Se impuso una condena solidaria en los términos del art. 30 de la Ley 20.744 en un supuesto de franquicia. La Cámara modificó parcialmente el decisorio.

Sumarios
La condena en los términos del art. 30 de la Ley 20.744 debe confirmarse, en tanto una de las demandadas autorizó a la otra mediante un contrato de franquicia a llevar adelante la actividad que le es propia y específica, sin que obste a la solución el hecho de que la franquiciada venda otros productos además de los adquiridos a la franquiciante, ya que ello no es obstáculo para la solidaridad impuesta por la norma mencionada.

La multa impuesta en los términos del art. 2 de la Ley 25.323 debe confirmarse, pues el derecho a las indemnizaciones pertinentes y sus accesorios, como los intereses o los recargos resarcitorios, quedan subordinados a la acreditación de la injuria invocada y todas las obligaciones se tornan exigibles retroactivamente, sin que se configure el supuesto previsto por el segundo párrafo de la norma para eximir a las accionadas.
FALLO
Expte. N° CNT 63464/2012/CA1

Sentencia Definitiva 79696

2ª Instancia.- Buenos Aires, febrero 20 de 2017.

La doctora Marino dijo:

I. Llegan los autos a esta alzada como consecuencia del recurso de apelación interpuesto por ambas partes a fs. 316/328 (Tigrino y Ianiello —sociedad de hecho—), 330/332 (actora) y 337/347 vta. (León y Yetano —sociedad de hecho—), contra la sentencia de primera instancia (fs. 307/313), que mereciera réplica de la contraria a fs. 363/365 vta., 368/370 vta. y 371/379.

A su vez, el perito contador, la representación letrada de la parte actora y de la demandada apelan los honorarios regulados a su favor por bajos (fs. 314, 329 y 348/349, respectivamente).

II. La jueza de primera instancia hizo lugar a la demanda que perseguía el cobro de rubros salariales e indemnizatorios.

Las demandadas formulan agravios porque la Sra. Juez a quo consideró que el despido directo dispuesto por la empleadora resultó injustificado.

Se agravian por cuanto la sentenciante de grado concluyó que el actor se desempeñó en jornada completa en la categoría de encargado. Sostienen las apelantes que no se evaluó en forma correcta la prueba rendida en autos y cuestionan la sanción prevista en el art. 80 de la L.C.T. y la condena a la entrega de los certificados de ley.

La codemandada León y Yetano Sociedad de hecho, apela la extensión de responsabilidad en forma solidaria a la demandada Tigrino y Ianiello Sociedad de Hecho.

En primer término, se quejan los demandados por cuanto consideran que la sentenciante de grado efectuó una valoración errónea de las declaraciones testimoniales a fin de tener por acreditada la jornada y la categoría laboral invocada por el actor.

Al respecto corresponde puntualizar que, en orden a la existencia de la jornada reducida denunciada, que dispone el art. 92 ter de la LCT, por resultar una excepción a la jornada legal, debe ser el empleador quien cargue con la prueba (conf. art. 377 del Cód. Proc. Civ. y Com. de la Nación) y, en este contexto, considero que no ha producido la prueba necesaria dirigida a demostrar tal circunstancia, por lo que sólo cabe desestimar los recursos al respecto.

En efecto, un detenido análisis de las declaraciones testimoniales producidas en autos, encuentro que los testigos no lograron acreditar la jornada invocada por la demandada.

Por el contrario, advierto que los testigos que declararon a propuesta de la parte actora fueron contestes en señalar que el actor trabajaba en jornadas superiores a las cuatro horas diarias.

Valorados los testimonios en cuestión a la luz de la regla de la sana crítica (cfr. arts. 386 Cód. Proc. Civ. y Com. de la Nación y art. 90 LO), cabe concluir acerca de su eficacia probatoria para acreditar en forma fehaciente que el actor cumplía una jornada a tiempo completo.

Los testigos que declararon a propuesta de la parte actora resultaron coincidentes y suficientemente convincentes al respecto, quienes tomaron conocimiento de modo directo acerca de tal extremo fáctico, brindando razón suficiente de sus dichos (arts. 386 del Cód. Proc. Civ. y Com. de la Nación y 90 in fine de la L.O.).

Por otra parte, la recurrente sostuvo que la sentenciante de grado omitió considerar las planillas de horarios firmadas por el actor, de las cuales surgiría que el actor trabajaba cuatro horas diarias. Sin embargo, no corresponde otorgar validez probatoria a registros que son llevados unilateralmente por la demandada.

Lo decidido al respecto torna abstractos los agravios respecto al pago de diferencias salariales, salarios de setiembre y octubre 2012, SAC y vacaciones proporcionales e indemnizaciones derivadas del despido indirecto.

Desde esta perspectiva, corresponde desestimar el presente agravio y confirmar la sentencia de grado en cuanto a este punto se refiere.

III. Tampoco encuentro atendible la queja relativa a la multa prevista por el art. 2 de la ley 25.323.

Esta disposición legal establece que:

“Cuando el empleador, fehacientemente intimado por el trabajador, no le abonare las indemnizaciones previstas en los artículos 232, 233 y 245 de la Ley 20.744 (texto ordenado en 1976) y los artículos 6° y 7° de la Ley 25.013, o las que en el futuro las reemplacen, y, consecuentemente, lo obligare a iniciar acciones judiciales o cualquier instancia previa de carácter obligatorio para percibirlas, éstas serán incrementadas en un 50%.

Si hubieran existido causas que justificaren la conducta del empleador, los jueces, mediante resolución fundada, podrán reducir prudencialmente el incremento indemnizatorio dispuesto por el presente artículo hasta la eximición de su pago”.

El accionante se consideró despedido ante la incorrecta registración de su jornada y su categoría laboral y, si bien la determinación de la justa causa del despido es en última instancia judicial, esta decisión es declarativa y, por ende, de efectos retroactivos al momento de la ruptura contractual. Por dicho motivo, en casos como el del sub lite, el derecho a las indemnizaciones pertinentes y sus accesorios como los intereses o los recargos resarcitorios como el establecido en el art. 2 de la ley 25.323 quedan subordinados a la acreditación de la injuria invocada y todas las obligaciones se tornan exigibles retroactivamente, sin que se configure el supuesto previsto por el segundo párrafo de la norma para eximir a las accionadas.

Por ello, no advierto fundamento alguno para excluir a las demandadas de abonar la multa prevista en el art. 2° de la ley 25.323 por lo que propiciaré, en consecuencia, confirmar la sentencia también en este aspecto cuestionado.

IV. Asimismo, resulta recurrida la condena a abonar la multa prevista por el art. 80 de la L.C.T., y se sostiene al respecto, que la exigencia de entrega de las certificaciones fue cumplida, con los datos insertos en sus registros, y que el accionante no devengó ninguna otra remuneración que no fuera plasmada en los certificados correspondientes.

Agrega que los certificados estuvieron correctamente confeccionados y fueron entregados al contestar demanda.

Si bien la accionada acompañó junto a la contestación de demanda los certificados previstos por el art. 80, L.C.T. (v. sobre anexo por cuerda), la queja no será atendida favorablemente toda vez que coincido con la sentenciante respecto a que en dichos instrumentos no constan la totalidad de los datos exigidos por la norma, omitiéndose consignar la verdadera remuneración y real categoría laboral del actor.

En esas condiciones, y por las razones expuestas, estimo que corresponde confirmar este segmento del fallo cuestionado.

De acuerdo a la solución propiciada, también debe confirmarse la condena a la entrega de los certificados en cuestión, de acuerdo a las pautas dispuestas en el pronunciamiento de grado.

V. Otro aspecto de la queja de las demandadas está dirigido a cuestionar la tasa de interés dispuesta en la instancia anterior, en tanto viola la normativa vigente que prohíbe la actualización monetaria y porque no puede aplicarse retroactivamente al presente caso la tasa nominal anual para préstamos personales libre destino del Banco de la Nación Argentina para un plazo de 49 a 60 meses.

Sin embargo, no encuentro atendible la queja de las demandadas. En efecto, en el marco de lo establecido mediante las Actas 2600 —del 07/05/2014— y 2601 —del 21/05/14— esta CNAT resolvió modificar lo dispuesto por el Acta 2357 del 07/05/2002 y que la tasa de interés aplicable sea la Tasa nominal anual para préstamos personales libre destino del Banco Nación para un plazo de 49 a 60 meses, que debe comenzar a regir desde que cada suma es debida, respecto de las causas que se encuentren sin sentencia, y con relación a los créditos del trabajador.

En el contexto descripto, respecto a la tasa de interés dispuesta, propiciaré confirmar la sentencia de la instancia anterior en este aspecto cuestionado y aplicar la tasa de interés dispuesta por Actas 2601 y 2630 de la CNAT.

VI. Se agravia la demandada “León y Ianiello Sociedad de Hecho” por la decisión de la jueza de declarar su responsabilidad solidaria en el presente caso, por considerar que no se han acreditado en autos ninguno de los extremos previstos por el artículo 30 de la L.C.T.

No se encuentra discutido en autos que entre ambas demandadas se “ha firmado un contrato de franquicia, no constituye una sucursal, cada uno de los locales funcionan en forma independiente, no manejan la misma caja” (ver contestación de demanda a fs. 58 y contratos a fs. 42/50).

Asimismo, tampoco se discute que el contrato de franquicia se ha definido como aquél en el cual una organización, el franquiciante, que ha desarrollado un método o una fórmula para la fabricación o venta de un producto o servicio, extiende a otras firmas, los franquiciados, el derecho a proseguir con tal negocio, sujeto a ciertos controles o restricciones. Es decir, que este contrato es celebrado entre dos partes, el franquiciante, que es el titular de la marca, nombre, imagen y aquellos conocimientos necesarios para la producción o venta del producto o servicio a distribuir (Know How) y el franquiciado que es aquél que mediante el pago de un canon mensual desarrolla el plan negocial del franquiciante.

También está fuera de controversia que León y Yetano Sociedad de Hecho suministraba a Tigrino y Ianiello Sociedad de Hecho sus productos, los cuales vendía por su cuenta y riesgo.

Todo lo reseñado a mi juicio encuadra en las previsiones del primer párrafo del artículo 30 de la L.C.T., que establece: “Quienes cedan total o parcialmente a otros el establecimiento o explotación habilitado a su nombre, o contraten o subcontraten, cualquiera sea el acto que le de origen, trabajos o servicios correspondientes a la actividad normal y específica propia del establecimiento, dentro o fuera de su ámbito”.

Aquí una de las demandadas ha autorizado a la otra mediante un contrato de franquicia, a llevar adelante la actividad que le es propia y específica, entregándole también productos de su propia de su propia marca, para que los comercialice en su beneficio.

Desde esa visión, estimo que en el presente León y Yetano S.H. resulta solidariamente responsable con Tigrino y Ianiello S.H. en tanto del contrato suscripto entre ambos se desprende que el franquiciado debe continuar con la política comercial del franquiciante, abonando un canon mensual.

A todo esto puedo agregar que de lo expuesto se advierte una intervención y control importantes en la actividad desarrollada por la franquiciada. La circunstancia de que la franquiciada pudiera vender otros productos además de los que le vendía la franquiciada no es obstáculo, para la solidaridad que aquí propongo confirmar.

Por todo lo expuesto, propongo confirmar este aspecto de la sentencia de primera instancia.

VII. La parte actora cuestiona la decisión de grado que desestimó el reclamo de horas extras y su inclusión en la base salarial, argumentando que en la sentencia de grado se efectuó una valoración errónea de la prueba testimonial rendida en autos.

Las argumentaciones defensivas de la recurrente giran, básicamente, respecto a la interpretación de los hechos y la evaluación de los testimonios por la magistrada de grado, por considerar que los testimonios de Ruiz Díaz y Pereira resultan convincentes para demostrar que el accionante se desempeñaba los días sábados después de las 13 y los domingos de 9.30 a 20.30. De esa forma, entiende el apelante que debe admitirse el reclamo por horas extras reclamadas.

Para resolver la suerte de los agravios, corresponde efectuar una breve reseña de las posturas iniciales de las partes y luego un análisis de la prueba reunida en la causa.

El demandante expresó en el inicio (v. fs. 4/20 vta.) que su jornada de trabajo era de lunes a domingo de 9.30 a 20.30, con un franco semanal los días miércoles, y que laboraba 18 horas extras por semana al 100% pero que nunca le abonaron las horas extras en cuestión.

En su contestación de demanda (v. fs. 73/85 vta.), la demandada desconoció que el actor hubiera trabajado en jornada completa y que cumpliera horarios rotativos de cuatro horas diarias de lunes a domingos, con un franco semanal los días miércoles.

La magistrada que me precede valoró los hechos planteados en autos concluyendo que, a su juicio, no se lograron acreditar las invocadas horas extras trabajadas porque la prueba testimonial producida resultaba insuficiente para acreditar dicha circunstancia.

Sin embargo, considero que a la luz de la prueba testimonial producida en autos, la queja debería prosperar.

De la lectura del decisorio cuestionado, surge que la jueza a quo evaluó los testimonios brindados, a los cuales consideró genéricos e insuficientes para acreditar el desempeño del accionante en tiempo suplementario.

Sin embargo, a mi criterio, un análisis integral de los testimonios en cuestión me permite concluir en la forma pretendida por el recurrente.

En efecto, los testigos Pereira (v. fs. 166/167) y Ruiz Díaz (fs. 201) dijeron al respecto que el accionante se desempeñaba en el horario de 9.30 a 20.30, de lunes a domingo, con un franco semanal.

En tales condiciones, a mi criterio, a partir de los términos del recurso y de las pruebas producidas en autos, considero que corresponde modificar lo decidido en la instancia anterior.

Del análisis de las declaraciones testimoniales mencionadas precedentemente, encuentro —a mi entender— debidamente demostrada la jornada de trabajo del actor para la demandada “Tigrino y Ianiello Sociedad de Hecho”. En ese sentido, los testigos en cuestión afirmaron que el actor desempeñaba tareas de lunes a domingos de 9.30 a 20.30 horas.

Corresponde, entonces, reconocer plena eficacia a los testimonios de Pereira y Ruiz Díaz porque los mismos dieron suficiente razón de sus dichos, resultaron concordantes entre sí y tuvieron conocimiento directo de los hechos sobre los que deponen y, en general, fueron personas cercanas al ámbito de trabajo del actor. En concreto, considero que resultaron concordantes y suficientemente convincentes a los fines pretendidos para acreditar los horarios de trabajo del actor (conf. arts. 386, Cód. Proc. Civ. y Com. de la Nación; 90 y 155, L.O.). Por otra parte, no hay ninguna prueba en contrario que demuestre que hubieran mentido o que quisieran perjudicar a las demandadas.

Consecuentemente, haciendo un análisis integral y conjunto de los elementos de prueba existentes en la causa y de las posturas asumidas en juicio por los litigantes, considero que se ha evidenciado que la jornada de trabajo del actor coincide esencialmente con la denunciada en el escrito de inicio (v. fs. 5 vta.).

De esa manera, las pruebas colectadas en la causa acreditan que el demandante efectivamente trabajó en los días y horarios indicados, de acuerdo a las modalidades que describió en el inicio. Los testigos en cuestión, que declararon en la causa a instancias del demandante, ratificaron los horarios denunciados. Por dichos motivos, como dije, los testimonios aludidos revisten plena fuerza probatoria, al ser concordantes, dar debida razón de sus dichos y reflejar sucesos de los que tuvieron, en general, conocimiento directo (arts. 90, L.O. y 386, Cód. Proc. Civ. y Com. de la Nación).

Lo antedicho me lleva a concluir que el reclamante ha logrado demostrar que cumplía 18 horas extras semanales al 100%.

Por tanto, encuentro mérito para receptar la queja del actor respecto a las horas extras lo que torna admisible también el segundo agravio (relativo a su incidencia en la base de cálculo indemnizatoria), por lo que propiciaré modificar el decisorio en la forma indicada.

VIII. También resulta recurrida por la parte actora la multa establecida por el art. 1 de la Ley 25.323.

En este sentido, el apelante afirma que existe fundamento para la procedencia de la multa en cuestión toda vez que no se ha consignado el importe de la remuneración devengada por el trabajador.

Pero, en los términos planteados, considero que la decisión de grado debe confirmarse toda vez que, más allá de las manifestaciones vertidas por el recurrente, no se ha rebatido la circunstancia de que las constancias de autos no surge que exista una deficiente registración.

En virtud de ello, propongo desestimar el cuestionamiento que se efectúa y confirmar el pronunciamiento de la anterior instancia en ambos aspectos.

IX. Por consiguiente, de prosperar mi voto, se admitirá el reclamo por 18 horas extra semanales al 100% x $61,58 (valor hora + 100%; $6.157,84 —v. fs. 310— / 200 = $30,79 + 100%) que totalizan $4.433,76 mensuales.

De tal manera, para cuantificar el reclamo, en los últimos 24 meses, arroja un total de $106.410,24 más $8.867,52 por la incidencia del sac.

X. En definitiva, la base de cálculo dispuesta por el art. 245 de la L.C.T. llega a $10.591,60 ($6.157,84 + $4.433,76).

Por consiguiente, el capital de condena alcanza a $351.747,43 (indem. antigüedad $31.774,80 + indem. sust. preaviso más sac $11.474,23 + integración mes de despido más sac $10.733,62 + salarios octubre 2012 $683,32 + vacaciones prop. 2012 + sac $5.048,50 + SAC prop. 2° sem. 2012 $2.647,90 + diferencias salariales $96.691,92 + SAC s/ diferencias $8.057,66 + horas extra al 100% $106.410,24 + SAC s/ horas extras $8.867,52 + salario setiembre 2012 $10.591,60 + art. 2° ley 25.323 $26.991,32 + multa art. 80 L.C.T. $31.774,80), suma que devengará los intereses dispuestos en la sentencia de grado desde que cada suma es debida hasta su efectivo pago.

XI. Ante el nuevo resultado del litigio y, en virtud de lo normado por el art. 279 del Cód. Proc. Civ. y Com. de la Nación, corresponde dejar sin efecto la imposición de costas y las regulaciones de honorarios practicadas en la instancia anterior y determinarlas en forma originaria, por lo que resulta abstracto el tratamiento de las restantes apelaciones al respecto.

En virtud de que en materia laboral no debe seguirse un criterio meramente aritmético sino jurídico, y que en este caso se admiten los rubros contenidos en el reclamo de inicio, sugiero imponer las costas en la instancia anterior a cargo de los demandados solidariamente (conf. art. 68 del Cód. Proc. Civ. y Com. de la Nación).

Teniendo en cuenta la calidad y extensión de las tareas desempeñadas por los profesionales intervinientes, así como lo dispuesto por las normas arancelarias vigentes (arts. 38 de la ley 18.345, 6, 7, 9, 11, 19, 37 y 39 de la ley 21.839 y art. 3 inc. b) y g) y 12 dcto-ley 16.638/57) propongo regular los honorarios por la actuación en primera instancia a la representación y patrocinio de la parte actora en el 16%, de la demandada “Tigrino y Ianiello Sociedad de Hecho” en el 11%, de “León y Yetano Sociedad de Hecho” en el 11% y del perito contador en el 6%, a calcular sobre el nuevo capital de condena más intereses.

XII. Sugiero imponer las costas en alzada a cargo de las codemandadas y regular los honorarios a los profesionales actuantes en la alzada en el 25%, respectivamente, de lo que a cada uno le corresponda percibir por su actuación en la anterior instancia (conf. art. 14 de la ley 21.839).

El doctor Arias Gibert dijo:

Que por análogos fundamentos, adhiere al voto de la Sra. Juez de Cámara preopinante.

En virtud de lo que surge del acuerdo que antecede, el Tribunal resuelve: 1) Modificar la sentencia de grado y elevar el monto de condena a la suma de pesos trescientos cincuenta y un mil setecientos cuarenta y siete con cuarenta y tres centavos ($351.747,43.-) la que devengará los intereses fijados en la sentencia de grado desde que cada suma es debida hasta su efectivo pago; 2) Costas y honorarios conforme lo propuesto en los puntos XI y XII del primer voto; 3) Regístrese, notifíquese, cúmplase con el art. 1 de la ley 26.856 Acordadas C.S.J.N. 15/13 punto 4) y 24/13 y devuélvase. Con lo que terminó el acto, firmando los señores jueces por ante mí, que doy fe. Se deja constancia que la vocalía 2 se encuentra vacante (art. 109 RJN). — Graciela E. Marino. — Enrique N. Arias Gibert.