doctrina. Así puede verse en los fallos de la Cámara de San Isidro, sala 1ª, de fecha 9/8/1994, con votos de Furst, Arazi y Montes de Oca en los autos “Urdinguio, Osvaldo v. Transporte Gral. Roca SA s/daños y perjuicios”, reiterada en “Espínola, Rosa v. Transporte Gral. Roca SA s/daños y perjuicios”, causa 63.231 del 9/8/1994; “Zunino SRL y otros v. Transporte Gral. Roca SA s/daños y perjuicios”, causa 63.265 del 9/8/1994; causa 63267 RSD-175-94 S del 9/8/1994, autos “Pino, Mariano Saúl v. Calistro, Carlos Alberto s/daños y perjuicios”. En Quilmes se resolvió en el mismo sentido el 14/5/2002, con el voto del juez Manzi en los autos “Industrias Fuhr SA v. Banco de la Plata SA s/daños y perjuicios”.
Lo propio sucedió en la provincia de Mendoza. En “Bac Publicidad SA v. La Espiga de Oro SA s/daños”, fallo 94.190.425 expediente 20.923, a través de los jueces Bernal, Sarmiento y García González de la Cuarta Cámara Civil, Circ. 1ª, el día 23/2/1994, se dispuso: “…En cuanto a las personas jurídicas o colectivas no pueden ser pasibles de agravio moral en su aspecto subjetivo o puramente efectivo, pues carecen de toda subjetividad, pero sí pueden ser damnificadas en la parte social de su patrimonio, es decir que sí pueden ser pasibles de daño moral objetivable, o sea el que repercute en el patrimonio del sujeto…”.
Por último, en esta recorrida breve y federal, la jurisprudencia de la provincia de Chubut adhirió a la doctrina de “Kasdorf”, argumentando que “…las personas jurídicas, habida cuenta de su naturaleza, no puede predicarse de ellas que entiendan o sientan, desde que carecen de sustrato psíquico…”. A la par se sostuvo que no pueden sufrir ningún daño moral que consista en molestias a la seguridad personal, en el goce de sus bienes o que hiciera a sus afecciones legítimas (“Soto, Tomás E. v. Enercom SRL s/daños”, expte. 11.091/99, sent. def. 28/2000 del 7/6/2000).

III. Las voces disidentes

Siguiendo la línea de pensamiento del Dr. Bacqué en “Kasdorf”, encontramos el criterio, también disidente, del Dr. Escuti Pizarro, cuando dijo que “…si una persona jurídica puede experimentar un daño moral es una cuestión de hecho que debe ser apreciada por el juzgador, ya que si el patrimonio moral de un ente ideal es lesionado, origina un daño de distintas características al que se produce cuando es atacado el similar de una persona de existencia visible…” (“Consorcio de Propietarios French 3044/48 v. Cardozo, Carlos Felipe”, como integrante de la Cámara Nacional Civil, sala A, sent.: C. A243444 del 19/10/1998).
La sala D de la Cámara Nacional Civil afirmó, en un caso muy interesante sobre derechos de autor, que ” …Las instituciones, corporaciones o personas jurídicas pueden ser titulares de obras científicas, literarias o artísticas (art. 8º, ley 11.723) y en tal carácter poseen el derecho a exigir la fidelidad de su texto y título en las impresiones, copias o reproducciones, como asimismo la mención de su nombre o seudónimo; facultades estas conocidas bajo el nombre de derecho moral del autor, cuya conculcación produce un daño moral indemnizable…” (“Impresiones New Gate SA v. Alojamientos Argentinos SA s/daños”, voto de los Dres. Sánchez, Barbieri, Brilla de Serrat, en fecha: 28/6/2012, expte. D590429).
Un fallo de la Cámara Nacional de Comercio, sala A, recoge en cierto grado, esa postura. En autos “Capón Bonell SA v. Papel Prensa SAICFM”, del 13/5/1983, a través el voto de los Dres. Jarazo Veiras, Barrancos y Vedia y Viale, se dijo que “…sólo podrá alegarse daño moral por incumplimiento de un contrato concluido entre dos sociedades comerciales y destinado a formalizar una vinculación jurídica de índole comercial, cuando la parte inocente sufra un agravio o perjuicio por el que se viera afectado su prestigio, se menoscabara su reputación, se violara el secreto de su correspondencia, se dañara la confianza del público, o el crédito de que gozare, lo que además debe ser debidamente probado…”. Tal idea se reiteró en otro fallo posterior de la misma sala del 21/11/1986, in re “El Trust Viviendas SA v. Adabor SA”.
Quizás, quien expuso más radicalmente la posición minoritaria en la jurisprudencia comercial, haya sido la Dra. Isabel Míguez en su voto en el caso “Casa Hutton SA v. Resmacon SRL s/ordinario” (12), de fecha 11/2/2000. Sostuvo allí que “aun cuando las personas jurídicas carecen de toda subjetividad, pueden experimentar perjuicios morales compatibles con su naturaleza y pretender la reparación consiguiente del daño moral experimentado. Pueden en consecuencia constituirse en sujetos pasivos de un agravio extrapatrimonial, siempre que el ataque que origine el daño sea dirigido contra los bienes o presupuestos personales de éstas, de acuerdo a su particular naturaleza…”. Reiteró ese criterio en “BVR SA v. Banco Itaú Buen Ayre SA s/ordinario” el día 12/12/2006 y, dos días después, en “Heregal SRL v. Coca Cola Femsa de Buenos Aires SA s/ordinario”, con cita de Vallespinos, Banchio, Sánchez Torres, Vázquez y Brebbia, en la obra La persona jurídica como sujeto pasivo de agravio moral, temas de responsabilidad civil. Homenaje a Augusto Mario Morello, La Plata, 1981, ps. 55 y ss.
Como anticipamos, la sala E de la Cámara Nacional de Comercio adoptó, inicialmente, una posición moderada, pero llegó a aceptar el daño moral en un caso de responsabilidad bancaria. En “IPH SA v. BankBoston NA s/ordinario”, de fecha 29/9/2005, ordenó indemnizar a una persona jurídica por el error de información financiera publicada por un Banco, asumiendo que “…cabe admitir el reclamo de indemnización por daño a la imagen efectuado por una sociedad contra un banco, en razón de haberla incluido erróneamente como inhabilitada en la base de datos del Banco Central, información que fue receptada y difundida por una empresa destinada a suministrar informes atinentes a la solvencia de las personas; tal actitud del Banco provocó un daño a la imagen comercial de la firma accionante, creando dudas en los agentes del mercado acerca de su solvencia, afectando su reputación y nombre comercial que derivó en el límite temporario a las ventas a crédito y suspensión de servicios de pago de cheques, lo que le generó un perjuicio que debe ser reparado …”.
Por último, no podemos dejar de recordar la sentencia dictada en “Municipalidad de Tandil v. T. A. La Estrella SA”, de fecha 22/10/1996, por la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Azul, sala 2ª (13). En este caso, una Municipalidad se consideró legitimada para reclamar el daño moral ocasionado a los habitantes de su comunidad por el daño provocado a una escultura a raíz de la torpe maniobra de un conductor de micros. Ello se vincula más estrictamente con la titularidad de los bienes colectivos y su custodia, pero aun así constituye un antecedente muy valioso porque introduce el concepto de daño moral colectivo partiendo de un examen sobre intereses difusos. Sabemos que otros fallos han abordado esta cuestión en el mismo sentido, pero no están todavía firmes y en condiciones de ser citados. De todos modos, pareciera que no podría sostenerse esa idea de titularidad de intereses colectivos difusos, mientras se niega en simultáneo toda pertenencia de bienes extrapatrimoniales a las personas jurídicas en general.

IV. Los cambios del Código Civil y Comercial

El nuevo Código no zanjó las diferencias de criterio que pueden existir en torno al tema específico del antiguo daño moral, pese a contar con una amplitud conceptual de criterios tal que reconoce derechos de incidencia colectiva (art. 14 y concs., CCyC). Veamos algunas disposiciones pertinentes que se vinculan con la materia.
1. La regulación de la responsabilidad civil
En materia de responsabilidad civil, el nuevo Código no menciona en ninguno de sus artículos al daño moral con esa pretérita pero tan habitual denominación. Recordemos que en su origen, daño y dolor eran confundidos dentro del mismo concepto de daño moral —se le llamaba pretium doloris— y era entendido como el aspecto subjetivo doloroso de las lesiones físicas. Esta concepción fue evolucionando de tal modo que el daño moral emergió como una verdadera lesión, al extremo de presumirse en ciertos casos, como ocurrió en los fallos que consideraron las indemnizaciones por la muerte de los hijos, con causa en un hecho delictual o cuasidelictual.
El nuevo Código, en su art. 1737, define a todo daño como una lesión a un derecho o a un interés no reprobado por el ordenamiento jurídico que tenga por objeto la persona, el patrimonio, o un derecho de incidencia colectiva. A renglón seguido, en el art. 1738 sostiene que son indemnizables la pérdida o disminución del patrimonio de la víctima, el lucro cesante en el beneficio económico esperado de acuerdo a la probabilidad objetiva de su obtención y la pérdida de chances. También resultan indemnizables, especialmente, las consecuencias de la violación de los derechos personalísimos de la víctima, de su integridad personal, su salud psicofísica, sus afecciones espirituales legítimas y las que resultan de la interferencia en su proyecto de vida; como se percibe, todos atributos exclusivos de las personas físicas. El daño debe ser un perjuicio directo o indirecto, actual o futuro, cierto y subsistente, conforme el art. 1739 CCyC. Todo daño debe ser acreditado, excepto que la ley lo impute o presuma, o que surja notorio de los propios hechos, según dispone el art. 1744 del CCyC. Puede aseverarse que este Código avanzó sobre la objetivación del viejo daño moral, tal y como ya lo habían hecho la jurisprudencia y la doctrina (14).
A su vez, se impuso el criterio de reparación plena, cualquiera que sea el tipo de persona dañada (física o jurídica), pues no se hacen distinciones al respecto. En ese sentido, el art. 1740 del CCyC expresa que la reparación plena consiste en la restitución de la situación del damnificado al estado anterior al hecho dañoso, sea por el pago en dinero o en especie. La víctima puede optar por el reintegro específico, excepto que sea parcial o totalmente imposible, excesivamente oneroso o abusivo, en cuyo caso se debe fijar una indemnización en dinero.
Como puede verse, el daño moral no está nominado del modo usual y ha sido objetivado como lesión (abandonándose, definitivamente, la idea subjetiva del dolor). No se dice absolutamente nada respecto de la posibilidad de este tipo de lesiones sobre personas jurídicas. La cuestión está comprendida desde la más moderna concepción acerca de las consecuencias no patrimoniales de los daños. En este sentido, se dispone sin decirse mucho más, que quien se encuentra legitimado para reclamar este tipo de resarcimiento es el damnificado directo según el art. 1741 del CCyC, estableciéndose luego en caso de muerte o gran discapacidad, reglas de legitimación indirecta propias de las personas físicas: ascendientes, los descendientes, el cónyuge y quienes convivían con la víctima recibiendo trato familiar ostensible, según las circunstancias.
El silencio de nuestro ordenamiento civil y comercial actual pareciera entonces continuar la línea negatoria, pese a su declamación de reparación integral del daño sin distinciones entre tipos de personas. Sin embargo, desde nuestro enfoque y tomando especial consideración en la realidad concreta donde operan las normas jurídicas, veremos que el Código ofrece algunas nuevas perspectivas para esta controversial cuestión.
2. La racionalidad y moralidad de los actos de las personas jurídicas
A partir de la reforma de la ley 26.994, las personas jurídicas son todos los entes a los cuales el sistema jurídico les confiere aptitud para adquirir derechos y contraer obligaciones en el cumplimiento de su objeto y los fines de su creación (art. 144 del CCyC). Sus atributos son un nombre (art. 151 del CCyC), domicilio y sede social (art. 152 del CCyC), patrimonio (art. 154 del CCyC: “la persona jurídica debe tener un patrimonio”) y objeto preciso y determinado (art. 156 del CCyC). El legislador aún no ha podido lograr que tengan sentimientos, se depriman, enfermen o mueran.
Si bien no se dice nada acerca de si las personas jurídicas pueden ser titulares de intereses extrapatrimoniales, el Código, como a todas las personas, les encomienda a estos entes que sigan una recta línea de conducta moral. Es que no existe un estándar de actos para personas físicas y otro para las jurídicas; en ambos casos el régimen es único para valorar y juzgar jurídicamente todos sus actos.
Además, los actos jurídicos de las personas jurídicas deben ser racionales, para ser tales. Porque por acto jurídico se entiende todo acto voluntario lícito que tiene por fin inmediato la adquisición, modificación o extinción de relaciones o situaciones jurídicas (art. 259 del CCyC). Para ser voluntario, el acto debe ser ejecutado con discernimiento, intención y libertad, manifestado por un hecho exterior (art. 260 del CCyC). Cabe agregar que aun las personas físicas sin discernimiento pueden ser indemnizadas por daño moral (15).
En tales sentidos de moral y racionalidad, puede interpretarse sensatamente que los actos de las personas jurídicas no deben ser abusivos y que tienen que respetar la moral y las buenas costumbres (art. 10 del CCyC). El art. 279 del CCyC agrega, por si no bastara, que el objeto de esos actos debe ser moralmente aceptable. Ninguna persona jurídica puede imponer condiciones que afecten la moral (art. 344 del CCyC) y si el acto de la persona jurídica transgrede el orden público, la moral y las buenas costumbres, resulta nulo (art. 386 del CCyC). Para transmitir derechos, las personas jurídicas no pueden transgredir la moral y las buenas costumbres (art. 398 del CCyC), y si entregan cosas cumpliendo un deber moral o de conciencia, dicha entrega será irrepetible (art. 728 del CCyC).
Por si queda alguna duda sobre las exigencias de racionalidad y moral a las personas jurídicas, estas últimas son libres para celebrar contratos y determinar su contenido, dentro de los límites impuestos por la ley, el orden público y —de nuevo— la moral y las buenas costumbres, dice el art. 958 del CCyC. El objeto de dichos contratos no puede consistir en hechos imposibles, prohibidos por las leyes, contrarios a la moral, al orden público, a la dignidad de la persona humana o lesivos de los derechos ajenos; tampoco puede recaer sobre bienes que, por un motivo especial, se prohíbe que lo sean (art. 1004 del CCyC). Y la causa de los actos de las personas jurídicas debe ser lícita recuerda el art. 1014 del CCyC y deja de serlo con pena de nulidad, cuando su causa es contraria a la moral, al orden público o a las buenas costumbres. Las personas jurídicas pueden repetir pagos indebidos, cuando la causa del pago es ilícita o inmoral, según el art. 1796 del CCyC.
Finalmente, el Código establece que las dispensas anticipadas de responsabilidad (art. 1743 del CCyC) son inválidas cuando afectan derechos indisponibles, y atentan contra la buena fe, las buenas costumbres o leyes imperativas, o son abusivas. Son también inválidas si liberan anticipadamente, en forma total o parcial, del daño sufrido por dolo del deudor o de las personas por las cuales debe responder.
Nuestro ordenamiento, a tenor de los artículos citados, impone con claridad prístina que los actos de las personas jurídicas deben estar dotados de moralidad y de razón, cualidades que sólo pueden aportar sus humanos integrantes. Pero debe tenerse presente, sin embargo, que los actos de tal naturaleza se imputan directamente a la persona jurídica y no a sus órganos ni a sus integrantes a título personal.
Se incurriría en una elemental contradicción de lógica formal si se sostiene que las personas jurídicas son entes sin moralidad ni razón exigiéndose, al mismo tiempo, que todos sus actos jurídicos deban ser morales y razonables. Se alentaría, en tal supuesto, la inmoralidad para las personas jurídicas sin ninguna sanción posible. Que los actos inmorales resulten atribuidos a los integrantes mientras que únicamente los morales puedan ser imputados a la persona jurídica, se trataría de un absurdo que excede los requisitos de procedencia de la inoponibilidad establecidos por el art. 54, párr. 2º, de la ley 19.550 y el art. 144 del CCyC.
3. Entes y personas
Como se sabe, toda persona jurídica está integrada de manera directa o indirecta por personas físicas (“miembros”, dice el art. 158 del CCyC). La personificación consiste en una técnica jurídica cuya finalidad es hacer del conjunto una sola persona. La propia exposición de motivos de la ley 19.550 calificó a estos entes como una “realidad jurídica” y a la personalidad como un “recurso técnico”. Las personas jurídicas exhiben la razón y la moral de sus integrantes, en cuanto a los actos que los vinculan con el exterior, porque son sistemas sociales y no entes ficticios, como lo venimos sosteniendo hace años (16).
Una sociedad con objeto comercial tiene valores y principios distintos a los de una asociación civil o a los de una fundación. Sus integrantes están ligados por otro tipo de intereses objetivables, que no son reprobables bajo ningún aspecto por el ordenamiento jurídico si son lícitos, tal como lo indica el art. 1737 del CCyC, cuando define el concepto de daño, como ya señalamos. Incluso, dentro de una misma especie de personas jurídicas (tomemos, por caso, las asociaciones civiles) se pueden percibir distintos tipos de razones morales tutelables compartidas como interés social entre sus integrantes, pues no es lo mismo una asociación que defiende la fauna y flora, un club de fútbol, o una que represente a un sector empresario, como el caso de las cámaras.
Sostenemos que las personas jurídicas son titulares de un aspecto moral común objetivable a sus integrantes que está vinculado con el objeto elegido (recordemos el art. 279 del CCyC) que los une y vincula. En otras palabras, todas las personas jurídicas tienen valores de tipo extrapatrimonial, asimilables al honor, si se quiere, y que están socialmente establecidos y sintetizados como reputación (si se quiere, prestigio, buen nombre o similares). Se trata —sin más— del propio reflejo de la exigencia de tener un objeto moral y del deber de observar actos jurídicos con el contenido racional y moral, que hemos indicado.
Pedimos al lector que retenga esta idea: a los efectos del resarcimiento de daños, la reputación es, a las personas jurídicas, lo que el buen nombre o el honor, entre otros, son a las personas físicas, y no se trata, en modo alguno, de un interés reprobable que no pueda ser dañado, porque es la lógica consecuencia de las exigencias de racionalidad y moralidad que el propio ordenamiento establece para su funcionamiento. El uso de palabras con contenido emotivo muchas veces genera confusiones. Este problema es histórico y el jurista escandinavo Alf Ross ya ha demostrado, hace tiempo, que lo realmente importante para la correcta interpretación y aplicación del derecho es conocer adecuadamente qué disponen las normas jurídicas en cuanto a los hechos, cuáles son las consecuencias jurídicas de éstos y cómo se aplican.
No nos estamos refiriendo entonces a la reparación del daño moral, pues, es cierto, las personas jurídicas no tienen cerebro. Simplemente hemos utilizado ese término y reseñado su evolución jurisprudencial, porque lo consideramos el antecedente directo de la reforma en cuanto a la reparación integral de cualquier daño ocasionado a la reputación de una sociedad. En otras palabras, la lesión a la reputación (un intangible) afecta a todos los integrantes de la organización pero merced a la personificación, la sociedad es la única habilitada para reclamar un resarcimiento (el damnificado directo del art. 1741 del CCyC), pues ninguno de los socios o miembros puede poseer la reputación de la persona jurídica por sí, porque no es titular de ese bien —repetimos— extrapatrimonial, ya que éste es poseído por un sujeto de derechos diferenciado, que es la persona jurídica en cuestión.
4. La resarcibilidad de la lesión a la reputación de una persona jurídica: reparación de las cosas al estado anterior, pérdida de chances y lucro cesante
Veamos un primer aspecto que suele ser el valladar de este tipo de reclamos, como en todos los casos de intangibles, que es el mero aspecto contable. Notamos en el tema una petición de principios —no exteriorizada nunca— en virtud de la cual todo aquello que no está en los estados contables no es un bien patrimonial que corresponda a un ente. Comencemos a analizar esta aparente paradoja de la doctrina negatoria que, como dijimos, es mayoritaria en el asunto: un comerciante persona física puede ser moralmente dañado en el ámbito de su actividad, pero una sociedad integrada por él y su esposa no. Ambos llevan libros contables y, en los dos casos, la contabilidad reflejará lo mismo. El primero tiene honor y sentimientos íntimos; la segunda no tiene nada, conforme a la corriente de pensamiento jurídico mayoritaria.
Es necesario decir que la contabilidad empresaria estándar, cualquiera que sea el tipo de sujeto que la lleve (art. 320 del CCyC), nunca reflejará valores intangibles como la clientela, la reputación o el buen nombre. Las limitaciones de la información contable se vinculan con su elaboración prevista para un cierto tipo de destinatario (para los integrantes de la sociedad, para el Estado); con el fin de la adopción de ciertas decisiones de administración, de control patrimonial y de cumplimiento de obligaciones legales principalmente dispuestas por normas impositivas y del derecho de sociedades (17). La contabilidad estándar, como se sabe, no es la suma del valor de un ente. Auspiciar esa idea sería lo mismo que aceptar que todas las sociedades valen sólo por lo que dicen sus libros, lo cual no es admisible en la práctica jurídica o económica actual.
La contabilidad es una disciplina socio-técnica que ni siquiera ofrece información exacta, sino que se sostiene sobre la base de estimaciones razonables y aproximadas a la realidad. La disciplina no ha desarrollado procedimientos que cuenten con consenso para el reconocimiento y medición de cuerpos activos, ya que por “activo” se entiende un bien básicamente intercambiable adquirido por un hecho ya ocurrido, del cual se controlan sus beneficios. Como se sabe, el buen nombre y la reputación autogenerados no son intercambiables, pese a que sean beneficiosos y puedan ser económicamente medidos. De allí que, por el principio conservador de prudencia contable, no se incluya el valor de ciertos intangibles en la información contable tradicional, cuyo destino está ideado para la administración de los propietarios o para el Estado y no para la acreditación de daños.
Incluso, en la contabilidad estándar es posible que el experto contable deba usar normas de contabilidad inadecuadas para valuar activos, como sucede con el tema actual del ajuste por inflación. La contabilidad sobre la base de costos es un subsistema de la contabilidad gerencial y financiera, pero ni siquiera se identifica totalmente con ésta. Por todo ello, debe concluirse en que lo patrimonial no se parifica necesariamente con lo contable y que no es dentro de la contabilidad estándar donde pueden encontrarse pistas de soluciones al problema planteado.
El buen nombre y la reputación integran la titularidad personal (art. 15 del CCyC), aunque no sean bienes estrictamente patrimoniales. El honor de las personas físicas no es un bien transable, pero ello no significa que su lesión no deba ser resarcida económicamente (arts. 16 y 1737 del CCyC). Lo propio sucede con la reputación o prestigio comercial, pero como se encuentra vinculado a una función específica, tiene un reflejo diferente en la vida social y de los negocios.
La lesión a la reputación comercial de una persona jurídica puede producir daños que no se verifican en el corto o mediano plazo. La mala reputación del lugar de trabajo puede afectar el estado de ánimo y aspiraciones de los dependientes, quienes comenzarán a buscar otros trabajos o, incluso, todo ello podría derivar en un incremento de la litigiosidad laboral. Cualquier persona con conocimientos empresariales sabe que el factor humano es determinante para el éxito o fracaso de la empresa. Algo similar sucede con el poder de marca. Tal vez el efecto de un impacto negativo en la reputación no produzca una merma inmediata en las ventas de la sociedad y el daño patrimonial comprobable requiera de ciertas actividades de los competidores. La casuística al respecto es infinita, pues depende de los más variados matices en incalculables tipos de emprendimiento. Frente a semejante incertidumbre, el derecho debe aspirar a la precisión y seguridad jurídica.
En tal sentido, sostenemos que la reputación comercial de una persona jurídica puede ser repuesta (la vuelta de las cosas al estado anterior, de la que habla el Código, art. 1740 del CCyC) de una manera más eficaz —incluso— que en el caso de una persona física, pues no hablamos de honor, sino —dijimos— del concepto asimilable, pero no idéntico, de reputación. Resulta evidente, desde hace muchos años, que una campaña publicitaria acorde (no la mera publicación de una sentencia de condena milimétrica a pie de página de un diario) puede dañar o mejorar la reputación de una empresa, club de fútbol, fundación o similares, y que incluso la difusión del éxito en una disputa en la que estaba en juego el prestigio de una organización puede lograr beneficios de ese tipo. La lesión al honor no es totalmente reparable en el caso de las personas físicas con una publicidad, pero en el caso de la reputación de las personas jurídicas —que son entes sociales— sí, porque carecen de intimidad y porque su hábitat es el público mercado y no su residencia personal.
Se sigue de lo expuesto que la reputación de una persona jurídica como ítem extrapatrimonial puede ser restablecida a través de una condena razonable que ordene una adecuada publicidad u otra serie de medidas similares que, tomando en consideración las circunstancias del caso, mejore la reputación de la persona jurídica en la esfera de su ámbito reponiéndose las cosas al estado anterior del daño, siguiendo la línea de reparación integral del art. 1740 del CCyC. Por ejemplo, en el caso “Kasdorf”, el estado de Jujuy hubiera debido hacer una campaña a favor de las propiedades del lácteo “Bonalac”, por el mismo período de tiempo en que duró su ilegítima acción, en todos los lugares en que impuso su accionar dañoso.
Consideramos que este tipo de condena admisible, conforme la concepción que sostenemos de las personas jurídicas (que no son ni una ficción, ni un organismo viviente), resultará suficientemente eficaz para reparar las consecuencias extrapatrimonialmente dañosas de los hechos, que es la derivada del daño a la reputación de la persona jurídica. Por supuesto, que el costo de este tipo de publicidad es económicamente mensurable, como cualquier condena dentro de ese ámbito y que, en su caso, el juez podrá morigerarlo, en función de lo dispuesto por el art. 1742 del CCyC; pero eso no significa que el tipo de resarcimiento no tenga origen en una lesión no estrictamente patrimonial.
Además de todo ello, debe considerarse que la reputación de una persona jurídica, por sí, no genera ganancias mensurables (por ejemplo, si el individuo no realiza actividad alguna), pero —sin embargo— contribuye para que ellas se puedan producir. Si no se tienen además habilidades, relaciones personales y activos que produzcan rentas en el marco de una actividad, con la mera reputación no habrá ganancias.
La reputación comercial, entonces, genera también otros intangibles que son patrimoniales y resarcibles y que deben ser protegidos bajo el instituto de la pérdida de chances (art. 1738 del CCyC), que son tan estimables como cualquier otro daño, si la contingencia resulta razonable [en nuestros propios términos “plausible” (18)], según el art. 1739 del CCyC. La pérdida de chances es un aspecto inmaterial dentro de los daños patrimoniales, que debe computarse junto al daño extrapatrimonial en sí, que es resarcible conforme lo acabamos de explicar.
Todo ello sin perjuicio de otras pérdidas que puedan ser computadas patrimonialmente como lucro cesante, en función del art. 1738 del CCyC, que en nuestro Código se ha establecido sobre la base —a nuestro juicio— errónea de probabilidades objetivas, cuando se trata de una estricta cuestión causal vinculada a la pérdida de beneficios razonablemente esperados (19).

V. Epílogo: sensatez y sentimientos

Una última reflexión en torno al daño moral identificado como afección íntima y espiritual, atributos que se dice que carecen las personas jurídicas, sosteniéndose por alguna doctrina que carecen de corazón y expresiones de ese estilo. Hemos dicho antes que resulta insostenible pretender que las personas jurídicas actúen sin discernimiento. No lo dice, por supuesto, nuestro Código, a pesar de las sentencias en sentido diferente, y resulta patente que no se ha creado una línea divisoria de actos para las personas jurídicas y para las personas físicas.
Pero la cuestión espiritual como afección íntima se verifica en la mayoría de los fallos que privan de espíritu a las sociedades y a las personas jurídicas, lo que desemboca —como consecuencia lógica— en la irreparabilidad del viejo daño moral a su favor.
Como ya hemos dicho en otra ocasión (20), los sentimientos y afectos no se alojan en el corazón, sino en el cerebro de las personas físicas. Mente y cerebro se encuentran inescindiblemente unidos y el estado de las neurociencias en la actualidad permite afirmar cierto monismo al respecto (21). Todo lo mental parece ser una función cerebral, al par que todo lo espiritual. La comprobación de esta afirmación se ha efectuado con la lesión supresiva accidental de algunas áreas del cerebro, que inevitablemente provocan pérdida de emociones y de sentimientos, o con la ingesta de ciertas drogas que afectan las funciones cerebrales, como se ha comprobado.
Las personas jurídicas no tienen otra razón ni otra moral objetivable más allá de la de los actos de quienes los gobiernan y administran. Si el interés social resulta ser un dato objetivo —para nosotros lo es, como ya lo hemos dicho en otra ocasión—, resulta objetivable (22) la reputación comercial, pues contribuye (condición no suficiente) como valor extrapatrimonial a generar ganancias.
La reposición de las cosas al estado anterior es perfectamente posible a través de medios propios del ámbito empresarial (marketing entendido en su concepto amplio que comprende, entre otros aspectos, a la publicidad) y también los daños patrimoniales son susceptibles de ser estimados como chances o, si fuera del caso y conforme las pruebas y relación causal de los hechos, como lucro cesante. De más está decir que las chances, como concepto, no son cosas, pues no se incorporan al patrimonio más que cuando se producen y efectivizan.
Si nuestro derecho privado recepta derechos de incidencia colectiva (arts. 14, 1737 del CCyC) y se computa como tal al daño moral colectivo en la consideración de muchos, no pareciera ya razonable sostener la posición negatoria en materia de personas jurídicas, a menos que se diga que un colectivo impersonal piensa y siente, mientas que una persona jurídica no.
Concluimos, de acuerdo a la posición asumida, que lo asimilable al concepto de daño moral para las personas jurídicas en el nuevo Código resulta reparable y cuantificable en dinero, desde el punto de vista extrapatrimonial a través de una condena a hacer —realizar las publicidades o medidas similares acerca del caso, idóneas para restablecer la reputación social dañada— y que, además, el reflejo patrimonial del daño debe hallarse a título de pérdida de chances y lucro cesante en el Código Civil y Comercial.

 (1) El primer fallo corresponde a Corte Suprema de la República de Chile, dictado 28/10/2003, 1654-2002, y es citado en un artículo que contiene estadísticas e información relevante cuyos autores son los Dres. Ignacio Ríos Erazo y Rodrigo Silva Goñi, titulado “Daño moral a las personas jurídicas: ¿Qué ha dicho nuestra jurisprudencia?” (REJ – Revista de Estudios de la Justicia, nro. 18, 2013). El cambio de orientación del máximo tribunal chileno se produjo en autos “Importadora y Exportadora JYC Ltda. v. Sociedad Comercial Cisandina Chile Ltda.”, de fecha 14/3/2005.
 (2) Publ. en Gaceta Jurídica, nro. 297, 2005, p. 85. Hay un comentario favorable al fallo del Dr. Marcelo Barrientos Zamorano, publ. en Revista Chilena de Derecho, vol. 34, nro. 1, 2007, ps. 135/138.
 (3) Véase al respecto el artículo de Alma María Rodríguez Guitián, de la Facultad de Derecho Universidad Autónoma de Madrid publicado en la Revista InDret, nro. 334, en Barcelona (abril de 2006), titulado “Daño moral y persona jurídica: ¿Contradicción entre la doctrina de la sala 1ª y la sala 2ª del Tribunal Supremo? Comentario a la STS, 2ª, 24.2.2005”.
 (4) Lo dice así el artículo “Daño extrapatrimonial (o moral) a las personas jurídicas”, Revista Jurídica del Perú, nro. 87, mayo 2008, p. 303, y LexisNexis Córdoba, nro. 4, 2008 (abril), p. 363.
 (5) LA LEY, 1978­C, 676.
 (6) JA, 2001-I-87.
 (7) JA, 2001-I-87.
 (8) JA del 6/9/2000.
 (9) LA LEY del 10/1/2006 y ED del 22/3/2006.
 (10) Con cita de BUSTAMANTE ALSINA, Jorge, “Las personas jurídicas no son sujetos de daño moral”, ED del 12/7/1990.
 (11) “Supercemento SA v. Voladuras Córdoba SA s/ordinario”, con los votos de los Dres. Heredia, Vassallo y Dieuzeide el día 10/10/2006; con cita del artículo de MOSSET ITURRASPE, Jorge, “¿Pueden las personas jurídicas sufrir daño moral?”, LA LEY, 1984-C, 511.
 (12) JA del 6/9/2000.
 (13) LLBA, 1997-273 y Digesto Judicial de Buenos Aires 152-411.
 (14) A nuestro entender, con influencia en tal sentido de la obra de ORGAZ, Alfredo, “El daño resarcible”, Bibliográfica Argentina Omeba, Buenos Aires, 1952, 1ª ed.
 (15) Ver ZAVALA de GONZÁLEZ, Matilde, “Las personas sin discernimiento y las personas jurídicas como sujetos pasivos de daño moral”, JA, 1985-I-79, y la casi totalidad de la jurisprudencia nacional al respecto.
 (16) BOTTERI, José D. – COSTE, Diego, “Las sociedades comerciales bajo enfoque sistémico y realista”, Revista de las Sociedades y Concursos, año 11, nro. 2010-4, Legis, Buenos Aires, p. 27.
 (17) Seguiremos en éstos a FOWLER NEWTON, Enrique, “Cuestiones contables fundamentales”, LA LEY, Buenos Aires, 2005, ps. 5 y ss.
 (18) BOTTERI (h.), José D., “La causalidad, las probabilidades y las pérdidas de chance en el nuevo Código Civil y Comercial”, elDial (http://www.eldial.com).
 (19) Ob. cit. en nota 6.
 (20) DIEGO, Coste – BOTTERI (h.), José D., “El interés social desde un enfoque diferente”, ponencia presentada en XII Congreso Argentino de Derecho Societario, Revista de Derecho Comercial, Actualidad del interés social, del Consumidor y de la Empresa, año III, nro. 3, junio 2012.
 (21) DAMASIO, Antonio, “El error de Descartes”, Paidós, Buenos Aires, 2011; CHURCHLAND, Patricia S., “El cerebro moral”, Paidós, Buenos Aires, 2012; GAZZANIGA, Michael S., “The ethical brain”, Harper Perennial, NY, 2006; PINKER, Steven, “La tabla rasa”, Paidós, Buenos Aires, 2012; IACOBONI, Marco, “Las neuronas espejo”, Katz, Buenos Aires, 2012; EVERS, Kathinka, “Neuroética”, Katz, Buenos Aires, 2010; GOLOMBECK, Diego, “Cavernas y palacios”, Siglo XXI, Buenos Aires, 2011; HOFFMAN, Rorris B., “Evolutionary Jurisprudence: The End of the Naturalistic Fallacy and the Begginign of Natural Reform?”, en Law and Neuroscience, Oxford University Press, 2011, p. 483; ZAK, Paul J., “Neuroeconomics”, en Law and the Brain, Oxford University Press, 2009, p. 132; BACHRACH, Estanislao, “Ágilmente”, Sudamericana, Buenos Aires, 2012; BUNGE, Mario A., “Treatise on Basic Philosophy”, vol. 8, Ethics: the good and the right , Reidel, Netherlands, 1989, entre otros.
 (22) En el mismo sentido, el trabajo del profesor de CÓRDOBA, Tale, Camilo, en “Daño moral a las personas jurídicas y a las simples asociaciones”, en Anuario de Derecho Civil de la Universidad de Córdoba, 1994. Tanto esta publicación como las posteriores que citaremos, nos fueron gentilmente facilitadas por el Dr. Marcelo López Mesa.