Tribunal: Corte Suprema de Justicia de la Nación(CS)

Fecha: 27/12/2016

Partes: Petrolera TDF Company SRL c. Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur s/ acción declarativa de certeza

Publicado en: La Ley Online

Sumarios:

  1. La disposición de la Subsecretaría de Combustibles de la Nación 1/08 —ratificada por su similar 813/10 de la Secretaría de Energía—, en cuanto establece como base imponible para el pago de las regalías el precio piso efectivo de cuarenta y dos dólares estadounidenses el barril (U$S 42 Bbl.), reemplazando de esta forma el precio obtenido por el concesionario o el precio corriente de mercado, vulnera el régimen federal de hidrocarburos en los arts. 59 y 61 de la ley 17.319, el art. 6 del decreto 2174/1991 y el art. 10 del decreto 2411/1991 (de la doctrina de la Corte sentada en “Enap Sipetrol Argentina S.A. c. Provincia de Chubut y Otro (Estado Nacional)” —Fallos: 338:962; AR/JUR/34730/2015—  a la cual remite).

Texto Completo: CSJ 540/2011 (47-P)/CS2

ORIGINARIO

Buenos Aires, diciembre 27 de 2016.

Resulta:

  1. A fs. 25/34, Petrolera TDF Company S.R.L. (en adelante, “TDF”) promovió acción declarativa de certeza contra la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur (seguidamente, la “Provincia”) en los términos del art. 322 del Cód. Proc. Civ. y Com. de la Nación, a los efectos de disipar el estado de incertidumbre que le genera la pretensión provincial al exigirle la liquidación y pago de regalías por la producción de petróleo crudo en las áreas “Lago Fuego” y “CA-1 LCH”.

Señaló que por medio del dictado del decreto local 3164/11, la Provincia le determinó de oficio e intimó el ingreso de la suma de pesos trece millones ochenta y cinco mil ciento ochenta y nueve con ochenta y ocho centavos ($13.085.189,88), en concepto de diferencias impagas de regalías de petróleo desde enero de 2008 a diciembre de 2009, suma que incluye intereses calculados al 31 de enero de 2011.

Observó que dicho reclamo se sustenta en la disposición 1/2008 de la Subsecretaría de Combustibles de la Nación (SSC), ratificada por resolución 813/2010 de la Secretaría de Energía (SE), las que exigen que utilice como base imponible para la declaración y pago de esas regalías el precio piso efectivo de cuarenta y dos dólares estadounidenses el barril (U$S 42 Bbl), reemplazando de esta forma el precio obtenido o el precio corriente de mercado, empleado por TDF para liquidar y abonar el tributo durante los períodos aquí reclamados.

Sostuvo que, de acuerdo con la legislación vigente en materia de hidrocarburos, las regalías deben calcularse y pagarse tomando como base los precios efectivamente obtenidos o facturados por las operaciones de comercialización, o el valor corriente en el mercado interno (arts. 12; 56, inc. c; 59; 61 y 62 de la ley 17.319; y resoluciones 155/92 y 435/04 de la Secretaría de Energía de la Nación).

Por ende, pidió la declaración de inconstitucionalidad de dichos actos administrativos por considerarlos contrarios a normas federales de superior jerarquía, como así también que se declare la improcedencia e ilegitimidad del reclamo formulado a través del decreto local 3164/2011.

Entendió a su vez que la Subsecretaría de Combustibles de la Nación no podía fijar, de manera unilateral, un precio base para el pago de las regalías prescindiendo del efectivamente obtenido o facturado, pues ello contradice la letra de la ley 17.319, el decreto 1671/1969 y sus normas reglamentarias, como así también, las disposiciones en virtud de las cuales le fueron otorgadas las concesiones de las áreas referidas.

Asimismo indicó que, con base en la disposición (SSC) 1/2008, la Provincia le reclamaba un ajuste por calidad positivo que carecía de todo fundamento. Al respecto sostuvo que no existía diferencia alguna en la calidad del producto que comercializa toda vez que sus puntos de carga y entrega se ubican en la Provincia y, además, que el producto no fue mezclado con otros de distinto origen y calidad.

Finalmente, requirió que se cite como tercero al Estado Nacional.

  1. Por medio de la sentencia de esta Corte del 18 de septiembre de 2012, se admitió la radicación de estas actuaciones en la instancia originaria del Tribunal y se decretó una prohibición de innovar, haciéndole saber a la Provincia que debía abstenerse de exigir el pago de diferencias por regalías resultante de la aplicación de la disposición de la Subsecretaría de Combustibles de la Nación 1/2008 y de la resolución de la Secretaría de Energía de la Nación 813/2010, hasta tanto se dictara sentencia definitiva. Asimismo se dispuso citar al Estado Nacional en los términos del art. 94 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (fs. 50).

III. A fs. 66/75, se presentó el Estado Nacional y contestó la citación conferida en autos (ver fs. 416).

Planteó que la vía elegida no era procedente porque no se verificaba la incertidumbre requerida, en virtud de que los conceptos fueron reclamados con base en las normas nacionales que regulan la materia. A ello añadió la ausencia de un perjuicio actual y concreto y de un interés específico para la admisión de la acción declarativa y sostuvo que la petición de la actora encerraba una sentencia constitutiva o de condena, lo cual excede el alcance de la acción de certeza del art. 322 del Código de rito.

En cuanto al fondo del asunto, sostuvo la legitimidad de la disposición SSC 1/2008 y de la resolución 813/2010, a cuyo fin describió el contexto fáctico y el marco jurídico previo a su dictado, las atribuciones de los órganos emisores con sustento en las facultades delegadas de base legal, conforme el art. 6° de la ley 25.561 y las normas dictadas en su consecuencia, relativas al cómputo de regalías.

Recordó la letra del art. 124 in fine de la Constitución Nacional en cuanto reconoce en cabeza de las provincias, el dominio originario de los recursos naturales, e indicó que el Estado Nacional a través de la disposición SSC 1/2008 persigue la reglamentación de la normativa federal de percepción de regalías que garantice ingresos adecuados y razonables a las provincias dueñas de los hidrocarburos.

Recordó asimismo que las empresas del sector podían solicitar la reducción del porcentaje de las regalías, cuando éste resultase antieconómico para una adecuada rentabilidad; ello a resultas del estudio correspondiente por la autoridad competente, conforme el art. 3° del decreto 1671/1969 y lo expresado por el Tribunal en la causa “Neuquén, Provincia del c. Capex” (Fallos: 330:5144).

Señaló que la regulación que impone dicha normativa no desnaturaliza el régimen de liquidación de regalías.

En punto a la resolución SE 813/2010, fundó la competencia para su dictado en el art. 61 de la ley 17.319 y en las facultades del Poder Ejecutivo como autoridad de aplicación de la política energética nacional.

Defendió, en consecuencia, la constitucionalidad de la disposición SSC 1/2008 y de la resolución SE 813/2010, al desconocer la existencia de un perjuicio concreto y la afectación del principio de legalidad.

A su vez, fundó la legitimidad de la disposición SSC 1/2008 en la ley 25.561, de emergencia pública y régimen cambiario. Asimismo, destacó que la ley 17.319, siguiendo los lineamientos ya trazados por su predecesora 12.161, faculta al Estado Nacional a regular todo lo relativo a la importación y exportación de hidrocarburos, así como a establecer precios del petróleo nacional.

En esa línea, explicó que el ajuste por calidad positivo previsto en la disposición SSC 1/2008 pretende garantizar que las provincias en las que se encuentren ubicados los yacimientos de hidrocarburos de mejor calidad reciban mayores ingresos en concepto de regalías.

  1. A fs. 387/413, la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur contestó la demanda.

Planteó la inadmisibilidad formal de esta acción, al entender que no se verificaba en torno de la Provincia la incertidumbre requerida para la procedencia de esa vía, en virtud de que los conceptos le eran reclamados a la empresa con base en regulaciones de carácter nacional.

En subsidio defendió la legitimidad de la disposición SSC 1/2008 con fundamento en las leyes nacionales 25.561 y 26.217, los decretos nacionales 310/2002 y 809/2002 y en la resolución (ME-CON) 532/2004, modificada por la 537/2004.

A su vez, con base en dicho marco normativo y en las normas de emergencia justificó la adopción, por parte del Poder Ejecutivo Nacional, de una serie de medidas encaminadas a garantizar el abastecimiento interno de hidrocarburos.

Sostuvo también que su pretensión de cobro no resultaba contradictoria con lo establecido en el Pacto Federal de Hidrocarburos. En ese contexto, pidió rechazar el planteo de inconstitucionalidad promovido por la actora.

Por último puso de resalto que TDF había recibido múltiples compensaciones y beneficios por parte del Poder Ejecutivo Nacional, que habían beneficiado su rentabilidad y constituyeron una suerte de contrapartida de las restricciones que fueron instrumentadas para conseguir el autoabastecimiento del mercado local.

Finalmente, subrayó que la Provincia había actuado de buena fe, al liquidar las regalías conforme a lo establecido por las normas nacionales vigentes que regulan la materia.

  1. A fs. 491/494 obra el dictamen de la señora Procuradora Fiscal sobre las cuestiones constitucionales propuestas.

Considerando:

1°) Que la presente causa corresponde a la competencia originaria de esta Corte prevista en los arts. 116 y 117 de la Constitución Nacional.

2°) Que en estas actuaciones TDF pretende dilucidar el estado de falta de certeza en el que se encuentra en virtud de la exigencia de pago de la Provincia de ciertas diferencias en concepto de regalías hidrocarburíferas, por un monto de pesos trece millones ochenta y cinco mil ciento ochenta y nueve con ochenta y ocho centavos ($13.085.189,88), por los períodos comprendidos entre los meses de enero de 2008 a diciembre de 2009, según los términos del decreto local 3164/2011; dicha suma incluye los intereses calculados al 31 de enero de 2011.

La empresa considera que el reclamo local es contrario a lo dispuesto en la ley 17.319, sus modificaciones y reglamentaciones, en el capítulo relativo al régimen del cómputo de regalías; en tanto, el Estado local sostiene y funda su conducta en normas nacionales aplicables.

3°) Que la acción deducida constituye una vía idónea para motivar la intervención de este Tribunal, pues no se trata de dar solución a una hipótesis abstracta sino que se propone precaver los efectos de la aplicación del decreto provincial 3164/2011, a la par de fijar las relaciones legales que vinculan a las partes en el conflicto (Fallos: 311:421; 318:30; 323:1206 y 327:1034).

Es sabido que la declaración de certeza, en tanto no tenga carácter simplemente consultivo, no importe una indagación meramente especulativa y responda a un “caso” que busque precaver los efectos de un acto en ciernes, al que se atribuye ilegitimidad y lesión al régimen federal, constituye causa en los términos de la Ley Fundamental (Fallos: 310:606 y 977; 311:421, entre otros). A la luz de lo expuesto en el sub lite se advierte que ha mediado una actividad estatal explícita de la demandada dirigida a la percepción de las diferencias de regalías hidrocarburíferas, que la empresa actora desconoce y resiste (arg. Fallos: 311:421 y 328:4198). En consecuencia, la conducta de la autoridad provincial tiene entidad suficiente para sumirla en un estado de incertidumbre sobre la existencia, alcance y modalidad de una relación jurídica, por lo que la controversia es actual y concreta (Fallos: 310:606; 311:421, entre otros).

En las condiciones expresadas se hallan reunidos los recaudos que exige el Código de rito para la procedencia de la acción declarativa.

4°) Que en orden al fondo del asunto, dado que en estas actuaciones la empresa TDF impugna el referido decreto dictado por la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, en tanto que para la determinación de oficio de las diferencias reclamadas observa la base de cálculo de regalías contemplada en la disposición SSC 1/08 y en la resolución SE 813/2010, la cuestión planteada resulta sustancialmente análoga a la examinada y resuelta por el Tribunal en las causas “Enap Sipetrol Argentina S.A.” (Fallos: 338:962); CSJ 1015/2009 (45-C)/CS1 “Colhue Huapi S.A. c. Chubut, Provincia del s/ acción declarativa de certeza e inconstitucionalidad”; CSJ 90/2010 (46-P)/CS1 “Pluspetrol S.A. (antes Petra Andina Resources Ltd.) c. La Pampa, Provincia del y otro s/ acción declarativa de certeza e inconstitucionalidad”, sentencias del 6 de octubre de 2015; CSJ 117/2011 (47-O)/CS1 “O&G Developments Ltd. S.A. c. Salta, Provincia de y otro s/ acción declarativa”, sentencia del 9 de diciembre de 2015; CSJ 180/2010 (46-D)/CS1 “Desarrollos Petroleros y Ganaderos S.A. c. Mendoza, Provincia de y otro s/ acción declarativa de inconstitucionalidad”, sentencia del 24 de mayo de 2016; CSJ 140/2011 (47-A)/CS1 “Alianza Petrolera Argentina S.A. c. Mendoza, Provincia de y otro s/ acción declarativa de inconstitucionalidad”, sentencia del 7 de junio de 2016, y CSJ 3/2012 (48-E)/CS1 “Enap Sipetrol Argentina S.A. c. Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Provincia de s/ acción declarativa de inconstitucionalidad”, sentencia del 23 de agosto de 2016, a cuyos fundamentos y conclusión cabe remitir, en lo pertinente, en razón de brevedad.

En efecto, en aquellos expedientes se suscitó el mismo conflicto constitucional que el que enfrentan las partes en el presente, por lo que la decisión en ellos recaída resulta en lo sustancial aplicable al presente caso.

5°) Que en consecuencia y tal como lo señala la señora Procuradora Fiscal en el acápite VI de su dictamen (fs. 493 vta.), asiste la razón a la actora en cuanto a que, entre los meses de enero de 2008 a diciembre de 2009, el valor a considerar para la liquidación y pago de las regalías por los hidrocarburos líquidos producidos en el mercado interno era el “precio real obtenido” o el “precio efectivamente obtenido”, el “que se cobre en operaciones con terceros” (art. 56, inc. c, ap. 1, ley 17.319) o, en los supuestos especialmente previstos allí, “el valor corriente del producto en el mercado interno al tiempo de enajenarse o industrializarse” (conf. causa “YPF S.A. c. Mendoza, Provincia de”, Fallos: 336:1721).

Por ello, y concordemente con lo dictaminado por la señora Procuradora Fiscal, se decide: I. Hacer lugar a la demanda seguida por TDF contra la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y el Estado Nacional, y declarar la invalidez constitucional de la resolución de la Secretaría de Energía de la Nación 813/2010 y de la disposición de la Subsecretaría de Combustible 1/2008, así como del decreto provincial 3164/2011 y su inaplicabilidad a los períodos que se discuten; II. Con costas (art. 68, Cód. Proc. Civ. y Com. de la Nación). Notifíquese, remítase copia de esta decisión a la Procuración General de la Nación y, oportunamente, archívese. — Ricardo L. Lorenzetti. — Elena I. Highton de Nolasco. — Juan C. Maqueda.

 

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