La Corte Suprema de Justicia resolvió que el trabajador debe pagar las costas en un proceso cuyo resultado le fue adverso como exclusiva consecuencia de su obrar negligente

Hechos

Un trabajador demandó, con sustento en la Ley 24.557, la reparación de una incapacidad derivada de un accidente in itinere. La sentencia de primera instancia rechazó la pretensión con costas al vencido. Para decidir así tuvo en cuenta la falta de demostración del daño resarcible por no haber concurrido este a la citación cursada por el perito interviniente con el fin de ser examinado. La Cámara confirmó la decisión pero modificó lo decidido en relación a las cosas, imponiéndolas a la demandada por haberse justificado la incomparecencia a la citación médica. Interpuesto recurso extraordinario, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó sin efecto la sentencia.

Sumarios

La sentencia que impuso las costas a la demandada en un proceso laboral cuyo resultado fue adverso al trabajador como exclusiva consecuencia de su obrar negligente —en el caso, tuvo una actitud renuente para la determinación de la incapacidad laboral alegada— debe revocarse, pues se apartó ostensiblemente y sin sustento válido del principio contenido en el art. 68 del Código Procesal de la Nación que encuentra su razón de ser en el hecho objetivo de la derrota.

Las construcciones argumentales del tribunal de Alzada vinculadas con la garantía de acceso a la justicia solo proporcionan al fallo un sustento aparente, pues no se verifica que en el caso se hubiera puesto en cuestión el derecho del demandante a formular su reclamo ante los tribunales competentes, prueba de lo cual es que el pleito tramitó con total normalidad en las dos instancias ordinarias, sino que solo debió juzgarse su responsabilidad por los gastos de un proceso cuyo resultado le fue adverso como exclusiva consecuencia de su obrar negligente.

Si bien la impugnación planteada remite al examen de una cuestión fáctica y procesal, propia de los jueces de la causa y ajena, en principio, a la vía del art. 14 de la ley 48, corresponde hacer excepción a esa regla cuando, como ocurre en el sub lite, el fallo prescinde de circunstancias relevantes del proceso, contiene solo una fundamentación aparente y no satisface la exigencia de validez de las decisiones que impone siempre la aplicación razonada del derecho vigente con adecuada referencia a los hechos comprobados de la causa.

Buenos Aires, 4 de julio de 2017

Vistos los autos: “Recurso de hecho deducido por la demandada
en la causa López, Enrique Eduardo cl Horizonte Compañía
Argentina de Seguros Generales S.A. s/ accidente ley espe-
cial”, para decidir sobre su procedencia.

Considerando:

1°) Que, con sustento en la ley 24.557, el actor demandó
la reparación de una incapacidad del orden del 20% de la
total obrera, derivada de un accidente in itinere, que la Aseguradora
de Riesgos del Trabajo no había reconocido (fs. 5/16 de
los autos principales, a cuya foliatura se aludirá en lo sucesivo).

La sentencia de primera instancia rechazó la pretensión
con costas al vencido. Al efecto resultó determinante la
falta de demostración del daño resarcible pues el demandante
había sido declarado renuente en la producción de la prueba pericial
médica por no haber concurrido a la citación cursada por
el perito interviniente con el fin de ser examinado (fs. 177/177
vta.).

2°) Que la Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones
del Trabajo confirmó, por unanimidad, el fallo recurrido
en lo sustancial pero, por mayoría, modificó la imposición de
costas declarando las de ambas instancias a cargo de la demandada
(fs. 280/285). En relación con este último punto la doctora
Cañal, cuya opinión se impuso al ser compartida por el doctor
Rodríguez Brunengo, señaló que en la instancia anterior había
sido presentado un escrito para justificar la incomparecencia
del actor a la citación del médico. Ello condujo a la sala a
disponer, como medida para mejor proveer, que el perito acompa-
ñara órdenes actualizadas para la realización de los estudios
requeridos y que, con su resultado, se un nuevo peritaje.
Sin embargo el demandante no concurrió a las entrevistas,
pese a haber sido reiteradamente emplazado. Destacó la magistrada
que en el marco actual del paradigma de los Derechos Humanos
Fundamentales el acceso a la justicia es un derecho prioritario,
pues es el que asegura el ejercicio eficaz del resto de las prerrogativas.
Citó, al respecto, el caso “Cantos” en el cual la
Corte Interamericana de Derechos Humanos -el 28 de noviembre de
2002- determinó, amén de otros aspectos, que el requerimiento al
peticionario de la tasa de justicia, tras la negativa del beneficio
de litigar sin gastos, resultaba incompatible con los derechos
consagrados en los artículos 8 y 25 de la Convención Americana
sobre Derechos Humanos. Subrayó la señora jueza de cámara,
entre otras consideraciones, que ese marco normativo resultaba
“superador del constitucionalismo social” por constituir no
solo un “instrumento asegurador del acceso a la justicia de
quienes se encuentran en peores condiciones” sino, también, de
“la eficacia del derecho”. Interpretó, finalmente, que en este
caso el actor pudo entender -que le asistía el derecho a reclamar
por el accidente padecido en tanto la demandada reconoció haber
recibido la denuncia del siniestro y, a partir de ese momento,
haber otorgado las prestaciones en especie correspondientes; de
ahí que debía revocarse el régimen de costas e imponerse las de
ambas instancias a la enjuiciada.

3o) Que contra tal pronunciamiento la demandada interpuso
el recurso extraordinario (fs. 290/294) cuya denegación
motiva la presente queja.
En su memorial, la apelante sostiene que lo resuelto
es arbitrario e importa una flagrante violación a las normas
constitucionales que consagran el derecho de defensa en juicio y
el debido proceso. Afirma que no existe precedente judicial alguno
en el cual, tras rechazarse la demanda por culpa exclusiva
del actor como en este caso, las costas de ambas instancias se
hubiesen impuesto a la demandada vencedora.

4o) Que si bien la impugnación planteada remite al
examen de una cuestión fáctica y procesal, propia de los jueces
de la causa y ajena, en principio, a la vía del art. 14 de la
ley 48, corresponde hacer excepción a esa regla cuando, como
ocurre en el sub lite, el fallo prescinde de circunstancias relevantes
del proceso, contiene solo una fundamentación aparente
y no satisface la exigencia de validez de las decisiones que impone
siempre la aplicación razonada del derecho vigente con adecuada
referencia a los hechos comprobados de la causa (Fallos:
311:358; 316:224; 330:4903 y 335:353, entre otros).
En efecto, como se desprende de la propia sentencia
recurrida, el rechazo de la demanda se debió a la actitud renuente
asumida por el actor frente a las reiteradas citaciones
que el perito médico le cursó -no solo en primera instancia sino
también a raíz de la medida excepcional dispuesta por la cámara con
el objeto de practicar el informe pericial encomendado,
prueba esencial para la determinación de la incapacidad laboral
alegada. Ante esa situación la decisión que desligó al demandante
de la responsabilidad por las costas del juicio se aparta os-
tensiblemente y sin sustento válido del principio contenido en
el art. 68 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación
que, como lo ha decidido el Tribunal en reiterados precedentes,
encuentra su razón de ser en el hecho objetiva de la derrota
(Fallos: 323:3115; 325:3467; 329:2761, entre otros).

5°) Que, por lo además, las construcciones argumentales
del tribunal de Alzada vinculadas con la garantía de acceso
a la justicia solo proporcionan al fallo un sustento aparente ya
que no guardan vinculación con la hipótesis de autos. Ello es
así pues no se verifica que en el caso se hubiera puesto en
cuestión el derecho del demandante a formular su reclamo ante
los tribunales competentes -prueba de lo cual es que el pleito
tramitó con total normalidad en las dos instancias ordinarias sino
que solo debió juzgarse su responsabilidad por los gastos
de un proceso cuyo resultado le fue adverso como exclusiva consecuencia
de su obrar negligente.

En tales condiciones corresponde dejar sin efecto lo
resuelto por el a quo en materia de costas habida cuenta de que
la sentencia recurrida, en ese tramo, exhibe una manifiesta arbitrariedad
que la descalifica como acto jurisdiccional válido.
Por ello, se hace lugar a la queja, se declara procedente
el recurso extraordinario y se deja sin efecto la sentencia apelada
con el alcance indicado. Con costas (art. 68 del Código
Procesal Civil y Comercial de la Nación). Vuelvan los autos al
tribunal de origen para que, por quien corresponda, se dicte un
nuevo fallo con arreglo al presente. Agréguese la queja al
principal. Reintégrese el depósito de fs. 2. Notifíquese y,
oportunamente, remítase.

RICARDO LUIS LORENZETTI
ELENA I. HIGHTON de NOLASCO
JUAN CARLOS MAQUEDA
CARLOS FERNANDO ROSENKRANJZ

Recurso de queja interpuesto por el Dr. Ángel Luis Simón, apoderado de Horizonte
Compañía Argentina de Seguros Generales Sociedad Anónima.
TribUnal de origen: Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo.
Tribunal que intervino con anterioridad: Juzgado Nacional de Primera Instancia
del Trabajo nO 72.

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