Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, sala VI(CNTrab)(SalaVI)
Fecha: 14/02/2017
Partes: Fleita, Walter Rubén c. Diners Club Argentina S.R.L. s/ diferencias de salarios

Hechos:
El empleador interpuso recurso de apelación en contra de la sentencia que le ordenara abonar al trabajador los importes que, en concepto de impuesto a las ganancias, retuviera de las sumas abonadas como consecuencia de la extinción del contrato de trabajo por mutuo acuerdo. Fundó su agravio en que efectuó las deducciones y retenciones legales vigentes al momento del pago. La Alzada confirmó el fallo recurrido.

Sumarios:
1. La retención de una suma en concepto de impuesto a las ganancias, efectuada sobre el acuerdo de extinción de la relación laboral –art. 241 de la Ley de Contrato de Trabajo– resulta improcedente, toda vez que el artículo 20 inciso “i” de la Ley 20.628 considera exenta del gravamen a la indemnización por despido.

Texto Completo: Expediente Nro.: CNT 52371/2014
2ª Instancia.- Buenos Aires, febrero 14 de 2017.
El doctor Raffaghelli dijo:
Contra la sentencia de primera instancia que hizo lugar al reclamo impetrado por el actor, viene en apelación la demandada a tenor del memorial recursivo obrante a fs. 122/130, el cual fue objeto de réplica a fs. 134/142.

La accionada, básicamente, se agravia por cuanto se la ha condenado a abonar al actor la suma retenida en concepto de impuesto a las ganancias en ocasión de celebrar, mediante escritura pública, un acuerdo por extinción del contrato de trabajo en los términos del art. 241, LCT; asimismo, se queja por lo decidido en relación a denegatoria de la producción de la prueba ofrecida (apelación que mantiene); lo resuelto en cuanto a la procedencia de la multa prevista por el art. 80 LCT; la aplicación de intereses, la tasa utilizada; la imposición de costas; y, finalmente, la regulación de honorarios.
En cuanto al aspecto del recurso vinculado con la condena a abonar al actor la suma retenida en concepto de impuesto a las ganancias en ocasión de celebrar, mediante escritura pública, un acuerdo por extinción del contrato de trabajo en los términos del art. 241, LCT; destaco que las argumentaciones allí expuestas no logran conmover los fundamentos del fallo de grado, basados en la doctrina sentada al respecto por el Alto Tribunal —entre otras— en las causas “Negri”, “Cuevas” y “de Lorenzo”.
En el caso, la demandada sostiene que efectuó las deducciones y retenciones legales vigentes al momento de pagarle al actor en carácter de única indemnización y con motivo del cese, la suma acordada (ver fs. 124 vta.)

En tal sentido, invoca que es la autoridad fiscal, la que, en todo caso, debe efectuar dicha devolución.

En este orden de ideas, considero que es la demandada quien debe demostrar que actuó correctamente como agente de retención del impuesto a las ganancias (conf. arts. 6 y 22 ley 11.863), porque precisamente en esa condición le retuvo al actor la suma antes indicada, y frente a éste, de haber retenido incorrectamente o en exceso de lo debido, es la responsable (conf. arts. 79 y 131 L.C.T. to).

Al respecto, destaco que el artículo 2 de la ley 20.628 establece: “A los efectos de esta ley son ganancias, sin perjuicio de lo dispuesto especialmente en cada categoría y aun cuando no se indiquen en ellas: 1) los rendimientos, rentas o enriquecimientos susceptibles de una periodicidad que implique la permanencia de la fuente que los produce y su habilitación”.

En la Ley de Impuesto a las Ganancias se destaca el artículo 20 inciso “i” que es la norma que en forma específica considera exenta a la indemnización por despido. Se trata, pues, de una retención que no debe realizarse a la suma que por tal concepto se abona al trabajador por parte del empleador.

En los antecedentes mencionados, la indemnización derivada del despido fue excluida del impuesto a las ganancias, por considerar que la misma no es ganancia en los términos y con los alcances de la ley especial. No se trata entonces de una exención sino de una exclusión, ya que la suma aplicable a la indemnización por despido, aun en exceso del marco laboral y con la reserva de que no debe ser en fraude de dicha normativa, no se encuentra contemplado dentro del concepto de ganancia imponible a los fines fiscales.

En el fallo “de Lorenzo” la Corte Suprema consideró excluido del concepto de ganancia gravada de la Ley de Impuesto a las Ganancias a la indemnización agravada por maternidad. Con este argumento, se consolida el concepto según el cual no se trata de una excepción ni de una exención, sino que se trata de una exclusión. Allí se sostuvo que el resarcimiento en trato carece de la periodicidad y de la permanencia de la fuente necesarias para quedar sujeto al gravamen, en los términos del art. 2° de la ley del impuesto a las ganancias, ya que es directa consecuencia del cese de la relación laboral”.

En el caso “Cuevas” la Corte se vuelve a expedir reafirmando que la indemnización por despido agravada —en el caso la aplicada a la violación de la tutela sindical— no cabe dentro del concepto de ganancia de la ley especial y, por ende, no debe gravarse dicha indemnización con indemnización ni carga alguna.

Asimismo, la Corte Suprema en el fallo “Torres” consideró arbitraria la condena impuesta al empleador obligándolo a retener el impuesto a las ganancias sobre una suma acordada en juicio en concepto de indemnización por despido. Se trata de un caso en el cual la suma es “acordada” en forma transaccional, y sin que la misma responda en forma aritmética a la indemnización por despido sin justa causa, sino a un monto mayor por medio del cual se concluye el caso, pero imputada a dicho rubro.

Así las cosas, si el pago que realizó la quejosa careció de causa, es sólo a ella atribuible; no es el trabajador el responsable del “hecho dañoso”, quien está accionando contra su empleadora, producto de la conducta adoptada por ésta.
La responsabilidad que se le atribuye a la recurrente no es porque hubiera incorporado a su patrimonio el tributo que le retuvo al accionante (éste no reclamó por una conducta de esa índole ni le endilgó ese comportamiento); o sea, para que devuelva una suma de la que se habría apropiado, sino que la reclamación lo fue por las consecuencias emergentes de un retención indebida, pues no actúa la empleadora como mandataria de la A.F.I.P., sino en virtud de una carga legal.
Por lo expuesto, y con fundamento en la doctrina sentada por el Alto Tribunal en las causas mencionadas anteriormente, propongo se mantenga lo decidido en origen al respecto.

El planteo vinculado con la denegatoria de producción de prueba, apelado en su oportunidad (art. 110 LO) y actualizado en el recurso en examen, no resulta eficaz en orden a controvertir los fundamentos dados al respecto en grado.
Seguidamente, examinaré los términos del recurso vinculados con la condena a abonar al actor la multa prevista por el art. 80 LCT.

Desde esta perspectiva, adelanto mi coincidencia con lo decidido en grado, puesto que de las constancias probatorias obrantes en la causa (fs. 85 y fs. 118) surge acreditado el cumplimiento, por parte del actor, de los recaudos formales previstos por la normativa en cuestión.
Por lo expuesto, y argumentos propios del fallo apelado, que no advierto eficazmente controvertidos por el presentante, propongo se mantenga lo decidido en origen al respecto.
El planteo recursivo vinculado con la aplicación de intereses al monto de condena, como así también la tasa aplicada; no resultan atendibles, puesto que no se advierte, más que manifestaciones genéricas y subjetivas de disconformidad con lo decidido, sin aportar elementos objetivos que justifiquen un apartamiento. Por tanto, de prosperar mi voto, propongo se confirme este punto del decisorio de grado.

La imposición de costas —que ha sido cuestionada— resulta ajustada al principio objetivo de la derrota, rector en la materia (art. 68 Cód. Proc. Civ. y Com. de la Nación) por tanto, lo decidido en este aspecto, también será mantenido.

La regulación de honorarios resulta adecuada a la naturaleza y mérito de los trabajos profesionales cumplidos en autos, al resultado final del pleito y a las pautas arancelarias vigentes (art. 38 LO).

Las costas de esta alzada también serán soportadas por la demandada vencida (art. 68 Cód. Proc. Civ. y Com. de la Nación), a cuyos efectos estimo los honorarios de los presentantes de fs. 122 y fs. 134 en el 25 % de lo regulado en la etapa anterior.

La doctora Craig dijo:
Que adhiero al voto que antecede.
Por lo que resulta del acuerdo que antecede (art. 125 de la ley 18.345) el Tribunal resuelve: I) Confirmar el fallo apelado en todo cuanto ha sido motivo de recurso. II) Imponer las costas de esta Alzada a la demandada vencida (art. 68 Cód. Proc. Civ. y Com. de la Nación). III) Fijar los honorarios de los presentantes de fs. 122 y fs. 134 en el 25 % de lo regulado en la etapa anterior. Oportunamente, cúmplase con lo dispuesto en el art. 1° de la ley 26.856 y con la Acordada de la CSJN N° 15/2013. Conste que la Vocalía Uno se encuentra vacante (art. 109, RJN). Regístrese, notifíquese y vuelvan. — Luis A. Raffaghelli. — Graciela L. Craig.

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