Tribunal: Tribunal Fiscal de la Nación, sala C(TFiscal)(SalaC)

Fecha: 02/12/2016

Partes: Plus Ultra S.A. s/ recurso de apelación

 

Un contribuyente interpuso recurso de apelación contra el silencio del Ministerio de Economía de la Nación, ante la petición que le efectuara para que se decrete la existencia de crédito fiscal a partir del pago de los aportes y contribuciones “cargas sociales” y se lo limite al crédito fiscal que genera el impuesto al valor agregado para compensarlo en el pago de deudas tributarias. El Tribunal Fiscal resolvió declarar su incompetencia para entender en la cuestión.

 

Sumario

El Tribunal Fiscal de la Nación no es competente para entender en una causa iniciada por un contribuyente ante el silencio del Ministerio de Economía para pronunciarse sobre la procedencia de crédito fiscal por el pago de aportes y contribuciones de la seguridad social, pues no se advierte la existencia de un acto expreso de la Administración.

 

Fallo

 

Texto Completo: Causa N° 38.822-I

Buenos Aires, diciembre 2 de 2016.

El doctor Buitrago dijo:

I. Que a fs. 4/19 vta., la recurrente interpone recurso de apelación fundando el mismo en el silencio del Ministerio de Economía de la Nación ante la petición que le efectuara para que se decrete la existencia de crédito fiscal a partir del pago de los aportes y contribuciones “cargas sociales” y se lo limite al crédito fiscal que genera el impuesto al valor agregado para compensarlo en el pago de deudas tributarias que pudiera tener frente a la Administración Federal de Ingresos Públicos. Sostiene que su petición abarca los períodos comprendidos entre el 01/05/2008 hasta el 30/11/2013, inclusive.

Señala que el criterio del organismo fiscal que prohíbe generar créditos fiscales con el pago de aportes patronales la pone en estado de quiebra y le impide percibir los subsidios que el Estado dispuso para la misma en procura de sostener el servicio público de transporte de pasajeros.

Se agravia también de que la carga impositiva que debe soportar lesiona su capacidad contributiva hasta anularla, produciéndose lo que se ha dado en llamar “confiscatoriedad por una suma de tributos” que se origina por la presión que produce sobre el contribuyente el conjunto de tributos que lo alcanzan, por lo que solicita que se declare en el caso, siguiendo el gran número de Fallos dictados por nuestro Máximo Tribunal, la aplicación del mecanismo de ajuste por inflación por los períodos 01/01/2008 al 31/10/2013 y, en su defecto, que se libre oficio al Jugado penal de turno.

Finalmente ofrece pago y/o garantía de las diferencias de monto que reclama la Administración fiscal, ofrece prueba y acompaña como documental copia de las notas dirigidas al Ministerio de Economía en las que plantea la inconstitucionalidad de la ley de emergencia 25.561 y demás decretos derivados que declararon la inaplicabilidad del decreto 814/2001 y normativa concordante y pedido de pronto despacho, así como del pedido de pronto despacho a la Comisión Nacional de Regulación de Transporte. Efectúa reserva de caso federal.

Que a fs. 187/187vta., 191/191 vta., 229 bis, 232, 233, 242/243 la recurrente amplia su recurso de apelación a los períodos diciembre 2013 y enero diciembre de 2014 (todos los meses incluidos) y enero de 2015.

Que a fs. 268/279 contesta el recurso interpuesto la representación fiscal quien opone como excepción de previo y especial pronunciamiento la incompetencia de este Tribunal para atender en la causa, pues considera que lo que se apela no encuadra en ninguno de los supuestos del art. 159 de la ley de rito que abren la competencia de este organismo jurisdiccional. Cita Jurisprudencia a favor de su posición y solicita que se impongan las costas de la excepción a la apelante.

Subsidiariamente responde los agravios de fondo y peticiona que se rechacen las pretensiones de la contraria, con costas.

II. Que en el pto. 6°) de la resolución de fs. 282 se corre traslado de la excepción de incompetencia a la recurrente, la que no contestó, si bien se encuentra notificada a fs. 285/285vta. En consecuencia a fs. 289 se elevan los autos a consideración de la Sala “C” y a fs. 294 se ponen a sentencia.

III. Que en primer término debe señalarse que conforme a lo dispuesto por el art. 185 de la ley 11.683, este Tribunal se encuentra impedido de pronunciarse sobre la validez

constitucional de las leyes tributarias o aduaneras y sus reglamentaciones, a no ser que la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación haya declarado la inconstitucionalidad de las mismas, en cuyo caso podrá seguirse la interpretación efectuada por el Alto Tribunal.

Que asimismo debe agregarse que es doctrina de nuestro Máximo Tribunal que: “En ese sentido, también se debe considerar que la declaración de inconstitucionalidad de una norma constituye la más delicada de las funciones susceptibles de encomendarse a un tribunal de justicia ya que configura un acto de suma gravedad a ultima ratio del orden jurídico, por lo que no debe recurrirse a ella sino cuando una estricta necesidad lo requiera y no exista la posibilidad de una solución adecuada del juicio a la que cabe acudir en primer lugar (Fallos: 328:1416, entre muchos otros)”.

Que por todo lo expuesto corresponde desestimar el planteo de inconstitucionalidad efectuado por la recurrente.

IV. Que siendo el tratamiento de la competencia previo a la consideración de cualquier otra cuestión, corresponde que este Juzgador se pronuncie al respecto.

Que el art. 159 de la ley N° 11.683 (t.o. en 1998 y modif.) al establecer taxativamente la competencia de este Tribunal para conocer de los impuestos verificados, fiscalizados y, percibidos por la Administración Federal de Ingresos Públicos —Dirección General Impositiva—, ante la vía de este organismo jurisdiccional en los casos en que exista una resolución del ente recaudador, es decir, que siempre el recurso o la acción debe ser contra un acto administrativo definitivo del organismo fiscal. Los únicos supuestos en que no se requiere el dictado de una resolución previa como objeto tic controversia, es en el recurso de apelación por denegatoria tácita de repetición y en el amparo.

Que resulta claro que el caso de autos no encuadra en ninguno de los supuestos del citado art. 159 que abren la competencia de este Tribunal.

Que tampoco puede asignarse al supuesto silencio guardado por la A.F.U. naturaleza sancionatoria para poder así encuadrarlo en el artículo 159, inciso b) de la ley N° 11.683 (t.v.).

V. Que asimismo corresponde señalar que esta Sala ha sostenido al sentenciar, entre otras la causa “HI CE AR GROUP S.R.L.”, Expte. N° 34.488-I, pronunciamiento del 07/04/2011: “Que corresponde establecer que la posibilidad de intervención en causas vinculada, con los recursos de la seguridad social no sólo viene denegada por los decretos N° 507/1993 y 2102/1993, conforme a los cuales no son de aplicación en ese ámbito las disposiciones del Titulo II de la ley 11.683, sino también por lo dispuesto con igual jerarquía normativa respecto de esta última por la ley 23.473 (modificatoria de la ley 18.820), que en su artículo 8° atribuye a la Cámara Nacional de Apelaciones de la Seguridad Social competencia en razón de la materia para entender respecto de los recursos de apelación contra las resoluciones o actos administrativos en materia previsional”.

Que en igual sentido se ha pronunciado la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, Sala II, el 13/08/1996 en la causa “Juan Carlos Pettina y Cía. s/ Apelación” en la que sostuvo “Los decretos 507/1993 y 2102/1993, que facultan a la

Dirección General Impositiva a aplicar, recaudar y fiscalizar los aportes de la seguridad social y su ejecución judicial, no disponen la vía recursiva del Tribunal Fiscal”.

Que en virtud de lo expuesto, corresponde hacer lugar a la excepción opuesta por la representación fiscal y declarar la incompetencia de este Tribunal para entender en la presente causa, con costas.

VI. Que en atención a la incompetencia que se decide corresponde ordenar que una vez firme la presente por Secretaría General de Asuntos Impositivos, se remitan los presentes autos a la Administración Federal de Ingresos Públicos —Dirección General Impositiva— a fin de que les imprima el trámite que corresponda.

La doctora Gómez dijo:

I. Que vienen las presentes actuaciones a consideración de la suscripta a fin de resolver la excepción de incompetencia articulada por el ente fiscal a fs. 268/279.

II. Que previo a toda otra cuestión, corresponde establecer si se encuentra habilitada la competencia de este Tribunal.

Que el art. 159 citado dispone que el Tribunal Fiscal de la Nación será competente para conocer —en razón de la materia impositiva— de los recursos de apelación contra las resoluciones de la AFIP que: determinen tributos y sus accesorios o ajusten quebrantos (inc. a): impongan multas o sanciones de otro tipo, salvo la de arresto (inc. b) y las que denieguen reclamaciones por repetición de tributos así como de las demandas directas de repetición ante este organismo jurisdiccional (inc. c); también entenderá en los recursos por retardo en la resolución de las causas radicadas ante el organismo recaudador, en los casos previstos en el art. 81 de la ley de rito (inc. d) y finalmente conocerá de los recursos de amparo regulados en los art. 182 y 183 de la misma ley.

Que como se desprende del artículo citado precedentemente, para abrir la competencia de este Tribunal Fiscal de la Nación, establece la necesidad de que la Administración dicte un “acto” determinativo de tributo y/o que aplique una sanción. En autos, no se advierte la existencia de un acto expreso de la Administración lo cual, de por sí, basta para declarar de oficio la incontinencia de este Tribunal.

Que por lo expuesto, corresponde hacer lugar a la excepción de incompetencia articulada por el ente fiscal, con costas.

El doctor Vicchi dijo:

Que adhiere a la solución propiciada por el Vocal preopinante.

En virtud de la votación que antecede, por unanimidad; se resuelve: 1. Hacer lugar a la excepción opuesta por el Fisco Nacional y en consecuencia declarar la incompetencia de este Tribunal para entender en la presente causa, con Costas. 2. Ordenar que una vez firme el presente pronunciamiento por Secretaría General de Asuntos Impositivos se remita la presente causa a la AFIP —Dirección General Impositiva— para que le imprima el trámite que corresponda. Se deja constancia que el presente pronunciamiento lo suscriben dos Vocales Titulares, por encontrarse vacante la vocalía de la 8va. Nominación (conf. art. 184, 2do. párrafo de la ley 11.683 (—t.o. vigente—). Regístrese, notifíquese, oportunamente

devuélvanse los antecedentes administrativos y archívese. — Ignacio J. Buitrago. — Edith V. Gómez.