En la ejecución de un pagaré que instrumentaba un préstamo bancario otorgado para refinanciar tarjetas de crédito la sentencia rechazó la excepción de inhabilidad de título opuesta y mandó llevar adelante la ejecución. Apelado el decisorio, la Cámara admitió la defensa citada y rechazó la demanda.

 

Sumarios

La excepción de inhabilidad de título debe admitirse en la ejecución de un pagaré que instrumenta un préstamo bancario otorgado para refinanciar tarjetas de crédito si falta todo dato en la documentación acompañada que permita estudiar la plataforma fáctica que dio origen al crédito invocado, pues la causa de la obligación, en estos casos, puede y debe ser indagada a esos efectos, sin que obste a esto lo dispuesto por el art. 544, inc. 4 del Código Procesal, cuya aplicación cede frente a la prelación normativa que imponen los arts. 1094 del Código Civil y Comercial y 3 de la Ley 24.240.

La ejecución de un título ejecutivo nunca puede ser invocada como argumento para desplazar la aplicación de las normas que rigen el derecho del consumidor, pues esas normas son de orden público (art. 65 LDC) y por ende, es su aplicación la que posterga las normas de derecho procesal que hubieran resultado aplicables al caso.

la vía ejecutiva es inviable en el caso cuando los saldos refinanciados derivan de una relación jurídica que, expresamente regulada en la ley 25.065 mediante normas no siempre disponibles para las partes, no habilita su cobro ejecutivo en forma directa.

 

Fallo

Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional

Poder Judicial de la Nación

BANCO SANTANDER RIO S.A. c/ VERA VALLADARES, DANIELA

ALEXANDRA s/EJECUTIVO

Expediente N° 36064/2015/CA1

Juzgado N° 15 Secretaría N° 29

Buenos Aires, 21 de diciembre de 2016.

Y VISTOS:

I. Viene apelada por la demandada la resolución de fs. 46/48 en

cuanto rechazó la excepción de inhabilidad de título opuesta y mandó llevar

adelante la ejecución.

El memorial, presentado a fs. 57/59, fue contestado a fs. 61/66.

II. A juicio de la Sala el recurso debe prosperar.

Como es sabido, nunca la ejecución de un título ejecutivo puede ser

invocada como argumento para desplazar la aplicación de las normas que rigen el

derecho del consumidor.

Esas normas son de orden público (art. 65 LDC) y por ende, es su

aplicación la que posterga las normas de derecho procesal que hubieran resultado

aplicables al caso.

Esto no importa descartar que este tipo de proceso ejecutivo sea

inviable cuando se dirige en contra de un consumidor, pero sí importa afirmar

que él (ese juicio) se encuentra condicionado a que los hechos del caso no exijan

una investigación incompatible con el trámite de este juicio.

En cualquier caso, resulta claro que el actor debe aportar los

elementos documentales suficientes como para permitir que el juez verifique el

efectivo cumplimiento de las referidas normas consumeriles que en cada caso

resulten aplicables.

Desde esta perspectiva, lo dispuesto en el art. 544, inc. 4°, del

código procesal -en cuanto obsta a debatir aspectos vinculados con la causa de la

obligación que se ejecuta- no puede ser alegado para impedir que el Tribunal

 

indague en qué condiciones haya sido otorgada la relación sustancial en el título

que sirva de base a una ejecución.

La causa de la obligación, en estos casos, puede y debe ser

indagada a esos efectos, sin que obste a esto lo dispuesto en el inc. 4 del art. 544

del código de rito, cuya aplicación cede frente a la prelación normativa que

imponen los arts. 1094 CCyC, 3 LDC y ccs.

III. En la especie, el banco no controvierte que la deuda

instrumentada en el pagaré que aquí se ejecuta no deriva de un simple préstamo

sino que, como surge de la documentación aportada, se trata de una

refinanciación (v. fs. 72) destinada a cancelar el saldo de dos tarjetas de crédito

cuyos importes se ignoran (este último dato fue denunciado por la demandada y

no contradicho por el actor).

La falta de todo dato en la documentación acompañada que permita

determinar si fueron adecuadamente refinanciadas las aludidas deudas, impide

también estudiar la plataforma fáctica que dio origen al crédito invocado.

En tales condiciones, la vía ejecutiva es inviable en el caso, máxime

cuando los saldos refinanciados derivan de una relación jurídica que,

expresamente regulada en la ley 25.065 mediante normas no siempre disponibles

para las partes, no habilita su cobro ejecutivo en forma directa, como aquí se ha

pretendido.

La demanda debe ser rechazada ya que no es posible autorizar el

cobro de aquellas deudas trasladadas a un pagaré para eludir así un trámite que

esa ley, también de orden público, exige.

IV. Consecuentemente, se resuelve: Admitir el recurso deducido

por la demandada, revocar la decisión apelada y, en consecuencia, admitir la

defensa opuesta y rechazar la presente demanda.

Costas a la actora vencida (art. 68 CPCC).

Notifíquese por Secretaría.

Fecha de firma: 22/12/2016

Firmado por: MACHIN-VILLANUEVA (JUECES) – BRUNO (SECRETARIO),

#27843440#169438997#20161221081830826

Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional

Poder Judicial de la Nación

Oportunamente, cúmplase con la comunicación ordenada por el art.

4° de la Acordada de la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación 15/13,

del 21.5.2013.

Hecho, devuélvase al Juzgado de primera instancia junto con la

documentación recibida según constancias de fs. 83.

Firman los suscriptos por encontrarse vacante la vocalía n° 8 (conf.

art. 109 RJN).

EDUARDO R. MACHIN

JULIA VILLANUEVA

RAFAEL F. BRUNO

SECRETARIO DE CÁMARA