A raíz de la publicación en un sitio web de un intercambio de chats atribuidos a una persona pública dando cuenta de una supuesta relación extramatrimonial, del que se hicieron eco portales de noticias, redes sociales y programas de televisión, aquella solicitó una medida cautelar destinada a que se ordene el cese de esa difusión y se prohíba en cualquier medio referirse a su persona con relación a esos hechos. El Juez admitió parcialmente la pretensión.  Posteriormente, debido a que los medios de comunicación dieron cuenta de una prohibición no dispuesta por la Justicia, el juez precisó el alcance de la sentencia. 

 

Sumarios

 

Teniendo en cuenta que la difusión de los chats, imágenes y videos atribuidos al actor en los medios de comunicación, los cuales describen detalles íntimos de una supuesta relación extramatrimonial, impactan de manera directa en la esfera de intimidad y el honor de sus hijos, corresponde admitir la pretensión cautelar destinada a ordenar el cese de esa difusión, con fundamento en el art. 1770 del Código Civil y Comercial, máxime cuando la situación y los detalles descriptos no resultan ser cuestiones relevantes ni de interés público.

 

La pretensión del actor, una persona pública a la que se le atribuyen chats, imágenes y videos que describen una supuesta relación extramatrimonial, destinada a que se prohíba referirse a su persona en forma directa o indirecta en los medios de comunicación masiva con relación a esos hechos debe admitirse parcialmente, restringiendo la difusión de los detalles íntimos de los que da cuenta la documentación acompañada a la causa y cuyo cese en la difusión se ordena, ello a los fines de no vulnerar la libertad de expresión.

 

Acreditado que los medios de comunicación dieron cuenta de una orden que no fue dispuesta en la justicia, a saber, la prohibición a los medios de comunicación de referirse directa o indirectamente a una persona pública respecto a la divulgación de chats que se le atribuyen dando cuenta de una supuesta relación extramatrimonial, corresponde dar publicidad a lo decidido en la causa —en el caso, mediante el CIJ y el Enacom—, pues la medida dispuesta de ningún modo decide una prohibición a la libertad de prensa sino la abstención de hacer referencia a los detalles íntimos contenidos en las imágenes y chats difundidos en los medios cuya difusión se ordena cesar.

 

 

 

FALLOS 

1ª Instancia.- Buenos Aires, junio 15 de 2017.

Considerando:

Sabido es que durante el día de ayer distintos medios de comunicación dieron cuenta de una prohibición que no fue dispuesta en estos actuados.

Por su parte, la letrada apoderada de Enacom, quien se encuentra en este tribunal, ha exhibido un oficio recibido en dicha entidad firmado por la letrada patrocinante del actor, donde notificaba un contenido distinto del que se desprende de fs. 30/35.

En efecto, conforme surge del certificado efectuado por la Sra. Actuaria en forma precedente, el oficio recibido por el Enacom dispone lo siguiente: “…A efectos de ordenarle que informe a todos los medios de comunicación (televisivos, gráficos, radiales, radiales y redes sociales) que en el expediente de referencia se ha dictaminado la prohibición de referirse directa o indirectamente al Sr. D. F. L. (D.N.I. …) respecto a la divulgación de supuestos chats entre éste y la Srita. N. J. que se hicieron públicos el día 11 de junio de corriente, como así también la prohibición de la divulgación de toda fotografía o video que pueda deducirse la presencia del Sr. D. F. L. …” (ver oficio impreso y acompañado por la letrada apoderada del ente a fs. 38).

Cabe señalar que la medida cautelar dispuesta en autos de ningún modo decide una prohibición a la libertad de prensa sino la abstención de hacer referencia a los detalles íntimos contenidos en las imágenes y chats difundidos en los medios el día 11/06/2017, cuya difusión se ordena cesar.

En efecto, en estos actuados la decisión de fs. 30/35 dispuso: “…1) Ordenar el cese de la difusión de los chats, fotos y video difundido en los medios el día 11/06/2017 desde el sitio www.xxx.com; 2) Hacer saber que al momento de referirse en los medios de comunicación masiva en forma directa e indirecta hacia la persona del actor, en los hechos que se ventilan en la causa, deberán abstenerse de hacer referencia a los detalles íntimos contenidos en los imágenes y chats difundidos en los medios el día 11/06/2017 cuyo cese se dispone en el pto. I. y 3) Ordenar al Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) comunicar la presente resolución a todos los medios de comunicación masiva (televisivos, radiales, gráficos y redes sociales)…”.

Con base en estas consideraciones y habida cuenta la gravedad de los hechos expuestos resuelvo: 1) Remitir vía mail una copia íntegra del interlocutorio al CIJ y de la presente a fin de que se de publicidad a lo decidido en esta causa y a las medidas adoptadas como consecuencia de la situación planteada; 2) Solicitar al Enacom que adopte en forma urgente las medidas pertinentes e idóneas a los fines de que los medios de comunicación que han sido objeto de esta desinformación accedan a lo que aquí se resuelve y a los términos concretos de la decisión a la que se ha arribado en autos; 3) Citar a la letrada patrocinante del actor a fin de que en el plazo de 48 hs., brinde por escrito las explicaciones que estime pertinente. 4) Vencido el plazo señalado, envíese un juego de copias certificadas de todo el expediente a sede penal a los fines de investigar la posible comisión de un delito ya que de conformidad con las constancias arrimadas por el Enacom se habría transcripto un texto distinto el que importaría una censura previa a la libertad de prensa; y 4) Líbrese oficio al Tribunal de Disciplina del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal con copia completa del expediente de marras a fin de que tome nota de la situación planteada y decida lo atinente a la conducta desplegada por la letrada del actor, en cuanto habría librado un oficio comunicando una prohibición a los medios periodísticos inexistente en autos, a cuyo fin extráigase fotocopias y certifíquese por Secretaria. Notifíquese al Enacom en la persona de su letrada apoderada que se encuentra en este momento en Secretaria y a quien se tiene por presentada en este acto y a la parte actora por Secretaria a cuyo efecto líbrese cedula. Líbrense los oficios ordenados precedentemente por Secretaria y al CIJ vía mail. A los fines de notificar a la Sra. Defensora de Menores, dése vista de las actuaciones. — María V. Ramírez.

37583/2017

1ª Instancia.- Buenos Aires, junio 14 de 2017.

Considerando: I. Para resolver acerca de la procedencia de la medida cautelar requerida en el punto I del escrito de fs. 14/20.

Allí se presentó D. F. L. solicitando que se dicte medida cautelar en los términos del art. 232 del Cód. Proc. Civ. y Com. de la Nación y art. 1770 del Cód. Civ. y Comercial, ordenándose: 1) el cese de la difusión de supuestos chats, fotos y video difundido en los medios el día 11/06/2017 desde el sitio www.xxx.com entre la Srta. N. J. y un tercero, “afirmando que se trataría del suscripto”; y 2) la prohibición de referirse en cualquier medio de comunicación masiva en forma directa e indirecta hacia su persona con relación a los hechos que se refiere.

Igualmente solicita que se ordene al Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) comunicar dicha resolución a todos los medios de comunicación masiva (televisivos, radiales, gráficos y redes sociales).

Relata que el día 11 de junio el periodista M. R. (conocido públicamente como T. R.) publicó en su portal de noticias www.xxx.com un supuesto intercambio de chat entre él y la Srta. N. J., junto con fotos y un video del cual “se afirma maliciosamente que se trataría de él.”

Dijo que de esa publicación se hicieron eco todos los portales de noticias, redes sociales y programas de televisión que hasta el momento hablan sin cesar, involucrando con ellos la imagen de él, de su esposa (persona pública) y especialmente de sus dos hijos menores de edad.

Tal situación le produce gran mortificación, siendo objeto de acoso periodístico, comentarios y burlas respecto de su vida privada, mortificando a su familia, a sus hijos, y a él mismo.

Recalca que sus hijos están siendo acosados no sólo por sus compañeros sino por desconocidos en las redes sociales, todo ello producto de las publicaciones objeto del presente.

Subraya que, pese a ser una persona pública (al igual que su cónyuge) las cuestiones que se ventilan no tienen importancia periodística alguna.

Señala que la divulgación de los supuestos chats ha lesionado derechos de relevante importancia como lo son el derecho a la intimidad, el derecho a la imagen, al buen nombre, al honor, entre otros, todos ellos protegidos por nuestra Carta Magna, por el Cód. Civil y Comercial de la Nación y por la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Desarrolla el concepto de derecho al honor, funda su derecho argumentando con jurisprudencia relacionada y establece porque se encuentran reunidos los requisitos exigidos para la cautelar requerida.

II. a) Prescribe el artículo 232 del Cód. Proc. Civ. y Comercial que fuera de los casos previstos en los artículos precedentes, quien tuviere fundado motivo para temer que durante el tiempo anterior al reconocimiento judicial de su derecho éste pudiere sufrir un perjuicio inminente o irreparable podrá solicitar las medidas urgentes que, según las circunstancias, fueren más aptas para asegurar provisionalmente el cumplimiento de la sentencia.

Se ha sostenido que para la viabilidad de una pretensión cautelar genérica, además de encontrarse reunidos los requisitos generales de admisibilidad de toda medida cautelar (cfr. Arts. 195 y 199, en su caso), la norma en análisis impone para la ponderación del peligro en la demora que el pretendiente…. “pudiere sufrir un perjuicio inminente o irreparable….” (conf. Highton-Arean, Cód. Proc. Civ. y Com. de la Nación, tomo 4, com. art. 232, pág. 607, ed. Hammurabi, año 2005).

La medida requerida resulta del tipo de las denominadas “innovativas”, se refiere a casos excepcionales donde es necesario obtener prontamente la satisfacción de una pretensión, ante una urgencia tal que no es posible aguardar la tramitación de ningún proceso, por más sumarísimo que éste sea y obsta a la concesión de este remedio que el peticionario cuente con las otras vías para ejercer su reclamo (conf. CNCiv., Sala D, exp. N° D 570626 del 16/02/2011, M.D.A. c. R., J.R. y otros s/medidas precautorias).

II. b) Por su parte, en lo aquí interesa el artículo 1770 del Cód. Civ. y Comercial protege la vida privada, disponiendo que “…el que arbitrariamente se entromete en la vida ajena y publica retratos, difunde correspondencia, mortifica a otros en sus costumbres o sentimientos, o perturba de cualquier modo su intimidad, debe ser obligado a cesar en tales actividades, si antes no cesaron, y a pagar una indemnización que debe fijar el juez, de acuerdo con las circunstancias…”. Sobre el punto se sostiene que el artículo reitera el 1071 bis del código derogado y protege el derecho subjetivo a la privacidad o también llamado a la intimidad, a la vida privada, a la esfera privada o esfera íntima. Las dos conductas que se proscriben son amplias (intromisión arbitraria y perturbación de la intimidad) y se describen varias formas o modalidades de ataque: publicación de fotos, imágenes o retratos, difusión de correspondencia, mortificación en las costumbres o sentimientos. Y en tales casos las acciones son dos: el cese e indemnización del daño en curso y la indemnización y publicación de la sentencia si el daño se consumó. Se recepta la función preventiva del daño (conf. Lorenzetti Ricardo L., Código Civil y Comercial de la Nación Comentado, Tomo VIII, art. 1170, pág. 642, ed. Rubinzal Culzoni, año 2015)

Así las cosas, resultan presupuestos del acto lesivo: 1) el entrometimiento arbitrario (“meterse en la vida ajena”) y 2) perturbación de la intimidad.

El referido entrometimiento debe ser ilegítimo (no contrario al ordenamiento jurídico), razón por la cual no es procedente cuando proviene del ejercicio regular de un derecho o del cumplimiento de una obligación legal si es necesario para la administración de justicia (v. gr. Fotografías para identikits de delincuentes publicados), está basado en el orden público, media consentimiento del ofendido o concurre alguna causal de justificación (conf. Mosset Iturraspe, Jorge, El derecho a la intimidad, JA, 1975-406, doctrina, citado en Lorenzetti, ob. referenciada).

En punto a la perturbación a la intimidad supone alteración, menoscabo, afectación de la reserva personal que no necesariamente constituya entrometimiento arbitrario, por ejemplo, la difusión de información o datos personales con finalidad descalificante de la persona. “Perturbar” significa “trastornar el orden, la quietud y el sosiego de algo o de alguien”, que puede hacerse sin necesidad de entrometimiento.

III. Sentado lo expuesto cabe analizar si se encuentran reunidos los recaudos exigidos por la normativa —de forma y de fondo de acuerdo al estado procesal de la causa— para la concesión de las medidas en los términos requeridos.

El actor peticiona que se ordene el cese de la difusión de supuestos chats, fotos y video difundido en los medios el día 11/06/2017 desde el sitio www.xxx.com entre la Srta. N. J. y un tercero, afirmando que se trataría del suscripto, que se prohíba referirse en cualquier medio de comunicación masiva en forma directa e indirecta hacia su persona con relación a los hechos y que se ordene al Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) comunicar dicha resolución a todos los medios de comunicación masiva (televisivos, radiales, gráfico y redes sociales).

Sustenta su posición en la afectación que le habría producido a él, su cónyuge y —en particular a sus hijos menores de edad— sus derechos constitucionales al honor, a la imagen, al buen nombre y a la intimidad la divulgación de los supuestos chats entre él y la Srta. N. J., junto con fotos y un video del cual se afirma maliciosamente que se trataría de él.

III. a) De tal modo, corresponde analizar en primer término la medida cautelar solicitada en cuanto al cese de la difusión de los chats, fotos y video difundido en los medios el día 11/06/2017 desde el sitio www.xxx.com entre la Srta. N. J. y un tercero, afirmando que se trataría del suscripto…”.

Forzoso es advertir que el peticionario al momento de postular su reclamo en el escrito de inicio desconoce como propias las conversaciones e imágenes, cuyo cese en la difusión solicita. Tal circunstancia importaría en un primer análisis de la cuestión despejar la cuestión relativa al derecho a la imagen y a la intimidad del peticionario por cuanto éste desconoce como propias las conversaciones y apariciones de los que da cuenta la documentación adjunta.

Sin perjuicio de ello y de que no corresponde en autos analizar la veracidad de aquellas, lo cierto es que —aún de ser falsas— la situación que se presenta involucra el honor del peticionario y mayormente el de los hijos de aquel que ante las supuestas calificaciones ven afectados no solo su derecho al honor sino también a la intimidad de aquellos, en la medida en que involucra cuestiones privadas de estricto corte familiar.

Respecto del honor se afirma que consiste en algo que radica en el sentimiento que cada uno tiene de la propia dignidad y en la manera que tiene los extraños de captarla. La protección del honor está consagrada en el Código Penal que incrimina los delitos de injuria y calumnia, y en el ámbito civil por el derecho que se reconoce a la víctima de reclamar una indemnización por el perjuicio sufrido y la adopción de medidas tendientes a impedir que perdure la ofensa (conf. Carbonier, “Derecho Civil”, t. I n° 70 pág. 313, citado por Rivera, “Derecho a la intimidad”, en LA LEY 1980-D-916).

Sin duda el honor constituye uno de los principales bienes espirituales que el hombre tiene y valora. Se trata de un bien personalísimo, innato, que lleva formando parte elemental de su naturaleza. Es imposible desconocerlo a partir de que se es persona y hasta que se deja de serlo.

Por otra parte, el derecho a la intimidad es el que compete a toda persona de sensibilidad ordinaria, de no permitir que los aspectos privados de su vida, de persona, de su conducta y de sus empresas, sean llevados al comentario público o con fines comerciales, cuando no exista el legítimo interés por parte del Estado o de la sociedad.

Del mismo modo se ha definido al derecho a la intimidad como aquel que le permite al individuo preservar, mediante acciones legales, su intimidad, es decir, la parte no comunicable de su existencia (conf. Goldenberg Isidoro H., “La tutela de la vida privada”, LA LEY 1976-A-576).

Nuestra Corte Suprema ha explicado que el derecho a la privacidad e intimidad se fundamenta en el art. 19 de la C.N. y en relación directa con la libertad individual protege jurídicamente sus ámbitos de autonomía individual constituidos por los sentimientos, hábitos y costumbres, las relaciones familiares, la situación económica, las creencias religiosas, la salud mental y física, y, en suma, las acciones, hechos o actos que, teniendo en cuenta las formas de vida aceptadas por la comunidad están reservadas al propio individuo y cuyo conocimiento y divulgación por los extraños significa un peligro real o potencial para la intimidad. En rigor el derecho a la privacidad comprende no sólo la esfera doméstica, el círculo familiar, de amistad, sino otros aspectos de la personalidad espiritual o física de las personas tales como la integridad corporal o la imagen (Fallos: 306:1892). Como complemento de su soporte normativo, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (de 1948) prevé que “toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra los ataques abusivos a su honra, a su reputación y a su vida privada y familiar” (art. V), “a la inviolabilidad de su domicilio” (art. IX) y “a la inviolabilidad y circulación de su correspondencia” (art. X). La Declaración Universal de los Derechos Humanos (también de 1948) establece que “nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques” (art. 12). Esta fórmula es repetida por el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos (de 1966) que se refiere a “injerencias arbitrarias o ilegales” (art. 17), al igual que la Convención sobre los Derechos del Niño (de 1989), y por el Pacto de San José de Costa Rica (de 1969) que menciona las injerencias arbitrarias o abusivas (art. 11). Y, a su vez, lo reglamentan los arts. 52 y 1770 del Cód. Civil y Comercial de la Nación.

En este orden de ideas, la difusión de las imágenes y conversaciones que se endilgan al actor impactan de manera directa en la esfera de la intimidad y el honor de sus hijos, razón por la cual cabe hacer lugar a la medida requerida ordenando el cese de su difusión, tal cual será dispuesto en la parte resolutiva de la presente.

III. b) Despejada así la cuestión, corresponde analizar el segundo aspecto del reclamo formulado en cuanto solicita que: “…se prohíba referirse en cualquier medio de comunicación masiva en forma directa e indirecta hacia su persona con relación a los hechos y que se ordene al Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) comunicar dicha resolución a todos los medios de comunicación masiva (televisivos, radiales, gráfico y redes sociales)…”.

De tal modo, atento a la índole de la medida requerida, la situación dada en autos plantea un conflicto de derecho serio y claro.

En efecto, de conformidad con el art. 14 de la Constitución Nacional, todos los habitantes de la Nación tenemos el derecho de publicar las ideas por la prensa sin censura previa.

Así, también, el art. 13.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos —tratado con jerarquía constitucional— dispone que el derecho a la libertad de expresión no pueda estar sujeto a previas censuras, sino a responsabilidades ulteriores.

En este orden de ideas, la importancia de la libertad de expresión es tal para la Democracia, que tanto la Constitución Nacional como la Convención Americana sobre Derechos Humanos califican su extensión de un modo que no utilizan para el resto de los derechos, prohibiendo expresamente la censura previa.

Sin embargo, no puede perderse de vista las particulares aristas que el caso presenta en cuanto a las cuestiones que se ventilan en las imágenes y conversaciones de referencia. Nótese que, conforme la documentación agregada en copia, aquellas versan sobre diálogos e imágenes que describen detalles íntimos de una supuesta relación entre el actor y la Sr. N. J..

En este sentido, he de señalar que la situación y los detalles descriptos no resultan ser cuestiones relevantes ni de interés público.

Cabe diferenciar aquí entre el “interés público” (visión normativa sobre que debe ser relevante para el debate público) y el “interés del público”. Es en el primer caso en el que aumenta la protección del discurso y, en caso de medida preventivas, ante la duda debe estarse por la libertad de expresión. Ello así, pues el riesgo de eliminar de la esfera pública una expresión que sea esencial para el proceso de autogobierno democrático es un precio demasiado alto a pagar, máxime cuando un criterio similar es asumido en caso de responsabilidad ulterior para evitar la autocensura (conf. “Las medidas preventivas frente a la libertad de expresión” Sergio Giuliano y Sebastián Guidi, Revista de Derecho de daños, Prevención del daño, ed. Rubinzal Culzoni, año 2016, pág. 495).Tal no es el caso de autos.

En efecto la naturaleza de las imágenes y conversaciones de marras revelan un carácter estrictamente privado, cuya veracidad se encuentra discutida, y que incide en la esfera de los derechos personalísimos de los menores involucrados.

En este orden de ideas, coincidiendo con lo dictaminado por la Sra. Defensora de Menores, representante promiscua que dictamina en la foja que antecede en la especie se encuentran en juego los derechos de los hijos del requirente quienes están expuestos a las consecuencias de las eventuales conductas de sus progenitores.

A tal respecto no debe perderse de vista la protección que les otorga los arts. 3 y 16 de la Convención de los Derechos del Niño, que prescriben la obligación por parte de los tribunales de priorizar el interés superior del niño en la adopción de todas las medidas que les conciernen, la obligación por parte del Estado de asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, así como resguardar que ningún niño sea objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra y a su reputación, teniendo éste derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o ataques.

Siendo así, he de recordar que la CSJN ha avanzado sobre medidas como la solicitada en autos estableciendo como excepción a la prohibición general de las medidas preventivas de la libertad de expresión cuando estas fueran necesarias para la protección de los derechos de los niños, destacando la posición de vulnerabilidad de los menores (conf. “Las medidas preventivas frente a la libertad de expresión” Sergio Giuliano y Sebastián Guidi, Revista de Derecho de daños, Prevención del daño, ed. Rubinzal Culzoni, año 2016, pág. 495).

Ahora bien, tal como lo ha señalado nuestro más alto Tribunal, puede accederse a este tipo de medidas restringiendo a modo de excepción la difusión y o referencia en lo que interesa en cada caso concreto (v. Medidas Cautelares, Claudio M. Kipper director, 2 Ed. Actualizada y ampliada, T° III, año 2014, pág. 207/211).

De tal modo, a los fines de no vulnerar tal libertad he de acceder parcialmente a lo requerido restringiendo la difusión de los detalles íntimos de los que da cuenta la documentación acompañada a la causa y cuyo cese en la difusión se ordena mediante la presente.

IV. A la luz de lo expuesto, analizados los derechos en juego, la documentación presentada a fs. 1/13, lo dispuesto en el nuevo art. 1770 del Cód. Civ. y Comercial, normas citadas y concordantes, considero que se encuentran reunidos los extremos exigidos para la viabilidad de la medida cautelar requerida en los términos expuestos en los párrafos que anteceden.

Con base en las consideraciones expuestas, teniendo por prestada la caución juratoria mediante la presentación a despacho resuelvo: 1) Ordenar el cese de la difusión de los chats, fotos y video difundido en los medios el día 11/06/2017 desde el sitio www.xxx.com; 2) Hacer saber que al momento de referirse en los medios de comunicación masiva en forma directa e indirecta hacia la persona del actor, en los hechos que se ventilan en la causa, deberán abstenerse de hacer referencia a los detalles íntimos contenidos en los imágenes y chats difundidos en los medios el día 11/06/2017 cuyo cese se dispone en el pto. I. y 3) Ordenar al Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) comunicar la presente resolución a todos los medios de comunicación masiva (televisivos, radiales, gráficos y redes sociales).

Atento a la índole de la cuestión y a la urgencia del caso, habilítense días y horas para el cumplimiento de las diligencias ordenadas. Notifíquese esta medida mediante cedula y con habilitación de días y horas y en el día. — María V. Ramírez.

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