Verón, Alberto Víctor

  1. Régimen normativo especial

Del contenido de la ley 27.349 surge que al ocuparse ésta de regular la Sociedad por Acciones Simplificadas (SAS), uno de sus componentes: el capital social y los aportes (al que acompaña luego el régimen de las acciones) se erigen como figuras esenciales que integran la fenomenología de esta nueva especie societaria.

El capítulo III, Título III, de la ley 27.349 desarrolla generosamente su temática, aunque dejando de referirse al más abundante reglamentarismo de la LGS 19.550, sobre la materia. Se ocupa entonces aquella nueva ley de aludir a: la división del capital; al capital mínimo; a la suscripción e integración; a los aportes; a las prestaciones accesorias; a la garantía por la integración; al aumento del capital; a los aportes irrevocables; a las clases de acciones; a los derechos que éstas otorgan; a la transferencia de acciones; y, por último, al modo de expresarlo, las clases y características de las acciones, su suscripción e integración, y su aumento, lo que deberá constar en el instrumento de constitución.

A continuación expondremos, brevemente, tanto lo legislado expresamente para la SAS como lo concerniente a las demás instituciones contenidas en la LGS y que entendamos puedan ser “de aplicación supletoriamente en cuanto se concilien con los de la ley 27.349”, incluyendo algunos principios.

  1. Terminología, importancia y concepto
  2. a) Algunas cuestiones terminológica Se observa que, si bien la ley 27.349 concibe al capital social como un requisito esencial no tipificante de la SAS, divide al mismo en “partes alícuotas…” a las que denomina “acciones”, estableciendo una diferencia terminológica con lo que disponen los artículos 163 y 315 de la LGS 19.550, que asignan a las acciones la calidad de elementos representativos del capital y no el carácter de partes alícuotas del mismo; se trata de un error conceptual en el cual incurre el legislador, dado que la alícuota alude a un concepto de proporción o participación que se refiere —al identificarse como parte alícuota— a un divisor exacto de una cantidad o número, lo cual no es concebible con el concepto de representación del capital social. Añádase que la realidad indica que las acciones son meros instrumentos o títulos valores —cartulares o no— representativos del capital social de una sociedad —y no alícuotas del mismo—; y lo que conforma las alícuotas es la entidad de acciones exactas de las que cada uno de los accionistas es titular y que le permite conformar —a su vez— un porcentaje de participación social en cada caso particular, dependiendo de los derechos económicos y políticos que se les confieran a las acciones en el instrumento constitutivo o en el estatuto y al momento de su emisión, sobre la base de una operación matemática de división (1).
  3. b) Importancia. El instrumento jurídico —junto con otras tipologías societarias— que regula los aspectos internos y externos de una de las más importantes necesidades de la empresa es la mancomunación de esfuerzos y/o capitales, resulta de la esencia societaria, con lo cual el capital social constituye la base económica fundamental para el desarrollo de la empresa y para hacer frente a las obligaciones que genera su operatividad. La constitución de un fondo común es considerada por la doctrina como uno de los elementos específicos del contrato social, representando el aporte no sólo un requisito esencial sino también una obligación que asumen todos los socios o accionistas. El capital social se forma con los bienes aportados por los socios, y por ello aquél importe debe coincidir con el valor de estos bienes, dada la función que el capital cumple frente a terceros.
  4. c) Concepto. Tradicionalmente se ha entendido que el capital social representa, para la sociedad, un fondo propio con el que se procura una ganancia; para los acreedores, un suplemento de garantía que por expresa disposición legal la sociedad ofrece como compensación a la intangibilidad de los patrimonios personales de los socios; y para los socios, el determinante más cualificado de su status socii. En general, creemos que el capital social jurídicamente es una cifra indicativa y formal expresada en moneda legal que, como totalidad no origina derecho de propiedad alguno (pues no es un bien), tratándose, luego, de un componente técnico del derecho de sociedades. Desde el punto de vista contable está formado, como contrapartida, por la aportación de bienes inscriptos y valuados esto es, por aportes de los propietarios.
  5. d) Patrimonio social. El patrimonio social —que no tiene características propia ni en la LGS19.550, ni en la ley 27.349, como sí lo tiene el capital social— representa el conjunto de bienes y deudas de una sociedad cuya nota peculiar es su permanente variación (contrariamente al capital social que, como dato técnico, su valor, en principio, es inmutable, pudiéndoselo alterar sólo formal y jurídicamente); como realidad comercial-financiera que es, su determinación numérica no es tan fácil y precisa como la del capital social.

III. Funciones y principios

  1. a) Funciones del capital social. La función económica fundamental que cumple el capital social es la de servir como elemento funcional generador de la actividad productiva de la empresa; de aquí que la determinación de su cuantía adquiera relevancia conforme a la naturaleza y magnitud de dicha actividad. Señala así su potencia económica; aunque, como bien lo ha expresado la jurisprudencia, la determinación de la potencia patrimonial de una sociedad resulta de la interacción recíproca de los componentes activos y pasivos de su patrimonio, así como la liquidez, elasticidad, etc., de tales componentes, y no del monto del capital aportado por los socios a la sociedad. En otros términos parece más adecuado pensar que la potencia económica de la sociedad viene determinada por el dinamismo negocial del patrimonio antes que por el nominalismo quieto del capital social.

La función jurídica del capital social gira alrededor de dos consideraciones principales, la primera es que sirve de garantía frente a los acreedores y la segunda, que sirve como elemento básico determinante de la posición del socio (medición “matemática” de su responsabilidad y participación).

  1. b) Principios. Las funciones que cumple el capital social han de someterse a algunas reglas generales básicas que la doctrina denomina principios de ordenación o regulación del capital con sentido sólo en el ámbito legal, y que se emplean para sistematizar eficazmente una adecuada exposición del régimen jurídico del capital, o como lo expresó un fallo (2): el capital social se encuentra sujeto a los principios de seriedad, efectividad e intangibilidad.
  2. Expresión del capital social

De acuerdo con el art. 36, inciso 6, de la ley 27.349 (SAS) el capital social y el aporte de cada socio deben ser expresados en moneda nacional.

La obligación de que la cifra del capital social figure en el instrumento de constitución (en nuestro caso la SAS) ha sido criticada por algunos autores (refiriéndose a las sociedades de la LGS 19.550) con argumentos prácticos, tildándoselo de cifra anodina, histórica y meramente nominal, indicativa sólo del caudal accionario en un momento histórico que a nadie interesa, porque por mucho que podamos teorizar sobre el capital social, los terceros no le prestan la menor atención, en virtud de que el patrimonio social, que es lo que realmente les preocupa, parece totalmente distanciado de aquél. El patrimonio realiza su propia evolución al margen del capital y a ellos les interesa primordialmente la composición patrimonial y no la del capital, porque son acreedores de la sociedad, mas no de los socios.

  1. Capitales mínimos
  2. a) Régimen normativo especial. Como hemos indicado antes el art. 40 de la ley 27.349 exige que las SAS, al momento de su constitución el capital no sea inferior al importe equivalente a dos [2] veces el salario mínimo, vital y móvil, consagrando así en la normativa la fijación de un capital mínimo en la constitución de una sociedad por acciones simplificada (SAS). No creemos que el art. 40 de la ley 27.349 sea aplicable a las sociedades tipificadas y reguladas por la LGS (ley 19.550), y menos a las sociedades anónimas que tienen su propio régimen de mínimo de capital. Sí creemos, en cambio, que se mantiene vigente el debate sobre la conveniencia o no de estipular una cifra o base de cálculo imponiendo en la normativa un capital mínimo (3), razón por la cual nos referimos seguidamente a los capitales mínimos de la LGS y a la infracapitalización.

Reiteramos aquí que no está mal establecer un capital mínimo para las SAS, pero hubiera sido más adecuado que se parta de una cifra determinada —por ejemplo $ 20.000— ajustable trimestralmente por el índice de precio al consumidor, y no que se determine tomando como base de cálculo dos salarios mínimo, vital y móvil.

  1. b) Los capitales mínimos en la LGS. Apartándose del criterio moderno de la legislación comparada, que exige capitales mínimos para la adopción de determinados tipos societarios, a semejanza de la ley española de 1951 la nuestra no exigía tal monto mínimo. Recién el 4 de mayo de 1980, mediante ley 22.182, se resuelve modificar el art. 186 de la LSC, exigiendo para las sociedades anónimas un capital suscripto no inferior a veinte millones de pesos, monto éste que podrá ser actualizado por el Poder Ejecutivo cada vez que lo estime necesario. En virtud de la reforma introducida por la ley 22.903 al contenido del art. 186, en las sociedades anónimas el capital debía suscribirse totalmente al tiempo de la celebración del contrato constitutivo, no pudiendo ser inferior a cien mil pesos, actualizables por el Poder Ejecutivo, cada vez que lo estime necesario (dos millones cien mil pesos, res. 623/1991, MJ, dec. 2128/91). Por otra parte, y dado que dicha reforma reconoce un subtipo de sociedad de responsabilidad limitada cuando su capital alcance el importe fijado por el art. 299, inc. 2º, puede decirse que —para este supuesto exclusivamente— la normativa societaria también reconocía un capital mínimo. El límite en el monto del capital social, en virtud de la reforma introducida por la ley 22.903 al art. 186 de la LSC, se reitera, para las sociedades anónimas, que debe suscribirse totalmente al tiempo de la celebración del contrato constitutivo, no pudiendo ser inferior a doce mil pesos (monto fijado por decreto 1937/1991) el mínimo de capital social exigido. Por otra parte, y en mérito a la reforma introducida por la ley 22.903 al art. 157 de la LSC, se reconoce un subtipo de sociedad de responsabilidad limitada —a la par de la sociedad anónima sometida a control permanente, en los términos del art. 299, LSC—, cuando su capital alcance el importe fijado por este artículo (actualizable) y que actualmente es de diez millones de pesos según la Disposición 6/2006 (SSAR); puede decirse, entonces, que —para ese supuesto exclusivamente— la actual normativa reconoce un capital mínimo. Destacamos, sin embargo, que el art. 67 de la res. IGJ 7/2005 fue más allá del alcance estipulado por el art. 186 (el capital no podrá ser inferior a doce mil pesos —hoy $ 100.000—, actualizable por el Poder Ejecutivo), al arrogarse la autoridad de control la atribución de exigir una cifra de capital inicial superior a la fijada en el acto constitutivo, aun en la constitución de sociedades por acciones con la cifra mínima (actualmente de $ 100.000), si advierte que, en virtud de la naturaleza, característica o pluralidad de actividades comprendidas en el objeto social, el capital resulta manifiestamente inadecuado. Por más loable que sea el propósito de esta norma, combativa de los capitales ridículos, debiera nacer de una modificación legislativa al art. 186, LSC, sin contar que resulta sumamente discutible en doctrina cuándo existe una “infracapitalización”.

Como fuere, lo cierto es que fue justificada esta intromisión con argumentos empíricos no despreciables (4):

1) La Inspección General de Justicia impulsó en el año 2011 la modificación del monto mínimo exigido por el artículo 186 de la ley 19.550 de sociedades comerciales. Ello, en virtud de una necesidad manifestada por los registradores mercantiles en la XV Reunión Nacional de Autoridades de Control de Personas Jurídicas y Registro Público de Comercio. Así, el decreto 1331/2012 fijó el monto del capital social en la suma de $ 100.000.

2) La cifra que exige el decreto dota al capital social de la racionalidad que carecía, logrando redestinar el tipo societario como figura para grandes empresas. Si bien es cierto que no se asegura el éxito de una sociedad, ni impide que ella llegue a un estado de insolvencia, por lo menos mediante esta condición se exigirá una inversión más seria que implique que los socios asuman el riesgo de la empresa.

3) Permitir que una sociedad anónima pueda constituirse con tan bajo capital sin exigir la paridad al menos con los gastos que requiere para funcionar amplía las posibilidades de constituirse figuras ficticias que buscan eludir responsabilidades, o bien otras que, aunque no son ficticias, buscan trasladar el riesgo empresario a los terceros contratantes.

4) El tipo societario SA no ha sido creado a fin de limitar la responsabilidad de los accionistas, sino como respuesta a la necesidad de crear una estructura jurídica que permita agrupar grandes capitales, en la que aquella característica surgía como un estímulo para su desarrollo. Sin embargo, es hoy elegido muchas veces con el único fin de defraudar a terceros que se vinculan con la sociedad, por lo que resulta imprescindible limitar o al menos dificultar de algún modo dichas posibilidades, y esa limitación no debe surgir como remedio, sino desde la constitución.

5) El fuero comercial está colmado de quiebras de sociedades que originariamente fueron constituidas sin el capital suficiente para iniciar cualquier tipo de emprendimiento, sumado a la imposibilidad de satisfacer a los acreedores ante la falta o escasez de activos. Ahora bien, si la sociedad carece de capital social suficiente para su giro social y los socios o administradores nada han hecho para evitar su insolvencia, no parece justo que los accionistas se amparen en el beneficio de la limitación de la responsabilidad cuando aquélla incurre en cesación de pagos. Nos encontramos entonces frente a sociedades cuyo patrimonio es tan pequeño con relación a las obligaciones asumidas, o que puedan asumir por sus características y objeto, que eventualmente puede no encontrarse en condiciones de satisfacer dichos compromisos.

6) A todas luces, surge que el capital mínimo exigido por la ley vigente para la demostración de la capacidad económico-financiera de las sociedades anónimas, en miras a conseguir sus respectivos objetos sociales, resulta irrisorio y no guarda proporcionalidad ni razonabilidad con el intercambio y la producción de bienes y servicios a ejecutar. Su necesidad de actualizarlo se alinea con las corrientes del derecho societario comparado ofreciendo un testimonio de seriedad económica y seguridad jurídica.

¿Qué opinábamos entonces de esta normativa societaria? Veamos: El capital social no sólo debe tener proporción con la magnitud de la empresa, sino también que hay que calibrar en qué medida dicho capital integra la noción de sociedad anónima abierta (juntamente con la noción de gran cantidad de accionistas y gran empresa). Con respecto a su cantidad debería estipularse en la normativa que el monto del capital social fuera adecuado a la naturaleza del objeto social, de modo que la sociedad —al menos inicialmente— pueda emprender su actividad empresarial con recursos económicos suficientes, que garanticen una explotación normal y la subsistencia de la empresa. Sostuvimos en relación con el gran capital que éste queda inmediatamente subordinado al primer elemento caracterizante (gran empresa) pero ¿en qué medida?, pues en la indispensable para que, inicialmente, sea posible la instalación y puesta en marcha de la empresa y sucesivamente su satisfactoria evolución. Es que cualquiera fuere el capital mínimo legal que se fije, será siempre arbitrario, ya que dicha cifra única y universal para todas las sociedades difícilmente pueda adaptarse a cada una de ellas en particular, y difícilmente el legislador pueda determinar las necesidades económicas, financieras y empresarias de cada proyecto, con lo que la idea de capital mínimo es superada por la idea de capital adecuado o necesario para el cumplimiento del objeto social (5).

La implantación de un capital mínimo que mantuvo la ley 22.903, adecuándolo en su dimensión monetaria a la cifra de cien mil pesos no consultaba, dentro del contexto integral de las reformas introducidas por aquella ley, la verdadera realidad de la sociedad anónima cerrada o de familia de pequeñas dimensiones, cuyos interesados se ven compelidos a adoptar otra figura societaria no querida y, con seguridad, no acorde con las realidades negociales y operativas de la empresa, como la actual sociedad de responsabilidad limitada que los autores de la reforma intentaron erigir como opción válida y única, en evidente desprecio de la sociedad anónima de reducidas dimensiones, a la que nuestro sistema empresarial está habituado. Todo indica que se echaron en saco roto las recomendaciones de los congresos de Derecho Societario celebrados en Mar del Plata y Salta, aconsejando que se derogara la exigencia de capital mínimo para la constitución de sociedades anónimas. Creemos que la fijación de un capital mínimo hubiera sido atinada si se consolidaba en la reforma la regulación diferenciada de la sociedad cerrada o de familia en contraste con la sociedad anónima abierta, y no hacer prevalecer ésta en beneficio de la sociedad de responsabilidad limitada, hacia la cual se intenta desplazar la sociedad anónima cerrada o de familia, como pensamos que se ha concebido en la ley 22.903. En opinión de Jelonche, la imposición de montos mínimos de capital inicial conllevaba a la prohibición de las anónimas “chicas” neutralizando así empresas eficientes por el hecho de no reunir suficiente capital, sin dejar de reconocer, en algunos casos, el uso indebido de la sociedad anónima (disfuncionalidad de algunos tipos societarios para la pequeña y mediana empresa), y la constitución de “sociedades predispuestas”, su corrección resulta relativamente fácil (6); por lo tanto no era necesario ni conveniente mirar con disfavor la multiplicación del número de sociedades anónimas, en tanto responda a intentos legítimos de organización de empresas productivas cumpliendo su función social frente al gigantismo y la concentración económica.

Lo que acabamos de exponer, puede decirse que se enrola con la creación de la sociedad por acciones simplificada de la ley 27.349, asemejándose ésta (la SAS) a la sociedad anónima cerrada o de familia que la venimos pregonando desde hace tiempo.

  1. c) Infracapitalización. Creemos que la cuestión debatida sobre lo que se conoce como infracapitalización no escapa a la problemática de la formación del capital social de las SAS. Veamos (7):

1) Lo más intrincado es determinar cuantitativamente la diferencia entre capital nominal y capital necesario, toda vez que no podría aceptarse un temperamento singular dado la diversidad del tipo de actividad de la sociedad en cuestión (así, las reservas especiales a las que están obligadas a constituir, como las de las compañías de seguros están marcando esa diversidad). Pero, dinámicamente, no podrían obviarse otras consideraciones como la evolución del negocio (y, obviamente, de su activo y pasivo), el margen de ganancias, las secuencias amortizable de la inversión, y el índice de liquidez, el índice de solvencia, el volumen de los negocios y otros factores (8).

2) Nos sigue pareciendo atinado lo sugerido hace tiempo por un autor: i) una futura reforma de la legislación en materia de sociedades comerciales debería permitir la denegación del pedido de inscripción de una sociedad cuando el capital fuere manifiestamente insuficiente para alcanzar el objeto determinado en el acto constitutivo; ii) el sistema que se cree debe limitar al máximo la posibilidad de resoluciones arbitrarias y excesivamente discrecionales por parte de la autoridad de control, a fin de que no se vulnere el principio de igualdad ante la ley y que de ese modo no se entorpezca el normal desarrollo de la actividad mercantil; iii) dentro del ordenamiento positivo vigente no se puede, sin caer en la arbitrariedad, exigir proporcionalidad entre capital y objeto sociales al momento de la constitución (9); es que “la complejidad del problema y la riqueza de variantes que presenta en la praxis torna cuasi-imposible determinar a priori la utilidad y/o idoneidad del capital como el único y exclusivo recurso o medio para alcanzar el objeto social, en aquellos casos en los que la infracapitalización originaria no aparece como evidente y grosera” (10).

3) Deberíamos tener en cuenta que ante los severos reproches padecidos por el concepto de capital social, especialmente durante fines del siglo XX, no parece mala idea su reemplazo por una nueva y renovada concepción del patrimonio social neto apoyada en índices de equilibrio entre los medios propios (capital de riesgo) y los medios de terceros (créditos) (11).

4) Sin desconocer que la infracapitalización pergeñada con dolo por los accionistas en perjuicio de terceros debe no solo evitarse sino también castigarse, ello no supone que el capital social cubra la totalidad del pasivo social, ya que cada parte del negocio debe asumir su parte del riesgo (tanto acreedor como deudor), sin que se pretenda —a través de la inoponibilidad del art. 54, LGS— que, además de la sociedad, lo asuman también sus accionistas o controlantes (12). Es que “tanto la necesidad de un aumento del capital social como el deber de dotación de fondos a la sociedad se encuentran en el marco de la autonomía de la voluntad, motivo por el cual no existe obligación alguna en ese sentido en el ordenamiento jurídico vigente, sin perjuicio de las eventuales responsabilidades que pudieren corresponder” (13).

5) Como se ha expuesto con anterioridad algunos afirman que si la sociedad no cuenta con capacidad suficiente para afrontar su giro y el cumplimiento de su objeto social incurrirá en la mentada infracapitalización, con la consiguiente responsabilidad y hasta afectación de la personalidad jurídica, a lo que la jurisprudencia aportó soluciones cuando el capital social —o mejor, el patrimonio social— no alcanza para la consecución del objeto social, no sólo por los problemas de valuación del activo y pasivo social que implica y, eventualmente, por las responsabilidades que desparramaría, sino fundamentalmente, porque se incurre en la falacia de creer que el capital social es el único y exclusivo recurso con el que cuenta la empresa para cumplir con el objeto social, desconociendo con esta estrechez las propias implicancias que la dinámica negocial exige de la dirección financiera de la empresa (con el nivel y política de endeudamiento) y la importancia de las consideraciones extrafinancieras (como recursos humanos, calidad directiva, tecnología, innovación, proceso de distribución y producción, clientes, marketing, amplitud del mercado y eficiencia organizativa). Por eso, no creemos apto el empleo de parámetros como la infracapitalización “calificada” que margine conductas humanas desarrolladas en un contexto de libre empresa, competitividad, condicionamiento del entorno y riesgo, a más de la intuición negocial de los conductores (componentes psíquicos difíciles de evaluar).

6) El tema de la adecuación del capital social sólo desde el punto de vista económico-financiero puede llevar a conclusiones erróneas y también extremas, pues tal capital no es el único legal para financiar un emprendimiento, existiendo otros de origen contractual permitidos por la ley (14).

7) Muchos de los grandes emprendimientos económicos son productos de ideas que luego han obtenido aportes de capital; ergo, puede racionalmente establecerse una relación entre “capital social” y “objeto social” si se asume una relación “conocida”, previa y estable entre ambos; y la actividad empresarial —por definición— supone lo contrario y aun en ese caso debería eliminar el proyecto eficiente que supone la divergencia entre capital y objeto.

8) Cobra importancia actual —en la era de la información—, el conocimiento de los elementos intangibles de una empresa que potencia significativamente el valor de ésta generado por las comunicaciones, la informática, la robótica y el capital humano.

  1. Suscripción e integración del capital social
  2. a) Régimen normativo especial. Los arts. 36, inc. 6, y arts.40 y 41, de la ley 27.349 se refieren específicamente a la forma de suscribir e integrar las acciones que conformarán el capital social de la SAS, y son sus principales disposiciones las siguientes que engarzan con los arts. 42 a 48 de aquella ley:
  3. En el instrumento de constitución deberá indicarse el capital social y el aporte realizado por cada socio.
  4. Debe hacerse constar también las clases, modalidades de emisión y demás características de las acciones y, en su caso, el régimen de aumento.
  5. La suscripción del capital, el monto y la forma de integración, y si correspondiere, el plazo para el pago del saldo adeudado.

Además se prescribe que:

  1. La suscripción e integración de las acciones deberá hacerse en las condiciones, proporciones y plazos previstos en el instrumento constitutivo. Los aportes en especie deben integrarse en un cien por ciento (100%) al momento de la suscripción.
  2. Los aportes podrán realizarse en bienes dinerarios o bienes no dinerarios. A tal fin establece un método de valor de esos aportes y otras consideraciones valorativas.
  3. Podrán pactarse prestaciones accesorias, lo que también es objeto de algunas especificidades.
  4. Los socios garantizan solidaria e ilimitadamente a los terceros la integración de los aportes.
  5. Se legisla especialmente el aumento del capital social, los aportes irrevocables, las acciones y su régimen de transferencia.
  6. b) Suscripción del capital social. Como se ha visto, la suscripción de las acciones deberá hacerse en las condiciones, proporciones y plazos que se prevean en el instrumento constitutivo (art. 41, ley 27.349). Estimamos que debería tenerse en cuenta las siguientes previsiones plasmadas en la LGS 19550:
  7. Dadas las características propias de las SAS y la ausencia de norma permisible, entendemos que en la suscripción del capital social no solo se vedan los “capitales autorizados” sino también, con ocasión del aumento del capital, la posibilidad de hacerlo hasta su quíntuplo —que es una suerte de capital en ciernes, —como sí lo permite el art. 188 de la LGS 19.550. Contrariamente, por otra parte, se aparta de la exigencia del art. 186 de la LGS que exige la suscripción total del capital social. Entonces ¿podrá la SAS no suscribir totalmente el capital suscripto? Debiera ser materia de aclaración ya sea vía reglamentación, o modificando la ley 27.349.
  8. Sin perjuicio de la flexibilidad funcional con que se dota a una SAS, y por razones de seguridad jurídica, nos parece pertinente estas recomendaciones:
  9. i) El principio de la suscripción total se funda en el concepto mismo de la sociedad anónima capitalista, y en el deseo de dotar de una firme base económica a la sociedad y de una garantía real a los acreedores: de aquí que “suscripción íntegra del capital” signifique que todas las acciones que lo integran tienen que estar asumidos por los suscriptores (15).
  10. ii) Quebranta el principio de la íntegra suscripción del capital la suscripción de un capital por fracciones sucesivas; las suscripciones sometidas a condiciones; las suscripciones realizadas por personas incapaces; las suscripciones realizadas por personas imaginarias; las suscripciones realizadas por la misma sociedad o con su garantía; las suscripciones realizadas por debajo del valor nominal de las acciones suscriptas; las suscripciones realizadas con el propósito de pagar las acciones mediante servicios u otra clase de aportaciones. A salvo, claro está, el régimen de prestaciones accesorias.
  11. También consideramos, ante el silencio de la ley 27.349, que resulta de aplicación al régimen de suscripción preferente previsto en los arts. 194 a 197 de la LGS 19.550, aunque supletoriamente y conciliable con las normas de la ley 27.349, lo cual deberá figurar, armoniosamente, en el instrumento constitutivo que también se adecuará a la reglamentación pertinente (16).
  12. c) Integración del capital social. También la integración de las acciones ha de realizarse en las condiciones, proporciones y plazos que se prevean en el contrato constitutivo (art. 41, ley 27.349), garantizando los socios, solidaria e ilimitadamente la integración de los aportes (art. 43, ley 27.349). Creemos atinado se haga aplicación de la norma y su exégesis sobre el régimen de integración del capital social a tenor de la LGS 19.550 (17) en lo que podría ser “supletorio y conciliatorio” de la ley 27.349:
  13. Los aportes en dinero deben integrarse en un 25% como mínimo al momento de la suscripción, y la integración del saldo no podrá superar el plazo máximo de dos años (art. 41, ley 27.349). Así también lo dispone la LGS 19550, en sus arts. 166 y 187.
  14. El desembolso mínimo del 25% debe exigirse a todas y cada una de las acciones suscriptas para ser abonadas en dinero efectivo (metálico).
  15. No se puede aducir compensación para eludir la integración debida en dinero, ni la no entrega de los títulos para no hacer efectiva la integración.
  16. El plazo para el pago del saldo de integración por la suscripción (no más del 75% de ésta) no puede exceder de dos años.
  17. En el acto constitutivo puede establecerse que determinadas acciones limiten la aportación al mínimo fijado por la ley y que otras acciones deban inicialmente integrarse en un monto mayor, e, incluso, totalmente. Lo mismo ocurre con el plazo —dos años— para la integración total del saldo. En cambio, sí hay que respetar el principio de que a acciones iguales corresponde igualdad de tratamiento.
  18. Recuérdese que el art. 187 de la LGS fue modificado por la ley 26.994 (CCCN), agregándole la excepción de que “en la sociedad anónima unipersonal el capital social deberá estar totalmente integrado”. Ello así, consideramos que en la SAS unipersonal debe aplicarse este mismo criterio integrador, esto es que el capital suscripto por el único “socio” de la SAS, en dinero efectivo, también debe ser integrado en su totalidad con dinero efectivo.

(1) VÍTOLO, Daniel Roque, La sociedad anónima simplificada (SAS), ¿Un desafío a la imaginación o una próxima realidad?, Errepar, “Doct. Soc. y Conc.”, octubre/2016, p. 992.

(2) CNCom, Sala A, 08/05/2012, “Di Donato SA s/quiebra”, Errepar, “Doct. Soc. y Conc.”, agosto/2012, p. 803, 33).

(3) La cuestión de si la SAS debe o no tener un capital mínimo es algo controvertido, pudiendo señalarse que la legislación francesa no lo exige, la ley colombiana tampoco —y hasta admite que la sociedad pueda tener capital variable—, la ley mexicana ni siquiera exige como elemento requisito típico de las SAS la fijación del capital social, el cual puede también ser variable, remitiéndose al régimen general donde sí existen capitales mínimos; la ley chilena tampoco exige un monto mínimo dentro de los artículos referidos a las Spa, pero lo mantiene en las Sociedades Anónimas, y la ley dominicana —por el contrario— establece un monto mínimo (VÍTOLO, La sociedad anónima simplificada (SAS), ¿Un desafío a la imaginación o una próxima realidad?, p. 12).

(4) MARTÍNEZ, Silvina, “Una necesaria medida en torno del aumento del monto mínimo del capital social”, Errepar, “Práct. y Act. Soc.”, nº 182, setiembre/2012, ps. 3 / 4.

(5) FUSHIMI, Jorge F., “El capital social de las sociedades anónimas en el derecho comparado (Crisis del capital. Modelos alternativos en el derecho comparado. Un análisis crítico con punto de partida en la legislación nacional)”, RDCO, 2011-B, p. 832.

(6) JELONCHE, Edgar I., “Capital social, objeto y estatuto modelo de las sociedades anónimas”, La Ley, 1980-B, 883.

(7) El desarrollo de este tema en: VERÓN, Alberto Víctor, “Ley General de Sociedades 19.550”, La Ley, Bs.As., 2015, tomo IV, ps. 356/375.

(8) DEYA, Federico S., “Infracapitalización societaria desde una perspectiva económica del derecho”, RDCO, 2002, ps. 828/829.

(9) SILVANO, Marcelo H., “Proporcionalidad entre capital y objeto social”, DF, XXXIII-1982-769.

(10) DI CHIAZZA, Iván G., “La relación capital-objeto social”, La Ley, 2004-F, 1499.

(11) MÉNDEZ, Juan J., “Las responsabilidades emergentes de la sociedad infracapitalizada”, RDCO, 2005-A, p. 666.

(12) DEYA, “Infracapitalización societaria”, RDCO, 2002, ps. 829 y 832.

(13) MÉNDEZ, “Las responsabilidades emergentes”, RDCO, 2005-A, p. 698.

(14) GIACOMINI, Matías A., “Adecuación del capital al objeto social”, Errepar, “Doct. soc. y conc.”, enero/2007, p. 38.-

(15) GARRIGUES, Joaquín — URÍA, Rodrigo, Comentario a la ley de sociedades anónimas, 3º ed., Madrid, 1976, t. I, ps. 208/210.-

(16) Sobre la suscripción preferente de las SA regidas por la LGS 19550, puede leerse: VERÓN, Ley General de Sociedades, t. IV, ps. 533/573..-

(17) Ver: VERÓN, “Ley General de Sociedades”, t. IV, ps.186/188 y 385/397.