Se rechazó la suspensión de juicio a prueba solicitada a favor del imputado por el delito de amenazas coactivas y lesiones agravadas por la relación de pareja. Interpuesto recurso de casación, la Cámara confirmó el pronunciamiento.

 

Sumarios

La suspensión del proceso a prueba solicitada a favor del imputado por el delito de amenazas coactivas y lesiones agravadas por la relación de pareja debe rechazarse, pues una solución contraria frustraría la posibilidad de dilucidar la existencia de hechos que prima facie fueron calificados como de violencia contra la mujer, junto con la determinación de la responsabilidad de quien fue imputado de cometerlos y de la sanción que, en su caso, podría corresponderle.

Toda vez que los hechos imputados encuadran bajo el concepto de violencia contra la mujer establecido en la “Convención de Belem do Pará”, resultan de aplicación los lineamientos sentados por la Corte Suprema de Justicia en la causa “Góngora” —23/04/2013; LA LEY 2013-D, 144—, por lo que debe confirmarse el rechazo de la solicitud de suspensión del juicio a prueba (del voto del Dr. Borinsky).

El rechazo del pedido de suspensión de juicio a prueba respecto del imputado por hechos de violencia de género debe confirmarse, en tanto se encuentra adecuadamente fundado en las normas convencionales y constitucionales que rigen la materia y la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (del voto de la Dra. Figueroa).

Fallo

Causa n° CCC 19216/2013/T01/CFC1

2ª Instancia.- Buenos Aires, diciembre 22 de 2016.

Resulta: 1°) Que el Tribunal oral en lo Criminal N°  7 de la Capital Federal, con fecha 27 de noviembre de 2014, resolvió: “No hacer lugar a la suspensión del juicio a prueba requerida por la defensa de R. E. M. (artículo 76 bis, cuarto párrafo, contrario sensu, del Código Penal)” (cfr. fs. 91/94 vta).

Contra dicha sentencia el Defensor Público Oficial, doctor F. E. M., interpuso recurso de casación (fs. 96/111), que fue concedido (fs. 112/vta.).

2°) Que, la Defensora Pública Oficial sustentó la presentación recursiva en los motivos previstos en el art. 456 del CPPN.

Sostuvo que la resolución que impugna resulta arbitraria “puesto que vulnera el derecho de [su] asistido a obtener la extinción de la acción penal a través de la aplicación del instituto de la suspensión del juicio a prueba y de este modo ejercer acabadamente el derecho de defensa en juicio así como también el respeto por la garantía del debido proceso”.

En ese sentido, entendió que los argumentos brindados para rechazar el pedido de suspensión del juicio a prueba resultan de carácter aparente, lo que deriva en la falta de motivación de la resolución en los términos del artículo 123 del CPPN.

Asimismo, consideró que se había realizado una interpretación arbitraria del dictamen fiscal y del artículo 76 bis del CP.

A su vez, afirmó que el dictamen “no se encuentra fundado dado que no brinda argumentos sobre la falta de alguno de los presupuestos de procedencia del instituto y (…) no se funda en razones de política criminal que justifiquen que el caso sea resuelto mediante un juicio oral”.

Por otro lado, afirmó que la suspensión del juicio a prueba resulta procedente, ello puesto que M. carece de antecedentes penales y la eventual pena podría ser dejada en suspenso.

Además, sostuvo que no podía calificarse al presente caso como violencia de género, ya que a su entender “no cualquier ejercicio de violencia contra la mujer constituye violencia de género sino sólo aquélla que se realiza contra una persona por el hecho de pertenecer al género femenino”.

En virtud de lo expuesto concluyó que no resulta de aplicación la doctrina que emana del fallo “Góngora” de la CSJN y, tras citar jurisprudencia y normativa internacional en apoyo de su postura, solicitó que se dicte una nueva resolución y se conceda la suspensión del juicio a prueba a su defendido.

Hizo reserva del caso federal.

3°) Superada la etapa prevista en el artículo 454, en función del art. 456 bis del Código Procesal Penal de la Nación, habiendo presentado breves notas la defensa pública oficial, conforme a lo dispuesto a fs. 120, quedaron las actuaciones en estado de ser resueltas.

Efectuado el sorteo de ley para que los señores jueces emitan su voto, resultó designado para hacerlo en primer término el doctor Hornos y, en segundo y tercer lugar, los doctores Borinsky y Figueroa, respectivamente.

El doctor Hornos dijo:

I. El recurso de casación interpuesto resulta formalmente admisible en los términos del art. 457 del C.P.P.N., pues la resolución atacada (denegación de la suspensión del juicio a prueba) deviene equiparable a una sentencia definitiva en virtud de que podría provocar un gravamen de insuficiente, imposible o tardía reparación posterior (conf. Fallos: 304:1817; 312:2480). En efecto, así lo ha entendido la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re “Padula, Osvaldo Rafael”, oportunidad en la que nuestro más Alto Tribunal sostuvo que el gravamen que se deriva de la resolución que deniega la suspensión del juicio a prueba “…no resulta susceptible de reparación posterior, en tanto restringe el derecho del procesado a poner fin a la acción y evitar la imposición de una pena.

Es que la finalidad de quien requiere la suspensión del juicio a prueba no es la de obtener una sentencia absolutoria, sino la de no seguir sometido a proceso mediante la extinción de la acción penal” (cfr. C.S.J.N., “Padula, Osvaldo Rafael y otros s/defraudación —causa N°  274”, P. 184 XXXIII, rta. el 11/11/1997—, considerando 50).

Asimismo, la parte recurrente se encuentra legitimada para impugnarla, los planteos esgrimidos encuadran dentro de los motivos previstos por el art. 456 del C.P.P.N., y se han cumplido los requisitos de temporaneidad y de fundamentación requeridos por el art. 463 del citado código ritual.

II. En el presente caso, el hecho por el cual se requirió la elevación a juicio de la causa (fs. 59/61 vta.) configuraría el delito de amenazas coactivas y lesiones agravadas por la relación de pareja, los que concurren en forma ideal y por los que M. deberá responder en calidad de autor penalmente responsable (arts. 45, 55, 89, 92 en función del art. 80, inc. 1° y 149 bis, segundo párrafo del CP).

En efecto, conforme se desprende del requerimiento de elevación a juicio a fs. 59/61 vta., se le imputó a R. E. M. el hecho ocurrido el día 22 dé abril de 2013, alrededor de las 21:30 horas, en momentos en que el nombrado y la víctima se encontraban en su domicilio, sito en el Pasaje … de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, oportunidad en la que M. amenazó y lesionó a su pareja.

En dicha oportunidad, el nombrado “comenzó a decirle a la damnificada cosas tales como que no había estado en todo el día en la casa, que era una vaga y que abandonaba a los chicos (haciendo referencia a F., de 8 años de edad, fruto de una relación anterior de la damnificada y a I., de un año de edad fruto [de] su relación con ella).

En ese momento, la denunciante terminó de comer y arrojó a la basura los restos, a lo que el imputado le refirió que la tiraba porque la pagaba él y la empujó, la tomó del cuello con ambas manos y le golpeó la cabeza contra la pared en tres oportunidades, mientras le decía: ‘si no veo a la nena estás muerta’.

En tanto tenía a la nena en brazos, la denunciante trató de ocultarse en la habitación, pero este la siguió y continuó golpeándola con un fuerte cachetazo en el rostro. En ese momento le dijo que si se tenía que ir de la casa, ella no volvería a ver nunca más a su hija porque se la llevaría porque ella estaría muerta. Una vez en el dormitorio la damnificada trató de agarrar una mochila con sus documentos a fin de retirarse del lugar, pero el imputado la siguió y la tiró en la cama con su bebe. Cuando ella logró incorporarse le tomó las manos a fin de llevarle los dedos hacia atrás, producto de lo cual si bien la nena no resulto lesionada, la denunciante sufrió una lesión en el dedo pulgar de la mano izquierda, donde éste le clavó una uña.

También en esta oportunidad el imputado le refirió que él no se iba a ir y que le haría la vida imposible, le manifestó: ‘si vos no me dejas ver a la nena estás muerta’ y ‘no te tiro de la terraza porque la nena a tipa’.

Mientras esto ocurría, en un momento dado se acercó C. A. C. y H. V. P., madre y hermana de la denunciante —que viven en la planta baja de la propiedad— a fin de prestarle ayuda y el imputado, luego de manifestarles que la denunciante era una zorra y que lo tenía todo preparado, intentó, a los empujones, impedir que saliera con la nena, pero ella salió igual a la par que el imputado, tomó unos documentos y ropa y se retiró”.

Ahora bien, continuando con el análisis de la presente causa, surge de la resolución impugnada que el Fiscal actuante se opuso a la suspensión del juicio a prueba por entender que los hechos ocurridos no podían definirse como un problema doméstico, a contrario de lo postulado por la defensa, y seguidamente, analizó la posibilidad de que los mismos constituyeran hechos de violencia de género y la necesidad de que fueran llevados a debate (cfr. fs. 92 vta).

Llegado el momento de decidir, el Tribunal a quo en atención a la negativa del Sr. Fiscal a la concesión del derecho invocado, resolvió denegar la suspensión del juicio a prueba.

III. En este orden de ideas, y en relación al agravio esgrimido por la defensa vinculado a la oposición fiscal, corresponde recordar que ya he tenido oportunidad de señalar, que el dictamen fiscal sobre el pedido de suspensión del juicio a prueba no resulta de carácter vinculante (cfr. causa Nro. 10.858, “Soto García, José María y otros s/recurso de casación”, rta. el 12/08/2009, Reg. Nro. 12 .100), en tanto el órgano judicial siempre debe analizar de manera independiente la concurrencia de las condiciones legales de admisibilidad y procedencia del instituto, a los fines de efectuar el control de legalidad del dictamen del Ministerio Público Fiscal que imponen los artículos 69, 123 y ccdtes. del C.P.P.N.

Ello así, pues el predominio de las características acusatorias de nuestro proceso penal (conf. art. 120 de la C.N.) no puede llevarnos a consagrar una actuación decisoria del fiscal, sino que su potestad está limitada a la adopción de una postura frente al caso desde su rol de parte, si bien revestida de cierta ecuanimidad y siempre ceñida a la determinación legal de los criterios de admisibilidad de la suspensión del proceso a prueba.

Por su parte, si bien el artículo 5 del digesto ritual establece que el ejercicio de la acción penal no puede “suspenderse, interrumpirse ni hacerse cesar, excepto en los casos expresamente previstos por la ley”, no es menos cierto que el artículo 65 del mismo cuerpo consagra el principio según el cual “el ministerio fiscal promoverá y ejercerá la acción penal en la forma establecida por la ley”, de modo que si la facultad denegatoria que en última instancia recae sobre el órgano judicial es entendida sólo como un segundo control de legalidad, dicha intervención constituye un control razonable que no desnaturaliza la potestad del fiscal requirente (cfr. en similar sentido mi voto en la causa nro. 897 “Lirman, Roberto s/recurso de casación, Registro n° 1594.4, rta. 23/11/2003 y sus citas).

En otras palabras, entiendo que describir al dictamen fiscal como “vinculante” para el Tribunal minimiza el hecho de que existen limitaciones legalmente impuestas —v.gr., los requisitos de procedencia y admisibilidad estipulados en el art. 76 bis del C.P.— dentro de las cuales la actuación del Ministerio Público debe estar circunscripta, y cuya observancia, logicidad y adecuación a las circunstancias del caso concreto corresponde al órgano jurisdiccional controlar mediante el rechazo, cuando correspondiera, de aquellos dictámenes fiscales que se apartaran de las prescripciones legales ya sea por introducir requisitos que la ley no prevé o por omitir considerar aquellos que sí forman parte del ordenamiento jurídico. Ello, entiendo, es una consecuencia necesaria del esquema de estricta separación funcional entre fiscales y jueces (cf. “Quiroga, Edgardo O.”, Corte Suprema de Justicia de la Nación, 23/12/2004).

IV. Reseñados los antecedentes del caso no puede pasarse por alto que el hecho que se le imputa a R. E. M. se encuentra, en efecto, alcanzado por las previsiones de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (“Convención de Belém Do Pará”), la cual, como ya tuve oportunidad de señalar al referirme a la problemática de la violencia de género, establece en sus arts. 1° y 2° “A” que “…para los efectos de esta Convención debe entenderse por violencia contra la mujer cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado” y que “se entenderá que violencia contra la mujer incluye la violencia física, sexual y psicológica: a. que tenga lugar dentro de la familia o unidad doméstica o en cualquier otra relación interpersonal, ya sea que el agresor comparta o haya compartido el mismo domicilio que la mujer, y que comprende, entre otros, violación, maltrato y abuso sexual” (cfr. las causas de la Sala IV caratuladas “Mumeli, Nora s/recurso de casación” (causa nro. 13.315. reg. nro. 1271/12, rta. el 24/08/2012) y “Romero, Rafael Carlos s/recurso de casación (causa nro. 14.807, reg. nro. 1755/12, rta. el 27/09/2012).

Así, lo cierto es que en la especie no puede ser otra la conclusión ya que se advierte que el haber amenazado de muerte y golpeado en ocasión en la que se encontraban en su domicilio a M.C.P, quien era su pareja, provocándole lesiones, debe ser considerado razonablemente violencia de género contra la víctima.

V. Ahora bien, a partir de la calificación de un hecho como “violencia contra la mujer” en los términos de la Convención de Belém do Pará, corresponde tener en cuenta que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en los autos in re “Góngora, Gabriel Arnaldo s/ causa n° 14.092” (Recurso de Hecho, expte. G. 61. XLVIII, resuelto el 23/04/2013) entendió que la interpretación que vincula los objetivos del artículo 7 Convención citada, con la necesidad de establecer un “procedimiento legal, justo y eficaz para la mujer”, que incluya “un juicio oportuno”, impone considerar que la adopción de alternativas distintas a la definición del caso en la instancia del debate oral es improcedente. Señaló el alto Tribunal que “Este impedimento surge, en primer lugar, de considerar que el sentido del término juicio expresado en la cláusula en examen resulta congruente con el significado que en los ordenamientos procesales se otorga a la etapa final del procedimiento criminal (así, cfr. Libro Tercero, Titulo 1 del Código Procesal Penal de la Nación), en tanto únicamente de allí puede derivar el pronunciamiento definitivo sobre la culpabilidad o inocencia del imputado, es decir, verificarse la posibilidad de sancionar esta clase de hechos exigida por la Convención.

Particularmente, en lo que a esta causa respecta, la concesión de la suspensión del proceso a prueba al imputado frustraría la posibilidad de dilucidar en aquél estadio procesal la existencia de hechos que prima facie han sido calificados como de violencia contra la mujer, junto con la determinación de la responsabilidad de quien ha sido imputado de cometerlos y de la sanción que, en su caso, podría corresponderle.

En segundo término, no debe tampoco obviarse que el desarrollo del debate es de trascendencia capital a efectos de posibilitar que la víctima pueda efectivizar el “acceso efectivo” al proceso (cfr. también el inciso “f” del artículo 7 de la Convención) de la manera más amplia posible, en pos de hacer valer su pretensión sancionatoria. Cuestión esta última que no integra, en ninguna forma, el marco legal sustantivo y procesal que regula la suspensión del proceso a prueba.

De lo hasta aquí expuesto resulta que prescindir en el sub lite de la sustanciación del debate implicaría contrariar una de las obligaciones que asumió el Estado al aprobar la “Convención de Belém do Pará” para cumplir con los deberes de prevenir, investigar y sancionar sucesos como los aquí considerados.

VI. Por todo lo expuesto, por la aplicación de la doctrina judicial vigente y en atención a la naturaleza de los hechos punibles que se imputan a R. E. M., entiendo que se debe rechazar el recurso de casación interpuesto por la Defensa pública Oficial. Sin costas en la instancia por haberse efectuado un razonable ejercicio del derecho al recurso (arts. 530 y 531 in fine del C.P.P.N. y art. 8.2.h de la C.A.D.H). y tener presente la reserva del caso federal.

El doctor Borinsky dijo:

Que comparto en lo sustancial las consideraciones efectuadas por el distinguido colega, doctor Hornos, toda vez que al encuadrar los hechos imputados bajo el concepto de violencia contra mujer establecido en la “Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer” – “Convención de Belem do Pará” (ratificada por la República Argentina mediante Ley 24.632, B.O. 09/04/1996), resultan de aplicación —en lo pertinente— los lineamientos sentados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re “Góngora” ya citado (ver en sentido análogo, C.F.C.P., Sala IV: causa 41502/2009/TO1/CFC1, “Segura, Hermes Joel s/recurso de casación”, rta. el 24/06/2015, reg. n° 1222/15; causa 44426/2013/T01/CFC1, “Cabaña, Gustavo Gabriel s/recurso de casación”, rta. el 29/09/2015, reg. n° 1243/15, entre otros).

En consecuencia, adhiero al rechazo recursivo que propicia el primer votante, sin costas en la instancia (C.P.P.N., arts. 530 y 531 in fine). Tener presente la reserva de caso federal.

La doctora Figueroa dijo:

1) Coincido con el voto del doctor Hornos —que cuenta además con la adhesión del doctor Borinsky— y, en tal sentido, estimo acertados los fundamentos que el colega expone para rechazar el recurso de casación deducido por la defensa de R. E. M..

En tal sentido, y como se indica en el voto del juez que lidera el Acuerdo, el rechazo del pedido de suspensión de juicio a prueba con respecto al imputado M. se encuentra adecuadamente fundado en las normas convencionales y constitucionales que rigen la materia, la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y la jurisprudencia de esta Cámara.

2) A ello habré de agregar que, al estar los hechos objeto de reproche encuadrados en un supuesto de violencia de género corresponde reproducir lo que sostuviera al votar en los precedentes “Amitrano, Atilio Claudio, s/recurso de casación”, causa n° 14.243, reg. n° 19.913, rta. el 09/05/2012 y “Villareo, Graciela s/recurso de casación”, causa n° 14.044, reg. n° 19.914, rta. el 09/05/2012, entre otros. En tale fallos afirmé: “…nuestro Estado Constitucional de Derecho, especialmente a partir de la reforma de la Constitución Nacional de 1994 en su artículo 75 inciso 22, le otorgó jerarquía constitucional a once instrumentos sobre derechos humanos, entre ellos a la “Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer —CEDAW—, con el objeto de erradicar cualquier tipo de discriminación contra las mujeres, dado que su persistencia vulnera el principio de igualdad y el respeto a la dignidad humana, dificultando la participación del colectivo más numeroso que tienen todas las sociedades —Mujeres, niñas, adolescentes, ancianas—, a la participación en la vida del país, en igualdad de condiciones con los varones…”.

Asimismo, puntualicé que: “…discriminación contra la mujer denota toda distinción, exclusión o restricción, basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera…” —CEDAW artículo 1—.

Para evitar las repeticiones de conductas discriminatorias, los Estados Parte se han comprometido en el artículo 2 de la convención citada, a adoptar políticas públicas, adecuaciones constitucionales y legislativas entre otras, por lo que se obligan según el inciso c) a “Establecer la protección jurídica de los derechos de la mujer sobre una base de igualdad con los del hombre y garantizar, por conducto de los tribunales nacionales o competentes y de otras instituciones públicas, la protección efectiva de la mujer contra todo acto de discriminación”, de manera que su incumplimiento, genera responsabilidad del Estado Argentino ante la comunidad internacional.

Como lo ha destacado el Comité —órgano de monitoreo de la CEDAW según los artículos 18 a 21—, la Convención es vinculante para todos los poderes públicos, por lo que se encuentra prohibida la discriminación contra la mujer en todas sus formas, siendo materia de especial preocupación el desconocimiento generalizado de la Convención y su Protocolo Facultativo, por parte de las autoridades judiciales y de otros funcionarios encargados de hacer cumplir la ley en nuestro país, recomendando su conocimiento y aplicación para que se tome conciencia de los derechos humanos de las mujeres.

Las mujeres y niñas son las más expuestas a formas sistemáticas de violencia y abusos de poder, que ponen en riesgo su salud física, psíquica y sexual. Dicha violencia se manifiesta desde el ámbito físico, sexual, simbólico, psicológico, económico, patrimonial, laboral, institucional, ginecológico, doméstico, en los medios de comunicación, en la educación sistemática formal e informal, en la justicia, en la sociedad, entre otros, donde se estereotipa al colectivo mujeres, desconociéndole su dignidad y derechos humanos, por la prevalencia de esquemas patriarcales y una cultura androcéntrica, que hasta la ha privado de un discurso y práctica jurídica de género.

Los entes estatales tales como la Oficina de Violencia Doméstica —OVD—, de la Corte Suprema de Justicia de la Nación creada en el año 2008, el Programa las Víctimas contra la Violencia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el Consejo Nacional de la Mujer, las secretarías y direcciones de la Mujer existentes en las provincias y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dentro de nuestro sistema federal, las Universidades, las ONG, informan acerca del crecimiento de todas las formas de violencia, producto de prácticas androcéntricas que vulneran los derechos de las mujeres.

Cabe destacar que también preservando la integridad física y psíquica de las mujeres, adoptando políticas públicas para evitar la violencia contra éstas, Argentina ratificó la “Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer”, aprobada en Belém Do Pará, Brasil, en vigor desde 1995, si bien tiene en el país jerarquía superior a las leyes internas, en virtud de lo preceptuado por el artículo 75 incisos 22 y 24 de la Constitución Nacional, en el año 2011 fue aprobado por la Cámara de Diputados el otorgamiento de su jerarquía constitucional, por lo que se encuentra en trámite parlamentario la obtención del mismo rango normativo que los tratados enumerados en el artículo 75 inciso 22 de la ley suprema.

Esta Convención Interamericana aporta mecanismos para la eliminación de la violencia de género, definiendo en su artículo 1 como: “…cualquier acción o conducta basada en su género, que cause muerte, daño, o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como privado…”. La convención pone de manifiesto que se ha tomado consciencia de la discriminación que sufren las mujeres, se pretende reparar, centrando todos los esfuerzos para modificar los patrones socioculturales, para obtener la igualdad de sexos. Por ello no es suficiente con la condena pública, no debe admitirse que se invoquen costumbres, tradiciones, ideologías discriminatorias o patrones culturales, es necesario que se adopten medidas efectivas desde la comunidad internacional y los Estados, desde todos los poderes públicos, correspondiendo penalización para quiénes no las cumplen.

Como sostuve en mi segunda tesis doctoral sobre derechos de género, “…la violencia contra las mujeres son todos los actos basados en el género que tienen como resultado producirles un daño físico, psicológico o sexual, que van desde una amplia gama de padecimientos que vulneran el derecho a la vida, a la libertad, a la consecución económica, social y cultural, a la autodeterminación, hasta la participación en condiciones de paridad con los hombres en todos los espacios públicos de la política de la que son ciudadanas. Múltiples son los casos y causas para justificar según las tradiciones o las ideologías, violaciones a los derechos humanos de las mujeres [incluyendo a niñas], prácticas, acciones, omisiones, tentativas desde golpes que pueden terminan con la vida de las mujeres, o desfiguraciones del rostro y cuerpo con lesiones leves, graves a gravísimas, mutilaciones genitales, violaciones y abusos sexuales de niñas y mujeres en el ámbito doméstico y familiar, el hostigamiento y acoso sexuales, intimidaciones sexuales en el trabajo, discriminaciones en la esfera de la educación, la prostitución forzada y comercio internacional, embarazos forzados, descalificaciones y desacreditaciones sólo por el hecho biológico del sexo al que pertenecen.

Cuando esto sucede, no puede construirse una sociedad en armonía, porque nunca podrá serlo si toma natural discriminar a la mitad de seres que componen su cuerpo social…”.

“…La violencia doméstica y familiar, es el espacio donde más vulneraciones a los derechos de las mujeres se perpetran, porque es un lugar oculto, donde hay menos posibilidades de control, donde a su vez se reproducen las escalas de dominación que también padecen los varones en sus lugares de empleo y en los espacios públicos en general, sin descartar que por cuestiones culturales, escalas menos evidentes de violencia no son ni siquiera reconocidas por las propias mujeres, lo que hace aún más difícil su erradicación…”.

Frente a la incidencia de violencia contra las mujeres, con las graves consecuencias para éste colectivo, el Estado sancionó la ley 26.485 en el año 2009, de “Protección Integral a las mujeres, para prevenir, erradicar y sancionar la violencia contra las mujeres en todos los ámbitos donde desarrollan sus relaciones interpersonales”, la que también sanciona diferentes tipos de violencia: física, sexual, simbólica, económica, patrimonial, psicológica, entre otras, visibilizando que estas conductas son el producto de un esquema patriarcal de dominación, entendido como el resultado de una situación estructural de desigualdad de género.

Este fenómeno de violencia ejercida sobre la mujer, no es privativo de sectores sociales marginados económicamente o de escasa educación, sino que, por el contrario, se da en todos los ámbitos y niveles de la sociedad. Dicha práctica se ejerce de diversas maneras desde la comisión de ilícitos, hasta comportamientos aceptados socialmente, que van desde violaciones, lesiones, coacción, violencia doméstica, maltrato, los que fueron considerados por mucho tiempo como “naturales”, como una atribución que tenían los padres, esposos, varones de la familia o del entorno, respecto de las mujeres o niñas que tenían bajo su esfera.

Desde esa fecha en adelante, se ha evolucionado mucho y hoy la violencia contra las mujeres es considerada violación a los Derechos Humanos, con jerarquía constitucional y/o superior a las leyes internas, por esa razón el delito en análisis no puede ser soslayado y como preceptúa el artículo 3 de la “Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer”, “…toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el privado…”.

Por los argumentos expuestos, corresponde rechazar el recurso de casación interpuesto por la defensa de R. E. M., con costas.

Tal es mi voto.

Por ello, en mérito del acuerdo que antecede, el Tribunal resuelve: I. Rechazar el recurso de casación interpuesto por la Defensa Pública Oficial de R. E. M., por mayoría sin costas (arts. 530 y 531 in fine del CPPN). II. Tener presente la reserva del caso federal. Regístrese, notifíquese y comuníquese (Acordadas CSJN N°  15/13, 24/13 y 42/15). Remítase la presente causa al tribunal de origen sirviendo la presente de muy atenta nota de envío. — Ana M. Figueroa. — Mariano H. Borinsky. — Gustavo M. Hornos.