En una acción de amparo contra el Estado Nacional se solicitó una medida cautelar de no innovar tendiente a que se suspenda la aplicación de los arts. 1, 2, 3, 10, 14, 15 y 16 de la Ley 27.348. El Juzgado rechazó la pretensión.

Sumarios

La medida cautelar tendiente a que se suspenda la aplicación de los arts. 1, 2, 3, 10, 14, 15 y 16 de la Ley 27.348 debe desestimarse, en tanto aquella se confunde con el objeto del litigio, por lo que su resolución importaría adelantar opinión sobre lo que en definitiva correspondería resolver, sin que la decisión implique desestimar los fundamentos volcados en la demanda, sino tan solo establecer la inexistencia de razones de urgencia que justifiquen resoluciones anticipatorias.

Debe desestimarse la medida cautelar destinada a suspender la aplicación de los arts. 1, 2, 3, 10, 14, 15 y 16 de la Ley 27.348, pues no se encuentra acreditado el peligro en la demora, esto es, que su falta de acogimiento pudiera ocasionar perjuicios graves de imposible reparación ulterior, siendo que nada obsta a que, mientras se substancia la acción, los eventuales afectados puedan cuestionar en forma individual la validez constitucional de los artículos impugnados.

Tratándose de una medida cautelar que pretende la suspensión general de varios artículos de una ley dictada por el Congreso de la Nación —Ley 27.348— el peligro en la demora debe tratarse de una verdadera imposibilidad de ejecución de la sentencia que eventualmente se dicte, lo que no se aprecia en la presente causa.

Poder Judicial de la Nación

JUZGADO NACIONAL DE PRIMERA INSTANCIA DEL TRABAJO Nº 42

AUTOS: “RIZZO, JORGE G. Y OTRO c/ ESTADO NACIONAL PODER EJECUTIVO NACIONAL s/ ACCION DE AMPARO”.

Buenos Aires, 8 de junio de 2017.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

I.- Que, en estricto cumplimiento de lo ordenado por la

Sala III de la CNAT mediante resolución fechada el 07/04/2017 (ver fs. 75/78), y

atento lo dispuesto por la titular del Juzgado Nacional de Primera Instancia del

Trabajo Nº 58 a fs. 147 y el titular del Juzgado Nacional de Primera Instancia del

Trabajo Nº 41 a fs. 148, procedo a expedirme respecto a la procedencia de la

medida cautelar solicitada por los actores a fs. 21/22vta punto IX.

II.- Que, la parte actora solicita una medida cautelar de no

innovar en los términos del art. 230 del C.P.C.C.N., por la cual se suspendan la

aplicación de los arts. 1, 2, 3, 10 (inc. 3º del nuevo art. 7 de la ley 24.557), 14, 15

y 16 de la ley 27.348 hasta tanto recaiga sentencia definitiva en las presentes

actuaciones.

III.- Que, el art. 230 del C.P.C.C.N. dispone “Podrá

decretarse la prohibición de innovar en toda clase de juicio, siempre que: 1) el

derecho fuere verosímil; 2) existiere el peligro de que si se mantuviera o alterara

en su caso, la situación de hecho o de derecho, la modificación pudiera influir en

la sentencia o convirtiera su ejecución en ineficaz o imposible; 3) la cautela no

pudiere obtenerse por medio de otra medida precautoria”.

Sentado lo anterior, cabe destacar que la prohibición de

innovar es una medida cautelar que tiene por objeto el mantenimiento de la

situación de hecho existente al tiempo de ser decretada, con relación a las cosas

sobre las que versa el litigio. Su finalidad consiste en impedir que mediante su

alteración por las partes durante el curso del proceso, la sentencia se haga de

cumplimiento imposible o el derecho que ella reconoce, ilusorio (Novellino.

“Embargo y desembargo”, pág. 219). Nuestro más Alto Tribunal ha sostenido

que “la medida de no innovar se considera un arbitrio tendiente a preservar la

razón de ser de la función jurisdiccional, que se sustenta en los principios

generales del derecho con fundamento en la exigencia del adecuado ejercicio del

Poder Judicial, y cuyo objeto es la conservación durante el juicio, del status quo

erat ante” (CSJN, junio 14, 1961; cit. por de Lázzari. “Medidas cautelares”, pág.

542).

Sus presupuestos de admisibilidad, como en la generalidad

de las medidas cautelares, son la verosimilitud del derecho y el peligro en la

demora, a lo que se le agrega la imposibilidad de obtener cautela por medio de

otra medida precautoria.

En cuanto al primero de los requisitos, esto es, el fumus

bonis iuris, el mismo no implica decidir sobre el fondo de la cuestión, sino sólo

apreciar provisoriamente el mérito de la pretensión.

Por su parte, el periculum in mora requiere una apreciación

atenta de la realidad comprometida, con el objeto de establecer cabalmente si las

secuelas que llegue a producir el hecho que se pretende evitar pueden restar

eficacia al reconocimiento del derecho en juego por una posterior sentencia

(conf. CSJN, 20/12/84, Fallos 306-2: 2062 y siguientes). En el caso específico de

la prohibición de innovar, el inc. 2) supedita la procedencia a que la modificación

producida o a producirse en la ecuación normal de la situación jurídica, deba ser

de tal entidad que influya en la sentencia o convierta su ejecución en ineficaz o

imposible.

Finalmente, el último inciso incorpora una exigencia

excepcional: que la cautela no pueda obtenerse por medio de otra medida

precautoria. De Lazzari afirma que la prohibición será admisible en ausencia de

cualquier otra figura típica, resultando por lo tanto improcedente cuando la

seguridad pueda alcanzarse a través de otros medios legales. (ver De Lazzari.

“Medidas Cautelares”, pág. 546).

IV.- Sentado lo anterior, me adelanto a concluir que la

medida cautelar solicitada no habrá de tener favorable acogida en esta instancia

por dos razones que a mi criterio obstaculizan su andamiaje. Así, en primer lugar,

por cuanto la medida cautelar peticionada se confunde con el objeto del litigio,

por lo que su resolución importaría adelantar opinión sobre lo que en definitiva

correspondería resolver. En este sentido, se ha destacado la improcedencia de las

medidas cautelares que implican, en los hechos, un adelanto temporal de la

solución final de un litigio, que sólo podría obtenerse por medio de una

sentencia definitiva, en el marco de un trámite bilateral y pleno, y más allá de lo

que podría llegar a decidirse en el momento procesal oportuno (ver, entre otros,

Dictamen Nº 11.245 del 12/06/90 en autos “Sindicato de Conductores de Taxi de

Córdoba c/ Ministerio de Trabajo”, que la Sala X compartiera en la Sentencia

Nro. 3569 del 30/03/98). También se ha dicho que “… si para verificar el

requisito del “fumus bonis iuris” es necesario avanzar sobre la cuestión de fondo

adelantando opinión sobre el objeto principal del pleito y excediendo así el

examen que autoriza el reducido marco cognoscitivo de la medidas cautelares,

corresponde declararlas improcedentes (conf. CNAFed. Contencioso

Administrativo, Sala II, 23/06/95, “Cía. gral. de Gas S.A. c/ Enargas”, Rev. La

Ley del 05/07/96). Es que, como bien lo indica la Sra. Fiscal, se trataría de una

medida precautoria cuyo objeto resulta coincidente con el del litigio principal, y

de admitirse la petición de la actora se desvirtuaría el instituto de la cautelar, toda

vez que el objeto de la medida se confunde con el resultado al cual se pretende

arribar por medio de la sentencia que en definitiva pueda recaer sobre la

pretensión sustancial (ver Dictamen de fecha 08/06/17 obrante a fs. 156/vta.).

Adviértase que mediante la presente medida cautelar se solicita la suspensión de

la fuerza ejecutoria de los arts. 1, 2, 3, 10, 14, 15 y 16 de la ley 27.348, que

justamente coincide con el objeto de la demanda, por lo que su acogimiento

importaría un adelanto de jurisdicción.

En este sentido, el Dr. Alejandro Segura, en un supuesto

que guarda aristas similares a las ventiladas en las presentes actuaciones, y cuyos

fundamentos comparto en lo que respeta a la medida cautelar, sostuvo que “La

provisionalidad con que se está abriendo este amparo, esto es, el cuidado que se

ha tenido de no tener por definitivamente aceptada la legitimación de la parte

actora y la configuración de un caso en donde se haya delimitado clara y

concisamente ora un proceso colectivo que tenga por objeto un bien colectivo,

ora un proceso colectivo referente a intereses individuales homogéneos, hasta

tanto no me pronuncie en definitiva y pendiente la intimación que se formulará a

fin de adecuar la presentación a los términos de la Acordada 12/2017; va de suyo

con todo ello, que un pronunciamiento sobre la cautelar recabada a fs. 15 vta./17

constituye un verdadero adelanto de sentencia. Pienso que proceder de un modo

diverso, indudablemente terminaría frustrando tanto prurito que vengo

sosteniendo equilibradamente para mantener incólume el acceso a la jurisdicción,

configurada que está “la semi-plena prueba” de un caso que provisionalmente

creo, merece amparo. Por tanto, sin estar a esta altura del proceso configurado

concretamente un “caso” cuya lesión merezca una tutela cautelar, por el

momento la habré de denegar sin que esta decisión implique pronunciamiento

sobre su procedencia más adelante, atento el carácter ya sabido en orden a que las

medidas procesales accesorias no causan instancia en el proceso (arg. art. 230,

CPCCN)” (conf. Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo Nº 41,

09/03/17, Expte Nº 9423/2017, en autos “ECHEVERRIA, JUAN PABLO y otros

v. ESTADO NACIONAL – PODER EJECUTIVO NACIONAL s/acción de

amparo”).

La segunda de las causas que inviabilizan la procedencia

de la medida de no innovar impetrada es que tampoco, a mi criterio, se encuentra

debidamente acreditado el peligro en la demora, esto es, que su falta de

acogimiento pudiera ocasionar perjuicios graves de imposible reparación ulterior,

siendo que nada obsta para que, mientras se substancia la presente acción, los

eventuales afectados puedan cuestionar en forma individual la validez

constitucional de los artículos de la ley 27.348 impugnados. Si bien es cierto,

como lo indican los actores que a mayor verosimilitud del derecho, menor es el

peligro en la demora que se debe exigir, también lo es que tratándose de una

medida como la peticionada, donde lo que se pretende es la suspensión general

de varios artículos de una ley dictada por el Congreso de la Nación, debe tratarse

de una verdadera imposibilidad de ejecución de la sentencia que eventualmente

se dicte, lo que no se aprecia en la presente causa.

En consecuencia, corresponde rechazar la medida cautelar

solicitada, sin que la presente decisión implique desestimar los fundamentos

volcados en la demanda, sino tan solo establecer la inexistencia de razones de

urgencia que justifiquen resoluciones anticipatorias cuya materialidad resulta

coincidente con el objeto de la acción principal.

La forma en que quedara resuelta la presente medida

cautelar me inhibe por el momento tratar el pedido de inconstitucionalidad de los

arts. 2º, inc. 2, 4, 5, 9,10. 13, incs. 1, 2 y 3, 14 y 15, ley 26.854.

Por todo lo expuesto, y de conformidad con el dictamen

Fiscal que antecede; RESUELVO: 1) Desestimar la medida cautelar solicitada

por la parte actora a fs. 21/22vta, punto IX; 2) Notifíquese.

Fecha de firma: 08/06/2017

Firmado por: RICARDO HIERREZUELO, JUEZ DE 1RA.INSTANCIA

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